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29/SEPTIEMBRE/2006
Oculta pgr expediente...

 

Manuel Mora MacBeath

A un año de la muerte del Secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, y a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se lo ordenó, la PGR se resiste a abrir los expedientes del caso.

Y es que, según la fiscalía federal, todavía se investigan las causas que originaron el desplome del helicóptero en el que murió Martín Huerta y ocho personas más, la tarde del miércoles 21 de septiembre de 2005 en una zona boscosa del poblado San Miguel Mimiapan, en el Estado de México.

Al margen de que la averiguación esté en trámite, la fiscalía federal ha sostenido desde el mismo día en que cayó el helicóptero que se trató de un accidente.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) analiza ya la posibilidad de sancionar a funcionarios de la PGR por negarle información del caso al propio IFAI.

De acuerdo con el oficio número IFAI/JPGA/038/06, fechado el 15 de agosto pasado y del que a.m. tiene copia, el comisionado de IFAI Juan Pablo Guerrero Amparán notificó a Eduardo Romero Ramos, titular de la SFP, sobre “conductas presuntamente irregulares” de funcionarios de la PGR en la atención de un recurso de inconformidad tramitado por un ciudadano.

En el oficio, Guerrero Amparán le solicita a Romero Ramos que se deslinden responsabilidades a través de un procedimiento administrativo disciplinario, y que inste a la PGR a que abra parte de los archivos del caso de Ramón Martín Huerta.

Los documentos que la PGR tiene que hacer públicos son los que “sustenten o hayan servido de base para la postura oficial adoptada públicamente con motivo de la investigación realizada sobre las causas que provocaron el accidente aéreo”.

Es decir, que la PGR tiene que elaborar una versión pública de la averiguación previa PGR/MEX/NAU-II/610/2005, omitiendo, entre otros elementos, “la identificación de posibles responsables”.

Para el IFAI no basta con que la PGR asegure que se trató de un accidente… Tiene que demostrarlo.

p Cierra PGR archivos

Desde el 3 de abril pasado la PGR cerró a la opinión pública la posibilidad de acceder al expediente, luego de responder a un ciudadano que había solicitado el documento a través de la Ley Federal de Acceso a la Información que la averiguación previa estaba clasificada como “reservada”.

La información, según la PGR, debía permanecer clasificada por 12 años.

Un día después de recibir la notificación el ciudadano acudió al IFAI para que se revisara la respuesta de la PGR, y dos meses después la dependencia federal sufrió su primer revés.

El pleno del IFAI modificó la respuesta de la PGR e instruyó a la dependencia “para que en un término no mayor de diez días hábiles” entregara una copia de la versión pública del expediente al ciudadano.

De acuerdo con la resolución, de la que a.m. también posee copia, los comisionados consideraron que si personal autorizado de la PGR había revelado información sobre el caso a la opinión pública, los documentos que sustentaran esas afirmaciones debían ser públicos, independientemente de que obraran en una averiguación previa en trámite.

Pero además, en la resolución de 28 fojas quedó asentada una presunta irregularidad de un fiscal de la PGR en una audiencia del IFAI.

Y es que para que el comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero, pudiera determinar si la información solicitada era pública o reservada, pidió a la PGR que le permitieran revisar la averiguación previa.

Sin embargo, el fiscal que lleva el caso, Edgar Zeferino Serna Vega, se negó argumentado que nadie, más que el afectado, podía tener acceso a la averiguación previa.

Serna Vega ocultó la información a pesar de que la Ley Federal de Transparencia daba autoridad a Guerrero Amparán para revisar el expediente.

p Cumple a medias

La PGR tuvo que acatar la resolución del IFAI. Pero en realidad lo hizo a medias. Entregó al ciudadano una serie de versiones estenográficas de las ruedas de prensa que ofrecieron funcionarios de la fiscalía federal para dar a conocer los avances de la investigación.

En los documentos se relatan versiones de tres testigos que vieron el helicóptero donde viajaba Martín Huerta minutos antes de accidentarse.

Los testigos coinciden en que nunca escucharon alguna explosión o disparos dirigidos hacia el vehículo, lo que debilitó la hipótesis del posible atentado.

Claudia Margarita de Jesús Amezcua, vecina del poblado de Santa Cruz Ayotuxco, relató a las autoridades que entre las 10 y 11 de la mañana vio el helicóptero volando a baja altura, “dando algunas vueltas, como buscando dónde aterrizar o por dónde salir del lugar, ya que se encontraba rodeado de cerros”.

Y Fabián Diego Peña, quien recolectaba hongos en esos momentos, contó que aproximadamente a las 12:30 horas, se escuchó el ruido de un helicóptero muy cercano.

Instantes después, continuó, se escuchó un impacto seco, por lo que se dirigió a dicho lugar donde observó el helicóptero accidentado, ardiendo junto a unas rocas.

Sin embargo, a la fecha no hay constancia de que estas declaraciones obren en la averiguación previa… o que haya algo más.

Para el IFAI no fue suficiente que la PGR entregara versiones estenográficas de ruedas de prensa, y esto lo dejó claro en el oficio que dirigió al titular de la SFP.

“La entrega correspondiente se limita a información que ya era del conocimiento público incluso antes de la emisión de la resolución”, consideró el IFAI, y advirtió: “La resolución emitida por el Pleno del Instituto estableció de manera clara y precisa, sin dejar lugar a interpretaciones, que parte de la información tiene naturaleza pública”.

Todavía queda pendiente que la SFP resuelva si hay o no sanción para el funcionario de la PGR que le ocultó información al IFAI, y que la fiscalía federal acate la resolución del instituto.

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