Esta entrada ha sido escrita por Mercedes Ruíz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.
Si algo quedó tras las explicaciones del gobierno sobre los Presupuestos Generales para 2013 es que el pago de los intereses de la deuda se comerá el presupuesto de los Ministerios. Con previsiones de aumento de la deuda de hasta el 80% del PIB para el próximo año, el panorama para la cobertura de los servicios sociales no se presenta muy halagüeño. Nada se especificó sobre las partidas de cada uno de los Ministerios y tendremos que esperar a la próxima comparecencia para poder realizar un análisis detallado; pero todo apunta a que, por encima de la garantía de los derechos ciudadanos, primará el pago de una deuda contraída de manera ilegítima. Cabría preguntarse por qué el gobierno se empeña en pagar algo ilegítimo mientras ignora las deudas contraídas de manera legal.
Si el presupuesto se destina a pagar los intereses de la deuda (intereses que deberíamos saber, en pro de la transparencia, en manos de quién acaban), será imposible garantizar las políticas públicas. En nuestro caso nos preocupa especialmente la cooperación al desarrollo cuya supervivencia está ahora en la cuerda floja, no sólo por la caída del presupuesto desde el año 2009, sino también por “otras formas de recortes” que están sufriendo las ONGD y que agravan más si cabe, la ya comprometida situación en la que se encuentran. Dónde quedan los compromisos asumidos internacionalmente al respecto, dónde quedan el Pacto de Estado firmado por los partidos políticos para garantizar que la cooperación es una política pública. Las consecuencias sobre millones de personas con quienes trabajamos pueden ser terribles.