Trastorno del mercado: Estrategia, implantación y resultados en los países fuente de narcóticos

Parte integral de este esfuerzo es nuestro apoyo a un gran destacamento de fuerzas aéreas, fluviales y terrestres en las principales zonas de cultivo de coca que mantienen el estado de derecho y proporcionan seguridad para el desarrollo alternativo y apoyo a las actividades de erradicación. Se han destinado otros US$10 millones para la erradicación de coca y su infraestructura suplementaria logística y de seguridad.

Además de estos programas de aplicación de la ley, se destinarán US$38,5 millones para apoyar las actividades de Bolivia destinadas a consolidar y sostener programas regionales de desarrollo alternativo (con lo cual se proporcionan mejoras directamente a los agricultores y las comunidades), con particular hincapié en el desarrollo de mercados nacionales e internacionales viables y sostenibles para cultivos distintos de la coca. En el entorno socialmente volátil de los Yungas, después de una minuciosa preparación y trabajo con la población local, los programas de desarrollo alternativo financiados por los Estados Unidos reducirán el cultivo lícito e ilícito de coca entre las comunidades cocaleras locales. El resto de la solicitud de financiamiento se destinará a programas de apoyo más pequeños, como reducción de la demanda, planificación de políticas, proyectos de administración de justicia y apoyo administrativo.

En el Perú, el descontento entre los trabajadores a escala nacional retrasó los esfuerzos del Gobierno de ese país para ampliar la erradicación de los cultivos de coca, lo que condujo a una mayor resistencia y violencia contra los proyectos de desarrollo del Gobierno por parte de cocaleros organizados en el primer semestre de 2003. En respuesta, el Gobierno del Perú ha reorganizado su enfoque con el fin de proporcionar incentivos de desarrollo alternativo más contundentes para la erradicación voluntaria por parte de las comunidades cultivadoras de coca y, al mismo tiempo, reforzar las actividades nacionales de interdicción por parte de las autoridades de aplicación de la ley.

El modelo de erradicación participativa se concibió como medio para establecer un compromiso de eliminar los cultivos ilegales de coca por parte de toda una comunidad. Las comunidades que no participan enfrentan una erradicación forzosa. Los participantes reciben un salario diario por el trabajo de erradicación de la coca, así como raciones de alimentos. Las comunidades que se mantengan libres de coca por dos a tres años recibirán mejoras de infraestructura. Más de 200 comunidades han solicitado participar en el programa de erradicación y cada día son más las que piden participar en dicho programa. La fase piloto del programa tuvo mucho éxito. Se erradicaron más de 1.000 hectáreas de coca, con lo cual el Perú logró su meta de erradicación de 7.000 hectáreas en 2002.

Han aumentado los decomisos de drogas y sustancias químicas por parte de las unidades peruanas de aplicación de la ley, pero la erradicación de la coca actualmente se mantiene por debajo de las 7.000 hectáreas erradicadas en 2002. Creemos que los índices de erradicación mejorarán en el segundo semestre del año.

Los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar una mayor presencia policial peruana en lo que concierne a la interdicción y la seguridad en zonas de cultivo de coca requerirán un financiamiento sustancial en el ejercicio de 2004 con el fin de establecer y sostener bases de operaciones de avanzada, así como fondos adicionales de operación para los aviones de ala fija y helicópteros necesarios que proporcionan movilidad regional a las fuerzas peruanas de interdicción dirigidas a los lugares de producción de los traficantes y a otras unidades encargadas de mantener el estado de derecho en las zonas de desarrollo alternativo.

A pesar de estos aumentos, el cultivo tanto en Bolivia como en el Perú sigue siendo considerablemente bajo en relación con los años de mayor cultivo a mediados de los noventa y se halla muy por debajo de los niveles registrados en Colombia. Aun con estos aumentos, en 2002 el cultivo total de coca en la región andina disminuyó en cerca de 8 por ciento.

La solicitud de financiamiento para el Perú de US$116 millones en el ejercicio de 2004 se concentra especialmente en reducir la producción de coca en 8.000 hectáreas como mínimo, mediante un programa integrado de erradicación voluntaria/involuntaria y de ayuda para el desarrollo en comunidades cocaleras específicas. El apoyo a este objetivo en el ejercicio de 2004 exige que se destinen otros US$35 millones en apoyo aéreo para helicópteros y aviones de ala fija destinados a las unidades policiales antinarcóticos peruanas que proporcionan seguridad para los proyectos de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo en las zonas periféricas. El Gobierno ha solicitado que se asignen US$13 millones de apoyo a la policía peruana con el fin de que ésta pueda mantener una presencia antinarcóticos en las zonas periféricas de cultivo de coca y vigilar las carreteras y los ríos utilizados por los narcotraficantes.

El Gobierno ha solicitado que se asignen US$11,3 millones al apoyo de programas destinados a la erradicación involuntaria y la vigilancia relacionada con los cultivos lícitos e ilícitos, así como a la búsqueda de adormidera para su inmediata erradicación manual forzosa. Se necesitarán unos US$8 millones para elaborar un Programa de Denegación del Puente Aéreo seguro y eficaz, si bien esto sigue sujeto a negociación con el Gobierno del Perú. El programa crucial de desarrollo alternativo, que asciende a US$50 millones en el ejercicio de 2004, aumentará el número de comunidades dedicadas a la reducción de la coca, que actualmente es de 200, y proporciona ayuda de emergencia para el desarrollo alternativo a corto plazo con miras a satisfacer las necesidades de nutrición y salud, además de generar los ingresos familiares perdidos debido a la erradicación de los campos de coca, y para el desarrollo alternativo a largo plazo con objeto de sostener las economías rurales lícitas.

Programa de Denegación del Puente Aéreo

El 28 de abril del año en curso, firmamos un acuerdo bilateral con el Gobierno de Colombia para un Programa de Denegación del Puente Aéreo (ABD). Este acuerdo crea un marco jurídico que asegura la plena satisfacción de todos los requisitos de seguridad legales y procesales del Gobierno de los Estados Unidos (para evitar situaciones como el trágico ataque a los misioneros en el Perú en 2001) y la protección de los empleados y contratistas del Gobierno de los Estados Unidos que participen en el programa ABD contra responsabilidad civil injustificada. Están casi completos los preparativos para la aprobación presidencial definitiva de la reiniciación del programa ABD en Colombia, después de lo cual el Gobierno de ese país podrá tomar medidas importantes para recobrar el control de su espacio aéreo de manos del narcotráfico aéreo. Cabe citar que un programa ABD colombiano eficaz exigirá un gran compromiso de financiamiento y recursos por parte de Colombia y los Estados Unidos para dar mayor seguridad a las presuntas rutas del tráfico aéreo. El Gobierno de Colombia ya ha asignado recursos sustanciales al programa ABD y nos proponemos respaldar los esfuerzos de Colombia con los fondos del ejercicio de 2004 para establecer lugares de operaciones de avanzada para los aviones rastreadores e interceptores empleados en esa actividad.

Actualmente se discuten varios planes con el Gobierno del Perú para proporcionar alguna forma de control del espacio aéreo contra los aviones narcotraficantes. Anticipamos que la implantación de un programa viable de control del espacio aéreo en el Perú requerirá de parte del Gobierno de los Estados Unidos un financiamiento mayor que en Colombia, debido a la falta de recursos necesarios del Gobierno del Perú y a la insuficiencia de los sistemas de comunicaciones y radar nacionales que, en ambos casos, son requisitos para un programa al estilo colombiano.

México

México es la principal zona de tránsito de la mayoría de las drogas ilícitas procedentes de América del Sur con destino a los Estados Unidos, y es también un país de procedencia de heroína, metanfetamina y marihuana. Las organizaciones narcotraficantes con sede en México operan una extensa red de distribución en los Estados Unidos y representan una considerable amenaza delictiva en el país. Bajo el Gobierno de Fox, ha mejorado mucho la cooperación entre los Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico y otros delitos trasnacionales.

En 2002, el Gobierno de México extraditó a 25 fugitivos a los Estados Unidos, lo que representa un aumento de los 17 extraditados en 2001, pero la relación en cuanto a la extradición sigue siendo difícil debido a la incapacidad de México de extraditar a fugitivos que enfrentan cadena perpetua en el país solicitante. Las fuerzas del orden y el personal militar mexicanos siguieron concentrándose con éxito en las principales organizaciones de narcotraficantes y sus cabecillas, incluido el arresto de 36 de los principales fugitivos buscados por delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos. En 2002 se redujo el cultivo de adormidera, extensamente disperso en pequeñas parcelas en zonas aisladas. Al mismo tiempo, México llevó a cabo un intensivo programa de erradicación, principalmente manual. La producción potencial de heroína se redujo de 8,4 toneladas métricas en 2001 a 5,6 toneladas métricas en 2002.

Con el fin de realzar la imagen y la urgencia de las actividades antinarcóticos, el Gobierno de Fox dio a conocer en 2002 un ambicioso Programa Nacional para el Control de Drogas, de seis años, con el cual apeló a la sociedad y a las instituciones mexicanas a librar un ataque frontal contra todos los aspectos del problema de las drogas, incluidos su producción, tráfico y consumo. Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos y México ampliaron considerablemente su cooperación en asuntos de seguridad fronteriza con el fin de asegurar una inspección más estricta tanto de personas como de bienes.

El Gobierno de Fox ha tomado medidas para poner freno a la corrupción en las instituciones mexicanas. Los arrestos de dos generales mexicanos en 2002 y la disolución de un batallón del ejército mexicano en Sinaloa por motivos de corrupción reflejan la disposición del Gobierno de Fox de atacar la corrupción. Para prevenir la corrupción, se ha disuelto la fuerza policial antidrogas mexicana (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, FEADS) y estructurado la nueva Agencia Federal de Investigación (AFI), una fuerza policial más moderna, cuyas principales prioridades son la lucha contra la corrupción y la protección de la información.

En 2002, los Presidentes Bush y Fox firmaron el acuerdo de Asociación Fronteriza Estados Unidos-México para mejorar los controles a lo largo de nuestra frontera común. Los 22 puntos de acción se concentran en la creación de una infraestructura, el movimiento de personas y el movimiento de bienes. Con los US$25 millones de fondos suplementarios para situaciones de emergencia autorizados por el Congreso, la INL ha estado trabajando con los organismos estadounidenses asociados para proveer a las entidades mexicanas de aduana y de inmigración equipos para inspección, adiestramiento en seguridad, computadoras y programas de gestión en los puertos de entrada, un sistema avanzado de intercambio de información sobre pasajeros y otras mejoras. El objetivo es acelerar el movimiento legítimo de bienes y personas y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales de detectar actividades delictivas.

En el ejercicio de 2004, la INL propone fusionar los programas antinarcóticos y de Asociación Fronteriza mediante una solicitud conjunta de US$37 millones. De esta suma, se utilizarían unos US$17,5 millones para ampliar el financiamiento suplementario para situaciones de emergencia. Ese esfuerzo se complementaría con US$2,5 millones por medio de la ayuda para ampliar la seguridad de los puertos marítimos. Además, se emplearían US$10,9 millones para sostener las operaciones contra las drogas y la delincuencia y se utilizarían US$3,4 millones para ampliar nuestro importante trabajo con México concerniente a reforma, capacitación y profesionalización del sector de justicia penal. Nos proponemos también continuar con los modestos programas en curso de prevención de la drogadicción y la delincuencia y de desarrollo alternativo.

ASIA

Afganistán

El cultivo de amapola en Afganistán, que se había prohibido en 2000 bajo el régimen draconiano de los Talibanes, se reanudó después del 11 de septiembre en un entorno caracterizado por una economía devastada y la ausencia del orden público en todo el país. Afganistán retomó su posición como el mayor productor de heroína del mundo en 2002 y los resultados preliminares para 2003, a pesar de nuestros propios esfuerzos y de los aportes considerables del Reino Unido como país principal en la lucha contra el narcotráfico afgano, indican sólo modestas ganancias hasta ahora. Sin una fuerza de seguridad organizada o sin el estado de derecho, el narcotráfico y los ingresos y grupos delincuentes que éste genera minarán la estabilidad tanto de Afganistán como de la región.

Después de la caída de los Talibanes, los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional sentaron las bases para reconstruir los sistemas de seguridad y justicia penal destruidos casi por completo. Presionado por los Estados Unidos y otros países, el nuevo Gobierno de Afganistán anunció la prohibición de los cultivos de adormidera; estableció la Dirección Antinarcóticos (CND) bajo el Consejo Nacional de Seguridad (donde tendrá la necesaria autoridad, visibilidad y acceso); respaldó los programas de erradicación del Reino Unido (que redujeron un 30 por ciento la cosecha de la primavera de 2002) y los programas de desarrollo alternativo de los Estados Unidos; y comenzó a presionar directamente a los gobernadores provinciales para que apoyen las actividades de erradicación.

Dada la ausencia de una autoridad gubernamental central en las provincias y el fracaso general del estado de derecho, los corredores de opio han quedado en libertad para suministrar semillas de amapola, fertilizantes, crédito y bonificaciones en efectivo a los agricultores con el fin de instarlos a cultivar adormidera. Será necesario ampliar los servicios de apoyo agrícola para cultivos legítimos y nos complace que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la USAID tengan planes de trabajo para prestar esos servicios. Se necesitará también crédito a un costo razonable. No obstante, el requisito crucial es el restablecimiento de la seguridad y del estado de derecho. Sin una fuerza de seguridad organizada o sin estado de derecho, el narcotráfico y la delincuencia minarán los esfuerzos para crear una recuperación estable en Afganistán.

La INL trabaja estrechamente con otros países en calidad de líder del restablecimiento de la capacidad de seguridad pública de Afganistán, incluso con el Reino Unido, que es el líder en las cuestiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico; con Alemania, que proporciona capacitación y equipo a la policía nacional; y con Italia, que se dedica a formular y modernizar el sistema judicial. El Presidente Karzai ratificó una Estrategia Nacional de Control de Estupefacientes en mayo, y nosotros, el Reino Unido y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUCDD) encabezamos el esfuerzo para apoyar esa estrategia de una forma que se pueda implantar con eficiencia y eficacia.

Nuestra solicitud presupuestaria de US$40 millones para Afganistán en el ejercicio de 2004 se dividiría en tres campos: la lucha contra el narcotráfico, el adiestramiento policial y la reforma del sector de justicia. La mayor parte del presupuesto de 2004 (US$26,5 millones) se concentra en crear programas de aplicación de la ley y mantenimiento del estado de derecho, que son elementos fundamentales para llevar a cabo programas exitosos de lucha contra el narcotráfico y ampliar la capacidad de aplicación de la ley para combatirlo. Aportaremos partidas más pequeñas (US$12,8 millones) a los programas de desarrollo alternativo, reducción de la demanda y concientización sobre los efectos perjudiciales de las drogas.

Cabría añadir que aparte de nuestro trabajo en Afganistán y de nuestros programas de envergadura en Pakistán, a los que me referiré a continuación, la INL trabaja también con los cinco países de Asia Central, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, para modernizar su capacidad en lo que respecta a servicios de inteligencia, investigación, interdicción e interposición de acciones judiciales por las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Estos mismos países cultivan amapola en menor escala solamente, pero están situados entre Afganistán y los principales mercados de Europa Occidental y los mercados considerables y aún crecientes de Rusia y otros países intermedios de tránsito. Los países de Asia Central son propensos al narcotráfico debido a fronteras porosas y a programas antinarcóticos ineficaces.

Pakistán

Por causa de los atentados del 11 de septiembre, la INL cambió el enfoque de su asistencia a Pakistán de programas de control de estupefacientes y afines a programas de aplicación de la ley, incluida la seguridad de la frontera con Afganistán de importancia fundamental. El programa de seguridad fronteriza implantado por el Departamento de Justicia está destinado a afianzar y ampliar las iniciativas tomadas con el financiamiento suministrado conforme a las leyes de asignaciones suplementarias de 2001 y 2002 para consolidar la capacidad de las fuerzas de mantenimiento del orden en Pakistán con el fin de proteger la frontera occidental contra elementos delictivos (incluidos los terroristas) y narcotraficantes. Como observara el Presidente Musharraf en Camp David el mes pasado, el Gobierno de Pakistán ha podido ingresar a sus zonas de la frontera occidental por primera vez en un siglo. El esfuerzo de la INL para ayudar a Pakistán a fortalecer la seguridad de sus fronteras ha dado resultado.

En lo que respecta a narcóticos, Pakistán, que alguna vez fuera el tercer productor de adormidera más grande del mundo, tuvo niveles sin precedentes de baja producción en 2000-2001. Si bien los niveles de cultivo aumentaron relativamente durante la época de cultivo de 2002-2003 debido a una serie de factores, incluidos precios muy altos y un efecto indirecto de Afganistán, el Gobierno de Pakistán sigue esforzándose al máximo para disminuir el cultivo. El Gobierno de los Estados Unidos colabora con estas actividades mediante una serie de programas, incluidos el apoyo al control de cultivos y al desarrollo alternativo y una iniciativa de construcción de carreteras en las Zonas Tribales de Administración Federal (FATA), que le permiten al Gobierno de Pakistán mantener una presencia policial activa en esas regiones aisladas.

La solicitud de la INL de US$38 millones para Pakistán en el ejercicio de 2004 incluye dos elementos importantes que se basan en los esfuerzos emprendidos en años anteriores, especialmente desde el 11 de septiembre. El Gobierno ha solicitado US$10,8 millones en asistencia a las fuerzas de orden civiles de Pakistán. La asistencia propuesta abordará dos objetivos principales, a saber, suministrar asistencia operativa para satisfacer las necesidades inmediatas y apoyar la reforma de las instituciones de aplicación de la ley, promovida por el Gobierno de Pakistán.

Esta asistencia, encabezada por el Departamento de Justicia, si bien tal vez no produzca resultados inmediatos, proporcionará mayor calidad y uniformidad en la aplicación de la ley y el respeto sostenible de los derechos humanos. El Gobierno ha solicitado US$26 millones para la seguridad fronteriza, que se basará en la exitosa implantación de apoyo a los productos básicos, capacitación y asistencia técnica que se iniciara con las asignaciones suplementarias de fondos de socorro en caso de emergencia (ERF) en el ejercicio de 2002.

Estos fondos se destinarán a cubrir los gastos continuos de mantenimiento, apoyo y operación de la Brigada Aérea del Ministerio del Interior, que incluye tres aviones de vigilancia de ala fija y cinco helicópteros apostados en Queta en la provincia de Baluchistán. Nuestra asistencia ampliará también la movilidad aérea para una rápida respuesta y presencia policial en la provincia de la frontera noroeste, mediante el establecimiento de un nuevo lugar de operaciones de avanzada en Peshawar con cinco helicópteros. Estos ambiciosos proyectos exigirán pleno financiamiento para asegurar el máximo efecto positivo posible.

Birmania

Birmania sigue ocupando el segundo lugar entre los mayores productores de opio ilícito del mundo y está entre los principales productores y traficantes mundiales de metanfetamina, lo que constituye una gran amenaza para la seguridad y la estructura social de Tailandia y otros países de la región. Los grupos narcotraficantes operan dentro de Birmania a lo largo de sus fronteras con China y Tailandia, y el Gobierno de Birmania aún debe frenar la participación en el narcotráfico ilícito del Ejército Estatal Unido Wa, la organización narcotraficante más grande, poderosa e importante dentro de sus fronteras. En los últimos años, el Gobierno de Birmania ha reducido considerablemente la producción de opio dentro de sus fronteras. El Gobierno celebró un pacto de no agresión con el Ejército Estatal Unido Wa, que controla un extenso territorio dentro de Birmania y, según las condiciones del pacto, el Ejército Wa acordó poner fin a la producción de opio después de la época de cultivo de 2005. Birmania ha colaborado también con organismos regionales e internacionales de lucha contra el narcotráfico, lo que ha llevado a la interposición de acciones judiciales contra traficantes y sus organizaciones y a varios acuerdos sobre el control de productos químicos precursores. Pero queda mucho más por hacer para abordar el gran desfase en los esfuerzos antinarcóticos de Birmania.

Si bien las leyes actuales prohíben la asistencia directa para combatir el narcotráfico (o de otro tipo) al régimen birmano, apoyamos un programa de desarrollo alternativo de la ONU en la principal región productora de opio de Birmania y respaldamos actividades regionales más amplias por conducto de la ONU y de terceros para coordinar los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico. Hemos sido uno de los principales donantes al Proyecto de Desarrollo Alternativo Wa de la ONUCDD y hemos instado con éxito a otros donantes a que apoyen este esfuerzo también. Seguiremos apoyando proyectos de desarrollo alternativo de la ONUCDD que lo merezcan y no beneficien directamente al Gobierno de Birmania e instando a éste a que tome medidas serias y verificables con respecto a los asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.

Corea del Norte

Cada vez estamos más convencidos de que los agentes y las empresas estatales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) están involucrados en el narcotráfico. Al mismo tiempo, la información sigue siendo relativamente fragmentaria. Si bien tenemos la firme sospecha de que se cultiva adormidera en Corea del Norte, no disponemos de información exacta en cuanto al alcance de la producción. Los informes periodísticos y otras fuentes indican que Corea del Norte cultiva entre 7.000 y 8.000 hectáreas de adormidera y produce de 40 a 50 toneladas de opio por año, lo suficiente para producir alrededor de tres a cinco toneladas de heroína, pero no se pueden verificar esas cifras.

Si bien en los últimos años se confiscaron varias cajas de heroína originarias de la RPDC según se informó, incluso en Taiwán, Japón y el Lejano Oriente ruso, y en varios casos se ha arrestado a norcoreanos (incluso a diplomáticos), carecemos de pruebas directas que indiquen que las drogas confiscadas fueron en efecto producidas en la RPDC. De manera similar, no está clara la fuente de aproximadamente 125 kg de heroína entrada de contrabando a Australia a bordo del buque "Pong Su" de propiedad norcoreana y confiscada por las autoridades australianas en abril de 2003. Su embalaje indica, pero no prueba, que procede de Asia Sudoriental.

Ha habido indicios muy claros, especialmente por una serie de confiscaciones en el Japón, de que los norcoreanos trafican en metanfetamina y probablemente la fabrican. Por lo menos desde 1995, Corea del Norte ha importado cantidades importantes de efedrina, el ingrediente principal para la producción de metanfetamina, parte de las cuales podría desviarse para la fabricación de estupefacientes ilícitos. El Japón es el mercado individual más grande de metanfetamina de Asia, con más de 2,2 millones de toxicómanos y un consumo estimado de 20 toneladas métricas de metanfetamina por año. Durante los últimos años, las autoridades japonesas han confiscado numerosos embarques ilícitos de metanfetamina que, en su opinión, provenían de Corea del Norte. En la mayoría de estas confiscaciones, los narcotraficantes y los barcos norcoreanos hacían contacto en alta mar en las aguas territoriales de Corea del Norte para trasladar los narcóticos a los navíos de los traficantes japoneses. Las autoridades de Taiwán confiscaron también varios embarques de metanfetamina y heroína que habían sido trasladados de navíos norcoreanos a los barcos de los traficantes.

El brusco aumento de los grandes decomisos de metanfetamina en el Japón después de los indicios previos de las gestiones realizadas por Corea del Norte para importar efedrina muestra, de una forma convincente, un esfuerzo dirigido por el Estado para fabricar y traficar este narcótico en el mercado individual más grande de metanfetamina de Asia. Un 35 por ciento de los decomisos de metanfetamina en el Japón, desde 1998 hasta 2002, se originó en Corea del Norte y la policía japonesa cree que un alto porcentaje de la metanfetamina circulante en las calles japonesas proviene de Corea del Norte.

Asimismo, los decomisos de las drogas que se trafican a Taiwán en forma similar (es decir, con los navíos de los traficantes que recogen las drogas de los navíos norcoreanos) son indicativos de una dirección centralizada. En ambos casos, se han trasladado grandes cantidades de drogas, costosas incluso a precios mayoristas, de barcos norcoreanos de propiedad del Estado, en ocasiones por hombres uniformados, a barcos proporcionados por los traficantes japoneses o chinos étnicos para introducción subrepticia al Japón o a Taiwán.

Hace poco, el Gobierno de los Estados Unidos decidió intensificar las gestiones jurídicas y de aplicación de la ley contra la actividad ilícita de la RPDC, incluido el narcotráfico, tanto a escala nacional como internacional. En la actualidad, analizamos diversas iniciativas diplomáticas, de aplicación de la ley y de intercambio de inteligencia con gobiernos clave de Asia, y esperamos afianzar una acción internacional más amplia con el fin de frenar la corriente de narcóticos ilícitos y otros productos ilegales procedentes de Corea del Norte.

DROGAS SINTÉTICAS

Las drogas sintéticas, si bien son un grave motivo de preocupación en la actualidad, pueden presentar una amenaza futura aún mayor para los Estados Unidos y muchos otros países. Estas drogas ofrecen márgenes de ganancias considerablemente mayores para los grupos delictivos, son relativamente fáciles de producir y no conllevan el mismo estigma social que la cocaína y la heroína entre las poblaciones de consumidores, por ejemplo, los jóvenes. Si bien hay una serie de drogas de abuso de producción sintética, las dos amenazas principales para los Estados Unidos son la metanfetamina, un estimulante tipo anfetamina (ATS) que es motivo de creciente preocupación mundial, y el éxtasis (MDMA/XTC), una droga de gran consumo en discotecas. A continuación se incluye un resumen de las actividades de la INL para hacer frente a las principales amenazas creadas por las drogas sintéticas para los Estados Unidos.

Metanfetamina

En la actualidad, la metanfetamina es la principal droga sintética motivo de preocupación en los Estados Unidos. El uso indebido de esta droga es más problemático en nuestros estados de las regiones occidental y central, pero va en aumento en la región oriental de los Estados Unidos. Si bien gran parte de la metanfetamina se produce a escala nacional—de manera predominante en los estados de la región occidental—la principal fuente extranjera es México. Los grupos delictivos que tienen su sede en México participan también activamente en la producción de metanfetamina en los Estados Unidos.

Los programas dirigidos o respaldados por la INL destinados a hacer frente a esta amenaza en México incluyen las siguientes actividades: 1) apoyamos el ataque contra las principales organizaciones narcotraficantes mediante el suministro de asistencia técnica y adiestramiento a las fuerzas del orden mexicanas que participan directamente en las medidas de aplicación de la ley contra los principales grupos delictivos; 2) financiamos —bilateralmente y por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos— los adelantos en el control de los productos químicos destinados a reducir la disponibilidad de sustancias químicas esenciales utilizadas en la producción de metanfetaminas; 3) administramos activamente un programa después del 11 de septiembre para reforzar de manera sustancial la seguridad física a lo largo de nuestra frontera sudoccidental —a través de la cual se pasa de contrabando la mayor parte de la metanfetamina producida en el extranjero; y (4) destacamos varios programas creados para modernizar y profesionalizar instituciones mexicanas clave del sector de justicia y tener así un impacto positivo sobre su capacidad y rendimiento en la lucha contra el narcotráfico.

Si bien México parece ser la fuente extranjera más grande de metanfetamina procesada, al Gobierno de los Estados Unidos le preocupa que el Canadá pase a ser una fuente importante de pseudoefedrina, la sustancia química precursora. El Canadá es también una fuente de marihuana de alta potencia. En los últimos años, ha habido un aumento alarmante de la cantidad de pseudoefedrina desviada de fuentes canadienses a laboratorios clandestinos de metanfetamina en los Estados Unidos. Este año el Gobierno del Canadá implantó un reglamento sobre la venta y distribución de productos químicos precursores. Acogemos con beneplácito este nuevo reglamento, pero nos sigue preocupando la probabilidad de que el régimen de control resultante no sea bastante fuerte, en particular en lo concerniente al aspecto investigativo y a la aplicación del reglamento.

La INL ha colaborado estrechamente con la comunidad interinstitucional para establecer un diálogo activo con el Canadá acerca de estos asuntos, comenzando por la correspondencia oficial el año pasado sobre la evaluación del reglamento propuesto por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Empleamos el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos para destacar el problema e instar al Canadá a dar una respuesta enérgica. Las autoridades canadienses nos han garantizado su compromiso de asegurar que el nuevo régimen de fiscalización aborde la amenaza.

La producción y el tráfico de metanfetamina son también un grave problema en el Asia Sudoriental, por lo que los Gobiernos desde Tailandia hasta Filipinas señalan eso como uno de los principales motivos de preocupación en cuanto a la seguridad nacional. Si bien se trata de un problema regional, gran parte de la atención se centra en Birmania, donde se calcula que se producen y trafican cientos de millones de pastillas a los países vecinos y desde éstos. Tailandia ha sido uno de los países más afectados. Las autoridades tailandesas decomisaron más de 70 millones de pastillas en 2002, lo que impulsó al Real Gobierno de Tailandia a emprender una "guerra contra las drogas" en 2003. Tailandia, un aliado de los Estados Unidos durante muchos años en la lucha contra las drogas y líder regional en el combate a las drogas ilícitas, es un colaborador clave en las actividades antinarcóticos. Tailandia, que alguna vez fuera país de procedencia de la heroína, ha implantado una enérgica estrategia de lucha contra el narcotráfico que ha mantenido el cultivo de adormidera por debajo de 1.000 hectáreas en 2002 por cuarto año consecutivo, y al nivel más bajo desde mediados de la década de los ochenta. Aun así, Tailandia sirve de zona de tránsito de la heroína y del volumen de metanfetamina, de crecimiento brusco, que sale de Birmania y otros países de la región.

Nuestra solicitud de US$2 millones para el ejercicio de 2004 sostendrá a niveles reducidos programas iniciados antes para apoyar el fortalecimiento institucional con el fin de ampliar la capacidad para arrestar, enjuiciar y condenar a traficantes bien conocidos y desmantelar sus organizaciones. Con la exhortación de los Estados Unidos y con nuestra ayuda, Tailandia ha comenzado a enmendar prácticamente todas las leyes básicas en materia de narcóticos y todas las leyes penales sustantivas y procesales, incluidas las relacionadas con el lavado de dinero y los delitos financieros.

También ayudamos a Tailandia a modernizar su sistema de justicia penal y a mejorar su capacidad para investigar y procesar todo tipo de delitos. La última racha de asesinatos extrajudiciales relacionados con la guerra contra las drogas en Tailandia pone de relieve la necesidad de dicha ayuda. Hemos expresado repetidamente nuestras inquietudes sobre este tema a los niveles más altos del Real Gobierno de Tailandia y hecho hincapié en la necesidad de respetar el estado de derecho y de buscar rendición de cuentas y justicia en los casos de asesinatos extrajudiciales. Nuestros esfuerzos siguen siendo cruciales para la capacidad de Tailandia de disuadir o enjuiciar eficazmente a los traficantes de drogas, personas y armas, y desmantelar las organizaciones delictivas cuyas actividades afectan de manera adversa a la seguridad regional y otros intereses de los Estados Unidos.

Éxtasis

El aumento de la cantidad de drogas sintéticas ilícitas que ingresan a los Estados Unidos, en particular éxtasis de Europa, es motivo de especial preocupación. Una cantidad considerable del éxtasis consumido en los Estados Unidos se fabrica clandestinamente en los Países Bajos (en 2001, se decomisó un total de 9,5 millones de pastillas de éxtasis en los Estados Unidos, y la Administración de Control de Drogas cree que la mayoría de las pastillas se originaron en los Países Bajos).

Colaboramos estrechamente con las autoridades holandesas para poner fin a la producción y exportación de éxtasis, que ambos consideramos una grave amenaza para nuestros ciudadanos. En marzo, presidimos junto con el Departamento de Justicia una reunión de alto nivel con los homólogos holandeses que dio como resultado un plan de acción concreto para intensificar las actividades holandesas contra la producción y el tráfico de éxtasis y la cooperación entre los Estados Unidos y los Países Bajos al respecto. Ambos han ampliado su dotación de personal, intercambian información (incluso evaluaciones de amenazas) y cooperan estrechamente para identificar a las organizaciones delictivas y desmantelarlas.

Sr. Presidente, la Dirección de Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley del Departamento de Estado agradece sobremanera la oportunidad de analizar con la Comisión este importante tema y estos programas clave de lucha contra las drogas. Además, agradecemos el continuo interés de la Comisión y sus muchos esfuerzos personales en el apoyo a nuestros programas. Esperamos tener una colaboración cada vez más estrecha con la Comisión y lograr éxito en nuestra acción conjunta para reducir la disponibilidad de estupefacientes ilícitos producidos y traficados desde sus principales países de procedencia.