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asignar prioridad a los adolescentes
Es urgentemente prioritario adoptar medidas que aborden los críticos
problemas de adolescentes y jóvenes, para que puedan realizarse
con éxito acciones de desarrollo económico encaminadas a mitigar
la pobreza, contrarrestar la pandemia de SIDA y facultar a las mujeres
y los hombres a fin de que creen un mundo más equitativo. En
particular, es imprescindible efectuar inversiones en programas que
satisfagan las necesidades de los adolescentes en materia de salud
reproductiva.
Como se ha destacado en el presente informe, los programas
deben reconocer la diversidad en cuanto a necesidades, aptitudes
y grado de inclusión social de los adolescentes, mujeres y varones,
solteros y casados, en diferentes culturas, en distintas circunstancias
(en la escuela, fuera de la escuela, en zonas
rurales o urbanas, en grupos ricos o pobres,
o de personas desplazadas), y a diferentes
edades(1). Las acciones programáticas deben
basarse en un mejor diálogo con las comunidades
y en el apoyo comunitario.
Después de la CIPD, la experiencia adquirida
en cuestiones relativas a la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes ha puesto de
manifiesto la urgencia de contar con políticas
propicias. Los programas que tratan de esos
temas tan delicados no pueden sobrevivir en un
ámbito hostil. No obstante, son pocos los países que cuentan con
políticas en que se toman en cuenta explícitamente las necesidades
de los jóvenes en cuanto a información y servicios. Si bien es
deseable que los gobiernos establezcan políticas apropiadas antes
de iniciarse los programas, puede suceder que haya cambios en las
políticas oficiales cuando están en curso, o después de haber llegado
estos a término.
Las acciones de promoción tienen importancia crítica para
lograr apoyo institucional y público a los cambios normativos en
muchos niveles, inclusive leyes, políticas y reglamentaciones nacionales
que estipulan estándares para las prácticas, así como las
costumbres y tradiciones comunitarias.
Las políticas restrictivas pueden perjudicar la salud sexual y
reproductiva de los jóvenes al impedir que adquieran información
que pueden salvar sus vidas y que tengan acceso a los servicios. En
algunos países, las leyes prohíben la provisión de anticonceptivos a
menores de 16 años o a mujeres solteras. Aun cuando la ley permita
esos servicios, algunas clínicas no los autorizan. En otros casos, el
temor a la reprobación de la comunidad o de partes de la comunidad,
puede disuadir a los jóvenes de acudir en busca de servicios.
Asimismo, el requisito de obtener el consentimiento de los progenitores
o del esposo pueden restringir el acceso de los jóvenes a los
servicios de salud reproductiva y la información al respecto.
La ausencia de leyes o políticas específicas—por ejemplo, que
desalienten el matrimonio precoz o protejan a las niñas contra el
abuso sexual y la violencia sexual—también puede ir en detrimento
de la salud sexual y reproductiva. Las políticas y las leyes que alientan
o imponen los programas necesarios pueden tener efectos
positivos.
Un problema básico para las tareas de
promoción, especialmente en sociedades
muy tradicionales, es quebrar el tabú de hablar
públicamente de cuestiones sexuales, e inclusive
reconocer que muchos jóvenes tienen actividad
sexual antes del matrimonio. Así se lograría
una sociedad más saludable, en mejores condiciones
de hacer frente a nuevos retos, con
mayor comunicación y respeto entre las generaciones.
Esto es indispensable para que la
comunidad comprenda que es preciso cambiar
las políticas, particularmente en respuesta a la
pandemia de VIH/SIDA. Se necesitan comunicaciones
de diversos tipos, desde los medios de
difusión de masas hasta las representaciones populares o los
grupos de debate.
EL LIDERAZGO POLÍTICO ES LA CLAVE El compromiso político—a
los más altos niveles, sumado a la provisión de recursos y sostenido
a lo largo del tiempo—tiene importancia crucial para el éxito de los
programas que abordan cuestiones a menudo delicadas, relativas a
la sexualidad de los adolescentes. Muchos gobiernos han necesitado
varios años para admitir que sus países padecen una crisis de SIDA
y reconocer que el número de casos de SIDA podría aumentar explosivamente
en los próximos diez años, a menos que se intensifiquen
las actividades para frenar la proliferación de la epidemia, inclusive
la provisión de cuidados a los ciudadanos que ya están viviendo con
el VIH/SIDA(2).
Los países que han logrado con más éxito reducir la epidemia
son aquellos cuyos líderes la tomaron en serio hace más de 10 años,
entre ellos el Brasil, Jamaica, el Senegal, Tailandia y Uganda. Otros
gobiernos han reconocido más recientemente la gravedad de la
crisis y han comenzado a obtener resultados. En la India, el Primer
Ministro ha exhortado al Parlamento a considerar que el VIH/SIDA
es el más grave problema de salud pública que enfrenta el país(3).
En cambio, algunas políticas formuladas para combatir el SIDA
tal vez estigmaticen a los jóvenes e infrinjan sus derechos humanos,
por ejemplo, cuando se estipula que las jóvenes deben utilizar vestimentas
con marcas especiales para indicar que son vírgenes. Esos
enfoques sólo sirven para marginar a los más necesitados de información
y servicios, sin proporcionar las aptitudes y la protección
que tan urgentemente se necesitan.
Son escasas las investigaciones que miden los efectos de los
programas sobre el cambio en la legislación y las políticas, la
modificación de las normas culturales y el fomento de ámbitos
de apoyo a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Esas
acciones de monitoreo son relativamente nuevas y su evaluación
es difícil. Las pruebas del resultado positivo al respecto, en su
mayoría, provienen de estudios de casos e informes. Es necesario
intensificar los esfuerzos para mejorar la documentación y evaluación
de los programas.
EJEMPLOS DE ADELANTOS EN LAS POLÍTICAS En 1998, Bolivia y
la República Dominicana aprobaron políticas nacionales para la
juventud en que se incorporó la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes. En ambos casos, las acciones resultaron del firme liderazgo
de políticos influyentes—en Bolivia, una ex Primera Dama y
un Viceministro; en la República Dominicana, el Vicepresidente—
además de la participación de organizaciones de jóvenes, el apoyo
de organismos internacionales y la eficaz coordinación entre varios
sectores del Gobierno(4).
El UNFPA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) ayudaron al Gobierno de Ghana a formular
una política sobre salud reproductiva de los adolescentes en que se
reflejaban los objetivos de la CIPD(5).
En Viet Nam, el Ministerio de Salud ha elaborado normas y
directrices nacionales de salud reproductiva en que figura una
sección específica para adolescentes(6). El UNFPA está colaborando
con el Gobierno de Jordania en la elaboración de una estrategia
integral para la juventud que hace hincapié en las aptitudes para
la vida y la salud reproductiva de las adolescentes, y en que las
acciones de promoción corresponden al Ministerio de Educación,
otros ministerios, varias ONG y administradores escolares(7).
En Kenya, el proyecto de Iniciativas para la Juventud capacitó
a líderes locales para que abogaran por la salud reproductiva de los
adolescentes ante sus homólogos nacionales, de modo de contribuir
a elevar la prioridad asignada al tema en las políticas nacionales(8).
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