TRABAJANDO PARA FORTALECER LOS DERECHOS DE ACCESO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL...
Autor: Yamile Najle, Coordinadora del área de Derechos Humanos de FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) y Juan Carballo, director ejecutivo de FUNDEPS.
El jueves 07 de mayo finalizo en Chile, la primera ronda de negociaciones de países signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe de 1992.
El principio 10 establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
A través de este acuerdo regional se busca lograr la cabal implementación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, fortaleciendo así la democracia y asegurando el goce del derecho a un ambiente sano. Generando sinergia con la totalidad de los Derecho Económicos Sociales y Culturales, profundizando las estructuras democráticas, evitando mayor conflictividad social y posibilitando el desarrollo de políticas públicas que reflejen un desarrollo sustentable e inclusivo.
Este proceso toma como referencia al llamado Convenio de Aarhus. Este último es un convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ese tratado cuenta con 46 Estados Partes y la Comunidad Europea, entró en vigencia en 2001, estableciendo mecanismos y obligaciones respecto de los derechos de acceso que son aplicables a nivel interno de dichos estados.
A la fecha, son 20 países de la región los que se encuentran negociando este acuerdo regional sobre los derechos de acceso. En la primera ronda de negociaciones realizada en Chile, participaron representantes de los gobiernos de estos 20 países, organismos de Naciones Unidas, de Organizaciones intergubernamentales como la OEA, invitados especiales de amplia trayectoria y numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entre estas últimas, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) estuvo presente impulsando la adopción de los estándares más alto de protección de estos derechos.
La importancia de esta negociación, que ya lleva dos años de trabajo, radica en la necesidad de generar estándares comunes en la región sobre los derechos de acceso. Implica avanzar hacia un compromiso real y no simbólico de los países de América Latina y el Caribe para trabajar profundizando la democracia y corrigiendo las asimetrías en la participación, el manejo de información y el acceso a la justicia. A través de este acuerdo se busca asegurar la incorporación de ciudadanos y ciudadanas a los procesos de tomas de decisiones sobre sus propios modelos de desarrollo. Se reconoce la interdependencia de los derechos de acceso y su vínculo directo con los derechos humanos, el bienestar de la población, el fortalecimiento de mecanismos democráticos y la erradicación de la pobreza.
Los acuerdos a los que se han arribado en la pasada ronda buscan, para avanzar en las negociaciones, realizar consultas a nivel nacional, abrir instancias de participación hacia el interior de los Estados, para que de esta manera los Estados puedan comentar el texto preliminar propuesto por CEPAL. De esta forma, haciendo propio el proceso, se busca avanzar de manera gradual en la negociaciones que decidirán en definitiva la naturaleza y los alcances del instrumento regional a adoptar. Es importante marcar que la legislación argentina cuenta con altos estándares de protección ambiental, razón por la cual no debieran existir motivos para que el país se oponga a la firma de un acuerdo que reafirme el compromiso de hacer efectivos el derecho a la información, a la participación y acceso a la justicia buscando que la legislación argentina sea mucho más que un cúmulo de buenas intenciones.
Desde FUNDEPS, continuaremos monitoreando el proceso, buscando que se generen instancias de consultas internas en todas las etapas de la negociación. Asimismo, seguiremos el proceso internacional en la búsqueda de que se adopten los más altos estándares para la efectiva aplicación de los derechos de acceso, vínculo directo al anhelado desarrollo sostenible.