El ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ricardo Villalba, fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de "abuso de autoridad" y se le trabó un embargo por 5 millones de pesos, en el marco de la causa que lo investiga, junto a otros tres ex funcionarios, por irregularidades en las autorizaciones de explotación de los yacimientos mineros Veladero y Pascua Lama, en San Juan, dado los tres derrames tóxicos ocurridos en la primera mina entre 2015 y 2016.
Además del mendocino Villalba, el Juzgado Criminal y Correcccional Federal 7, a cargo de Casanello, dictó procesamiento para los ex secretarios de Medio Ambiente durante el kirchnerismo Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, quienes también fueron embargados. Por otro lado, los ex titulares de la Administración de Parques Nacionales (APN) Carlos Corvalán, Patricia Gandini y Eugenio Breard fueron sobreseídos.
Villalba es investigado por Casanello debido al armado del inventario reglamentado por la Ley Nacional de Glaciares a fines del 2010, tras el polémico veto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dado que se acusó al IANIGLA de "desproteger" a los glaciares de tamaño menor a una hectárea, porque el organismo resolvió dejarlos afuera del inventario, pese a lo que ordenaba la norma.
Con esta decisión, según el magistrado, avalada por la Secretaría de Medio Ambiente, los cuerpos glaciares ubicados en Veladero y Pascua Lama quedaron sin inventariar y, por ende, no fueron "protegidos".
Tras la indagatoria a los investigados y sus descargos, Casanello consideró que "los descargos de los funcionarios que prestaron tareas tanto en IANIGLA como en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no han logrado revertir la hipótesis delictiva investigada ni constituyen causas legítimas de su accionar".
Para justificar el procesamiento del ex titular del IANIGLA, Casanello indicó que "la contribución de Villalba en la desprotección de los glaciares radica en haber elaborado en el mes de diciembre del año 2010 un documento en clara contradicción con el texto y el espíritu de la ley 26.639, titulado 'Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución'. Mediante el mismo se estableció que sólo se iban a inventariar las geoformas mayores a una hectárea de dimensión que, asimismo, fueran o glaciares o manchones de nieve o glaciares de escombros, mientras la ley de presupuestos mínimos establecía expresamente la protección de 'toda masa de hielo perenne cualquiera fuera su dimensión'".
Tras rebatir los argumentos de la defensa de Villalba, basados en cuestiones técnicas, el juez manifestó que "las pruebas recogidas en autos dan cuenta de que más allá de las limitaciones técnicas invocadas y de la metodología elegida para el Inventario, el IANIGLA había tomado efectivo conocimiento de la existencia de cuerpos de hielo que acabaron quedando fuera del inventario y, en definitiva, del amparo de la ley de protección", haciendo foco en los ubicados en Veladero y Pascua Lama.
"La metodología escogida por el IANIGLA se exhibe como un modo de quebrantar la obligación legal de protección particularmente en las zonas prioritarias localizadas en este sector de los Andes áridos, donde las geoformas son de pequeñas dimensiones. Sólo así se entiende la decisión de no realizar visitas in situ en los lugares donde se desarrollan los emprendimientos mineros", añadió.
Para Casanello, el accionar de Villalba "implicó la exclusión -y consecuente desprotección- de muchos cuerpos de hielo que debieron ser incluidos en el ING [Inventario Nacional de Glaciares] y relevados de forma prioritaria, los que en zonas desérticas como la provincia de San Juan desde el río Jáchal hacia el norte, significaban un aporte hídrico valioso".
"Ante toda la evidencia técnica [...] no puede más que considerarse que la exclusión de los referidos cuerpos de hielo fue deliberada", resaltó.
