Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada con saña para desalojar a las personas que integran el movimiento social La Puya, quienes desde marzo de 2012 han manifestado su oposición a que se instale una mina en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

A la solicitud de una consulta comunitaria y el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ambos militares retirados, enviaron más de 40 patrullas de la Policía para amedrentar este viernes, desde las cuatro de la mañana, a la población que lo único que ha hecho es defender la naturaleza.

Los gases han afectado principalmente a niñas y niños, quienes estaban cantando y tuvieron que salir corriendo ante los bombazos. Otros que recibieron el impacto fueron mujeres policías y personal de la empresa, quienes sin aviso alguno de los responsables del cuerpo policiaco, sintieron los efectos y quedaron con ojos llorosos. Esto muestra que el operativo fue poco preparado, aunque también demostró la agresividad con que fueron lanzados los artefactos.

Mientras los agentes policíacos reprimían a la población de La Puya, algunas mujeres les explicaban la validez de su lucha a los uniformados, ya que las empresas que extraen el oro de Guatemala acumulan riqueza, mientras destruyen terrenos que pueden ser aptos para cultivar, y desperdician el agua: “Nosotras luchamos en defensa de toda la población”.

La actitud de resistencia de las mujeres de La Puya es un ejemplo, porque con dignidad han participado en múltiples actividades para proteger el territorio. En más de una oportunidad recurren a sus cantos para manifestar su unidad, su resistencia es pacífica.

Con estos hechos se demuestra cómo una empresa privada que está dispuesta a pasar por encima de los derechos de las comunidades, cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Esta injusticia está siendo observada por medios nacionales e internacionales, así como por entidades protectoras de los derechos humanos. En todo el mundo se conocerá cómo el Gobierno guatemalteco le sirve a una empresa.

Un representante empresarial, con la prepotencia que le da contar con el apoyo total de las fuerzas policíacas, se presentó al lugar para exigir que se abriera el camino para pasar la maquinaria, porque tiene derecho al acceso a su propiedad privada.

Esta resistencia tiene un mismo origen que otras como las que suceden en Barillas, San Mateo Ixtatán, San Juan Sacatepéquez y otros lugares. Con estos actos represivos se demuestra cómo la propiedad privada tiene prioridad para este Gobierno y viola los derechos a opinar de las comunidades que defienden el derecho a la vida y a la protección de la naturaleza, es decir, los bienes comunes de toda la población. Merecen toda nuestra solidaridad por su resistencia pacífica a este modelo de desarrollo impuesto con violencia.

Cierro esta columna viendo pasar a gente herida y muchos rostros llenos de indignación ante el abuso de poder de la empresa que, a toda costa, quiere extraer oro y otros minerales.

Anamaría Cofiño K.

23 mayo 2014