Palabras al partir hacia Europa

Buenos días. Hemos recibidos preguntas de la Unión Europea, el Consejo de Europa y de varios países por separado sobre los informes de prensa relacionados con la conducta de los Estados Unidos en la guerra contra el terror. Ahora, al partir hoy hacia Europa, voy a responder a esas preguntas. Y esto formará parte, en esencia, del texto de la carta que enviaré al Secretario Straw, que escribió en nombre de la Unión Europea como Presidente de la UE.

Los Estados Unidos y muchos otros países están librando una guerra contra el terrorismo. Para nuestro país, esa guerra a menudo adopta la forma de operaciones militares convencionales en lugares como Afganistán e Irak. A veces es una lucha política, una guerra de ideas. Es una lucha que libran también nuestros órganos de la ley y el orden. Con frecuencia nos enfrentamos al enemigo a través de la cooperación de nuestros servicios de inteligencia con sus contrapartes extranjeras.

Debemos localizar a los terroristas que buscan refugio en zonas donde los gobiernos no pueden emprender acciones exitosas, incluidas aquellas a donde los terroristas, en la práctica, no están al alcance del proceso jurídico ordinario. En esos lugares, los terroristas han planeado la matanza de millares de inocentes – en la Ciudad de Nueva York o en Nairobi, Bali o Londres, en Madrid o Beslán, en Casablanca o Estambul. Hace sólo dos semanas, también visité el salón de baile del hotel en Amán y vi los escombros silenciosos de la destrucción causada por uno de esos ataques.

Los Estados Unidos y los países que comparten el compromiso de defender a sus ciudadanos emplearan toda arma legal para derrotar a esos terroristas. Proteger a la ciudadanía es el primero y más antiguo deber de cualquier gobierno. A veces esos esfuerzos se malinterpretan. Quisiera ayudar a todos ustedes a comprender las opciones tan difíciles que existen y algunas de las responsabilidades inherentes.

Uno de los problemas difíciles en este tipo de conflicto es qué hacer con los individuos capturados que sabemos o creemos que son terroristas. Esas personas provienen de muchos países y a menudo son capturados muy lejos de su lugar de origen. Entre esos están los efectivamente apátridas, fieles sólo a la causa extremista del terrorismo internacional. Muchos son extremadamente peligrosos. Y algunos tienen información que puede salvar vidas, tal vez millares de vidas.

En el siglo XXI, los terroristas capturados no encuadran fácilmente en los sistemas tradicionales de la justicia penal o militar, diseñada para satisfacer otras necesidades. Tenemos que hacer adaptaciones. Otros gobiernos también encaran este reto en la actualidad.

Consideramos que los miembros de Al Qaida y sus secuaces capturados son combatientes ilegales que pueden ser retenidos, conforme al derecho de la guerra, para impedir que maten a inocentes. Debemos tratarlos según nuestras leyes, que reflejan los valores del pueblo estadounidense. Debemos interrogarlos para acopiar inteligencia potencialmente importante que ayude a salvar vidas. Siempre que sea posible, debemos llevar a los terroristas ante la justicia.

Durante décadas, los Estados Unidos y otros países han utilizado las "entregas a otra jurisdicción" para transportar a personas sospechosas de terrorismo del país donde fueron capturadas a su país de origen o a otros países donde puedan ser interrogados o enjuiciados.

En algunas situaciones, un sospechoso de terrorismo puede ser extraditado conforme a los procedimientos judiciales tradicionales. Pero durante mucho tiempo ha habido muchos otros casos en los que, por alguna razón, el gobierno local no puede detener ni someter a juicio a un sospechoso, y la extradición tradicional no resulta una buena opción. En esos casos, el gobierno local puede hacer la elección soberana de cooperar en una "entrega". Esas "entregas" son permisibles según el derecho internacional y son congruentes con las responsabilidades de esos gobiernos de proteger a sus ciudadanos.

La "entrega a otra jurisdicción" es un instrumento vital en la lucha contra el terrorismo internacional. Su uso no se limita exclusivamente a los Estados Unidos, ni al gobierno actual. El año pasado, el Director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet, recordó que nuestros éxitos anteriores contra el terrorismo incluían "la entrega a otra jurisdicción de varias docenas de terroristas antes del 11 de septiembre de 2001".

-- Ramzi Youssef fue el autor intelectual del atentado dinamitero contra el World Trade Center en 1993 y planeó la voladura de aerolíneas sobre el Océano Pacífico, matando a un pasajero de una línea japonesa al probar una de sus bombas. Una vez localizado, se entregó a la jurisdicción de los Estados Unidos, donde ahora cumple una sentencia de cadena perpetua.

-- Uno de los terroristas más infames de la historia, más conocido como "Carlos el Chacal, había participado en asesinatos en Europa y el Oriente Medio. Fue capturado finalmente en Sudán en 1994. Una "entrega" del gobierno francés lo devolvió a la justicia en Francia, donde guarda prisión actualmente. De hecho, la Comisión Europea de Derechos Humanos rechazó la alegación de Carlos de que su "entrega" era ilegal.

Las "entregas" sacan de la circulación a los terroristas y salvan vidas.

Al llevar a cabo esas "entregas", la política de los Estados Unidos, y supongo que la de cualquier democracia que emplee ese procedimiento, es cumplir con sus leyes y cumplir con las obligaciones en virtud de los tratados, incluidas las de la Convención contra la Tortura. ‘Tortura’ es un término definido en el derecho. Nos basamos en nuestras leyes para regir nuestras operaciones. Los Estados Unidos no permiten, toleran ni aprueban la tortura bajo ninguna circunstancia. Además, según la política del gobierno actual:

-- Los Estados Unidos han respetado, y continuarán respetando, la soberanía de otros países.

-- Los Estados Unidos no transportan, ni han transportado, detenidos de un país a otro con el fin de que se les interrogue mediante tortura.

-- Los Estados Unidos no usan el espacio aéreo ni los aeropuertos de ningún otro país con el fin de transportar a un detenido a un país donde será torturado.

-- Los Estados Unidos no han transportado a nadie, ni transportarán a nadie, a un país donde consideramos que será torturado. Cuando corresponde, los Estados Unidos piden garantías de que las personas trasladadas no serán torturadas.

El derecho internacional permite a un estado mantener detenidos a combatientes enemigos mientras duren las hostilidades. Los detenidos pueden permanecer retenidos por un período de tiempo prolongado sólo cuando la inteligencia u otras pruebas en su contra han sido evaluadas cuidadosamente y apoyan la determinación de que la detención es legal. Los Estados Unidos no tratan de mantener en detención a nadie por un período más largo del que sea necesario para evaluar la inteligencia u otras pruebas en su contra, evitar otros actos de terrorismo o retenerlos para su procesamiento judicial.

Respecto de los detenidos, el gobierno de los Estados Unidos cumple con su Constitución, sus leyes y sus obligaciones en virtud de los tratados. Están expresamente prohibidos los actos de tortura física o mental. El gobierno de los Estados Unidos no autoriza ni aprueba la tortura de detenidos. La tortura, y la conspiración para someter a tortura, son delitos conforme a la legislación estadounidense, dondequiera que se cometan en el mundo.

Las violaciones de esas y otras normas de detención han sido investigadas y castigadas. Ha habido casos de trato ilegal de los detenidos, tales como el abuso al que fue sometido un detenido por un contratista de una agencia de inteligencia en Afganistán o el horrible maltrato de algunos prisioneros en Abu Ghraib que nos repugnó a todos y que se produjeron en un marco jurídico diferente que se aplica al conflicto armado en Irak. En esas situaciones, los Estados Unidos han investigado con diligencia y, según el caso, encausado y castigado a los responsables. Algunas personas ya han sido sentenciadas a largas penas de cárcel; otras han sido rebajadas de grado o amonestadas.

Como dijera recientemente Porter J. Goss, Director de la CIA, nuestras agencias de inteligencia han manejado la recopilación de inteligencia proveniente de un número exiguo de detenidos extremadamente peligrosos, incluidos los individuos que planearon los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el ataque contra el USS Cole y muchos otros asesinatos e intentos de asesinato. La política de los Estados Unidos es hacer que los interrogatorios se lleven a cabo conforme al derecho estadounidense y las obligaciones en virtud de los tratados, sin recurrir a la tortura. También es política de los Estados Unidos hacer que los interrogatorios autorizados se realicen conforme a las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de la Convención contra la Tortura, que prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante. La inteligencia recopilada por esos medios ha impedido ataques terroristas y salvado vidas inocentes, en Europa y también en los Estados Unidos y otros países. Los Estados Unidos han respetado plenamente la soberanía de otros países que cooperan en estos asuntos.

Debido a que la guerra contra el terrorismo constituye un desafío a las normas y precedentes tradicionales de conflictos anteriores, nuestra ciudadanía ha estado discutiendo y debatiendo las normas jurídicas adecuadas que debieran aplicarse. El Presidente Bush está trabajando con el Congreso para hallar buenas soluciones. Quisiera destacar algunos elementos clave.

-- Los Estados Unidos son un país de derecho. Mis colegas y yo hemos jurado respaldar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Creemos en el imperio del derecho.

-- El gobierno de los Estados Unidos está obligado a proteger a sus ciudadanos. Nosotros y nuestros amigos tenemos la responsabilidad de trabajar juntos a fin de hallar vías prácticas para defendernos contra enemigos despiadados. Y esos terroristas son algunos de los enemigos más despiadados a los que nos enfrentamos.

-- No podemos mencionar información que ponga en riesgo el éxito de la inteligencia, la aplicación de la ley y las operaciones militares. Esperamos que otros países compartan esa opinión.

Algunos gobiernos deciden cooperar con los Estados Unidos en cuestiones relativas a la inteligencia, la aplicación de la ley o asuntos militares. La cooperación es una vía de dos sentidos. Compartimos inteligencia que ha contribuido a proteger de ataques a países europeos, ayudando a salvar vidas europeas.

Está en manos de esos gobiernos y sus ciudadanos decidir si desean trabajar con nosotros para evitar ataques terroristas contra su propio país u otros países, y decidir cuánta información sensible dan a la publicidad. Tienen el derecho soberano de tomar esa decisión.

El debate en las democracias y entre ellas es natural y saludable. Espero que ese debate también incluya un gran respeto por las responsabilidades de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos.

Cuatro años después del 11 de septiembre, la mayoría de nuestras poblaciones nos preguntan si estamos haciendo todo lo que podemos para protegerlas. Sé lo que es enfrentar una indagatoria acerca de si se ha hecho todo lo que se podía hacer. Por eso ahora, antes del próximo ataque, debemos todos considerar las difíciles decisiones que deben encarar los gobiernos democráticos. Y la mejor manera de hacer frente a ese peligro es trabajando juntos.

Gracias.