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19 » Jun 2012 |
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El impuesto a las "ganancias" |
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Recientemente, un juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, frente a la pregunta de un periodista, afirmó que le parecía razonable que los jueces no fueran alcanzados por el impuesto a las ganancias. Añadió que en su opinión, ningún trabajador en relación de dependencia debía tributar impuesto a las ganancias, puesto que “la venta del esfuerzo personal no es una ganancia”. La debilidad del razonamiento queda al descubierto si pensamos que bastaría con cambiar la denominación para neutralizar el argumento. En otros países, como por ejemplo Cuba, el “impuesto a las ganancias” se denomina “impuesto a los ingresos personales”, una fórmula que resulta mucho más ajustada a su forma real de aplicación.
Una de las causas que contribuyen a la confusión es que en Argentina se utiliza el mismo impuesto para gravar la renta de las personas físicas que la renta de las personas jurídicas. Esto no acontece en otros países, como por ejemplo España, donde el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) está separado y es independiente del Impuesto a las Sociedades (IS), que son los que abonan las empresas por las utilidades netas que obtienen en el desarrollo de su actividad.
En la mayoría de los países europeos, la base imponible del impuesto a la renta son los ingresos que obtienen las personas naturales por desarrollar algún tipo de actividad –cuarta categoría en Argentina- como por percibir algún tipo de renta (intereses, alquileres o dividendos)- primera y segunda categoría en Argentina-. En estos países está concebido como un impuesto personal, que se aplica a todos los perceptores de rentas, en forma proporcional a los ingresos obtenidos: a mayor renta, mayor es la alícuota del impuesto.
El impuesto a la renta de las personas físicas es el impuesto directo más importante de cualquier sistema tributario. Su extensión indica el grado de cultura fiscal que posee cada sociedad. En Argentina el peso de este impuesto es muy débil (16 % de la suma total de recaudación frente al 36 % en Chile) y recae en gran medida sobre las empresas (80 %), con un impacto muy limitado sobre las personas físicas (20 % del total recaudado). Por otra parte, en Argentina no están gravadas las rentas del capital, ni las rentas financieras, ni las plusvalías por incremento en el precio de venta de los activos físicos y financieros. Una situación muy anómala a la que no han puesto fin 9 años de “gobiernos progresistas”.
Los sindicatos se quejan del retraso del monto del mínimo no imponible que no se actualiza pese a la elevada inflación. Tienen parte de razón, pero para tener un cuadro completo, debe señalarse que en Argentina los contribuyentes de la cuarta categoría son solo alrededor de 1 millón y medio de trabajadores mientras que en España, con una población similar a la de Argentina, son 20 millones los declarantes de este impuesto (87 % son trabajadores en relación de dependencia y el resto autónomos o perceptores de otras rentas). Por otra parte, actualmente la alícuota máxima asciende en España al 52 % para ingresos superiores a 300.000 euros, mientras que en Argentina se mantiene muy baja, en el 35 %.
Otro factor que hace a la estructura tributaria de Argentina muy regresiva se debe al predominio de los impuestos indirectos, especialmente el IVA que tiene una altísima alícuota (21 %) que se aplica también a los alimentos básicos, medicinas y vestimentas. En los países desarrollados, la alícuota para alimentos y medicamentos no supera el 10 % (Alemania el 7 %, España el 8 % y Francia el 3,8 %). Resulta un contrasentido que en Argentina la alícuota al consumo de productos tan sensibles duplique o triplique la que aplican países desarrollados.
El sistema tributario argentino reposa, además, en tributos que desalientas la producción, el empleo formal y las exportaciones. Impuestos como los ingresos brutos, a los activos productivos, al gasoil, impuesto al cheque, a las retenciones a las exportaciones y a la emisión monetaria sin respaldo (impuesto inflacionario) son claramente distorsivos. A ello debe sumarse una elevada evasión fiscal, que eleva la presión fiscal sobre los que cumplen con las obligaciones fiscales, y un uso deficiente por parte del Estado de los recursos recaudados, lo que genera una reacción adversa y defensiva de los contribuyentes que lo consideran como una justificativo de la evasión.
En este contexto tan anómalo se suma el privilegio de los jueces. No conocemos ningún lugar del planeta, salvo Argentina, donde los jueces estén eximidos de pagar el impuesto a los ingresos personales. Los jueces, al igual que el resto de los habitantes, circulan por carreteras y calles con sus automóviles, envían sus hijos a la escuela pública o acuden a los hospitales del Estado. También reciben la protección que dispensan las fuerzas de seguridad y el amparo de la justicia cuando deben formular una reclamación o efectuar una denuncia como simples particulares. Todos estos servicios públicos se financian con impuestos, entre ellos los impuestos directos como el de “ganancias”, de modo que es absurdo argumentar que algunos de los usuarios de esos servicios universales deben quedar eximidos de la contribución a financiarlos.
La sola idea de que exista una casta de brahmanes privilegiados, eximidos de efectuar la carga que soporta el resto de los ciudadanos, repugna y resulta contraria al principio de igualdad ante la ley. De allí que la resistencia numantina de los jueces a pagar los mismos tributos que el resto de los ciudadanos es agraviante por partida doble: primero, porque entraña consagrar un privilegio y en segundo lugar, porque son justamente los jueces los que deberían cuidar la imagen de la aplicación imparcial e igualitaria de la ley. Si, como decía Einstein, lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta, más difícil resulta todavía comprender el extravagante privilegio que aún conservan los jueces argentinos. |
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12 » Jun 2012 |
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YPF y las provincias petrolíferas |
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La semana pasada, acompañado de la presidenta Cristina Fernández, Miguel Galuccio presentó el “plan estratégico” de YPF. El flamante presidente y CEO de la compañía, anunció un plan que permitirá a la empresa incrementar en un 36 % la producción de petróleo y gas entre este año y 2017, a razón de un 6 % anual promedio. Es francamente alentador que un gestor público anuncie y se comprometa con objetivos mensurables cuyo cumplimiento podrá ser luego verificado en el futuro. No obstante, persisten numerosos interrogantes sobre la forma de alcanzarlos.
Si bien Galuccio habló de “plan estratégico”, lo cierto es que en una comunicación posterior a la Bolsa de Buenos Aires y a la SEC, la empresa reconoció que se trataban simplemente de “estimaciones sobre las perspectivas de la compañía”. Se añadía que YPF “no se compromete a actualizar o revisar públicamente esas estimaciones aun en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretaran”, con lo que se asumía implícitamente que el plan era, básicamente, una proyección de deseos.
El anuncio de Galuccio aclaraba que para obtener el prometido incremento en la producción de petróleo y gas era necesario efectuar una inversión de u$s 3.500 millones en 2012 y u$s 7.000 millones anuales entre 2013 y 2017, es decir un total de u$s 38.500 millones en el período. En cuanto al origen de esos fondos, la información añadía que esos recursos saldrían del flujo de fondos de la petrolera y de asociaciones de distintas naturaleza, entre ellas, el concurso de un socio estratégico o financiero para el desarrollo de los recursos no convencionales.
A la espera de la llegada del esperado “socio estratégico”, Galuccio, en reuniones que mantuvo con banqueros y empresarios del sector, comentó que la empresa estudiaba la emisión de un bono en dólares garantizado por exportaciones como el principal objetivo que tenía YPF para obtener financiación. Se trata de un mecanismo que han utilizado otras petroleras como Petrobras o Pemex, pero en Argentina, con un “spread” de riesgo-país que alcanza 1.160 puntos, la tasa de interés de cualquier préstamo se torna inviable. La empresa esperaba para los próximos días la reactivación de los programas Petróleo Plus y Refino Plus que fueron creados para alentar las exportaciones de crudo y suspendidos en febrero pasado para quitarle un beneficio a Repsol.
Las dificultades para obtener fondos del exterior o asociarse con una empresa extranjera, deja como alternativa financiera más realista la de acudir a los flujos de caja. Esto obligaría, ineludiblemente, a terminar con el congelamiento tarifario, en especial el que sufre el gas en boca de pozo. Pero como señaló Kicillof en su mítica exposición ante el Senado, “si la nafta o el gasoil en Argentina se guía por los precios internacionales, eso generará un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía nacional y pondrá en riesgo nuestro modelo de crecimiento”.
Kicillof, que aparece como el nuevo comisario político en el flamante directorio de YPF, es firme partidario de desvincular los precios internos de los internacionales y mantener “un precio interno bajo para sostener el poder adquisitivo del salario y fomentar la competitividad de la industria, el comercio y el transporte”. En su exposición ante el Senado llegó a sostener la conveniencia de precios que “no sean rentables para la compañía” y “que tal vez haya que subsidiarlos”, dado que “nuestro objetivo no es la rentabilidad de la empresa”.
Existe, por lo tanto, una clara contraposición entre la visión ideológica de Kicillof y la más pragmática necesidades financieras de Galuccio. Algunos estiman que Galuccio será el ganador dado que ubicó a siete personas de su entorno en el nuevo directorio de YPF. Pero todavía es prematuro saber quién ganará esta pulseada, cuyo resultado, más que por el número de directores afines en el directorio, se dirimirá por la proximidad que se tenga al entorno de la corte presidencial.
Por el mismo motivo, en un sistema donde lo institucional poco cuenta, carece de toda relevancia que los gobernadores de las provincias petrolíferas hayan podido ubicar a cinco directores sobre un total de diecisiete. Una muestra es que, a pesar que el estatuto de YPF señala que las acciones son escriturales, las provincias no han recibido todavía la titularidad de las acciones que según la ley de expropiación les corresponde y que les permitiría compartir la eventual distribución de beneficios de la compañía.
En cualquier caso, el riesgo mayor de las provincias petrolíferas reside en que si YPF no tiene otra alternativa más que financiarse con los flujos de caja, tal vez será difícil que perciban las regalías con la regularidad anterior. O no sería descartable que, a partir de ahora, esas regalías sufran la condicionalidad política a la que viene sujeta la percepción del resto de los fondos coparticipables.
Según un comentario de Marcelo Bonelli publicado en “Clarín”, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, habría admitido estos riesgos en una reunión privada en la OFEPHI. Según las palabras que Bonelli pone en boca del gobernador, el mandatario neuquino habría reconocido que “perdimos derechos porque tenemos una clara minoría. Vamos a ser las primeras víctimas políticas, si YPF no tiene plata para invertir”. |
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08 » Jun 2012 |
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Populismo cambiario |
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Como señalan Dornbusch y Edwards (“Macroeconomía del populismo”, FCE, 1992) la prescripción de políticas de los programas populistas es muy sencilla: “reactivación con redistribución”, que se pretende alcanzar mediante incrementos en los salarios, aumento del gasto público, controles de algunos precios y sobrevaluación del tipo de cambio. Desde el populismo se piensa que la inflación no está relacionada con la sobre emisión monetaria del Banco Central sino que es consecuencia de la lucha por los ingresos y, por consiguiente, la expansión artificial de la demanda no se considera inflacionaria.
Los programas populistas –añaden Dornbush y Edwards- evolucionan en cuatro fases. En la primera, se alcanza un éxito aparente debido a una fuerte expansión de la producción y del empleo. En una segunda fase empiezan a surgir algunos problemas como resultado del sobrecalentamiento de la economía y la aparición de algunos cuellos de botella. Aquí es cuando la falta de divisas empieza a ser una complicación para el Banco Central. En una tercera fase se produce un empeoramiento de los problemas: la explosión inflacionaria, la fuga de capitales, un incremento del déficit presupuestario y una aguda tensión en la balanza comercial.
En la cuarta fase el gobierno intenta estabilizar y ajustar la economía (“sintonía fina”). Puede devaluar la moneda para restablecer los equilibrios externos y reducir los subsidios y elevar las tarifas públicas para reequilibrar el presupuesto. Si avanza en esta línea, al final termina haciendo una estabilización ortodoxa. Si, para evitar el costo político, retrasa estas medidas, los problemas se embalsan y pueden terminar en una situación explosiva de descontrol de todas las variables (como ocurrió en el llamado “rodrigazo” en 1975).
Un desequilibrio del tipo de cambio, a la larga, se hace insostenible. Es sabido que el tipo de cambio es el mediador, la interfaz, entre el interior y el exterior de una economía, entre los precios interiores y los exteriores. Cuando se produce un cambio de los precios interiores en relación con los exteriores (por ejemplo un aumento de los precios interiores por causa de una elevada inflación interior) se genera un desequilibrio que a la larga repercute en la balanza exterior.
Desde la época de la convertibilidad, es sabido que la sobrevaloración del peso provoca unos efectos negativos en la balanza comercial, es decir una desmejora relativa de las exportaciones con respecto a las importaciones, aumentando el déficit de la cuenta corriente. Esto lo conocen muy bien los esforzados productores de las economías regionales, que ofrecen una producción que no obtiene en los mercados internacionales unos precios tan excepcionales como los que consigue la soja.
Otro efecto dañino, en un país tan vulnerable desde el punto de vista externo como Argentina, es que el dólar barato es una subvención a todas las importaciones, entre las que predominan los bienes de consumo suntuario (incluyendo viajes al exterior). Esas importaciones subvencionadas constituyen una competencia muy fuerte para las pequeñas y medianas empresas domésticas y el problema, en el largo plazo, no se resuelva imponiendo restricciones arbitrarias a todas las importaciones.
Por otra parte, la inflación se come el valor de los ahorros en pesos. Por ese motivo los argentinos han incorporado la costumbre de depositar sus ahorros en la moneda que conserva mejor su valor en el largo plazo y de allí la demanda de dólares. Es un comportamiento que, mientras no se controle el fenómeno inflacionario, va a ser muy difícil de cambiar. El voluntarismo no sirve para torcer tendencias arraigadas en experiencias históricas traumáticas. Tampoco se debe olvidar que, como advierte Olivier Blanchar, “el tipo de cambio es un precio, no un tanto conseguido en el último partido de la Copa del Mundo. Y al igual que todos los demás precios, a veces tiene que aumentar y a veces disminuir, dependiendo de la demanda del mercado”.
Finalmente, no hay mejor manera de valorar una política económica que observando los resultados. Cuando la nave comienza a escorarse, hay que tomar el timón y moverlo en la dirección adecuada. No se puede permanecer inmóvil, sin corregir el rumbo. Como señala Fitoussi, “una política económica se hace dogmática cuando pierde la noción de arbitraje entre objetivos aparentemente contradictorios, cuando rechaza enfrentarse a la complejidad. Una política económica no obtendrá nunca sus fines si es unidimensional, es decir si privilegia un único objetivo durante un período de tiempo demasiado grande”. |
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05 » Jun 2012 |
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Un relato de vaqueros |
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El viceministro de Economía, Axel Kicillof, luego de una laboriosa investigación, parece haber encontrado al responsable de los penosos resultados de la política energética argentina. Siguiendo el guión de las viejas películas del Far West, acaba de descubrir al autor del ominoso latrocinio sufrido por el patrimonio nacional. Sin embargo, una serie de datos bastante consistentes, abren algunas brechas en el rocambolesco relato del viceministro.
Según los resultados de la “investigación” que llevaron adelante como interventores de YPF el ministro de Planificación, Julio de Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, existen evidencias de que el Grupo Repsol desplegó una estrategia de “depredación, desinversión y desabastecimiento”, remitiendo al exterior utilidades record, que utilizaron para apuntalar la expansión internacional del grupo. Según la bovina metáfora del viceministro, YPF “era un vaca lechera a la que iban a ordeñar hasta la muerte”.
El primer obstáculo que tiene que sortear este relato proviene de las declaraciones no muy lejanas de la propia presidenta Cristina Fernández, que el 7 de diciembre de 2010, en la sede de YPF, luego de un anuncio de nuevas inversiones, afirmaba que “estamos muy contentos (con la compañía) porque esto va a sostener el crecimiento del país”. Por su parte, el ministro de Planificación, Julio de Vido, en una entrevista publicada en Página 12 del 23.10.08, había expresado que “en Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalles su plan de negocios e inversiones y nos parecen adecuado a las necesidades del país”.
Por consiguiente, la “investigación” del dúo Kicillof-De Vido constituye el más duro alegato contra las autoridades que debían controlar la empresa, es decir el propio ministro de Planificación, quien afirmaba conocer con detalles los planes de negocios e inversiones de la compañía. Algo que no debería sorprender si se tiene presente que el Estado argentino tenía un representante en el directorio de YPF que nunca objetó los balances de la compañía que siempre fueron aprobados con su aquiescencia.
El segundo obstáculo del relato épico de Kicillof es que el reparto desproporcionado de utilidades y el éxodo de dividendos al exterior de YPF, es el resultado directo de la operación de “argentinización” de la empresa, avalada por el gobierno y diseñada por Néstor Kirchner. Repsol facilitó la entrada del Grupo Petersen en el 2008 mediante un inusual acuerdo en virtud del cual la financiación del pago de las acciones de los nuevos socios locales se acordó mediante una desusada distribución de dividendos, pacto que también fue sometido a la aprobación previa de la Comisión del Mercado de Valores.
El tercer reparo al relato de Kicillof es que la crisis energética de Argentina, como ha venido siendo denunciado por los ex secretarios de Energía, más que la acción embozada de un bandido, es el resultado de políticas públicas erráticas, desalentadoras de la inversión, distorsivas de precios relativos que por atender solo al corto plazo han terminado facilitando el incremento del consumo y del uso de la energía por encima de la producción.
Como señalan estos expertos, si el gas en boca de pozo se abona al productor local a un precio inferior al 25 % del gas importado, y si el barril de petróleo se abona a un 40 % del precio internacional, se produce un fenómeno normal en toda economía: con precios regulados muy inferiores a los de mercado baja la oferta y sube la demanda, lo que obliga a cubrir el consumo excedente con importaciones. En ese contexto, es comprensible –aunque resulte perjudicial para el interés nacional- que las compañías multinacionales prioricen su esfuerzo de exploración y producción fuera de nuestras fronteras.
La circunstancia de que las compañías multinacionales operen con una lógica que no siempre se acopla con los requerimientos de las políticas nacionales, pone de manifiesto que el primer error, del cual se deriva el resto, provino de una decisión política adoptada en 1992 por el presidente Menem, cuando privatizó YPF. Para conseguir la aprobación parlamentaria de la ley de privatización, contó con el apoyo público y notorio del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, a la sazón presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Seis años más tarde Néstor Kirchner, siendo gobernador de la provincia de Santa Cruz, vendió a Repsol el 5% de la petrolera que estaba en manos de la provincia patagónica de Santa Cruz.
Por consiguiente, la responsabilidad sobre las políticas de YPF debe recaer, en primer lugar, sobre los que priorizando necesidades de caja, se desprendieron de las acciones que hubieran permitido ejercer un control y monitoreo de las decisiones estratégicas de la compañía. El relato de Kicillof, como tantos otros cuentos infantiles que a lo largo de la historia nos ha brindado el populismo, persigue el objetivo de echar las culpas siempre afuera, sobre algún oportuno chivo emisario, mejor si es extranjero. Esta manera tradicional de eludir las propias responsabilidades es un método que impide obtener oportunas enseñanzas a partir del reconocimiento de los propios errores. Como no hay aprendizaje, se crean las condiciones para volver a tropezar con la misma piedra.
Los enunciados retóricos permiten eludir también, tras una nube de humo, la responsabilidad gubernamental sobre el futuro de la compañía confiscada. Siguen esperando respuesta preguntas tan obvias como las siguientes: ¿quién financiará la inversión necesaria para recuperar el autoabastecimiento?; ¿resultarán atractivos cuadros tarifarios alejados de los valores internacionales? ¿son sostenibles en el tiempo subsidios al consumo energético como los actuales? ¿cuál será el criterio de rentabilidad de una empresa que opera con una conducción política en su directorio?
Ningún indicio ayuda a suponer que YPF no seguirá operando con criterios parecidos a los del pasado, que en su momento dieron argumentos a los impulsores de la privatización. Si, como se presume, el futuro de YPF depende de una nueva alianza con empresas multinacionales, nada se ha mencionado sobre la política energética compatible con esa presencia. El relato heroico de Kicillof no despeja ningún interrogante y solo sirve para incrementar la impresión de que la retórica sigue campando a sus anchas, ocupando el lugar de las definiciones y contenidos de las políticas públicas. |
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29 » May 2012 |
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Imprevisibilidad gubernamental |
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"Esta Presidenta es absolutamente responsable y previsible", afirmó Cristina Fernández ante un auditorio colmado de jóvenes militantes de La Cámpora y la JP-Evita. La mandataria hizo estas declaraciones el martes pasado durante la inauguración de la Sala de la Juventud Néstor Kirchner en la Cámara Baja. A pocas semanas de haber procedido a la expropiación-confiscación de la empresa más importante del país –algo que no estaba previsto en su programa de gobierno- las afirmaciones de Cristina sonaron sorprendentes y poco convincentes.
Si algo caracteriza a la gesta que se inició hace justamente nueva años es la imprevisibilidad. En un contexto donde los partidos políticos son “cáscaras vacías” – Moyano dixit- y las declaraciones programáticas que se presentan a las elecciones son meros enunciados retóricos, carentes del menor rigor, muchas de las decisiones políticas que se impulsan desde el Poder Ejecutivo, parecen ir dirigidas a apagar fuegos surgidos en el momento. No existe, o no se conoce, un verdadero plan de gobierno.
Ninguna de las medidas más fuertes adoptadas por este gobierno, -estatización de las AFJP; Ley de Medios; modificación de la Carta Orgánica del Banco Central; o la más reciente de expropiación de YPF- estaban incorporadas en un programa que hubiera sido previamente votado por los electores. Y si alguien encuentra alguna referencia perdida en ese programa, deberá convenir que no fueron, hasta antes de su tratamiento por el Congreso, exhibidas claramente frente al electorado.
Digamos, para ser ecuánimes, que la imprevisibilidad no es un problema que solo pueda atribuirse a este gobierno. En general forma parte de la cultura política de toda la región, porque al decir de Carlos Matus, “la práctica de gobierno en América Latina facilita la improvisación y desvaloriza la planificación porque el aparato del sector público conforma un sistema macro-organizativo de baja responsabilidad”. Con este calificativo de baja responsabilidad se quiere señalar que nadie pide rendición de cuentas de forma sistemática por el desempeño en las apuestas realizadas por los gobiernos en ausencia de planes vinculados a promesas electorales transparentes.
El sistema político, a través del partido que se apropia literalmente del Estado, utiliza criterios internos de evaluación, basados en el modo que se satisfacen las oportunidades de negocios, poder y protección que se otorgan a sus miembros. A los ciudadanos solo les queda el acto electoral, ejercido cada cierto tiempo, para hacer valer sus preferencias, en una ceremonia donde predomina la retórica y se acude al uso exacerbado de estereotipos firmemente arraigados en el inconsciente colectivo de las sociedades.
Como señala Matus, la improvisación está tan arraigada en nuestras sociedades porque ofrece claras ventajas a los políticos. En primer lugar, está al alcance de todos, dado que para improvisar no hace falta tener entrenamiento ni conocimientos especiales. Obsérvese que la mayoría de los dirigentes políticos latinoamericanos son abogados, una profesión que no presta en su currículo la menor atención a la gestión administrativa o a la formación en control presupuestario. Por otra parte, la improvisación alimenta el egocentrismo y la soberbia del hombre práctico, que permanece sometido a la ignorancia de segundo grado (“no sabe que no sabe”).
La improvisación es flexible y adaptable a la realidad, dado que nadie tiene que explicar los cambios ante la ausencia de una planificación previa y es la herramienta preferida por nuestros dirigentes políticos porque actúa exenta de formalismos. El dirigente improvisador actúa basado en la intuición y rehúsa atenerse a una teoría o técnica basada en el conocimiento científico. El resultado final es un sistema de enorme mediocridad, que carece de estímulos para elevar la calidad y la eficiencia del sistema de gestión pública.
Los dirigentes políticos se resisten a sacar al sistema organizativo de su actual punto de mediocridad porque temen perder las bases de su poder artesanal. De este modo el proceso de modernización del aparato público latinoamericano queda atrasado, en un momento en que las empresas privadas están enfrascadas en un proceso de búsqueda continua de la calidad, mejorando notablemente su eficiencia productiva. No es una paradoja menor que los proclamados defensores de la intervención fuerte del Estado en la economía, sean luego los que trabajan denodadamente por corromperlo, parasitarlo y debilitarlo internamente. |
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