Libre, autor material del asesinato de Manuel Buendía

MIGUEL CABILDO

MÉXICO, D. F., 18 de febrero (apro).- Rafael Moro Ávila Camacho, el autor material del crimen del periodista Manuel Buendía, fue liberado esta tarde luego de permanecer casi 20 años en prisión.

         La llave que permitió al bisnieto de Máximino Ávila Camacho y exagente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) abandonar el reclusorio Norte fue el amparo definitivo otorgado por el Sexto Tribunal Colegiado Penal, según confirmó su abogado, Alberto Woolrich Ortiz.

         Moro Ávila fue detenido en 1989, acusado de haber asesinado al autor de la columna Red Privada el 30 de mayo de 1984 en el estacionamiento donde el periodista tenía sus oficinas, en avenida Insurgentes Sur.

         Luego de tres años y ocho meses, el entonces juez 34 de lo penal, Roberto Hernández Martínez, cerró el caso aún a pesar de las múltiples dudas que quedaron sin respuesta.

         En febrero de 1993, en una audiencia anticipada –se cambió el día de la audiencia sin previo aviso-- y en ausencia de los abogados defensores de los inculpados, Hernández Martínez sentenció a 35 años de prisión al exdirector de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, como autor intelectual del homicidio de Buendía.

Como coautores intelectuales del homicidio fueron sentenciados a 25 años, los excomandantes de la DFS, Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona, y la misma sentencia alcanzaron Juan Rafael Moro Avila Camacho y Sofía Marysia Naya Suárez, por el delito de homicidio calificado.

         Desde entonces, Moro Avila Camacho apeló la sentencia y 15 años después logró su objetivo: la libertad.

El amparo otorgado a Moro Ávila beneficia indirectamente al resto de los coacusados, con excepción de Zorrilla Pérez, a quien la Corte le negó el amparo en octubre del 2001.

Al resolver el amparo en revisión 1436/2001, el máximo tribunal confirmó la sentencia del 3 de marzo de 1999 del segundo tribunal colegiado en materia penal, que ratificó a su vez el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que encontró a Zorrilla Pérez culpable de la muerte del columnista del periódico Excélsior.

         Tres procuradores tuvieron en sus manos el caso Buendía: Victoria Adato, Renato Sales Gasque e Ignacio Morales Lechuga. Fueron ocho años, ocho meses y quince días (investigación y proceso), en los que se manejaron hasta 298 hipótesis sobre posibles autores intelectuales y materiales del homicidio.

         De 1984 a 1988, habían rendido su declaración 133 personas, de un total de 810 oficios, 259 citatorios y órdenes de presentación que giró la fiscalía especial; se analizaron 1,975 armas de fuego, con las características del arma homicida; se revisaron 259 expedientes de agentes de diversas corporaciones y 1,467 tan sólo de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.

         Y a dos meses de que el fiscal especial concluyera su encomienda, de 56 posibles autores materiales, el número se redujo a 17, para quedar finalmente en cinco, con José Antonio Zorrilla Pérez al frente, como autor intelectual.

         Al día siguiente de la muerte de Manuel Buendía, el presidente Miguel de la Madrid expresó su condena y de inmediato giró instrucciones para que se procediera a la más minuciosa investigación, "que permita esclarecer los hechos y se logre la localización del responsable a la mayor brevedad posible".

         Por tratarse de un delito del fuero común, el caso cayó en los terrenos de la procuradora Victoria Adato. Pero sus agentes quedaron atados de manos. La DFS, por instrucciones de Manuel Bartlett, se encargó inicialmente de la investigación. Después, pasó a la Policía Judicial Federal, hasta que, finalmente, quedó a cargo de la Policía Judicial del Distrito que, en rigor, tendría que haberse encargado del caso desde un principio.

         Con Victoria Adato, el enfoque de la investigación se dirigió al terreno pasional en sus primeras declaraciones a la prensa, la procuradora Adato dijo que se habían realizado avances sustanciales y manifestó su confianza en que el crimen pronto se esclarecería.

         Un año y dos meses después del crimen, el comandante de la PJDF, Luis Aranda Zorrivas, presentó, el 31 de julio de 1985, el informe de sus investigaciones a la procuradora Adato. Apuntaba como autor material a José Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol.

         El 28 de agosto, en su primer informe público sobre el caso, la procuradora Adato declaró que no era un asunto fácil. Y explicó: "No es un caso común. Es imposible decir en que momento caerá el responsable. Nos enfrentamos a un abanico de posibilidades. No es un asesinato político. No lo es y lo digo categóricamente: por lo que hasta ahora he visto, no es de esa naturaleza".

         El 27 de diciembre de 1985 fue relevada de su cargo y propuesta por Miguel de la Madrid como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

         Dos años y tres meses después, el 9 de marzo de 1988, el nuevo procurador, Renato Sales Gasque, dijo que en las anteriores investigaciones se siguieron muchas pistas, pero que era necesario iniciar desde cero.

         La investigación quedó a cargo del licenciado Miguel Angel García Domínguez, designado fiscal especial. Al cumplir mil días del homicidio, el 24 de febrero de 1987, Sales Gasque sostuvo que el asunto no tenía tintes políticos. Y desechó la Hipótesis de que El Chocorrol hubiera sido el autor material.

         Tres meses después, Sales Gasque mencionó por primera vez el nombre de José Antonio Zorrilla en relación con el crimen. "Es obvio que debe mandársele a declarar".

         A punto de concluir su mandato, De la Madrid afirmó que el esclarecimiento del homicidio de Buendía no se había podido lograr como tampoco se encontraba al culpable de primer ministro de Suecia Olof Palme

         Antes de rendir su último informe en relación con el caso, el 11 de junio de 1989, siendo procurador del DF Ignacio Morales Lechuga, el fiscal especial descartó otra vez al chocorrol como autor material del crimen.

         Contra lo que había sucedido cada año en vísperas del aniversario de la muerte de Buendía, cuando las autoridades daban a conocer un informe sobre el avance en las investigaciones en el primer año del gobierno del presidente Salinas hubo silencio.

         Sin embargo, el 7 de junio, en la comida del día de la libertad de prensa, el presidente Salinas declaró que en una semana se daría a conocer un balance de las investigaciones.

         Cuatro días después, en conferencia de prensa, el fiscal especial García Domínguez, acompañado del procurador Morales Lechuga, declaró que existían elementos suficientes para fincar la presunta responsabilidad de José Antonio Zorrilla y el 14 de junio, en un boletín de tan sólo nueve líneas, se informó sobre la consignación del exdirector de la DFS, ante el juez 34 penal, licenciado Roberto Hernández Hernández.

         Ocho días después, se informó de que Juan Rafael Moro Avila Camacho, de 35 años de edad, estaba detenido como uno de los presuntos autores materiales.

         En un boletín del jueves 22 de junio, la PGJDF dio como un hecho que José Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol, había sido el autor material del homicidio. Moro sólo quedaba como coautor.