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Crisis en el País Vasco

Una serie de incidentes, relacionados sobre todo con el País Vasco, plantearon nuevas amenazas para la libertad de expresión y de reunión. La muerte a tiros en un atentado de ETA de Joseba Pagazaurtundua, militante del Partido Socialista, en febrero, en el periodo previo a las elecciones municipales, constituyó un claro ataque a estas libertades y al derecho a la vida. Las tensiones constantes que rodearon las elecciones se debieron parcialmente a la anulación por parte del gobierno y del fiscal de 249 listas de candidatos, con el argumento de que incluían nombres de personas vinculadas a ETA y a la coalición nacionalista vasca Batasuna. Ésta había sido oficialmente prohibida en marzo por su presunta vinculación con ETA, de la que se consideraba parte integrante, acusación que los miembros de Batasuna siempre negaron. El grupo parlamentario vasco Sozialista Abertzaleak también fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por considerarse que servía a los intereses de Batasuna en el Parlamento. El gobierno español acusó al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de patrocinar a ETA.

En febrero, un juez de la Audiencia Nacional ordenó, en aplicación de la legislación antiterrorista, el cierre cautelar del único periódico publicado enteramente en lengua vasca, Euskaldunon Egunkaria, y la detención de 10 personas relacionadas con él. Fue una medida que, al parecer, tuvo negativas consecuencias para la libertad de expresión.

Durante todo el año existió cierta confusión en torno a la legitimidad de las manifestaciones políticas, así como preocupación por los intentos de reprimir la expresión de sentimientos nacionalistas con el argumento de que equivalían a apoyar a grupos armados como ETA. La tensión entre las autoridades vascas y el gobierno central se elevó gradualmente a raíz de que el Parlamento Vasco, por diversas razones, no disolvió el grupo Sozialista Abertzaleak. El presidente vasco (lehendakari) propuso un plan para la autodeterminación del País Vasco que las autoridades del gobierno central calificaron de ataque deliberado a la soberanía del pueblo español y que impugnaron ante los tribunales.

Homicidios cometidos por ETA

ETA trató de sofocar la libertad de expresión organizando atentados con bombas y armas de fuego y campañas de intimidación, entre cuyas víctimas hubo también civiles.

  • Joseba Pagazaurtundua murió por disparos en febrero. Era miembro del movimiento Basta Ya —fuertemente crítico con la violencia de ETA— y ex miembro del ala político-militar del grupo armado. Era sargento de la Policía Municipal de Andoain y se hallaba de baja por enfermedad, tras recibir constantes amenazas de muerte.

En julio hubo al menos 13 heridos, entre ellos varios turistas, en dos atentados con bomba perpetrados en los centros turísticos de Alicante y Benidorm.

Denuncias de tortura

Varias personas detenidas en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA, denunciaron haber sido torturadas o maltratadas por agentes de la policía o de la Guardia Civil.

  • En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo públicos los detalles de un caso de su jurisdicción relativo a 15 catalanes, presuntos simpatizantes de un movimiento independentista de Cataluña. Todos ellos afirmaban haber sufrido torturas físicas y psicológicas y trato inhumano y degradante tanto en el momento de su detención como durante su reclusión en Cataluña y en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid a mediados de 1992.
  • En febrero, tras el cierre del periódico Egunkaria, un grupo de directivos y periodistas fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación. Tras su liberación, Martxelo Otamendi Egiguren y otras personas detenidas junto con él afirmaron haber sido torturados mediante el método de la "bolsa" (asfixia con una bolsa de plástico) y con ejercicios físicos agotadores, amenazas y simulacros de ejecución. El gobierno presentó una denuncia contra ellos ante la Audiencia Nacional en la que los acusaba de "colaboración con banda armada [ETA]" por realizar denuncias de tortura, táctica utilizada por indicación de ETA para socavar las instituciones democráticas. Amnistía Internacional manifestó que la mejor manera de protegerse contra las denuncias falsas era ofrecer mayores garantías, y temió que la reacción del gobierno, que no había estado precedida de un examen riguroso de las acusaciones de los detenidos, pudiera fomentar un clima de impunidad en el que los detenidos y los presos temieran denunciar actos de tortura y malos tratos. No hubo respuesta a los llamamientos de Amnistía Internacional para que se investigaran a fondo las denuncias de los periodistas, independientemente de las denuncias formales presentadas ante los tribunales.

Ausencia de avances en la cuestión de la tortura

En marzo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) hizo públicos los resultados de una visita realizada en julio de 2001. En el informe se criticaba el hecho de que las autoridades no hubiesen cumplido anteriores recomendaciones del CPT, pese a haber asegurado en varias ocasiones que lo harían. Tales recomendaciones incluían la necesidad de respetar, en los casos de personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista, el derecho de acceso a un abogado desde el primer momento de la detención. El CPT pidió que se adoptaran medidas concretas para respetar otras dos salvaguardas fundamentales de los detenidos: el derecho a comunicar la detención a una tercera persona y el derecho a ser examinado por un médico de su elección, además de por el médico de oficio. El CPT instó, asimismo, a crear un organismo de investigación totalmente independiente que diera curso a las denuncias contra los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Recordó al gobierno español su obligación de cooperar con el CPT, afirmando que el punto muerto en que se encontraba un asunto tan importante como las salvaguardas contra los malos tratos era inadmisible.

No obstante, lejos de ponerse a estudiar la forma de aplicar las recomendaciones formuladas hacía tiempo por el CPT y por otros organismos internacionales a fin de mejorar las salvaguardas para la protección de los detenidos, las autoridades aumentaron a más del doble la duración máxima de la detención en régimen de incomunicación para determinadas personas. En octubre entró en vigor la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, que permitía mantener detenido a un sospechoso en régimen de incomunicación durante un total de 13 días: un plazo máximo de cinco días bajo custodia de la policía o la Guardia Civil, más otros ocho días en prisión si así lo ordenaba un juez.

En noviembre, las Cortes Generales (Parlamento) aprobaron una reforma del Código Penal que ampliaba la definición de tortura para incluir entre sus motivos "cualquier tipo de discriminación".

Disparos efectuados de manera temeraria

Hubo informes sobre disparos efectuados temerariamente por agentes de la Guardia Civil en respuesta a agresiones con piedras en zonas fronterizas entre España y Marruecos. En al menos un caso, los disparos causaron una víctima mortal, y en otros provocaron heridas graves a ciudadanos marroquíes. Se informó sobre más de 200 incidentes de agresión con piedras que también ocasionaron heridos entre la Guardia Civil. En noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el elevado número de informes sobre disparos "accidentales" recibidos en los dos últimos años y subrayó los peligros que entrañaba el efectuar disparos al aire como señal de advertencia.

  • En julio se abrió una investigación sobre el caso de un guardia civil que había sido filmado cuando disparaba con aparente temeridad contra varios marroquíes que trataban de alcanzar la playa en la ciudad autónoma de Ceuta.
  • En octubre, según los informes, un agente de la Guardia Civil mató de un disparo a Mustafa Labrach, ciudadano marroquí que se encontraba entre un grupo de personas que, presuntamente, trataban de pasar artículos de contrabando de Marruecos a Ceuta. Según informes controvertidos, una patrulla de la Guardia Civil se vio bajo una lluvia de piedras junto a una valla de la frontera, a la que respondió inicialmente con material antidisturbios. Luego, uno de los agentes efectuó un disparo de advertencia al aire, pero resbaló en el suelo húmedo y rocoso y alcanzó a Mustafa Labrach en la boca, causándole la muerte. Se abrió una investigación interna a la que siguió una investigación judicial, ante las dudas sobre la jurisdicción del caso, ya que la muerte había ocurrido en "tierra de nadie", entre ambas fronteras.

Racismo

En julio, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia publicó un informe sobre las medidas adoptadas por España para combatir el racismo y la intolerancia. El informe señalaba que el racismo y la xenofobia persistían, y que en el debate público se utilizaban de forma generalizada argumentos e imágenes que rodeaban de un halo negativo a la inmigración y los inmigrantes. El racismo afectaba especialmente a los ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea y a los romaníes. La Comisión comentó que tendía a pasarse por alto la dimensión racista de los delitos, y recalcó la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de control en casos de denuncias presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley por malos tratos de motivación racista.

Inmigrantes ahogados

Miles de inmigrantes, entre ellos un número cada vez mayor de niños no acompañados, arriesgaron sus vidas cruzando el mar desde Marruecos. Estos incidentes revelaron la existencia de graves carencias de recursos e infraestructuras para recibir o detener a estas personas. Más de 150 inmigrantes se ahogaron antes de llegar a las costas españolas. El Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre la muerte de 36 inmigrantes indocumentados, que se ahogaron al hundirse su barco en la bahía de Cádiz, muy cerca de la base naval hispano-estadounidense de Rota. Se denunció que la base había hecho caso omiso de una advertencia sobre el peligro que corría el barco, y que las autoridades habían actuado con negligencia, ya que tardaron un tiempo excesivo en organizar una operación de salvamento.

Expulsiones y malos tratos a menores

En octubre, el fiscal general del Estado dictó una instrucción que contenía criterios para la expulsión de menores extranjeros no acompañados de entre 16 y 18 años. Las directrices no contemplaban el examen individual de cada caso, y aparentemente vulneraban la Convención sobre los Derechos del Niño, de ámbito internacional, y las propias leyes españolas sobre protección de menores y discriminación.

Las autoridades incumplieron su obligación de acatar las normas internacionales sobre el cuidado y la protección de los menores no acompañados. Hubo denuncias de malos tratos y condiciones inhumanas y degradantes en centros de acogida de menores.

  • En el centro de internamiento de menores de Gáldar, Gran Canaria, se denunciaron malos tratos, hacinamiento, administración abusiva de sedantes, falta de supervisión y actitudes racistas. En julio, cuatro fiscales de menores del Tribunal Superior de Justicia de Canarias afirmaron que los 42 niños recluidos en el centro estaban recibiendo un trato "denigrante". Uno de ellos era un niño africano al que, al parecer, uno de los educadores del centro había golpeado y había dejado desnudo y encadenado durante toda una noche.

"Desapariciones"

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias incluyó a España en la lista de países en los que se habían denunciado "desapariciones". Al Grupo de Trabajo le preocupaba el periodo del régimen del general Franco (1939-1975), y pidió al gobierno que investigara dos casos ocurridos después de 1945, fecha de fundación de la ONU. Prosiguieron los esfuerzos por localizar los cuerpos de algunas de las miles de personas fusiladas durante o después de la Guerra Civil de 1936-1939. No obstante, los familiares de "desaparecidos" siguieron encontrando dificultades en su búsqueda, debido a la falta de fondos o de una política común y reconocida internacionalmente para localizar y acceder a los lugares de enterramiento y exhumar los cadáveres.

Violencia contra las mujeres

Según cifras oficiales, 98 mujeres murieron a consecuencia de la violencia de género: 72 a manos de sus parejas, 10 a manos de otros familiares y 16 en otros incidentes de violencia específica contra las mujeres, como violaciones o actividades de trata con destino a la prostitución. Aunque se concedió mayor poder a los jueces para acelerar la tramitación de las denuncias y aumentar las penas, algunos tribunales siguieron mostrando una preocupante falta de diligencia con respecto a las víctimas.

  • En septiembre, el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación sobre la actuación de un juez de Barcelona que, al parecer, había desatendido las 13 denuncias presentadas por Ana María Fábregas contra su esposo por violencia. Éste la mató a martillazos en el portal de su casa en junio.




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