| Los hechos que terminaron con el fugaz paso de Frecuencia Latina (canal
2) por la oposición periodística han puesto sobre el tapete,
de manera dramática, la relación del gobierno con los medios
de comunicación masiva.
Durante los gobiernos del arquitecto Belaunde y de Alan García
las dificultades que confrontaban los periodistas para el ejercicio de
su labor se producían sobre todo en las «zonas de emergencia».
Tampoco faltaban las amenazas y atentados atribuidos a personal
policial y militar acusado de incurrir en abusos contra los derechos humanos.
Pero nunca como ahora los medios de oposición atribuyeron
tanto al gobierno de turno una voluntad de someterlos a sus planes de información
e imagen. Tampoco se habló tanto de que el régimen apelara
para ello a la intimidación como a presiones de diverso tipo.
Salvo el episodio pasajero de la intervención militar en
los medios establecida cuando el autogolpe protagonizado por el presidente
Fujimori el 5 de abril de 1992, su gobierno se ha cuidado muy bien de no
aparecer usando de modo abierto la censura de prensa.
Hacerlo sería confrontarse abiertamente con la comunidad
internacional, que tiene bastantes motivos de desconfianza con el estilo
autoritario del primer mandatario.
Pero la apertura de prensa, donde caben las expresiones críticas,
ha sido motivo de más de una confrontación con una administración
que puso en marcha una programa económico neoliberal, enfrentó
la violencia política dando prioridad al aspecto militar de la estrategia
contrasubversiva y que pretende perpetuarse más allá del
2000.
Por eso es que, ante la imposibilidad política y legal
de censurar a la prensa el régimen ha apelado a otros mecanismos
cuyo objetivo ha sido, cuando no ganar, al menos neutralizar a los medios
periodísticos.
Mirko Lauer, columnista político del diario La República
sostiene que la estrategia gubernamental frente a los medios ha pasado
por distintas etapas, concordantes con la ubicación política
del régimen en las preferencias de la opinión pública
y de los propios órganos de prensa, así como con los objetivos
trazados por el gobierno en cada una de ellas (ver Etapas y fases de una
ofensiva).
La etapa actual, que caracteriza como de ofensiva, coincide con
los peligros que según él se ciernen sobre la nunca desmentida
intención del presidente de reelegirse por segunda vez al finalizar
el siglo: caída de su popularidad «devorada a medias
por el programa económico del señor Camet y por los escándalos
de los militares»; oposición mayoritaria de la población
a la reelección; surgimiento de la figura del alcalde Alberto Andrade,
incomodidad en el gremio empresarial «para el que la reelección
de Fujimori resultaría más caro que una querida francesa
por la cantidad de dádivas públicas que necesita para levantar
su popularidad»; oposición del gobierno norteamericano, «que
no quiere una presencia fuerte de los militares en el gobierno».
Planeamiento estratégico
Parece que en el entorno de Fujimori se ha evaluado que su caída
en las encuestas se debería a dificultades en la relación
del gobierno con los órganos periodísticos.
A fines de junio de este año el hasta entonces presidente
del Congreso, Víctor Joy Way, atribuía la caída de
popularidad de Fujimori a un problema de comunicación con los medios.
En tono autocrítico sostuvo que entre los hombres del gobierno
había prevalecido una mayor inclinación por el trabajo técnico
y no tanto por el debate político.
Anunció entonces un cambio en la estrategia frente a los
medios: el gobierno tomaría la iniciativa, procuraría un
mayor acercamiento hacia los órganos periodísticos, los representantes
del régimen saldrían a declarar.
Todo indica que desde hace algún tiempo el gobierno ha
llegado a la conclusión de que si quere mejorar su imagen tiene
que realizar una acción sistemática dirigida a los medios.
El domingo 8 de junio el programa Contrapunto, televisado por
canal 2, reveló que en noviembre del año pasado el gobierno
constituyó una comisión de alto nivel, integrada por Joy
Way y el ministro de Educación, Domingo Palermo.
Se reputaba que Joy Way mantenía una buena relación
con los medios, y que la condición de empresario de televisión
de Palermo contribuiría a diseñar y llevar a la práctica
un plan efectivo. La idea era establecer puentes de comunicación
y de negociación con los órganos periodísticos.
Ambos fueron encargados de perfilarlo y, según Contrapunto,
elaboraron un primer borrador. En éste se habría bosquejado
el canje de deudas tributarias vencidas de los medios, que sumaban unos
32 millones de dólares, a cambio de una «cuota de apoyo»
al gobierno: cancelación de impuestos mediante información
favorable.
La propuesta tenía como antecedente el canje de deudas
tributarias por espacios publicitarios, ensayado desde 1993 y que, según
parece, se realizó con todos los medios que accedieron al trato,
sin discriminarlos por su posición política.
En ese mismo espacio se difundió también una entrevista
otorgada por Daniel Borobio, encargado de la publicidad gubernamental,
al diario argentino Clarín, en la que reconocía que el avisaje
oficial era usado como instrumento de presión sobre los órganos
periodísticos.
De acuerdo con el informe, Borobio reveló que recibía
ordenes de dónde publicar y dónde no, que no publicaba en
medios opositores y que en reuniones con éstos su mensaje era: «si
alguien me pega yo no le doy plata. Vos pegame menos y yo publicito más,
porque una mano lava la otra».
La nota guardaba coherencia con otra difundida tres días
antes en el programa televisado En Persona, que había hecho público
el boceto, de puño y letra de Joy Way, de una estrategia para presionar
a los medios: publicidad y primicias a cambio de información favorable.
El parlamentario reconoció como suyas las notas pero negó
que se tratase de un plan contra la prensa, sino de un bosquejo de análisis
de la misma.
En cambio, de acuerdo con los reclamos de propietarios y drirectores
de medios, admitió que había una mala asignación de
la publicidad oficial así como preferencias en el otorgamiento de
las primicias noticiosas.
En diciembre del año pasado la crisis de los rehenes catapultó
a Palermo al protagonismo y lo dejó fuera del plan revelado por
Contrapunto. Su lugar fue ocupado entonces, de acuerdo con ese mismo programa,
por el primer ministro Alberto Pandolfi.
Fue éste quien sacó la cara por el gobierno durante
algunos episodios del enfrentamiento en torno al canal 2.
A Pandolfi le tocó remendar los exabruptos presidenciales
ante la asamblea de la OEA (1 de junio), cuando hizo su «revelación»
de periodistas que aceptaban sobornos, para quienes nunca dio nombres,
quince días más tarde con ocasión de su visita
al Papa en Roma planteó que fueran denunciados por el procurador.
El 21 de junio el premier dijo que no habría ninguna denuncia,
que la intervención de Fujimori sólo había querido
advertir sobre la posibilidad de corrupción en el medio periodístico.
También tocó a Pandolfi la tarea de encontrar la
mejor forma de pegar (y pagar) los platos rotos por los agresivos avisos
televisados del Comando Conjunto de las FF.AA. contra esa emisora y el
diario La República.
Ese mismo día afirmó que la oficina del Primer Ministro
era la encargada de coordinar con la prensa, pero que los avisos castrenses
que por esos días difundían dos canales eran responsabilidad
del Ministerio de Defensa.
Esa declaración era un reconocimiento de la relativa autonomía
con la que se manejó la cúpula militar en el gobierno durante
la crisis del canal 2. Sus acciones estaban más allá de los
esfuerzos del premier por mejorar la imagen del régimen.
En verdad, tanto las declaraciones presidenciales como el comunicado
del Comando Conjunto contra canal 2 (22 de mayo) y sus spots, dejaron un
sabor amargo en los medios periodísticos que los buenos oficios
de Pandolfi no lograron disipar.
Métodos indirectos
«Este es un régimen que realiza presiones de modo
indirecto», afirma Enrique Zileri, director del semanario Caretas.
Se refiere a una variedad de formas a través de las cuales,
sostiene, se intenta obtener de los medios la difusión de una imagen
favorable del gobierno: entre ellas los ya mencionados canjes de avisos
publicitarios y primicias noticiosas (ver Discriminación).
En el seminario «Gobiernos y Medios de Comunicación
en América Latina», realizado en mayo por el Instituto de
Prensa y Sociedad (IPYS), Nicolás Lúcar, conductor de La
Revista Dominical, que se transmite por canal 4, reveló que cada
entrevista con el presidente Fujimori es objeto de una negociación
previa con la oficina de prensa de Palacio.
Esta señala los temas sobre los que se le debe preguntar
al presidente, se asegura quién va a realizar la entrevista, la
orientación que ésta tendrá y que el jefe de Estado
salga bien parado. Si no consigue lo que exige amenaza con conceder la
entrevista al canal de la competencia.
Según Lúcar, en alguna ocasión la oficina
de prensa de Palacio trató de condicionar la presencia presidencial
a la difusión de un informe favorable al gobierno. De lo contrario
el presidente aparecería en exclusiva en el canal 5.
El periodista se quejó de que el presidente intentaba manipular
a los programas periodísticos de televisión como medios de
propaganda de su gobierno.
Salvo dos canales de televisión, el jefe de Estado no concede
entrevistas a otros medios nacionales. En cambio lo hace con la prensa
extranjera, cuyos enviados especiales obviamente carecen de un conocimiento
profundo del contexto nacional.
La discriminación informativa afecta sobre todo a los medios
de oposición, a los cuales se les niega acceso a información
oficial y hasta se les margina de los viajes presidenciales.
En cambio el presidente es acompañado por reporteros de
televisión que gozan de su confianza y que nunca le hacen preguntas
incómodas: aquella corte sobre la que escribiera hace algunos meses
el semanario alemán Der Spiegel («Betty Blue», «La
Morocha», etcétera).
El retiro de la seguridad a cargo de la policía y
efectivos militares de los locales de aquellos medios incómodos,
también es un hecho que forma parte de la realidad de las presiones
indirectas.
Así ocurrió por el 1 de setiembre del año
pasado, luego que los canales 2 y 4 difundieran un documento atribuido
a los servicios de inteligencia de la Marina, que comprometía a
oficiales del Ejército en el narcotráfico. A partir de entonces
canal 2 se quedó sin custodia policial y militar.
En cuanto a la publicidad, se afirma que el gobierno hace un uso
político de la misma: da un trato preferencial a la televisión
y a aquellos medios que considera amigos. Asimismo, ejerce presiones sobre
potenciales anunciantes.
«Sé de tres empresas norteamericanas que serían
naturales anunciadoras nuestras, pero que no lo hacen para evitarse problemas
en una negociación que tienen proyectada con el gobierno y que significa
mucho dinero», dice Zileri.
Las discriminacion informativa y publicitaria que padecen algunos
medios ha sido objeto de menciones en diversos informes de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
Variedad metodológica
Pero al gobierno no sólo se le atribuyen presiones indirectas,
sino también el uso de una variedad de métodos, que emplea
con flexibilidad, según los objetivos, el caso y el momento. Entre
estos están:
Acciones encubiertas: amenazas anónimas (telefónicas
o por escrito), asaltos sospechosos imputados oficialmente a delincuentes
comunes que nunca son identificados ni capturados, atentados (como el que
afectó a la filial de Global TV en Puno), «chuponeo»
telefónico.
De toda esta actividad se sindica como responsable directo al
SIN, a quien se atribuye la confección de tenebrosos planes contra
periodistas y medios de oposición («Bermuda», «Narval»,
«Azar»). Al menos en el caso de Global TV logró determinarse
la participación de efectivos de ese organismo de inteligencia.
Este, según declaraciones del propio presidente (16 de
enero de 1993), sigue atentamente la información periodística
que no coincide con el gobierno.
Presiones «amistosas»: «Recomendaciones»
de funcionarios del gobierno a los responsables de los medios para que
informen en tal o cual sentido u omitan alguna información.
En esta clase de menesteres se encuentra también la gestión
que, según Mirko Lauer (La República, 22 de enero de 1997),
habría realizado el ministro Palermo ante Marcelo Cúneo,
gerente de Canal 13, para que ese medio pospusiera la salida del programa
En Persona hasta después de la solución a la crisis de los
rehenes.
Acción abierta: Procesos judiciales, que han afectado
y afectan a diversos periodistas de oposición, entre ellos a Enrique
Zileri, César Hildebrandt y Cecilia Valenzuela; dificultades a la
labor informativa: mutismo oficial durante el conflicto del Cenepa y la
crisis de los rehenes, así como diversos obstáculos a la
labor de los reporteros, incluyendo el desalojo de los mismos de los alrededores
de la residencia japonesa; en menor grado, en provincias, detenciones de
algunos corresponsales y enviados especiales.
Ataques políticos: declaraciones presidenciales,
comunicados y avisos del Comando Conjunto de las FF.AA.
Esos ataques se han producido en coyunturas específicas:
caso La Cantuta (1993), los recientes sucesos en torno a canal 2. Pero
también cuando se publicaron denuncias sobre corrupción en
el entorno presidencial (agosto de 1996). Se trata de asuntos en los que
aparece comprometido personal castrense.
Acciones normativas: Artículos de la legislación
antiterrorista que condenan la «apología del terrorismo»,
figura cuya calificación queda librada a la subjetividad de los
jueces; la prohibición de continuar con la publicación de
hechos que son materia de proceso abierto por la parte que se siente afectada
por la publicación, contenida en el Código de Procedimientos
Penales, que atenta sobre todo contra el periodismo de investigación;
ciertas normas en los dispositivos sobre el habeas data y el derecho de
rectificación, derogadas ante el unánime rechazo que merecieron
por parte de los medios.
En la categoría de acciones normativas también pueden
incluirse iniciativas como aquella que el 15 de julio reconociera el presidente
Fujimori, quien sostuvo que había «dado instrucciones precisas»
para que el despojo de la nacionalidad al empresario de televisión
Baruch Ivcher se ventile en el poder judicial (¿un poder autónomo
recibe instrucciones de otro poder del Estado?).
Recursos, agentes y objetivos
De la relación expuesta se desprende el uso de diversos
tipos de recursos: periodísticos, publicitarios, tributarios, policiales,
judiciales, legales, de seguridad, de inteligencia, sicosociales, propagandísticos,
políticos.
Asimismo, puede verse que en las diferentes acciones participan
distintos niveles del Estado: autoridades policiales y locales, funcionarios
gubernamentales, el SIN, el Poder Judicial, el Legislativo, la cúpula
militar, el Ejecutivo, desde agentes policiales y de inteligencia hasta
el propio presidente de la República.
En la diversidad de acciones señaladas se perfilan distintos
objetivos:
«Orientar» la información y opinión
difundida por los medios, conseguir de éstos una posición
favorable o por lo menos neutral frente al gobierno. Para eso se presta
sobre todo la discriminación informativa y publicitaria: preferencias
para los medios cercanos, marginación para los que son de oposición
o se muestran críticos. La política en este caso se parece
al programa del general candidato presidencial del cuento costumbrista:
«para los amigos todo, para los enemigos palo y más palo».
Intimidar a periodistas de oposición, a quienes persisten
en denuncias y revelaciones particularmente incómodas: los operativos
atribuidos al SIN, los procesos judiciales, los ataques públicos,
son los mecanismos empleados para este fin.
Censurar la información o a ciertos espacios: mediante
el mutismo de las fuentes oficiales, el bloqueo al acceso a información
pública o las presiones para sacar de circulación a espacios
periodísticos de oposición;
Recortar el ejercicio profesional y poner trabas a los medios:
a través de normas legales.
De todos estos objetivos el principal es el primero, que procura
para el régimen una prensa, radio y televisión favorables.
Pero conforme el descontento crezca entre los periodistas y entre los medios,
podrían tornarse más recurrentes las acciones encaminadas
a la intimidación de los levantiscos.
A estar por lo expuesto la libertad de prensa en el Perú
es una libertad condicionada. El mensaje implícito, informal, parece
ser: eres libre para decir lo que quieras, pero si hablas demás
no hay ni primicias ni publicidad y te expones a ciertos peligros.
El ejercicio de la libertad de prensa es pues un ejercicio por
riesgo y cuenta propia, sometido a amenaza.
El lado oscuro de la Fuerza
El gobierno o quienes están a cargo de su política
de medios enfrentan una situación doblemente contradictoria:
1) deben dar una imagen positiva del presidente y su administración,
contra la que conspiran los propios actos del régimen y de sus personajes;
y,
2) deben tratar de controlar lo que se difunde a través
de los medios, sin aplicar la censura abierta y sin que aquello parezca
un control.
Tareas difíciles éstas que demandan los planes reeleccionistas,
porque suponen una falta de transparencia en la relación con los
medios periodísticos. ¿Y cómo ser transparente cuando
hay cosas que ocultar, cuando se apela a métodos velados (y vedados)?
Pero, además, no siempre pueden dominar a sus propias fuerzas,
que pueden actuar en forma disfuncional a la imagen de respeto formal a
la libertad de prensa.
En el contexto de una sorda pugna al interior del régimen,
lo ocurrido en canal 2 constituye también una advertencia de un
sector muy duro e intolerante a quienes en el periodismo se atrevan a superar
ciertos límites.
El carácter persistente que tiene la conducta del gobierno
frente a los medios, la variedad de métodos y recursos empleados
en la misma, y el compromiso en las acciones de distintos niveles del Estado,
son indicios del carácter sistemático de la misma.
Pero, asimismo, de que sus responsables están en un escalón
muy alto del gobierno. Después de todo, Vladimiro Montesinos, el
SIN y el general Nicolás Hermoza dan cuenta de sus actos al presidente
de la República. ¿O no? |