El acuerdo sin duda polémico se produjo después de que el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba mantuviera una reunión con el fin de vencer las reticencias de los eurodiputados que echaron para atrás un primer texto en el mes de febrero considerando que la opinión del Parlamento no había sido recogida y señalando que la privacidad de los europeos quedaba en entredicho.

El último escollo se salvó después de que el Consejo aceptara la reivindicación de los liberales para que la Comisión Europea presente un balance sobre el funcionamiento del convenio a los tres años de su entrada en vigor y pueda revisarse a los cinco años.

Hemos conseguido que exista un control directo europeo y la posibilidad de crear un sistema equivalente en territorio europeo. El acuerdo alcanzado cubre las exigencias de la gran mayoría de los partidos políticos de la Eurocámara y por ello le daremos luz verde, resumió López Aguilar.

La comisión de Libertades Civiles celebrará una reunión extraordinaria el próximo 5 de julio para aprobar el texto, que será votado en sesión plenaria esa misma semana, con lo que se cumplen así los plazos que se había marcado la presidencia española de la UE.

Al ser rechazado un primer acuerdo, conocido con el nombre de 'Swift' por el consorcio con sede en Bélgica que gestiona los datos bancarios, la Comisión Europea se comprometió a tener en cuenta las inquietudes de los eurodiputados en la nueva negociación con Estados Unidos.

El resultado es un pacto que introduce como principal novedad que la agencia europea de cooperación policial, Europol, sea la encargada de verificar que las peticiones que hagan las autoridades norteamericanas sean tan específicas como sea posible para minimizar la cantidad de datos que se transfieren y que resulten necesarias para los fines que se persiguen, esto es, sólo en el marco de investigaciones antiterroristas.

Estados Unidos ha prometido que designará a un responsable para analizar las actividades y que habrá auditores independientes para controlar la correcta aplicación del acuerdo y también ha ofrecido ayuda a la UE para crear su propio sistema de rastreo de financiación del terrorismo. Se prevé que el periodo de retención de datos sea de 5 años, igual que el de la directiva sobre blanqueo de capitales.