En la economía, los momentos de crisis pueden ser épocas doradas. Cuando las acciones de las bolsas o las empresas se desploman, caen a precios de ganga, y los más estratégicos las compran para luego venderlas a mejor precio cuando vuelvan a ser atractivas. Es un principio capitalista.

En política, los momentos de crisis son de vacío de poder y pueden ser épocas doradas. Hace 22 años, cuando Jorge Serrano quiso dar un golpe de Estado, se le plantaron los activistas sociales y los grandes empresarios tradicionales, encabezados por Dionisio Gutiérrez. Y los grandes empresarios lograron reformar un capítulo de la Constitución que les permitió acumular una gran fortuna: impedir que el Banco de Guatemala prestara dinero al Estado para obligarlo a que se lo prestaran los bancos más grandes del sistema, a intereses más altos. Desde entonces, por medio de la deuda interna los cuatro mayores bancos obtienen buena parte de sus ganancias. Los vacíos de poder en las crisis siempre son ocupados. Es un principio de la política.

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Esta vez, otro empresario está aprovechando la crisis. Con el distanciamiento definitivo entre la Cámara de Industria y la Presidencia, el vacío de poder lo ha tomado el empresario emergente más importante del país: Mario López, el dueño de Tigo. El único multimillonario guatemalteco que aparece en la lista de la revista Forbes. El único gran empresario que no está afiliado al Cacif, la coordinadora de las Cámaras. El gran financista y tomador de decisiones de la política guatemalteca.

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El canje: respaldo a cambio de monopolio

El trueque se negoció desde el sábado –un día antes que Pérez Molina dijera con tono desafiante que no renunciaba– y se materializó este miércoles. Dos fuentes aseguraron a Nómada que el presidente Pérez Molina, que titubeaba sobre renunciar, llamó a Mario López para hacer el acuerdo. Apoyo a cambio de concesiones.

Dos evidencias muestran la primera parte de esta alianza. Acisclo Valladares Urruela, hasta el lunes gerente de Tigo e hijo del embajador de Pérez Molina en Londres, es desde este martes el nuevo jefe del Programa Nacional de Competividad (Pronacom), un puesto reservado para el sector privado tradicional desde su fundación y ocupado hasta el viernes pasado por Juan Carlos Paiz, expresidente del Cacif y de Agexport.

La juramentación de Valladares para el Pronacom. Foto: Presidencia

La segunda evidencia también es contundente. El nuevo jefe del Ministerio de Economía es Ricardo Sagastume, hasta ayer presidente de la Gremial de Telecomunicaciones, que no está afiliada al Cacif y en la que se encuentra únicamente Tigo; Telefónica y Claro no son parte de ella. Hasta el viernes pasado, el ministro era Sergio de la Torre, exdirector de la Cámara de Industria.

La juramentación de Sagastume como ministro de Economía. Foto: Presidencia.

Sagastume es un abogado experto en litigar en la Corte de Constitucionalidad –un amparo suyo sirvió para que la Corte redujera el mandato a Claudia Paz– y también es un experto en las aguas de la política. Hace cuatro años fue candidato a diputado con Líder, de Manuel Baldizón, y antes fue el momentáneo precandidato presidencial del partido FCN, que ahora postula a Jimmy Morales.

Los puestos del Pronacom y de Economía son claves para un negocio enorme.

El negocio es la adjudicación de la banda 4G para internet. La banda es la más potente para transmisión de datos, y acelerará el internet de manera descomunal: Se podrán procesar entre 5 y 15 megabytes por segundo. De momento, Tigo y Telefónica han comprimido sus bandas de 3G para dar espacio al internet de alta velocidad, pero eso tiene un límite; necesitan espacio en la banda 4G.

Y desde hace meses hay un pulso, entre Telefónica-Claro por un lado y Tigo por el otro. Telefónica y Claro quieren que sea una licitación y adjudicación que fomenten la competencia entre los tres. Tigo quiere quedarse con toda la banda.

Tigo tiene el 47% del mercado de celulares; Claro, el 31%; y Telefónica, el 21%, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Tigo es propiedad de Mario López; Claro, del mexicano Carlos Slim; y Telefónica, en un 40% de MultiInversiones, de la familia Bosch Gutiérrez. El pulso no es entre jugadores novatos ni pequeños.

Un día de principios de julio de 2015, Otto Pérez citó a su despacho a Sergio de la Torre, el ministro de Economía y representante de la Cámara de Industria en el gabinete. Era para adjudicar la banda 4G, sostienen dos fuentes empresariales. De la Torre le habría sugerido a Pérez Molina crear un debate nacional sobre el tema, como hicieron Ecuador, Colombia y Argentina, para que el Estado pudiera hacerlo en competencia y obtener más recursos. En Ecuador, un país del tamaño de Guatemala, esta banda fue licitada por US$330 millones, que equivalen al 30% de lo que recauda el Estado de Guatemala en un año.

Esta competencia protege a las minoritarias, Claro y Telefónica, de que la mayoritaria Tigo pueda obtener el favor del Presidente y las excluya. Pérez Molina y De la Torre no llegaron a un acuerdo y el tema no fue resuelto.

De la Torre era el representante de la Cámara de Industria en el gabinete. Y la Cámara de Industria –en la que tienen mucha influencia los Bosch Gutiérrez–,fue la que sostuvo a Pérez Molina en la Presidencia desde que estalló la crisis por La Línea hasta el viernes pasado, cuando se distanciaron por la acusación directa del MP y la CICIG.

El MP y la CICIG acusaron el viernes a Pérez Molina de liderar junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti la estructura de defraudación aduanera, en el escándalo de corrupción más grande del país. El viernes, el Cacif y la Cámara de Industria pidieron la renuncia del presidente. El sábado, De la Torre y Juan Carlos Paiz renunciaron a Economía y al Pronacom. Nómada intentó hablar con ambos para este reportaje pero declinaron las entrevistas.

Nómada también intentó hablar con los dos nuevos funcionarios, Valladares y Sagastume, pero no pudo concertarse un momento para conversar. Se habló con Acisclo Valladares Molina, el embajador de Guatemala ante Reino Unido, que respondió que no había intercedido para esta renovada alianza entre Pérez Molina y el exjefe en Tigo de sus hijos, Mario López.

La vieja alianza entre Tigo y Pérez Molina

Es una alianza renovada porque no es nueva. El poderoso Mario López, quien tiene inversiones en Centroamérica, Ecuador y Paraguay, tiene una larga experiencia en tratos con políticos.

Inició su vida política-empresarial como ministro de Comunicaciones de Vinicio Cerezo, en la Democracia Cristiana, en los ochenta, justo en el momento en el que ese ministerio concesionó a Tigo la banda de telefonía celular. Después se convirtió en su accionista y fue creciendo hasta ser mayoritario frente a sus socios suecos.

En el año 2000, logró que el gobierno de Alfonso Portillo le concesionara la banda B en exclusiva, según investigaciones de Prensa Libre y elPeriódico. En 2010, impidió que el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres (UNE) crearan un impuesto a las telefónicas. Lo logró con la oposición férrea del Partido Patriota (el de OPM) y del partido Líder (de Manuel Baldizón). Pero además, con la promesa de financiar la campaña de Sandra Torres en 2011, según denunció en su libro Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas de ese gobierno, quien intentó esa reforma y renunció después de esta alianza de Tigo con los tres partidos.

Con el gobierno de Otto Pérez y el Congreso de PP-Líder, Mario López aumentó su influencia en el Estado. Los cabildeos de sus empleados lograron que el Congreso renovara por 25 años las concesiones de las frecuencias radioeléctricas –telefonía, radios, canales– sin pagar un centavo adicional.

Además, Tigo obtuvo la concesión del Ministerio de Gobernación para las cámaras con reconocimiento facial en la zona 18 y otras áreas capitalinas. Un instrumento que puede ser útil para controlar el crimen, pero también para controlar a ciudadanos inconformes.

Finalmente, el gobierno de Pérez Molina hizo todas las gestiones para que agilizar los permisos para la planta solar más grande de Centroamérica, propiedad de la corporación de Mario López.

La agencia de relaciones públicas de Tigo respondió que no hablaría de los nuevos funcionarios de Pérez Molina relacionados a Mario López. Se trata de un “exempleado”, respondieron en en referencia a Acisclo Valladares Urruela, ahora de Pronacom.

En cambio, en los pasillos de Telefónica y Claro –que prefirió no hablar para esta nota– hay preocupación por el ingreso de personas de Tigo al Gobierno en este momento de debilidad de la Presidencia. Temen que pueda adjudicársele la banda 4G y quedar rezagados en la competencia por el atractivo mercado de telefonía e internet. “No existe un país en el mundo donde el proceso de licitación de frecuencias lo dirija un ejecutivo procedente de uno de lo sinteresados”, sentenció Humberto Pato, director de Telefónica en el país.**

Entre activistas a favor de la libertad y la privacidad en internet, en cambio, las preocupaciones son otras. Que una empresa que tenga cámaras gubernamentales de reconocimiento facial y el monopolio del internet –con el switch para decidir qué se publica– es un peligro para la democracia.

* Gladys Olmstead y Sofía Medina participaron en la elaboración de este reportaje.

** Éste párrafo fue actualizado el 27/8/15 a las 21.30.