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* Ambos paises firman tres convenios
FILIPINAS (Especial para La República).- El presidente de Filipinas,
Fidel Ramos aseguró que su país apoyará la solicitud
peruana de adherir al Foro de Cooperación Económica
Asía-Pacífico (APEC) "si las 18 economías que forman parte
deciden levantar la moratoria (sobre el ingreso de nuevos miembros)".
El Perú es uno de los ocho países que intentan incorporarse a
este organismo de libre comercio e inversiones que el próximo 25 de
noviembre tendrá su cuarta cumbre anual en este país. En esta
reunión los miembros de la APEC deben decidir si continúan o no
con la moratoria.
El presidente Fujimori, de gira por tres paises asiáticos dijo que
Japón había manifestado "su apoyo a un pedido peruano de ingreso
a la APEC" añadiendo que "Perú está preparado para la
liberalización económica que implicaría formar parte de
este organismo"
En horas de la noche los mandatario de ambas naciones firmaron tres acuerdos de
cooperación bilateral. Uno que elimina el requisito de visas para el
cuerpo diplomático y los pasaportes oficiales para estadías
inferiores a los 90 días. Otro para incrementar la colaboración
ciéntífica y tecnológica y un tercero para aumentar el
intercambio cultural.
Trascendió que el convenio tecnológio permitirá el
desarrollo de proyectos en los sectores pequero y textil básicamente. El
mandatario filipino dijo que el Perú podría asistir a Filipinas
en el desarrollo del sector pesquero mientras que su país podría
convertirse en un importante proveedor de electrodomésticos para el
mercado peruano.
En 1995 el comercio bilateral entre Filipinas y el Perú llegó a
US$ 46.24 millones, US$ 38.7 millones de exportaciones peruanas.T
También representantes del sector privado firmaron un convenio sobre l
creción de un Consejo Comercial Filipino-Peruano.
Reservas superarán los US$ 10,000 millones
Horas antes, durante un almuerzo ofrecido por el "Makati Business Club"
y otras instituciones empresariales filipinas el presidente peruano
adelantó que dentro de 18 meses nuestras Reservas Internacionales Netas
(RIN) superarán los US$ 10,000 millones, en un intento de demostrar la
solidez de nuestra economía. Actualmente las RIN suman más de US$
8,100 millones.
Manifestó también que el Perú viene recibiendo el mayor
flujo de inversiones de toda la historia y la mayor parte inversión
directa, en proyectos de largo alcance que por su naturaleza son menos
sensibles a fluctuaciones de corto plazo.
Para algunos observadores llamó la atención el anuncio
presidencial sobre la proyección de las RIN ya que quita argumentos a la
posición peruana para acogerse mecanismos de reducción o
condonación de deuda externa.
"La Cuenca del Pacífico como espacio económico de coincidencia,
intercambio y tráfico es un gran reto tanto para el Perú, como
para Filipinas, y la base para una asociación de intereses y
coincidencias en un futuro que imaginamos cercano", sostuvo el presidente
Alberto Fujimori.
Señaló que el Perú en el ámbito latinoamericano
destaca, en los últimos tres años, como un mercado emergente de
singulares proyecciones.
Durante la cena de gala ofrecida por el mandatario filipino Fujimori dijo que
"a pesar de estar alejados geograficamente el Perú y Filipinas comparten
elementos culturales comunes que los relacionan en el pasado, pero, asimismo
experiencias de reconstrucción nacional y una vecindad cada vez
más patente en la Cuenca del Pacífico, que nos acerca en el
presente y puede vincularlos estrechamente en el futuro",
"Será un gran honor para nosotros los peruanos un gran honor y un gran
placer recibirlo en Lima", concluyó
indice
* Gomzáles Izquierdo es acusado por subvaluar la refinería
de Talara
* Pero en el año 2000 será sometido a los tribunales de justicia,
anunció la oposición
En una sesión dominada por el escándalo, que apenas duró
ocho minutos, y en el que se impidió el debate, la Comisión
Permanente del Congreso decidió exculpar al ministro de Trabajo y
responsable de la privatización de Petroperú, Jorge
González Izquierdo, de las acusaciones de delito contra la fe
pública en la modalidad de falsedad genérica.
De nada valieron los alegatos de Javier Diez Canseco (IU), uno de los
acusadores del ministro, de Jorge Donayre (UPP) ni de José Barba (CODE),
porque el presidente del Congreso y de la Comisión Permanente,
Víctor Joy Way, procedió a someter a votación los dos
dictámenes contrapuestos, sin debate previo.
Pese a que el Reglamento de la Comisión establece que sólo se
suspende el debate cuando existe un dictamen unánime en la
comisión de acusación constitucional, Joy Way pasó por
alto el reglamento para que la mayoría exculpe al cuestionado ministro,
en forma expeditiva.
El Presidente del Congreso, encargado de hacer cumplir el Reglamento, no
tomó en cuenta que existía un dictamen en minoría, firmado
por el congresista Jorge Donayre, que inculpaba al ministro de Trabajo y
presidente de la Copri.
"Esta es la forma cómo venden el país", dijeron en voz alta los
parlamentarios de la oposición, quienes denunciaron que esas
irregularidades le cuestan al país y a todos los peruanos unos US$ 350
millones y de eso tendrá que responder tarde o temprano González
Izquierdo.
Pese a los reclamos de la oposición, la sesión fue levantada y
los representantes oficialistas abandonaron apresuradamente el hemiciclo del ex
Senado, lugar donde se realizó la sesión.
De haberse discutido los dictámenes, el país se habría
enterado de la forma cómo se beneficiaron los compradores de las
unidades de Petroperú, apuntó Diez Canseco.
Inútilmente, el parlamentario desplegó nuevos documentos que
evidencian la comisión de delitos en la venta de las unidades de
Petroperú.
Luego presentó a los periodistas dos documentos de la empresa consultora
estadounidense Merrill Lynch en la que se aprecian dos tipos distintos de
valorización de los lotes 8/8X.
En uno de ellos se fija un valor de US$ 55 millones y en el otro de US$ 70
millones, eso revela que existieron irregularidades que acá se pretenden
ocultar, señaló.
El primer documento me fue entregado por el entonces presidente de la Cepri de
Petroperú, Armando Echeandía y el otro fue enviado al Congreso,
denunció el parlamentario izquierdista.
Las acusaciones contra el ministro se basan en la deliberada distorsión
de las cifras sobre las reservas de petróleo del lote 8/8X y el no
considerar el valor de los activos invertidos por Petroperú en ese
lote.
Además, la subvaluación del precio base de la refinería La
Pampilla y la ineficacia de las "acciones doradas" como mecanismo de
garantía para la seguridad nacional.
Se acusó a González Izquierdo por no entregar oportunamente los
documentos solicitados, alterar los datos, ocultar el valor del terreno de la
refinería La Pampilla y negar el valor de las inversiones del lote
8/8X.
Diez Canseco y Donayre expresaron que es escandalosa la forma cómo
procedió la mayoría para exculpar al ministro, al que todos los
indicios señalan como responsable de hechos delictuosos.
Ambos restaron importancia a la actuación de la presidenta de la
comisión de acusación, Carmen Lozada de Gamboa, indicando que "no
tiene autoridad moral para exculpar, quien apañó las
inmoralidades perpetradas por su esposo en Corpac".
El dictamen oficialista concluyó que no existen razones para la
acusación, señalando que se basan en cifras erradas y
desactualizadas.
Diez Canseco afirmó que no todo está acabado, pues ha presentado
denuncia penal contra el ministro por la subvaluación de la
refinería de Talara.
Expresó también su confianza en que el año dos mil, el
ministro González Izquierdo será sometido a los tribunales de
justicia, luego de un proceso transparente en un nuevo Congreso.
La comisión acordó también conceder 15 días
adicionales a la comisión que debe determinar si existe responsabilidad
del ex superintendente de Banca y Seguros Hugo García Salvatecci en
hechos dolosos.
indice
* Para prevenir incidentes en la frontera peruano ecuatoriana
El gobierno de los Estados Unidos prolongaría por unos días
más el apoyo logístico que presta a la Misión de
Observadores Militares para Ecuador y Perú (MOMEP), cuyo recorte estaba
previsto para el próximo 6 de diciembre.
De esta posibilidad se habría hablado en el XIX Comité Consultivo
Superior de la MOMEP que culminó el jueves en Lima y que entre otros
temas habría considerado la ejecución de "medidas temporales"
para prevenir la realización de incidentes en la frontera peruana
ecuatoriana durante enero y febrero del próximo año.
En la cita que durante dos días reunió a los observadores
militares en la embajada de Brasil, se habría conversado sobre la
inconveniencia de que Estados Unidos retire sus cuatro helicópteros en
momentos en que estaría por producirse la instalación y primera
reunión de las delegaciones diplomáticas negociadoras de
Perú y Ecuador.
Esta reunión, de acuerdo al Acta de Santiago, debe producirse antes de
finalizar el presente año.
Si bien el retiro de los helicópteros estadounidenses serían
suplidos de inmediato por naves brasileñas y el recorte de más o
menos el 40 por ciento de los equipos de comunicación por los otros
garantes, los observadores militares habrían considerado que no
sería un buen mensaje, luego del paso significativo para el proceso de
paz que se ha dado con el Acuerdo de Santiago.
La importancia de este acuerdo suscrito por los cancilleres Francisco Tudela y
Galo Leoro fue destacado en la reunión por el coordinador de la MOMEP,
Licinio Nunes de Miranda.
El general brasileño hizo una reflexión en el sentido de que la
parte militar tenía que estar tranquila para garantizar la efectividad
de las conversaciones diplomáticas.
Respecto de las medidas temporales para prevenir incidentes, fricciones o
violaciones a la zona desmilitarizada en los días cercanos al
aniversario del Protocolo de Río de Janeiro (29 de enero) y
también al enfrentamiento militar del Alto Cenepa (26 de enero), la
MOMEP consignó en actas el planteamiento peruano para llevarlas a
cabo.
Dentro de éstas fundamentalmente se considera la intensificación
de los sobrevuelos de observación.
En el Comité Consultivo Superior de la MOMEP, el general de enlace
ecuatoriano, Carlos Calle Calle, habría denunciado los accidentes de que
fueron víctimas soldados ecuatorianos por la explosión de minas
antipersonales "no ecuatorianas".
Calle, sin embargo, no habría acusado directamente al Perú de
haber colocado esas minas, como sí lo han hecho informaciones
periodísticas ecuatorianas.
La explicación estaría en que Ecuador reconoció meses
atrás ante la MOMEP que había colocado minas antipersonales
durante el conflicto de 1995, "como medida defensiva".
Nuevo reglamento para MOMEP
El Comité Consultivo Superior de la MOMEP se volverá a reunir en
Quito (Ecuador) el 3 y 4 de diciembre, donde Estados Unidos confirmaría
la postergación de su retiro.
En esa oportunidad, el coordinador Nunes de Miranda será reemplazado,
tras seis meses de labor, por el general Bandeiras.
También se harían modificaciones administrativas al reglamento
interno de la MOMEP que no implicaría la modificación de los
procedimientos de este cuerpo de paz, pretensión ecuatoriana que fue
descartada completamente en la reunión de los altos representantes de
los países garantes que tuvo lugar en Brasilia.
Estas modificaciones estarían referidas a cuestiones puntuales como el
de realizar los sobrevuelos de inspección sin tanto tiempo de aviso a
las partes. El reglamento actual establece que la MOMEP tiene que poner en
conocimiento los sobrevuelos que va a realizar con 48 horas de
anticipación.
La idea es que se hagan vuelos intempestivos, cuando las condiciones
climáticas lo permitan.
indice
* 34 congresistas presentan acción de in institucionalidad
* Fujimori la promulgó sin tener autorización para legislar en
materia de salud
En representación de 34 parlamentarios de distintas bancadas
políticas, los legisladores de oposición, Róger Guerra
García (UPP), Xavier Barrón (PPC) y Fernando Olivera (FIM),
presentaron ayer una Acción de Inconstitucionalidad contra el decreto
legislativo 887, que privatiza las prestaciones de salud del sistema de
seguridad social.
Los legisladores presentaron el documento con la firma de los 34 congresistas,
argumentando que la norma fue promulgada sin que el presidente Alberto Fujimori
haya tenido autorización para legislar en materia de salud y seguridad
social.
En la sede del Tribunal Constitucional, los parlamentarios dijeron que la
denominada "Ley de modernización de la seguridad social" es ilegal, por
lo que consideraron nula e inexistente y que merece ser declarada
inconstitucional.
Junto a los legisladores llegaron hasta el TC los dirigentes nacionales de las
centrales de jubilados y pensionistas Bernardo Fernández Gil y Carlos
Gamarra Alvarez y un grupo de cesantes que reclamaban dejar sin efecto el D.L.
887.
"El hambre y la miseria es culpa del gobierno" y "Jubilados exigen aumento de
pensiones", eran algunas de las consignas que voceaban los pensionistas que
acompañaron a la comitiva parlamentaria desde el Congreso hasta la sede
del Tribunal, y viceversa.
La secretaria relatora del TC, María Luz Vásquez, recibió
la demanda e inició el trámite respectivo de la Acción de
Inconstitucionalidad de los parlamentarios de oposición.
Después de cumplir con el trámite en mesa de partes, los
parlamentarios saludaron al Presidente del Tribunal Constitucional, Ricardo
Nugent, con quien se solidarizaron por los extraños sucesos que costaron
la vida de dos efectivos de su seguridad.
Olivera dijo a Nugent que no cesarán en su petición de una
investigación a fondo de los hechos.
Guerra García por su parte, dijo que los asegurados en el Perú
son dos y medio millones de personas que con sus esposas e hijos llegan a seis
millones de personas que se atienden en el Seguro Social.
"Uno de cada cuatro peruanos no sólo se atiende en el IPSS sino que es
dueño del Seguro Social", dijo el parlamentario luego de hacer un
llamado a los asegurados y a la sociedad civil para una cerrada defensa de su
seguridad social.
Afirmó que el ministro de salud, Marino Costa Bauer, y el presidente del
IPSS, Alejandro Arrieta, dijeron en la comisión de Salud del Congreso
que no se modificarían los aportes cuando se se les preguntó
semanas atrás.
"El lunes debe volver a ir el presidente del IPSS al Congreso deberá
explicar qué razones determinaron un cambio radical",
añadió.
Guerra García se sumó al pedido expreso de Barrón, quien
pide la renuncia de Costa al ministerio de Salud, y señaló que
debe acompañarlo Arrieta del IPSS.
"Varias de sus infelices declaraciones señalan que él no
está a favor de los asegurados. Mas bien parece el presidente de la
Confiep pidiendo que se rebajen sobrecostos laborales", dijo.
Barrón señaló que el Ejecutivo prefirió entrar por
la puerta falsa cuando podía haber presentado el proyecto para que se
debata en el Congreso. "Qué se oculta, qué se pretende hacer?, se
preguntó.
Tras señalar que el pedido de renuncia del ministro de Salud es por su
condición de "responsable político de este legicidio".
"Debemos suponer que alguna empresa poderosa, algunos grupos poderosos
económicos, algunas empresas de seguros a las que conoce muy bien Costa
Bauer, deben estar atrás de este festín económico que el
Congreso no debe permitirlo", concluyó.
Olivera manifestó que en la promulgación del D.L. 887 el
Ejecutivo usurpó facultades del Poder Legislativo. "El congreso nunca
delegó facultades para que legisle y reforme la seguridad social",
insistió.
Precisó que en el artículo 16 del D.L 887 abre la puerta para que
el 25 por ciento que se autoriza destinar a los seguros privados pueda llegar a
ser inclusive 100 por ciento.
Explicó que dicho artículo establece que "Los porcentajes
señalados en el presente artículo (25%) pueden ser modificados
por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas".
"Este decreto es la muerte lenta del seguro social y oficializa una
acción discriminatoria entre peruanos que nosotros no vamos aceptar ni
permitir", dijo el parlamentario.
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