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domingo, 31 de mayo de 2009

No hubo Guerra, HUBO GENOCIDIO

Ante la proximidad del Juicio contra los represores en el marco de la causa "Jefatura de Policía", la abogada Laura Figueroa expone los argumentos que la llevan a determinar que en Argentina "NO HUBO UNA GUERRA" sino que "HUBO UN GENOCIDIO".

Por Laura Figueroa


Existe la certeza que el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el único campo clandestino de detención y exterminio a partir del 24 de Marzo de 1976. Existe certeza que en Arsenal murieron alrededor de 1.000 personas. Existe certeza que allí fueron ejecutadas personas que estuvieron cautivas en otros CCD. Existe certeza que en Arsenales se perpetraron actos genocidas.

HECHOS HISTÓRICOS

PREPARACIÓN DEL CAMINO PARA EL GENOCIDIO:

Para analizar y valorar los hechos conceptualizados por el derecho penal internacional como delitos de lesa humanidad, se requiere que los mismos sean contextualizados en el período histórico que sucedieron. Por esta razón, comenzaré señalando:

Desde el año 1966 la Provincia de Tucumán fue escenario de grandes conflictos sociales-políticos-económicos a raíz de la destrucción de la economía provincial; los que fueron sofocados a través de mecanismos aprendidos en EEUU, Francia, Italia y Alemania., tales como: la confección de listas negras; infiltración en las organizaciones populares-educativos-políticos; crearon la figura del “enemigo de la patria” endilgándole a los luchadores democráticos; la aplicación de tormentos como método intimidatorio para lograr información; instalaron lugares de detención clandestinos, etc.
Por aquella época gobernaban de facto miembros del Ejército Argentino tras el derrocamiento del Dr. Arturo Ilía.
El pueblo finalmente derrota la dictadura de Onganía, Levignston, Lanusse y llaman a elecciones permitiendo que el peronismo gane para finalmente posicionar a Juan Domingo Perón en la presidencia por tercera vez, con él vuelve la esperanza pero no fue suficiente, los reclamos sociales y políticos continuaron hasta su fallecimiento.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón pretendió acallar el descontento popular con represión, persecución y muerte. La ilegalidad de los actos de gobierno debe ser analizada, pues los dictadores se escudan en la ilegalidad para justificar sus crímenes.

Antecedentes de la Represión Ilegal: Estado de Sitio

El gobierno de Isabel Martínez de Perón intentó desarticular las protestas populares implementando el estado desitio a través del decretó el 06 de septiembre de 1974 por tiempo indefinido, impidiendo el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales, de rango constitucionales, autorizando el empleo de las fuerzas paramilitares, entre ellas la Triple A, controladas por el Ministerio de Bienestar Social (López Rega) en coordinación con la policía, utilizando como pretexto, la existencia de grupos armados.-
La represión ilegal del gobierno de María Estela Martínez de Perón perfeccionó las “listas negras” confeccionadas durante la dictadura militar de Onganía, Levingston y Lanusse, incorporando a nuevos sectores de la sociedad como opositores. En las listas confeccionadas por organismos de inteligencia figuraban los nombres de dirigentes estudiantiles que habían protagonizado el “tucumanazo”, los nombres de dirigentes y activistas sindicales- barriales y sociales, que luego serían utilizadas por la dictadura militar de 1976.-
María Estela Martínez de Perón y José López Rega, con la anuencia de los demás ministros dieron inicio a la persecución contra cualquier persona, que no fuere simpatizante o complaciente con las medidas adoptadas por el gobierno, o que pudiere significar una antítesis en la línea cultural, religiosa, etc. . Es por ello, que en este periodo (1974/75), se nota claramente, los ataques a personas de la cultura, del derecho, organizaciones sociales, sindicales y políticas, utilizando métodos terroristas, como: instalación de bombas, secuestros, torturas y muerte a través del anonimato, la “triple A” hace estragos en esos sectores.-
La violencia instalada desde del régimen político para desarticular la resistencia social al plan económico (el “Rodrigazo” impuso una fuerte devaluación monetaria) y al ataque de los derechos civiles que habían sido cercenados, fracasó rotundamente. El gobierno sintió que estaba acorralado y debilitado por el descontento popular decidió alejarse aún más de la legalidad, entonces, utilizó la presencia de grupos políticos armados como el ERP, Montoneros y otros para dictar diversos Decretos autorizando a las Fuerzas Armadas a reprimir por métodos inconstitucionales, por cierto, el objetivo central fue otro: intentaba implantar un “modelo económico-político a favor de minorías privilegiadas”. Sabían que eso sería inviable si el pueblo continuaba resistiendo, por ello, no dudaron en aniquilar al ciudadano que luchaba en defensa del salario, por vivienda, educación, salud; en definitiva, por una vida digna. (Esto fue corroborado por la Comisión Bicameral Investigadora de violaciones a los Derechos Humanos).

Al Estado de Sitio le siguió el “operativo independencia”.

En Tucumán el operativo sirvió para encarcelar y/o asesinar a los obreros azucareros que luchaban desde 1966 contra el cierre de los ingenios, la desocupación y el hambre. Muchos autores entre ellos Mirta Mántaras, dice que el operativo fue montado para beneficiar a los propietarios de ingenios especialmente los Blaquier. “Aquí se aplicaron ilegalmente las doctrinas que desde 1960 era temática militar y que luego la extendieron en todo el país”.

OPERATIVO INDEPENDENCIA

“La Ferocidad y la Violencia son Crímenes que No Conocen los Soldados de la Libertad” (José de San Martín).
El Operativo Independencia fue implementado por Decreto 261/75, de fecha 09 de febrero de 1975, que dispuso:
“ Art. 1: “Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.-
“Art. 3: El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que le sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para el empleo de las operaciones precitadas”.-
“Art. 4: El Ministerio de Defensa adoptará las medidas pertinentes a efecto de que los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea presten a requerimiento del Comando General del Ejército el apoyo necesario de empleo de medios para las operaciones”.-
Una de las características del operativo fue la división del país por zonas, como sucedió en Alemania nazi, las que estarían bajo el mando de las Fuerzas Armadas. A partir de allí, los miembros más reaccionarios fueron ocupando lugares clave de la estructura castrense los que posteriormente dieron el golpe contra el sistema constitucional. Ellos son: Carlos Suarez Mason, Ramón díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Massera y otros.-
Éstos tenían especial interés en centralizar la información proveniente de la policía, de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia. Finalmente, toda la estructura represiva del Estado quedó bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Antonio Domingo Bussi en la Vª Brigada de Infantería de Tucumán a partir del 18 de Diciembre de 1975.-
A partir de allí, la represión a desarrollarse en nuestra provincia se habrá de llevar a cabo con la participación coordinada de todas las fuerzas de seguridad, bajo la conducción del comando militar. Esta coordinación habrá de expresarse de hecho en el transcurso de toda la represión ilegal y clandestina, materializándose en los siguientes casos:
Operativos conjuntos de secuestro de ciudadanos, donde intervienen efectivos policiales y militares.
Traslado de los secuestrados desde Centros clandestinos de detención bajo control policial (Ej. Jefatura de Policía) a otros centros similares (Ej. Escuelita de Famaillá) que funcionaba en asentamientos del Ejercito y viceversa.
Negativa de las autoridades policiales a recibir denuncias de secuestros
Falta total de instrucción de sumarios e investigación, en los casos aislados de familiares de la victima que interpusieron denuncia ante autoridades policiales, por la anuencia tácita o expresa (según los casos) del Poder Judicial Federal y Provincial.
Aceptación del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, sobre los procedimientos.-
Las FF.TT o Fuerzas de Tareas se instalaron a lo largo de las Ruta Nacional 38, precisamente donde están la mayoría de los ingenios azucareros, fábricas textiles y otras. El comando táctico adelantado estuvo ubicado en Famaillá, además de las ubicadas en Fronterita, en Los Sosa, en Santa Lucía y en Lules. Se amplió hacia Tafí Viejo, El Cadillal y Tapia.
El plan debía ser exitoso en poco tiempo, y por eso decidieron aplicar lo aprendido de los franceses y del nazismo como también de la instrucción recibida en La Escuela de las Américas; por eso establecieron que la subversión debía ser derrotada esencialmente por “tareas de inteligencia” como la confección de listas, seguimiento de personas, infiltración en la universidad, sindicatos, etc. Así consta en los “Planes Tácticos” escritos por Acdel Vilas.
Las tareas de inteligencia también comprendían los interrogatorios de las personas secuestradas en lugares clandestinos –llamados lugares de reunión de detenidos- fueron fundamentales para los oficiales de inteligencia pues allí desplegaron sus actividades criminales ocultos, a espaldas de la sociedad y del orden jurídico. Gracias a los tormentos lograron información, gracias al padecimiento lograron instalar miedo y desolación. El propio Vilas reconoció que la lucha se ganó lejos de los montes pues fue esencialmente de inteligencia.-
Existieron tres categorías de centros clandestinos de detención:
- “Chupaderos” (eran aquellos asentados por lo general en las comisarías de interior cercanas a los lugares donde se producía el secuestro, o asentamientos en bases militares o ingenios)
- “Campos Clandestinos de Detención” de tránsito, donde el detenido desaparecido era alojado con mayor permanencia, no obstante se habrían realizado traslado de prisioneros entre distintos “campos”.
- “Campos Clandestinos de Detención y Exterminio” fueron lugares donde la tortura, la servidumbre, las violaciones y los abortos eran constantes hasta proceder a la ejecución de las víctimas.

Dentro del Operativo Independencia y bajo la responsabilidad directa del comandante de la sub zona 32 actuaron como Centros Clandestinos de Detención los siguientes lugares:

Asentamientos Militares:

Ex Ingenio Lules – Tucumán- período 1.975/76
Ingenio Fronterita – Famaillá- Tucumán- Período 1.975/76
Base militar d Santa Lucía
Base Militar Ingenio La Corona
Base Militar Ex Ingenio Nueva Baviera
Base Militar Bella Vista
Base Militar Potrero de las Tablas

Dependencias Policiales:

Jefatura de Policía de Tucumán
Delegación Provincial de la Policía Federal
Escuela de Policía de la Provincia de Tucumán
Comisarías: de Famaillá, Monteros, Río Colorado, Las Cejas, Bella Vista, Tafí Viejo, Los Ralos, Río Seco, del Ingenio San Juan, San Pablo, Los Sosa, Villa Quinteros y de Lules
Subjefatura Regional Banda del Río Salí
Establecimientos Educacionales Del Estado:
Escuela Diego de Rojas de Famaillá “La Escuelita”
Escuela República del Perú
Escuela del Barrio El Palomar
Escuela 201 de Bella Vista
Departamento de Educación Física de la U.N.T.
Pabellón de la Ciudad Universitaria de San Javier
Dependencias Privadas:
Motel (ubicado por ruta 9 frente Arsenales, bajo control militar)
Conventillos de Fronterita (en propiedad Ingenio Fronterita)
Bajo control militar.

Fuentes:

- Informe publicado por Jose Luis D’Andrea Morh “Memoria Debida.

- Informe de la Comisión Bicameral por los derechos Humanos, Ley 5.599

El Operativo Independencia se llevó a cabo desde el inicio, violando todas las normas constitucionales y tratados Internacionales, produciendo el exterminio físico de quienes consideraban “Subversivos o guerrilleros”, interpretando así a la orden de aniquilar. Nunca optaron por la neutralización como accionar válido, por lo tanto, fueron muy pocos los detenidos sometidos a juicios, y muchos presos políticos carecieron de proceso judicial o causa que haya justificado la privación ilegal de la libertad.
En esos años los recursos de habeas corpus se presentaban de a cientos, las víctimas no aparecían, no se sabía a donde estaban ni porque se los habían llevado, nadie se hacía cargo, el terror invadió la Provincia y las ciudades quedaron sitiadas por el Ejército. Para ingresar o salir de las localidades donde habían instalado “bases militares” -en las proximidades de los ingenios azucareros- debían tener autorización o credencial; se transformaron en comunidades amordazas y cautivas.
Entre el número de personas armadas (alrededor de 200 según declaración del propio Vilas) y el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad dispuestas en el territorio provincial nunca guardó relación que la justificara, ya que estas últimas eran manifiestamente superiores y desproporcionadas (1.500). Sólo es atendible en el marco de la preparación del golpe militar, que se estaba gestando en los cuarteles. Así es, la cantidad de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en rutas, ciudades, y pueblos solo se entiende si analizamos las declaraciones de las víctimas, testigos y el expreso reconocimiento de Andel Vilas que en Tucumán no hubo guerra sino una lucha de inteligencia y represión. El Estado Argentino nunca declaró la guerra pues nunca reconoció a ningún grupo como beligerante.
El Ejército dejó de lado la legalidad y los principios humanitarios heredados de la revolución francesa y la Revolución de Mayo. Como también, de las normas éticas propias del ejército sanmartiniano, de las normas internacionales del Derecho Humanitario, de la Constitución Nacional.
Acdel Vilas se adjudicó la derrota de la guerrilla - Jorge Rafael Videla lo confirmó – ¿Por qué dieron el Golpe?
A diez meses del inicio del Operativo Acdel Vilas manifestó haber derrotado a la guerrilla en Tucumán, y Jorge Rafael Videla proclamó el triunfo militar el 9 de febrero de 1976 en ocasión de conmemorarse el primer aniversario del operativo. El último enfrentamiento fue el 14 de diciembre de 1975. Sin embargo la represión criminal continuó..-
Vilas fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi el 18 Diciembre de 1975, quien amplió la represión hacía vastos sectores de la sociedad pues el plan genocida había comenzado a funcionar, escudado en los decretos dictados por Ítalo Luder Nº 2770 al 2772 de 1975, pues sin ningún disimulo pregonaban que “toda persona contraria al régimen era terrorista” tal cual lo definió Jorge Rafael Videla:
“El terrorismo no es sólo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por atacar a través de ideas contrarias a la nuestra.”
La ausencia de límites en el accionar de las Fuerzas Armadas fue expresamente reconocida por el Teniente General Jorge Rafael Videla en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo en el año 1975. En tal oportunidad sostuvo que cualquier método sería válido para llevar a cabo el “Proceso de Reorganización Nacional”:
“En la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país”.-
Por eso arremetieron contra un grupo de argentinos estigmatizados por el represor como contrario al orden occidental y cristiano.
Nadie puede ser exterminado por sus ideas. Sin embargo, en nuestro país sucedió todo lo contrario. Hubo más muertos en centros clandestinos de detención que muertos en enfrentamientos (alrededor de 86), sólo basta leer los informes de Acdel Vilas para saber que los muertos son el resultado del exterminio masivo de personas indefensas.

GOLPE MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976

Con el golpe militar, las fuerzas armadas se propusieron un ambicioso plan de gobierno: reorganizar la nación, renovar sus estructuras económicas, reformar las instituciones políticas y dar nuevos contenidos a los valores establecidos en el preámbulo constitucional. Entre los objetivos básicos se mencionaban la soberanía política, la moral cristiana, la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la seguridad nacional, la erradicación de la subversión y de sus causas, y la inserción internacional del país en el “mundo occidental y cristiano”. En opinión del sociólogo Torcuato Di Tella, el proceso iniciado en 1976 constituyó una “intervención transformativa”, que tuvo la intención de “construir” una “nueva Argentina” a través de la modernización de la economía, el disciplinamiento de los sindicatos y la liquidación de la subversión izquierdista. Asimismo, Marcelo Cavarozzi caracteriza este régimen como “autoritario refundacional”, por su propósito de transformar al conjunto de la sociedad argentina e imponer un orden económico y social ortodoxo que eliminara todo vestigio de las políticas populistas de peronismo. Daniel Feierstein estableció el paralelismo entre el nazismo y proceso de reorganización nacional expresando que ambos períodos tuvieron como objetivo al aniquilamiento de colectivos humanos como un modo de destrucción y reorganización de relaciones sociales, para la conformación de un nuevo diagrama de poder.
Los países limítrofes suscribieron con Argentina, el Plan Cóndor, que permitieron secuestrar fuera del territorio argentino y trasladarlos a Argentina, y viceversa.
A Tucumán llegaron personas secuestradas de Bolivia y Paraguay; llegaron de las Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires. Por la magnitud de la represión, tuvieron que habilitar como CCD un establecimiento militar, sería el único, de estas características, en todo el Noroeste del País.
El golpe militar introdujo el “nuevo modelo” del ser argentino o nacional y el “nuevo orden” a través del Plan de Reorganización Nacional, por supuesto, a través de prácticas genocidas lograron instalar la idea que el argentino debía ser sumiso, católico conservador, no tercermundista, occidental, antimarxista, antiperonista, individualista, no solidario, no pensador libre.., pero también implementaron prácticas económicas que sometieron y endeudaron al pueblo argentino. Mientras unos pocos gozaban de la “plata dulce” la mayoría no llegaba a fin de mes y muchos sufrían el escarnio de las torturas en los centros clandestinos. Éstos últimos, fueron denominados “elementos subversivos” o “peligrosos para el accionar militar” así consta en el informe elaborado por Alberto Luis Cattaneo y obrante a fs 60/64 de la causa caratulada “Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición”. Expte Nro 262/76, en el que consigna, entre las diversas acciones a realizar, de particular significación para el “hecho político” a concretar, la Junta de Comandantes Generales ordenaba: “Detener a partir del día “D” , a la hora “H” a todas aquellas personas que la JCG establezca o aprueba para cada jurisdicción, que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las acciones militares necesarias para la toma del poder. En el mismo documento se determinó las “caracterización”, las “prioridades” de los individuos a detener, la constitución de los “equipos especiales militares” y/o “comisiones especiales “ para su ejecución y los “lugares de detención de personas”. En el mismo sentido se determinó que la “planificación a nivel cuerpo de los elementos a detener”, en principio se hará sobre la base de listas que cada Comando de Jurisdicción confeccionara y en todos los casos, deberán contar con la aprobación de la JCG . Es así como numerosas personas quedaron incluidas en la “Lista de personas a detener” del IIIer. Cuerpo del Ejército.


¿PODEMOS DECIR, QUE UN GRUPO NACIONAL FUE EXTERMINADO?

En la sentencia de la histórica causa 13/84 se dio por probada la mecánica de destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron: Proceso de Reorganización Nacional, y por eso condenaron a los ex integrantes de las Juntas Militares. Esa resolución expresó que el sistema puesto en práctica (secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad, homicidios masivos, y otros delitos), fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo. Por lo tanto, se determinó allí, la existencia de un plan consensuado; una organización criminal destinada a actuar en todo el territorio nacional –y en otros países a través del Plan Cóndor-, que sirviera para destruir el régimen político-social imperante en ese momento, y posibilitar de esa manera la existencia del ser nacional, occidental y cristiano en forma excluyente. El plan se llevó a cabo a través de acciones o prácticas de exterminio y destrucción idénticas a las descriptas por la Convención para la Prevención del delito de Genocidio.
Las prácticas genocidas están referidas a determinados actos ilícitos perpetrados por las fuerzas de seguridad contra miembros de un determinado grupo nacional o grupo diferenciado de argentinos con intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Los actos descriptos fueron llevados a cabo en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, pues fue elegido como centro de detención, tortura y exterminio masivo (más adelante mostraré los casos concretos).
En el marco del delito de Genocidio debemos interpretar el alcance de los delitos cometidos en Arsenal Miguel de Azcuénaga, de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad agravada, en el marco del delito de Desaparición Forzada de Persona, Torturas agravadas, Torturas seguidas de muerte, Abortos, Violación de mujeres y Homicidios calificados, Robo de bebés, Matanza de miembros del grupo, Lesiones graves y gravísimas, pues la presente Convención contra el Delito de Genocidio establece que cualquiera de los actos mencionados son prácticas genocidas .
Que la magnitud de las matanzas efectuadas en este Centro Clandestino surge de testimonios. Cada quince días ejecutaban a los prisioneros y traían unos nuevos estimando que entre los secuestrados que fueron liberados y secuestrados muertos habrían sido mas de mil en total. “... traían mucha gente, los que al poco tiempo tenían un olor nauseabundo por la suciedad acrecentada por la plaga de piojos y por el olor a carne quemada que venia del pozo donde tiraban a los que mataban. (declaración de un imputado)
No presenta dificultades la inteligencia respecto de la descripción del obrar; esto es, que tanto la expresión “exterminio”, como “eliminación” o “destrucción”, denotan una conducta única que se satisface a través del obrar descripto por la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.-
El obrar genocida sobre el grupo nacional, como tal, puede darse en grupos que tengan lazos de identidad que aúnen más de una de las especificaciones nombradas por la Convención; es decir, que se trate de un grupo nacional y religioso, o étnico y religioso, etc.-
Lo que caracteriza al obrar genocida es que el represor los constituya en grupo; en grupo que, como tal, configura al sujeto pasivo de la destrucción o eliminación que desata el represor. El dato sustantivo, lo aporta el represor, el genocida. Antes bien, los casos históricos de genocidio acreditan que se trata de la situación concreta de un grupo, en un momento determinado y en un territorio también determinado. Ello refuerza, nuevamente, que es el represor quien constituye al grupo en sujeto pasivo de la represión genocida.-
Nada autoriza la discriminación o el trato desigualitario. Mucho menos el ser privado de la vida, libertad, o integridad física y síquica, o la pertenencia natural y biológica entre progenitores y su descendencia.-
El estigma, la desigualdad, la discriminación, la destrucción, eliminación, apropiación o sometimiento, los introduce el represor, quien ejerce un poder invencible al momento de perpetrar el obrar genocida.-
Sea que el represor los nomine como “delincuente subversivo”, “subversivo”, “delincuente terrorista”, “terrorista”, “guerrillero”, no se trata de una identidad innata, o adquirida por el ser humano mediante un acto voluntario de identificación con un todo o con un sector social. Es la etiqueta impuesta; el preanuncio de la próxima eliminación de todo ser humano que sea entendido o sospechado, por el represor, como portador del dato estigmatizante, aunque ese dato parta del propio represor.-
Este es el horror genocida: que alguien, que algún poder se sienta dueño de decidir quiénes pueden vivir y quiénes no.-
Lo que configura el crimen del genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-
El obrar genocida contiene, como vemos, un componente semántico: el represor nomina a quiénes serán sujetos pasivos de ese obrar. Y como no puede establecer una identidad en base a la biografía concreta de cada ser humano, genera vínculos colectivos de identificación y estigma. Responsabilidad colectiva donde se atribuye un género de pertenencia y se destruye, elimina, aniquila o desaparece, bajo invocación, desde el poder, de ese género de pertenencia al grupo.-
Fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. Esto hechos imputados constituyen delito de genocidio.
En Argentina las Juntas Militares imponen en marzo de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas, en forma violenta. La finalidad de la dicha acción sistemática es conseguir la instauración de un nuevo orden -como en Alemania pretendía Hitler- en el que no cabían determinadas clases de personas -aquellas que no encajaban en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana occidental-. Es decir, todos aquellos que, según la Jerarquía dominante, no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad, obedeciendo a “consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo”. En función de este planteamiento se elaboró todo un plan de “eliminación selectiva” o por sectores de población integrantes del pueblo argentino, de modo que puede afirmarse, que la selección no fue tanto como personas concretas, ya que hicieron desaparecer o mataron a miles de ellas sin ningún tipo de acepción política o ideológica, como por su integración en determinados colectivos, Sectores o Grupos de la Nación Argentina, (Grupo Nacional) a los que en su inconcebible dinámica criminal, consideraban contrarios al Proceso.
En efecto, la selección para la eliminación física por sectores de población se distribuye de la siguiente forma, según los datos recogidos en el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas: Nunca Más): Obreros 30,2% Estudiantes 21 % Empleados 17,9% Docentes 5,7% Autónomos y otros 5% Profesionales 10,7% Amas de casa 3,8% Personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad 2,5%. Periodistas 1,6% Actores y artistas 1,3% Religiosos 0,3%. Estuvo perfectamente calculado en relación con el objetivo del “Proceso de Reorganización Nacional” basado en la desaparición “necesaria” de determinada “cantidad” de personas ubicadas en aquellos sectores que estorbaban a la configuración ideal de la nueva Nación Argentina Eran “los enemigos del alma argentina”, así los denominaba el General Luciano Benjamín Menéndez.
Un sociólogo argentino , seña al respecto de la división del territorio argentino en zonas de operación, subzonas y de los cientos de centros clandestinos de detención, lo siguiente: “...El exterminio se realizó con una velocidad y precisión que denotaron años de elaboración conceptual y aprendizaje previos. Los perpetradores no se privaron de aplicar ninguno de los mecanismos de destrucción de la subjetividad de experiencias genocidas o represivas anteriores. Los campos de concentración argentinos constituían un compendio de lo peor de las experiencias de los campos de concentración del nazismo, de los campos de internación franceses en Argelia o de las prácticas de contrainteligencia norteamericanas en Viet Nam. Figuras como la tortura por medio de la picana eléctrica, el submarino (sumergir sistemáticamente la cabeza de la víctima en un balde de agua hasta casi provocar su asfixia), la introducción de roedores al interior de los cuerpos humanos, la humillación y denigración cotidianas de los prisioneros, el maltrato, los golpes, el hacinamiento, el hambre, se sumaron algunas especificidades de la experiencia argentina como la tortura de prisioneros delante de sus hijos o la tortura de hijos o cónyuges de los prisioneros delante de sus padres o esposos y la apropiación ilegal (y la entrega a familias militares) de muchos hijos de los desaparecidos... .-
“La caracterización de grupo nacional es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se propusieron destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto.” Es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado en parte y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación...El aniquilamiento en la Argentina... se trata de la destrucción sistemática de una parte sustancial del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Obra citada pág. 76).
En coincidencia con el fallo emitido en el caso “Etchecolatz”, reproduzco los siguientes conceptos:
“Las alusiones que muchas veces se escuchan respecto de casos como los aquí juzgados en cuanto a la necesidad de reconciliación, de mirar para adelante y de la inutilidad de revolver el pasado, son exactamente el punto opuesto a aquel derecho como productor de verdad al que aludía Foucault, único sobre el cual puede construirse válidamente la memoria, paso inicial indispensable para algún tipo de reparación y por sobre todo para prevenir nuevos exterminios.
“Que los imputados, además de sostener que se trató de una guerra, sostuvieron que el fin era aniquilar elementos subversivos o terroristas. Sin embargo esta afirmación ha sido totalmente desvirtuada en autos en el sentido de que no se defendían de personas o grupo subversivos sino que hubo una eliminación sistemática de personas que al decir de las juntas militares significaban un estorbo para el nuevo régimen instaurado.

NO HUBO GUERRA, HUBO GENOCIDIO.

miércoles, 27 de mayo de 2009

Aparece Orlando A. González

Comunicado de prensa:

Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán comunicamos que en horas de la mañana fue encontrado con vida Orlando Argentino González, quien estaba desaparecido desde la mañana de ayer, cuando debía presentarse a declarar por la causa del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al mismo tiempo exigimos que la justicia y el Estado provincial y nacional interpongan todos los mecanismos que sean necesarios para proteger a las víctimas, testigos, querellantes y abogados en las causas que se llevan adelante por los delitos de Lesa Humanidad. Exigimos también que el aparato represivo que aún hoy opera en la provincia sea de una vez por todas desmantelado y se investigue al círculo del ex comisario Francisco Camilo Orce, quien sigue amenazando a los pobladores de la localidad de Ranchillos.

Laura Figueroa en declaraciones a la prensa en la mañana del miércoles 27 de mayo de 2009:

viernes, 27 de marzo de 2009

Genocidio en Tucumán: ¡Qué no quede impune!

Gacetilla Nº 1

Genocidio:

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Naciones Unidas, año 1948, ratificada por la Nación Argentina, establece que genocidio se enmarca en los siguientes actos perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
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¿Por qué afirmamos que hubo genocidio en Tucumán?

La dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 buscaba afianzar el plan económico, político y social de exclusión instaurado en 1966: cierre de ingenios azucareros, represión a los trabajadores, intervención de la Universidad, etc.; para lo cual consideraron que debían poner fin a toda oposición que cuestionara su proyecto de país para unos pocos.

Decimos:
Que los dictadores implementaron un genocidio ya que para, poner fin al grupo opositor en todo su espectro, cometieron los delitos de: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, en el marco del delito de Desaparición Forzada de Persona, Torturas agravadas, Torturas seguidas de muerte, y homicidios calificados, siendo el Centro Clandestino de Detención y Exterminio “Arsenal Miguel de Azcuénaga” el destino final de muchas de las víctimas.

En Argentina, se elaboró todo un plan de "eliminación selectiva" o por sectores de población integrantes del pueblo, de modo que puede afirmarse que la selección no fue tanto como personas concretas, ya que hicieron desaparecer o mataron a miles de ellas sin ningún tipo de acepción política o ideológica, como por su integración en determinados colectivos, Sectores o Grupos de la Nación (Grupo Nacional) a los que en su inconcebible dinámica criminal consideraban contrarios.

Como se advierte, lo que caracteriza al obrar genocida es que el represor los constituya en grupo; en grupo que, como tal, configura al sujeto pasivo de la destrucción o eliminación que desata el represor, él es quien constituye o categoriza al “grupo”.

Se trató de combatir todo lo que fuera contrario a la ideología oficial del grupo dominante, tanto en lo religioso, como en lo político, económico y cultural; todos aquellos que significaran un obstáculo para la instauración de un nuevo orden.

¿Por qué es fundamental el castigo a los culpables del delito de genocidio?

Así como el homicidio es la negación del derecho a la vida de seres humanos individuales, el genocidio niega el derecho a la existencia de grupos humanos enteros; tal negación del derecho a la existencia conmueve a la conciencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones culturales y de otro tipo, representadas por esos grupos humanos y es contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de las Naciones Unidas al que Argentina ha adherido y aceptado como propio.

Castigando a los culpables estaremos previniendo nuevos genocidios y podremos luchar en la defensa de los derechos humanos de todos en una sociedad justa, sin miedo a ser reprimidos por nuestras ideas.

La impunidad que a consecuencia del genocidio le da poder a los sectores dominantes de la sociedad, permite que el plan económico de exclusión social construído sobre el exterminio de grandes sectores sociales, se perpetúe a través de los mismos agentes: los militares represores, los economistas herederos de Martínez de Hoz, los empresarios que se beneficiaron entonces y ahora, y tantos otros afines a sus intereses.

¿Cuál es la importancia de los derechos humanos para impedir que el genocidio quede impune?
La declaración Universal de los Derechos Humanos es una consecuencia directa del horror causado por el delito de genocidio cometido durante la II Guerra Mundial. La sociedad de Naciones (Naciones Unidas) responde enérgicamente para prevenir todo abuso que pudieren causar los gobernantes de cualquier Estado miembro, lesionando a la condición humana, vulnerando sus derechos más elementales (políticos, económicos, sociales y culturales) garantizados a toda persona por el solo hecho de ser humano.

Es nuestra obligación luchar en pos de la defensa y plena vigencia de los Derechos Humanos.

Lejos de ser una estupidez, es una responsabilidad inexorable de cada ciudadano exigir el respeto a todos los artículos de la declaración Universal de los Derechos Humanos y denunciar cuando estos sean vulnerados; ninguna sociedad responsable debe soslayarlo. No debemos permitir que la ignorancia de algunos nutra a aquellos que les conviene denostar la plena vigencia de los Derechos Humanos en pos de tener vía libre para la implementación de un modelo de país que inevitablemente excluya a un gran porcentaje de la población. Es imprescindible estar atentos y no permitir mensajes confusos y oportunistas… afirmamos: ¡ningún pibe nace chorro!: modelos económico‐políticos de exclusión los hace, la impunidad del aparato represivo de ayer protege a sus mentores.

La importancia de la memoria respecto al genocidio…

La memoria es una de las mejores herramientas para impedir que aquellos que vulneraron con total impunidad nuestros derechos más elementales repitan o intenten repetir sus atropellos;
decimos: ¡nunca más!, la memoria dice nunca más. Ni un paso atrás en nuestro reclamo por justicia, se hace imprescindible que la misma se expida lo más pronto posible para concretar el castigo a los culpables del delito de genocidio, genocidio que lesiona a la humanidad entera privando a 30000 personas, argentinos comprometidos con el proyecto de una sociedad equitativa, del derecho más elemental: la vida, y a todos nosotros: la verdad y la justicia; que los genocidas digan donde están los desaparecidos. Los responsables se esconden tras un cobarde silencio y aparente y contagiosa amnesia.

La memoria… esa que nos permite reconocer la impunidad del aparato represivo en sus múltiples comportamientos; grupos de tareas, grupos de tareas polifacéticos que aun hoy actúan intentando amedrentar, amenazando cobardemente a nuestros abogados, familiares y testigos: NI UN PASO ATRÁS, investigación, justicia y castigo a los grupos que operan tratando de evitar que la Justicia se expida con prontitud en las causas por violación a los derechos humanos, por el delito de GENOCIDIO.

Insistimos: No permitamos que la impunidad de ayer se perpetúe operando contra nuestros querellantes, familiares y testigos tratando de obstaculizar la acción de la Justicia, ni protegiendo a los continuadores de un proyecto económico‐político‐social y cultural de exclusión.

Para que el genocidio no quede impune en Tucumán:

  • Debemos participar activamente en el apoyo a los Juicios contra los genocidas.
  • Comprometernos enérgicamente en la defensa de todos los derechos humanos.
  • Exigir Juicio y Castigo ¡YA! a los culpables del genocidio.
  • Exigir que el Poder Ejecutivo y Judicial no demoren la prosecución de los juicios contra los genocidas.
  • Exigir cárcel común a los culpables de genocidio, Ellos violaron, torturaron, asesinaron, secuestraron niños y robaron las pertenencias de las víctimas.
  • Que los abogados defensores de los derechos humanos, los testigos y miembros del poder judicial gocen de plenas garantías y seguridad en el marco de los juicios contra los genocidas.
  • Desmantelar el aparato represivo del Estado.
  • Exigir la aparición con vida de Jorge Julio López.
  • Denunciar a los grupos de tareas que operan obstaculizando el trabajo de los abogados y de testigos actores en las causas judiciales dentro y fuera de los tribunales.
Genocidio: concepto parido para dar nombre a la más brutal agresión a la condición humana durante el siglo XX, cometida por el régimen nazi y sus aliados internacionales (1939‐1945).

Genocidio en Tucumán: Operativo Independencia (1975): inicio de las prácticas genocidas. “Dictadura Militar” (1976‐1983): genocidio en su máxima expresión. ¡Idéntica metodología, idéntica ideología! 30.000 desaparecidos en Argentina, más de 400 niños apropiados.
El Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el Auschwitz argentino.

JUSTICIA YA!
"CÁRCEL, COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS"

jueves, 25 de diciembre de 2008

ATCI Promueve el debate en la Universidad Nacional de Tucumán

La Agrupación Tucumana Contra la Impunidad consiguió que el Consejo de la Facultad de Psicología se expida a favor de los defensores de Derechos Humanos de Tucumán y haga pública la condena contra aquellos que amenazan a los abogados y jueces en las causas por Genocidio.

El siguiente es el texto aprobado por El Consejo de la Facultad de Psicología en su última Sesión, el jueves 18 de diciembre de 2008:

San Miguel de Tucumán, 18 de diciembre de 2008.-

EXPEDIENTE Nº 78.733-2008. -

VISTO:

Que la Sra. Celia Medina, por Agrupación Tucumana contra la Impunidad, solicita al H.Consejo Directivo de esta Facultad: repudio público a las amenazas e intimidaciones a la Jueza, Dra. Alicia Noli y a la Dra. Laura Figueroa, el rechazo de los discursos que avalan tales conductas, la solidaridad con todos aquellos que están siendo amenazados y que las presentes actuaciones sean elevadas al H. Consejo Superior de la UNT; y

CONSIDERANDO:

Que los Sres. Consejeros adhieren a la declaración de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades”;

Que los Sres. Consejeros resuelven, por unanimidad, hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia repudiar públicamente las amenazas e intimidaciones a la Jueza, Dra. Alicia Noli y a la Dra. Laura Figueroa, rechazar los discursos que avalan tales conductas, expresar solidaridad con todos aquellos que están siendo amenazados (jueces, víctimas y abogados) en el marco de los procesos y juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado;

POR ELLO:

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

(en sesión ordinaria del día 18/12/2008)

R E S U E L V E :

Art. 1º.-Repudiar públicamente las amenazas e intimidaciones a la Jueza, Dra. Alicia Noli y a la Dra. Laura Figueroa, rechazar los discursos que avalan tales conductas y expresar solidaridad con todos aquellos que están siendo amenazados (jueces, víctimas y abogados) en el marco de los procesos y juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Art. 2º.- Comuníquese y elévese las presentes actuaciones a consideración del H. Consejo Superior de la UNT

RESOLUCION Nº 234-8-2008

miércoles, 10 de diciembre de 2008

"Basta de Impunidad"

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA



Documento leído en el acto central del 10 de diciembre de 2008

Hoy, en el día internacional de los Derechos Humanos, se cumplen 25 años del fin de la sangrienta dictadura militar. No obstante tenemos que decir que a 25 años del retorno de la democracia y a 5 años de la nulidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas aún continua la deuda de Memoria, Verdad y Justicia para con las víctimas, sus familiares y la sociedad. Hoy se pretende engalanar a Alfonsín, como el campeón de los derechos humanos, el mismo que promulgó las leyes de punto final y obediencia debida para terminar de cerrar el pacto iniciado durante los años de la dictadura con los autores materiales e intelectuales del terrorismo de estado. La posterior llegada del menemismo al poder implicó los indultos a los genocidas, acompañada por una política de privatizaciones, de la que se beneficiaron los sectores empresarios que fogonearon el golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, tales como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la banca nacional e internacional, entre otros; y que derivó en el aumento de la desocupación, acompañado de un marcado crecimiento de la corrupción generalizada en el país. Bajo todos los gobiernos constitucionales de los últimos 25 años, las fuerzas de seguridad del Estado han violado sistemáticamente los derechos humanos, asesinando, torturando y desapareciendo con total impunidad, apañados por una Justicia y un poder político cómplices.

Hoy vemos con preocupación cómo el discurso de los sectores más reaccionarios de la sociedad está tomando fuerza, apoyado e impulsado por algunos medios de comunicación. Esto deriva, por un lado en el procesamiento y la persecución a los luchadores populares, como los estudiantes de la UBA, y, por otro, en la desprotección de los testigos en las causas por violaciones a los derechos humanos, tanto de ayer como de hoy. La desaparición de Jorge J. López, los asesinatos como el de Fredy Rojas a manos de bandas budistas, y los de César Mansilla yPaulina Lebbos, las actuales amenazas a jueces, abogados, víctimas y testigos que participan en los juicios contra los crímenes de lesa humanidad, todos estos hechos muestran que aún hoy el aparato represivo sigue en pie y hay todavía cientos de asesinos en libertad.

Rechazamos el falso discurso de convertir a los genocidas y represores en víctimas o héroes, fueron y son asesinos. El reciente suicidio mediático del ex comisario Mario Oscar Ferreira (a) “el malevo”, derivó en amenazas de muerte para las doctoras Laura Figueroa y Alicia Noli, dos reconocidas militantes de Derechos Humanos. Asimismo fueron amenazados otros militantes comprometidos con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La única forma de parar la escalada reaccionaria y atemorizante es acelerar el funcionamiento de la justicia, acelerar las investigaciones y los juicios a todos y cada uno de los que participaron en el terrorismo de Estado.

Exigimos, para cerrar el paso a la impunidad es necesario el inmediato desmantelamiento del aparato represivo, acelerando los juicios contra todos los represores y genocidas. La justicia no puede demorar más, si seguimos al paso que vamos terminaríamos de juzgar a todos los responsables del Terrorismo de Estado dentro de 60 años. Sobre la base de esta impunidad no se puede construir el país por el que lucharon los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos.


EXIGIMOS:

ACELERACIÓN DE LOS JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS
CARCEL COMUN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA BUSSI Y TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES
APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS

miércoles, 26 de noviembre de 2008

Pronunciamiento de las Organizaciones políticas y sociales de Tucumán

Los abajo firmantes expresan su repudio ante las amenazas recibidas por las Dras. Alicia Noli y Laura Figueroa y se solidarizan con estas dos reconocidas militantes de Derechos Humanos. Hacemos responsable al gobierno provincial de la integridad física de todos los militantes del campo popular. Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo del Estado para lo cual se debe cerrar el paso a la impunidad, acelerando los juicios contra todos los represores y genocidas. Rechazamos el discurso que convierte a los represores y genocidas en víctimas. Asimismo convocamos a toda la sociedad a movilizarse por la memoria, la verdad y la justicia.

Firman

ADIUNT - AGRUPACIÓN TUCUMANA CONTRA LA IMPUNIDAD - AGRUPACIÓN DE LUCHA POR DERECHOS ESTUDIANTILES (ALDE) (Derecho) / secretarías Gremial y de apuntes del Centro único de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales - ANDHES - APDH - ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO (TUCUMÁN) - CASA AMISTAD ARGENTINO – CUBANA - CEPA - CHINO ROBLES - COBA - CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA - FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN (FPDS) - DE IGUAL A IGUAL - FADETUC - FEDERACIÓN JUVENIL COMUNISTA - HIJOS - JUVENTUD SOCIALISTA - LA CASA DE LAS MUJERES “NORMA NASSIF” - MOVIMIENTO TERESA VIVE - MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN DE TUCUMÁN - MST - MTL AUTÉNTICO - OEN – PROYECTO SUR - ORGANIZACIÓN PACO URONDO - OVEJA NEGRA - PARTIDO COMUNISTA - PARTIDO HUMANISTA - PC – COMITÉ REGIONAL TUCUMÁN - PCR - PTS - RADICALISMO QUE NO BAJA LA BANDERA - HIJOS DEL INTERIOR - COMPROMISO CON UNA NACION CON FUTURO - COMISION PROVINCIAL DE DD HH DEL PARTIDO COMUNISTA

domingo, 23 de noviembre de 2008

COMUNICADO DE PRENSA

Ante los hechos de público conocimiento, los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, reafirmamos la necesidad imperiosa de acelerar los procesos y juicios contra los imputados por crímenes de lesa humanidad. Creemos que sólo la justicia y el fin dela impunidad son los únicos medios para lograr la seguridad de todos los ciudadanos. Queremos, además, recordar a toda la sociedad que cuando la Justicia Federal ordena la detención de un imputado en las causas por crímenes de lesa humanidad, funda su orden en elementos de prueba contundentes.

A diferencia de los que luchamos por la justicia, algunos de los imputados en lugar de ejercer su derecho a la defensa para mostrar su presunta inocencia, han preferido la muerte, manifestando un completo menosprecio por la vida, incluida la propia.

Nos solidarizamos con las Dras. Alicia Noli y Laura Figueroa y con todos aquellos defensores de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado que aún hoy siguen siendo amenazados. Los defensores de derechos humanos han demostrado durante 32 años su honestidad, su integridad y su defensa incondicional de la vida humana.

Firman

Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación Tucumana contra la Impunidad, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

martes, 4 de noviembre de 2008

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En el marco de la reunión celebrada en la Asociación de Abogados de Buenos Aires el lunes 3 de noviembre de 2008, convocada por distintas organizaciones de derechos humanos, la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad sienta su posición y afirma que:

Hablar de Impunidad nos retrotrae a los años 70 cuando el ciudadano común no podía ejercer sus derechos de orden público; cuando el ciudadano militante además era perseguido, secuestrado, desaparecido o muerto. Eso sucedía porque un sector poderoso usurpó el gobierno del país, de los bienes y de la vida de los hombres y mujeres. Lo pudieron hacer gracias al plan genocida; fiel calco de sus modelos extranacionales. Lo ejecutaron con total impunidad, no sólo porque no había justicia sino porque se recostó sobre una trama secreta compuesta de “encapuchados”, “grupos de Tareas”, “agentes infiltrados”, “campos de concentración” “chupaderos” tortura, violaciones, amenazas-coacciones, OCULTAMIENTO DE LOS CUERPOS. Pero también pudieron hacerlo por el miedo y silencio imperante en el conjunto de la sociedad; porque no, por la ignorancia. También por un sector importante de la sociedad que acompañó y alentó el genocidio.

La impunidad no será derrotada sólo con algunas condenas o con miles de condenas. El poder judicial deberá explicar a la sociedad y al mundo cual fue la modalidad empleada por la dictadura militar para aniquilar a un sector diferenciado e importante del pueblo; deberá condenar las prácticas genocidas; deberá desentrañar la trama secreta y así condenar a todos y cada uno de los genocidas. Así podremos evitar nuevos Julios López.

Los organismos de DDHH deben pensar en las víctimas, en los jóvenes y en aquellos que aún dudan sobre los hechos denunciados, pero también en toda una generación que sobrevivió al horror, entonces sí, podremos encontrar un camino para luchar unidos en un solo objetivo. No es suficiente satisfacer al familiar a través de las condenas, pues nuestro País necesita una condena enérgica al plan genocida y a sus perpetradores. Debemos bregar para que la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio sea reformado. Debemos bregar para que la Convención se aplique a todos los países donde mueren miles de personas por razones étnicas, raciales, religiosas o políticas. En este sentido, la condena a las prácticas genocidas representa un paso adelante para evitar el exterminio de miles y miles de seres humanos.

Los que luchamos durante toda una vida por Verdad y Justicia (luego por Memoria) nos parece un despropósito que alguien diga que “impedirán que el debate sobre genocidio y delito de lesa humanidad entorpezca el desarrollo del proceso”, pues los impedimentos los introducen los jueces, fiscales, defensores de genocidas y la ineficiencia del estado al momento de brindar estructura, recursos humanos, nombres, pruebas etc. En realidad lo que deben impedir es la injusticia y no el debate o demostración de la VERDAD.

La Verdad debe prevalecer en todos los actos del hombre, especialmente en los de la Justicia; razón por la cual, la acumulación de causas debe realizarse en base a los hechos probados es decir por Centros Clandestinos de Detención en el marco del circuito represivo o muerte. Impulsando como causa principal aquella donde se produjeron los fusilamientos o muertes por tortura. Así lograríamos pocas causas, pruebas concentradas y utilizadas eficientemente; conseguiríamos la condena de todos y cada uno de los responsables y lograríamos reconstruir las prácticas genocidas, destruir el anonimato y el silencio.

Debemos determinar en cada zona cuál fue el circuito represivo y/o muerte, pues así aportaremos aspectos fundamentales como:

  1. dónde fueron muertas las víctimas: extermino
  2. cuáles fueron los centros de detención transitorios: tortura y traslados
  3. la identidad de quienes estuvieron en cada operativo, los que estuvieron en cada CCD, y los que estuvieron en las ejecuciones: los nombres aportados por los querellantes y testigos. Requerir información al Estado. Determinar en que consistieron las tareas “de inteligencia” y sus responsables, objetivos etc.

Se incorpora, casi la totalidad de las víctimas, en procesos probados gracias a la prueba indiciaria que permite reconstruir el camino transitado por las víctimas hasta el lugar de su muerte.

  • Unificación de prueba.
  • Unificación de hechos en pocas cusas.
  • Celeridad con Verdad.

La cadena de mando es importante al momento de probar la responsabilidad mediata, pero la responsabilidad de cada uno de los perpetradores lo demostraremos mediante testimonios que den cuenta sobre la participación directa en cada hecho, o a través de los registros que consigamos. En este punto el Estado Nacional (Secretaría DDHH de la Nación como querellantes) está en mora: debe presentar las pruebas instrumentales que den cuenta sobre la participación de las fuerzas de seguridad sin que nosotros lo requiramos; es el Estado el que debe decir al Juez quienes estuvieron ocupando los distintos cargos (superiores e inferiores) debe decir quienes fueron los agentes y miembros de inteligencia etc.etc. Si espera que los jueces se lo pidan nunca sucederá: Tucumán es un ejemplo. Cuando los militares se presentan a juicio demuestran tener registro o documentación pues dan detalles que así lo sugieren, por eso, digo que el Estado está en mora con la sociedad que espera, espera... saber.

Cuando dicen que en Tucumán no se incorporó la cadena de mando en los procesos, es porque se desconoce las causas. Las cadenas de mando fueron incorporadas ab inicio (desde 1983) lo que pasa es que el poder judicial de ayer y hoy no tiene voluntad de condenar a todos sino a los decrépitos genocidas.-

No estamos de acuerdo en que se creen juzgados o tribunales especiales, la CN lo prohíbe. Debemos pedir más juzgados para lograr celeridad en los procesos, pues los existentes están abarrotados de causas. Debemos lograr más personal, estructura, capacitación y compromiso democrático de quienes imparten justicia, representan al estado y a los auxiliares de la justicia.-

Finalmente, en Tucumán los que reconstruimos los hechos conforme a los CCD y al circuito represivo no deseamos que la Verdad sea menospreciada so pretexto de la celeridad en los procesos. Tampoco queremos procesos efectistas y carentes de contenido histórico. Queremos, y por eso luchamos, la condena al genocidio que no es otra cosa que el exterminio de cientos y cientos de argentinos; que la persecución de miles y miles de argentinos; que la destrucción de las relaciones sociales, que el robo de los bienes de los argentinos y la instalación de la idea que el pueblo no puede participar, ni cambiar, ni alterar el orden establecido.-

sábado, 20 de septiembre de 2008

La Justicia rechaza juzgar la causa "Arsenal" en el marco de un Genocidio


por Laura Figueroa


La resolución emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán el 17 de Setiembre de 2008 en la causa principal por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Miguel Azcuénaga, ratificó el procesamiento de cuatro militares responsables de delitos de lesa humanidad, y por primera vez, el alto Tribunal confirmó el procesamiento por presunta comisión del delito de "homicidio agravado" como autores mediatos a Luciano B. Menéndez, Antonio D. Bussi, Luis Alberto Cattáneo y Mario Albino Zimmerman, y como presunto "autor material (directo)" a Antonio Domingo Bussi contra Luis Eduardo Falú y Ana Cristina Corral. Si bien la sentencia, significa un avance doctrinario al reconocer el delito de homicidio sin tener el cuerpo de la víctima, no puedo soslayar el "retroceso" en cuanto al rechazo tácito del homicidio agravado en relación a la totalidad de las víctimas que no recuperaron la libertad desde este CCD. El silencio es peor que el rechazo, pues los familiares de las víctimas se ven sometidas no sólo a la angustia de la incertidumbre sino también a la injusticia.

Que la Cámara no haya utilizado ni una frase para resaltar las características fácticas del centro clandestino, de detención y exterminio masivo de personas, a pesar de las numerosas pruebas obrantes en la causa y detalladas parcialmente por dicho Tribunal, nos indica que partió de un premisa incompleta que /tiñe el análisis de parcial y subjetivo.

Que la Cámara haya concluido erróneamente por haber iniciado erráticamente el análisis lógico, me refiero al rechazo del marco legal de Genocidio por no haber observado la existencia de la intencionalidad de aniquilar a un grupo nacional por parte de los perpetradores de la “represión ilegal” (como prefiere titular al genocidio), resulta una consecuencia lógica de quienes no vieron y no supieron valorar el "horror de las prácticas genocidas" perpetradas contra las mujeres embarazadas que perdieron no sólo sus vidas sino la de sus hijos por nacer. O cuando una vez nacido, primero mataron a su madre y luego se apropiaron del menor. O cuando jóvenes adolescentes y niños sufrieron tortura y perecieron bajo las armas de los criminales por el sólo hecho de pertenecer a una determinada familia o grupo nacional. O cuando el secuestro de familias enteras; o personas ancianas y/o enfermas fueron sometidas a crueles torturas y a muertes inhumanas.

Si todos estos actos expresamente contemplados por la Convención sobre la Prevención y Condena al Genocidio no fue suficiente para enmarcar los hechos criminales en la Convención, entonces el Alto Tribunal debió analizar la intencionalidad que tuvieron de destruir a un grupo nacional determinado, escrudiñando las órdenes secretas de las Fuerzas Armadas que tenían por objeto el aniquilamiento de un grupo nacional a través del exterminio de sus miembros.

Que la Cámara haya concluido que en el Arsenal Miguel de Azcuénaga los militares y gendarmes no cometieron genocidio, "no la exculpa del silencio o laguna injustificable" sobre el delito internacional de "exterminio" de cientos de personas en ese centro clandestino. Lamentablemente, el Tribunal no dimensionó el verdadero rol que le cupo al ex Arsenal Miguel de Azcuénaga dentro del plan criminal, razón por la cual, su decisión jurisdiccional carece de profundidad de análisis con errónea conclusiones de derecho.

Como abogada querellante en esta causa tengo obligación de fijar posición jurídica en relación a la resolución, pues hace 25 años que brego por la condena a las prácticas genocidas para que la Humanidad prevenga y sancione a los estados que cometan hechos similares, en consecuencia, seguiré el proceso tal cual lo establece el ordenamiento legal: no apelaré la resolución para acelerar los tiempos procesales y así llegar a juicio oral para demostrar no sólo al Tribunal Oral que las prácticas genocidas deben ser juzgadas y condenadas, sino para que la sociedad sepa que la vida y la dignidad humana debe ser respetada por el estado, y si no lo hace que los ciudadanos del mundo puedan exigir medidas preventivas y condenatorias para lograr el cese inmediato de las prácticas genocidas.

Juzgar a los genocidas después de 32 años importa el comienzo del derrumbe de la impunidad; condenarlos en el marco legal adecuado implica un aporte a la Humanidad para que ésta desarrolle mecanismos preventivos eficaces a favor de la vida y la libertad.

domingo, 31 de agosto de 2008

Comunicado sobre la sentencia contra Bussi y Menéndez

San Miguel de Tucumán, 30 de agosto de 2008

Los miembros de la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad queremos resaltar que esta primera sentencia en Tucumán de prisión perpetua por el delito de lesa humanidad para Bussi y Menéndez es un triunfo de la lucha de 32 años de las organizaciones sociales y políticas. Es un primer paso en la derrota de la impunidad.
Seguiremos luchando para que se acaben todos los privilegios para Bussi y todos los genocidas como él. No queremos detenciones en countrys privados de lujo. En este sentido, apoyamos la decisión del fiscal Terraf de apelar el arresto domiciliario.
Creemos que nada debe desviar ni la atención ni empañar la satisfacción del triunfo histórico que significa esta condena. Pero claramente afirmamos que no queremos tribunales militarizados ni represión con gases lacrimógenos.
Creemos que es indispensable que el Estado acelere los procesos e inmediatamente eleve las causas por los centros clandestinos de detención a fin de que se los condene por genocidio de una vez por todas.

viernes, 29 de agosto de 2008

Lectura de la Sentencia Contra Bussi y Menéndez

El Fallo contra Bussi y Menéndez en los medios


domingo, 24 de agosto de 2008

Pozo de Vargas: Justicia Ya!

video

Organizado por la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad, el 23 de Agosto de 2008 se realizó un acto en el predio del Pozo de Vargas para inaugurar un cartel en el que se pide a la justicia que reimpulse las investigaciones en el pozo para determinar la existencia de restos óseos en lo que se cree es una fosa común. Las investigaciones en el Pozo de Vargas se encuentran paralizadas hace más de un año y mientras se diluya la pesquisa no se podrá avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Al acto, que ha sido convocado en el contexto del Juicio contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, han concurrido distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos.



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