Magistrado Ponente Doctor Alejandro Angulo Fontiveros.

Vistos.-

 

El 7 de junio de 1999 el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN, Defensor del penado ciudadano RAMIRO FRANCISCO HELMEYER QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante y portador de la cédula de identidad V-5.217.226, presentó escrito ante la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales del extinto Consejo de la Judicatura, en el que solicitó la REVISIÓN de la sentencia dictada el 2 de noviembre de 1995 por el Juzgado Superior Vigesimoprimero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez abogado FRANK E. VECCHIONACCE I., que CONDENÓ a su defendido a cumplir la pena de TREINTA AÑOS DE PRESIDIO, más las accesorias legales correspondientes por los delitos siguientes:

 

“COOPERADOR INMEDIATO en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 408, ordinal 1º, del Código Penal, en relación con los artículos 407 y 83, ejusdem, ejecutado en perjuicio del ciudadano MARIO RODOLFO PATTI FAJARDO; como CÓMPLICE PRIMARIO O AUXILIADOR NECESARIO en la ejecución de los delitos de ATERRORIZAMIENTO DE LA POBLACIÓN CONTINUADO, previsto en el artículo 297, segundo párrafo, del Código Penal, en concordancia con los artículos 99, 84, ordinal 3º y útlimo párrafo, ejusdem; DAÑOS A EDIFICIO, en concurso ideal con ATERRORIZAMIENTO DE LA POBLACIÓN, previsto en el artículo 344 tercer párrafo, del Código Penal; e INCENDIO EN EDIFICIO PUBLICO, en concurso ideal con ATERRORIZAMIENTO DE LA POBLACIÓN, previsto en el artículo 344, primer párrafo, del Código Penal”.

 

El recurrente señaló en su escrito lo siguiente:

“...ante Usted, respetuosamente ocurro, a fin de solicitar que en supuesto negado que no se declare la nulidad absoluta de la sentencia dictada en contra del ciudadano RAMIRO HELMEYER y demás co-procesados, se proceda entonces, de conformidad con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Criminal, a rebajar las penas que le fueron impuestas a los hoy condenados, por cuanto ellos fueron sentenciados, tomando en consideración sus confesiones, lo que equivale a una admisión  de los hechos actualmente regulada en el Código Orgánico Procesal Penal y el cual determina que cuando el procesado admite los hechos imputados, la pena a imponer puede rebajarse hasta la mitad y es evidente, que ello debe aplicarse de modo retroactivo, de conformidad con el artículo 44 de nuestra Constitución Nacional en concordancia con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Criminal y los artículos 376 y 505 del Código Orgánico Procesal Penal...”.

 

 

La Sala Nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de los jueces abogados LUIS ANTONIO LECUNA RODRÍGUEZ (ponente), LORENZA MORALES DE FARÍAS y GLEDYS VARGAS FREITES, el 20 de junio del año 2000, dictó sentencia que declaró IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por la defensa. En la mencionada decisión se expresó:

 

“...Doctrina que esta Corte comparte plenamente y que se ajusta al caso de autos, donde no se produjo admisión de los hechos, sino confesión, y de haberse considerado como tal, no se habría realizado, conforme a lo trascrito. Por otra parte el fin que se persigue en la admisión de los hechos que es una institución del sistema acusatorio, es una disminución sensible e inmediata de las penas y con renuncia de derechos y garantías judiciales.

En virtud de las razones que anteceden se declara improcedente la solicitud de revisión...”.  

 

Las partes fueron notificadas de la sentencia dictada. Contra esa decisión el Defensor del penado interpuso recurso de casación.

 

La Fiscal Cuadragesimanovena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada FRANCISCA SALVO TANTINO, fue emplazada (como lo prevé el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal) para que diera contestación al recurso interpuesto. Lo hizo y en tal sentido afirmó que el procedimiento por admisión de los hechos no era aplicable al caso concreto porque ya habían transcurrido “casi cinco años desde la emisión de la sentencia condenatoria en Segunda Instancia” y que en la causa no existía manifestación expresa por parte del penado de querer someterse a tal beneficio. Y concluyó en señalar que el tribunal de alzada no incurrió en errónea aplicación de preceptos legales ni en falta de motivación y por ello solicitó que el recurso fuere declarado inadmisible.

 

El expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal, se recibió y se dio cuenta en Sala. El 18 de septiembre del año 2000 fue designado Ponente el Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 27 de diciembre del año 2000 se constituyó la Sala de Casación Penal.

 

Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala de Casación Penal pasa a dictar sentencia.

 

La Sala, al respecto, observa:

 

La sentencia dictada por la Sala Nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (con ocasión de una solicitud de revisión de una sentencia definitivamente firme) no es por su naturaleza susceptible de ser impugnada en casación, pues según el artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones judiciales serán recurribles sólo por medios y en los casos expresamente establecidos. En efecto, en el Titulo V del citado código no se establece expresamente el recurso de casación contra tal decisión. Y por otra parte, el artículo 451 “eiusdem” (que señala los fallos contra las cuales se ejerce el recurso de casación) no lo contempla. En efecto, el artículo 451 del citado código indica:

 

Decisiones recurribles. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su querella, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el querellante hayan pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación” .

 

De lo antes expuesto se concluye en que no es admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia dictada por la Sala Nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que conoció de la presente solicitud de revisión según el artículo 24 de la Constitución de la República y el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En virtud de los razonamientos expuestos con anterioridad, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el abogado Defensor del penado ciudadano RAMIRO FRANCISCO HELMEYER QUEVEDO, contra la sentencia dictada el 20 de junio del año 2000, por la Sala Nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTISÉIS días del mes de JUNIO de dos mil uno.  Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

El Vice-Presidente,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

              Ponente

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

La Secretaria,

 

LINDA MONROY DE DÍAZ

 

 

EXPE. 00-1096

AAF/lp