EFE

El Gobernador pide a Rice que enmiende el informe sobre el estatus político de P.Rico

19 de noviembre de 2007, 12:01 PM

San Juan, 19 nov (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, pidió hoy a la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, que enmiende las conclusiones de un informe de la Casa Blanca de 2005 sobre el estatus político del Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU.

En una carta remitida a Rice, el gobernador puertorriqueño califica los resultados del informe como "un insulto" y amenazó con respaldar ante la ONU las posturas de Cuba, Venezuela e Irán, que defienden ante ese foro internacional que el ELA es un estatus político territorial que supone la autoridad de EE.UU. sobre Puerto Rico.

Acevedo Vilá se refiere al informe que un grupo de expertos designados por el presidente de EE.UU., George W. Bush, presentó en diciembre de 2005 afirmando que Puerto Rico es una jurisdicción que depende en última instancia de la autoridad del Congreso estadounidense.

Si se mantienen estas conclusiones como la postura oficial de EE.UU. con respecto al ELA, para el gobernador de Puerto Rico el gobierno estadounidense "mintió" a la ONU en 1953, cuando esta organización sacó de la lista de colonias a Puerto Rico reconociendo el Estado Libre Asociado.

Acevedo Vilá aseguró que si Rice no enmienda esas conclusiones "debe notificar a las Naciones Unidas que Estados Unidos le mintió o ignoró la relación de Estado Libre Asociado que fue instituida en el 1953", lo que "ha perpetuado un engaño monumental" en los boricuas, los estadounidenses y la comunidad internacional.

"La gran ironía es que históricamente Cuba y Venezuela, y más recientemente Irán, han planteado ante las Naciones Unidas que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos es territorial", indicó el gobernador puertorriqueño.

"Sin embargo, los que apoyamos el ELA coincidimos con los Estados Unidos al explicar que Puerto Rico no es un territorio, según fue reconocido en el 1953, por lo que los ataques contra este estatus político son infundados", sostuvo.

Por ello, explicó Acevedo Vilá, "no tendré más opción que retirar el apoyo tradicional que le hemos dado a los Estados Unidos ante las Naciones Unidas sobre este asunto".

El gobernador explicó que el informe proveyó las bases para el Proyecto de la Cámara 900, que se aprobó el pasado 23 de octubre y que contempla la convocatoria de un plebiscito en la isla antes de diciembre de 2009 para definir su futuro estatus político.

Sin embargo, este proyecto "no provee las bases para un proceso de autodeterminación legítimo", dijo el gobernador, quien defiende que el estatus se defina a través de otro proyecto pendiente de aprobación en el Congreso de EE.UU., el 1230 de la Cámara de Representantes, que contempla una Convención Constitucional.

"El Proyecto 1230 provee al Congreso la alternativa de reconocer la autoridad inherente del pueblo de Puerto Rico para convocar una Convención Constitucional", indicó Acevedo Vilá.

Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando tras la guerra Hispanoamericana pasó a manos de EE.UU. y en 1952 firmó su Constitución como ELA, lo que limita su autonomía en asuntos como protección de fronteras o acuñación de moneda.

Aunque la Asamblea General de la ONU sacó a Puerto Rico de la lista de colonias en 1953, desde la década de 1970 el Comité de Descolonización aprueba cada año una resolución apoyando el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y desde la isla se pide que el caso de la isla se discuta en la Asamblea General.

Los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense desde 1917, pero aunque las leyes federales apliquen en Puerto Rico, los boricuas que viven en la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales.

Acevedo Vilá defendió convocar una Convención Constitucional como "el mejor proceso para dirigir las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico respecto al estatus político de la isla y su relación con los Estados Unidos".

La Convención Constitucional propondría a los puertorriqueños "una opción de autodeterminación basada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico y no sujeta a los poderes plenarios de una cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos". EFE

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