Memoria histórica

La Ley de Memoria Histórica facilita el acceso de los ciudadanos a la información que sobre ellos o sus familiares guarden los archivos, registros o fondos documentales públicos. También insta a recopilar y difundir información histórica y de los documentos relativos a  la Guerra Civil, el exilio y la dictadura.

El mapa integrado de localización de fosas y víctimas, que tendrá una actualización permanente, ha sido realizado por el Gobierno de España en colaboración con distintas administraciones públicas y asociaciones de recuperación de la memoria histórica.

Se han ampliado las prestaciones y pensiones a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.  Familiares de fallecidos o mutilados de guerra, de personas que estuvieron en prisión por motivos políticos o que murieron en defensa de la democracia de 1968 a 1977, son algunos de los beneficiarios.

Desde el año 2006, el Gobierno subvenciona diferentes actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral a las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Más de 950 personas han recibido ya la Declaración de reparación y reconocimiento personal, un título de desagravio para quienes fueron perseguidos y condenados por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Los escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura están siendo retirados. Las únicas excepciones: aquellos símbolos protegidos por ley por razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas.

La Ley 52/2007 permite a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales acceder a la nacionalidad española sin necesidad de renunciar a la que ostenten. Asimismo, amplía la posibilidad de ser español a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. La norma satisface así una legítima pretensión del exilio y de la emigración española.