Madrid. (EFE).- El Tribunal Supremo ha decidido anular el auto de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se archivó el proceso contra el actual presidente de Telefónica, César Alierta, por un delito de uso de información privilegiada, por lo que el caso deberá "seguir su trámite" hasta llegar posiblemente a juicio oral.

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Así lo indica una sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, comunicada hoy, en la que estiman los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la asociación Auge contra el archivo del procedimiento, que decidió un auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en noviembre de 2005.

A juicio del Supremo, el auto recurrido, "fue una resolución extemporánea por prematura al faltar la necesaria claridad" para determinar si los delitos habían prescrito, ya que la Audiencia Provincial estimaba -en su auto- que las penas de cárcel eran menores a cinco años y el período para acusar del delito se acortaba, en vez de incrementarse hasta los diez años, tal y como reclamaba la Fiscalía, basándose en su cuantía, entre otros motivos.

"Hubo una clara lesión del derecho a la tutela judicial efectiva" porque, según el Supremo, con el auto de archivo "no se permitió que el procedimiento pudiera seguir adelante" para estudiar la prescripción y otros asuntos "en la forma legalmente prevista al respecto, al menos como artículos de previo pronunciamiento".

Además la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesta por Joaquín Delgado García, Carlos Granados Pérez, José Ramón Soriano Soriano, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y Luis-Román Puerta, señala que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo con casos como el de "Segundo Marey", "también cabe plantear este tema directamente para su debate en el juicio oral".

Por tanto, el Tribunal Supremo admite los recursos de casación de Anticorrupción y Auge "por infracción de la ley" y por "vulneración de la tutela judicial efectiva", pues "haber resuelto prematuramente sobre la prescripción ha producido una profunda inseguridad jurídica y ha lesionado el mencionado derecho fundamental de orden procesal".

Asimismo el Supremo cree "innecesario" tratar otros "problemas de fondo planteados", como "el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad" realizadas por la defensa de los imputados, tras la aceptación de un recurso de amparo sobre este asunto por parte del Tribunal Constitucional.

Este caso, conocido como "caso Tabacalera", comenzó a raíz de una querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), que acusó a César Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

Auge también acusaba a la esposa de Alierta y a su sobrino de aprovechar la disponibilidad de información privilegiada para invertir 400 millones de las antiguas pesetas (2,4 millones de euros) en unas 50.000 acciones de Tabacalera.