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DOCUMENTACIÓN AMÉRICA
      

[Embargado hasta: 10 de diciembre de 2002]
Público
Amnistía Internacional

Colombia
Seguridad, ¿a qué precio?
La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de
derechos humanos
Diciembre de 2002
Resumen
Índice AI: AMR 23/132/2002/s
DISTR: SC/CC/CO/GR
El Presidente Álvaro Uribe Vélez tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 2002, tras su victoria en las elecciones del 26 de mayo de 2002. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su honda preocupación por la estrategia adoptada por el gobierno respecto a la seguridad. Dicha estrategia ha demostrado ser totalmente inadecuada a la hora de hacer frente a las graves crisis humanitaria y de derechos humanos que afectan a Colombia, un país que ha sufrido 40 años de conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales –con la colaboración de los grupos paramilitares– y los grupos armados de oposición. En lugar de hacer frente a la crisis, esta estrategia sólo sirve para agravar aún más una tragedia humanitaria ya de por sí espantosa.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por una serie de medidas destinadas a socavar los sólidos mecanismos y salvaguardias institucionales de derechos humanos introducidos en la última década, como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales. El gobierno también ha declarado un Estado de Conmoción Interior) y ha aprobado otros decretos relacionados con éste que limitan los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Colombia y minan la capacidad de las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos para llevar a cabo de forma efectiva su legítima labor en el país.

La decisión del gobierno de crear una red de un millón de informantes civiles y su propuesta de establecer un ejército a tiempo parcial de "soldados campesinos" compuesto por 150.000 miembros –pensados ambos para que colaboren activamente con las fuerzas armadas y la policía– no sólo arrastrará a la población civil aún más al conflicto, sino que además amenaza con fortalecer la presencia de los grupos paramilitares en el país. Se trata de una medida peligrosa, ya que los paramilitares siguen formando parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad.

Este informe es un seguimiento de la carta abierta que Amnistía Internacional envió a Álvaro Uribe el 7 de agosto, día en que el Presidente tomó posesión del cargo. En la carta, la organización expresaba algunos de sus motivos de preocupación respecto a la política de seguridad que el presidente electo estaba sugiriendo y formulaba una serie de recomendaciones sobre cómo resolver la crisis de derechos humanos. En opinión de la organización, y tal como demuestra este informe, el gobierno no ha puesto en práctica ninguna de estas propuestas, la mayoría de las cuales se basan en recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas.

El informe, por tanto, examina algunas de las medidas de seguridad adoptadas por el nuevo gobierno y evalúa sus repercusiones sobre los derechos humanos cuatro meses después de que éste ocupara el poder; además, analiza otras propuestas que amenazan con agravar la situación de los derechos humanos en Colombia. Asimismo, destaca la preocupación de la organización por los esfuerzos gubernamentales para socavar la labor legítima e indispensable de los defensores de los derechos humanos, que siguen enfrentándose a serias amenazas contra su vida. El informe concluye con una serie de recomendaciones al nuevo gobierno. Estas recomendaciones forman la base de una estrategia alternativa viable que el gobierno debería adoptar. Esta estrategia sitúa los derechos humanos en el lugar central y reconoce que la seguridad no es posible sin el pleno respeto de los derechos humanos.

Este texto resume el documento titulado Colombia: Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos (Índice AI: AMR 23/132/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


[EMBARGADO HASTA: 10 de diciembre de 2002] Público

Amnistía Internacional
Colombia
Seguridad, ¿a qué precio?
La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de
derechos humanos

















SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE







    Introducción 1


    Debilitar el papel de las instituciones civiles 2
        La Corte Constitucional 3
        La Defensoría del Pueblo 3
        Peticiones de tutela 4
        Las Personerías Municipales 4


    Estados de emergencia: los civiles como objetivo 5
        El Estado de Conmoción Interior 5
        Decreto 2002: una violación de las normas de derechos humanos 7
        Zonas de Rehabilitación y Consolidación 8


    Fortalecer la impunidad 11
        La función de la Fiscalía en relación con los derechos humanos 11
        El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional 14
        Restricción del acceso a las ONG de DD.HH nacionales e internacionales15
        Ausencia de una estrategia para combatir a los paramilitares 17


    Arrastrar a la población civil al conflicto 19
        La red de un millón de informantes 20
        El ejército a tiempo parcial de soldados campesinos 21
        Legitimar los ataques contra la sociedad civil 22


    Conclusiones y recomendaciones 24





COLOMBIA
Seguridad, ¿a qué precio?
La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos

Introducción


No logro entender a aquellos que pretenden eliminar los derechos o reducirlos […] En una sociedad democrática, la seguridad como concepto y quehacer resulta indisociable de la generación de garantías para que las personas, sin excepción, se reconozcan como titulares de los derechos humanos

      Luis Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo

El Presidente Álvaro Uribe Vélez ganó las elecciones del 26 de mayo de 2002 debido en gran medida a su promesa de poner fin a las cuatro décadas de conflicto armado de Colombia. Desde que tomó posesión del cargo, ha empezado a introducir una serie de medidas de seguridad de línea dura englobadas en la llamada doctrina de Seguridad Democrática. Sin embargo, esta estrategia para terminar con el conflicto armado (un conflicto que, según Amnistía Internacional, se ha cobrado desde 1985 la vida de más de 60.000 personas, el 80 por ciento de ellas civiles que no participaban en las hostilidades) no incluye un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Esta omisión resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los homicidios de no combatientes y las "desapariciones" los cometen paramilitares que actúan con el respaldo y la aquiescencia de las fuerzas armadas. Con esta actitud, el gobierno no ha reconocido que no se puede garantizar la seguridad sin el pleno respeto de los derechos humanos. En lugar de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, protegiendo a la población civil del conflicto armado, las medidas del gobierno arrastran a los civiles aún más al conflicto, consolidan un muro de silencio tras el cual pueden cometerse impunemente y sin ser observado violaciones de derechos humanos, y fortalecen la posición ya de por sí poderosa de los grupos paramilitares en el país.

Transcurridos cuatro meses desde que Álvaro Uribe tomó posesión de cargo, el 7 de agosto, y diez meses desde que, el 20 de febrero, se rompieron las conversaciones de paz entre el gobierno y el principal grupo armado de oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los indicios sugieren que el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad, en colaboración con los paramilitares, y los grupos de guerrilla se ha intensificado. Esto ha dado lugar a un notable deterioro de la situación de los derechos humanos, y los homicidios por motivos políticos, los desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúan imparables. Este círculo de violencia política se ha visto exacerbado por la política de seguridad del nuevo gobierno, que no ha situado los derechos humanos en el lugar central de su agenda política.

La política del nuevo gobierno va en contra de las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que han pedido a los sucesivos gobiernos de Colombia que hagan frente a la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, que combatan y desmantelen a los paramilitares respaldados por el ejército, que respeten el derecho de la población civil a no verse arrastrada al conflicto y que adopten medidas para garantizar la seguridad de los sectores vulnerables, como los defensores de los derechos humanos.

Miembros destacados del gobierno han manifestado en varias ocasiones su apoyo y admiración por el trabajo realizado por quienes luchan en primera línea por la defensa de los derechos humanos en Colombia, especialmente los defensores de los derechos humanos. El Presidente Uribe también ha manifestado públicamente su disposición a mantener un diálogo con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Aunque todas estas manifestaciones son bien recibidas, altos cargos del gobierno han puesto también en duda el trabajo de muchas organizaciones de derechos humanos, equiparando con frecuencia su labor con la colaboración con la insurgencia. Estas declaraciones sólo sirven para reforzar la opinión de que el gobierno está enzarzado en un peligroso juego de ambigüedad: alabando a los defensores de los derechos humanos para apaciguar a la comunidad internacional, y al mismo tiempo minando la labor de estos defensores en el país al tacharlos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, con lo que los ponen en un peligro aún mayor de sufrir ataques como represalia por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.

La política que pone en duda la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos, unida a las medidas que limitan la capacidad de los órganos de investigación civiles, judiciales y disciplinarios para emprender investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos y restringen el acceso de los defensores internacionales de los derechos humanos a las zonas de conflicto, sólo servirá para fortalecer el muro de silencio.


Debilitar el papel de las instituciones civiles


El gobierno ha sugerido que reformará la Constitución de 1991, en particular algunos de sus importantes mecanismos y salvaguardias de derechos humanos. La comunidad internacional, y las organizaciones de derechos humanos en particular, aplaudieron en su momento la introducción de sólidas salvaguardias de derechos humanos en la Carta Magna de Colombia. Para que se resuelva la crisis de derechos humanos, es preciso proteger y fortalecer estas salvaguardias (como las peticiones de tutela), y también las instituciones estatales creadas en virtud de la Constitución de 1991 y que han desempeñado un papel esencial en la protección de los derechos humanos (como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo). Amnistía Internacional teme que, dados los repetidos ataques del gobierno contra estas instituciones y mecanismos, se introduzca legislación que mine estas salvaguardias constitucionales y otros mecanismos institucionales como las Personerías Municipales.

La Corte Constitucional

La Corte desempeña un papel crucial a la hora de garantizar que las disposiciones de derechos humanos consagradas en la Constitución se respetan, si no en la práctica al menos sí en el principio. Entre sus decisiones más importantes se encuentra la resolución de 1997 que confirmó la jurisdicción de los tribunales civiles sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. La Corte también ha restringido la capacidad del presidente para imponer medidas extraordinarias que limiten o suspendan derechos. Por ello, Amnistía Internacional ve con preocupación las declaraciones realizadas por el Ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, en las que sugería que el gobierno iba a limitar los poderes de la Corte (por ejemplo, eliminando su derecho a pronunciarse sobre la legalidad de la legislación de emergencia) o a reducir su categoría fusionándola con la Corte Suprema de Justicia.

La Defensoría del Pueblo

La creación de la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 1991 es de especial importancia para la protección de los derechos humanos. El papel constitucional de la Defensoría, que forma parte del Ministerio Público, es vigilar la promoción, el ejercicio y la difusión de los derechos humanos. Aunque la Defensoría no desempeña ningún papel en las investigaciones judiciales, desde principios de 1992 ha sido un punto importante y accesible de recepción de denuncias de violaciones de derechos humanos y ha proporcionado asesoramiento a las víctimas. Ha desempeñado una labor eficaz a la hora de llamar la atención sobre las constantes violaciones de derechos humanos, analizando las cuestiones relacionadas con estos derechos y sumándose a los debates nacionales sobre los derechos humanos, incluidos los relativos a la legislación sobre los estados de emergencia.

Al parecer, el gobierno ha dado marcha atrás a su decisión de fusionar la Defensoría del Pueblo con la Procuraduría General de la Nación.(1) Eso habría minado la capacidad de la Defensoría para llevar a cabo su labor de vigilancia y observación de los derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue temiendo que puedan emplearse otros métodos para minar el trabajo de la Defensoría, como los recortes presupuestarios o las negativas de otros órganos estatales a cooperar de forma efectiva con ella. Su situación económica es tan precaria que, a finales de octubre, la Defensoría se quedó sin fondos para pagar la defensa pública de los detenidos. A menos que se localicen fondos adicionales, las autoridades estarán infringiendo la Constitución de 1991 y las normas internacionales, que establecen que todo ciudadano tiene derecho a la defensa. Por ello, es todavía más urgente que la Defensoría se amplíe y se fortalezca, al igual que la capacidad de la Procuraduría para llevar a cabo investigaciones disciplinarias sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en las violaciones de derechos humanos.

Peticiones de tutela

La Constitución de 1991 también amplió los derechos fundamentales de los ciudadanos al introducir las peticiones de tutela (solicitudes de protección de los derechos fundamentales), en virtud de las cuales un individuo puede pedir una acción judicial inmediata si considera que se están violando sus derechos constitucionales (ya sean políticos, civiles, económicos, sociales o culturales) y si no existe otro recurso legal. Por ejemplo, dada la constante falta de aplicación por parte del Estado de las medidas existentes para ayudar a los desplazados, éstos han tenido que recurrir con frecuencia a peticiones de tutela para obligar al Estado colombiano a cumplir con su obligación. Las peticiones de tutela se han utilizado también para apelar contra casos en los que los tribunales militares se han atribuido la jurisdicción sobre causas de violaciones graves de derechos humanos en las que están implicados altos cargos de las fuerzas de seguridad.

El gobierno ha manifestado su intención de poner fin no sólo a las peticiones de tutela de carácter económico y social, lo cual afectaría la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también a las peticiones presentadas en los casos en los que un tribunal ha emitido ya una resolución, alegando para ello que con frecuencia los casos pueden alargarse durante años.(2) Criticando con ironía el mecanismo de la tutela, el Ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, ha manifestado: "¿no valdría la pena llevar esa sentencia a la Corte Internacional de La Haya y después, no sé, ante el Tribunal de Dios? […] Son tantas las garantías que en Colombia la justicia no llega nunca".(3) Sin embargo, el efecto que el poner fin a este mecanismo tendría sobre los derechos humanos es probablemente menos frívolo, ya que supondría eliminar una valiosa herramienta de resarcimiento legal para los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.

Las Personerías Municipales

Desde 1990, las Personerías Municipales han desempeñado un papel cada vez más importante en la recepción y la investigación inicial de informes de violaciones de derechos humanos. En 1990 se introdujo legislación que aumentó y fortaleció sus competencias. Son especialmente importantes las disposiciones que otorgan a los personeros municipales el derecho oficial a acceder, con fines de inspección, a todos los establecimientos policiales y militares para determinar la presencia y las condiciones de los presos. Además, las autoridades militares y policiales están legalmente obligadas a informar a los personeros de todas las detenciones llevadas a cabo en las 24 horas anteriores. Los personeros municipales tanto de ciudades como de municipios rurales se han encontrado en la vanguardia de la protección de los derechos humanos, y especialmente en la de la protección de los derechos de los presos. Por ello, las Personerías desempeñan un importante papel a la hora de garantizar que los ciudadanos tienen acceso a posibles acciones cuando consideren que se han violado sus derechos fundamentales.

El gobierno ha alegado que muchas Personerías no son económicamente rentables y, por lo tanto, deben ser eliminadas, especialmente las de los municipios de más de 100.000 habitantes. Sin embargo, la posible eliminación de las Personerías amenaza con cerrar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La eliminación de las Personerías también minará la Procuraduría y la Defensoría, ya que estos dos órganos no tienen capacidad para asumir el trabajo adicional que supondría el cierre de las Personerías. Por ello, esta decisión ha sido criticada tanto por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como por el Defensor del Pueblo, Luis Eduardo Cifuentes.


Estados de emergencia: los civiles como objetivo

Colombia ha pasado la mayor parte de los 50 últimos años bajo diversos estados de emergencia en los que se han eludido las garantías constitucionales, los gobiernos han regido el país mediante decretos ejecutivos y las fuerzas armadas han sido dotadas de amplias atribuciones para hacer frente a las cuestiones de orden público. Ello ha dado lugar a violaciones flagrantes y generalizadas de derechos humanos. En un esfuerzo por romper la tendencia de gobernar mediante poderes de emergencia, la Constitución de 1991 sustituyó al fuertemente criticado estado de sitio por el Estado de Conmoción Interior.

El Estado de Conmoción Interior

El gobierno declaró un Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002.(4) Es la primera vez que se declara desde el 2 de noviembre de 1995. Al contrario que el Estado de Sitio –que no se sometía a supervisión legislativa o judicial–, el Estado de Conmoción Interior constituye un mecanismo temporal sujeto a la supervisión tanto legislativa como judicial. Permanece en vigor 90 días, y durante ese tiempo debe ser aprobado por la Corte Constitucional. Puede ampliarse por otros dos periodos de 90 días, el segundo de los cuales debe ser aprobado por el Senado. Es decir, que un Estado de Conmoción Interior puede permanecer vigente 270 días. El 8 de noviembre de 2002, el gobierno amplió el Estado de Conmoción Interior para otro periodo de tres meses.

Un Estado de Conmoción Interior otorga a las autoridades importantes competencias, incluido el derecho a restringir la libertad de circulación y residencia, impedir que la radio y la televisión difundan información "delicada", restringir las reuniones y manifestaciones, interceptar comunicaciones sujetas a autorización judicial y llevar a cabo detenciones preventivas.(5) No obstante, hay ciertos derechos que en virtud del derecho internacional no pueden suspenderse. Entre ellos se encuentran los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las garantías judiciales para la protección de los derechos y libertades consagrados en esos artículos (opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-8/87 y OC-9/87). En virtud del derecho internacional, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, malos tratos y esclavitud, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de opinión no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de emergencia.

El decreto sobre el Estado de Conmoción Interior no parece violar, en el sentido estricto, ninguno de estos derechos. Fue declarado constitucional por la Corte Constitucional el 2 de octubre de 2002, y ha sido respaldado por el Defensor del Pueblo y por el Procurador General de la Nación. Sin embargo, aunque reconociendo que los Estados no sólo tienen el derecho sino también la obligación de combatir la violencia armada, varios órganos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del PIDCP, han manifestado en el pasado su preocupación por el repetido uso de la legislación de emergencia en Colombia. En sus observaciones finales de 1997, el Comité declaró: "El Comité […] expresa su preocupación porque el recurso a la proclamación del estado de excepción sigue siendo frecuente y rara vez se ajusta al párrafo 1 del artículo 4 del Pacto [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos], que dispone que la proclamación de un estado de excepción solamente se puede hacer cuando se ponga en peligro la existencia de la nación. El Comité también está preocupado porque, pese a las garantías constitucionales y jurídicas, el goce de los derechos enunciados en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto no está plenamente protegido en esas circunstancias, y porque en virtud del artículo 213 de la Constitución, el Gobierno puede emitir decretos por los que se suspenden todas las leyes que se consideren incompatibles con el estado de conmoción".(6)

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha puesto en duda si el Estado de Conmoción Interior cumple el requisito de que, para que un estado de emergencia sea conforme con el derecho internacional, "la situación [debe ser] de un carácter excepcional que ponga en peligro la vida de la nación".(7) La situación de seguridad en Colombia es realmente grave, y se ha deteriorado a lo largo del último año, pero no constituye una nueva amenaza. Por lo tanto, podría alegarse que la nación no se enfrenta a una emergencia nueva o excepcional.

Según la observación general 29 del Comité de Derechos Humanos, los estados de emergencia deben ser "de carácter excepcional y temporal" (párrafo 2), para que se mantengan los principios de legalidad y estado de derecho cuando más se necesitan; las disposiciones deben adoptarse "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación" (párrafo 4), con el fin de reflejar el principio de proporcionalidad común a los poderes de derogación y limitación, y las medidas adoptadas no deben entrañar "discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social" (párrafo 8), ya que hay elementos del derecho a no sufrir discriminación que no pueden suspenderse. Por lo tanto, las medidas que se introduzcan bajo un estado de emergencia deben cumplir los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.

Aunque el gobierno ha sostenido que las amenazas contra funcionarios públicos realizadas por las FARC son una situación nueva y excepcional que pone en peligro a muchas comunidades de Colombia, también puede alegarse que el Estado tiene a su disposición poderes ordinarios con los que hacer frente a esta amenaza. Según el artículo 213 de la Constitución de 1991, sólo puede declararse un Estado de Conmoción Interior si la "perturbación" no puede resolverse mediante "atribuciones ordinarias". En este caso, el gobierno tiene ya a su disposición una serie de medidas con las que hacer frente a las crisis, medidas relacionadas principalmente con la aplicación de las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Decreto 2002: una violación de las normas de derechos humanos

El artículo 213 de la Constitución de 1991 permite al gobierno emitir decretos con los que "suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción". Basándose en ello, el gobierno ha emitido varios decretos, entre los que se encuentra el Decreto 2002, que entró en vigor el 9 de septiembre. Tiene un ámbito muy extenso y otorga poderes amplísimos. El 25 de noviembre, la Corte Constitucional declaró que algunas partes clave del Decreto 2002 son inconstitucionales. Además, el decreto ha sido criticado por el Defensor del Pueblo y por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.(8) En virtud de este decreto, las fuerzas armadas pueden:

· Detener a sospechosos sin orden judicial (artículo 3): Este artículo otorga poderes de policía judicial al ejército, un atributo contenido en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 11 de abril de 2002. El artículo 3 viola el artículo 9.1 del PIDCP y el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que el detener a un individuo sin orden judicial (salvo en casos de flagrante delito) constituye una detención arbitraria.(9) En el pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su preocupación porque "los militares ejerzan las funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio".(10)
· Llevar a cabo registros domiciliarios sin orden judicial (artículo 7): Salvo en casos de flagrante delito, este artículo viola el artículo 17 del PIDCP y el artículo 11 de la Convención Americana, ya que "[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia".(11)
El artículo 1 del Decreto 2002 establece también que un fiscal (perteneciente a la Fiscalía General de la Nación) y un funcionario de la Procuraduría General de la Nación servirán en "cada una de las unidades operativas […] de las Fuerzas Militares, con dedicación exclusiva". Su función consistirá en "acompañar […] las operaciones de la Fuerza Pública, sin que esto constituya un requisito para adelantar dichas operaciones". En el contexto del conflicto colombiano, la presencia de funcionarios judiciales en unidades militares amenazará la independencia del poder judicial, ya que estos funcionarios dependerán del ejército para su seguridad. El derecho a ser escuchado por un juez o tribunal independiente está garantizado por el artículo 228 de la Constitución de 1991, por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el artículo 14 del PIDCP.

Dada la responsabilidad, ampliamente reconocida, de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos (muchas veces en colaboración con los paramilitares), el poder para realizar detenciones y registros sin orden judicial facilitará que se cometan impunemente dichas violaciones. Amnistía Internacional ya ha recibido numerosos informes sobre detenciones de individuos sin orden judicial. Hay que hacer constar, no obstante, que durante varios años Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que parece indicar que las detenciones sin orden judicial ya eran relativamente frecuentes antes de la introducción del Decreto 2002.(12)

Zonas de Rehabilitación y Consolidación

El Decreto 2002 también otorga al ejército poderes especiales y restringe ciertos derechos en zonas de seguridad determinadas (las denominadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación), definidas como zonas geográfica "afectada[s] por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base en la conmoción interior".(13) El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de Rehabilitación y Consolidación: una en los departamentos de Sucre y Bolívar y otra en el departamento de Arauca. Estas dos zonas abarcan 29 municipios (16 en Sucre, 10 en Bolívar, y 3 en Arauca).(14)

Dentro de estas zonas, un comandante del ejército tiene el control de todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía. Algunas de las medidas contenidas en los artículos relativos a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación son semejantes a las relativas a los Teatros de Operaciones Militares creados por la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, que entraron en vigor el 20 de febrero de 2002. La Ley de Defensa y Seguridad Nacional fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 11 de abril de 2002. Las restricciones impuestas en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación incluyen las siguientes:

· Las "personas determinadas" que salgan de una Zona de Rehabilitación y Consolidación deben informar a las autoridades dos días antes (artículo 15). Toda persona que infrinja esta norma será detenida durante un plazo de hasta 24 horas (artículo 16). Puesto que el artículo 15 no especifica quiénes son esas "personas determinadas" (la decisión se deja en manos del gobernador del departamento), esto podría facilitar que se violara el principio de no discriminación. Asimismo, los artículos 15 y 16 son susceptibles de dar lugar a graves abusos, ya que no especifican los criterios exactos para identificar a esas "personas determinadas".
· Los individuos de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación deben informar sobre otras personas que posean o utilicen armas, explosivos, municiones o equipo de telecomunicaciones (artículo 18). Si no lo hacen pueden ser puestos en detención preventiva por las fuerzas de seguridad, y pueden permanecer detenidos hasta 36 horas antes de ser entregados a las autoridades judiciales. Puesto que el artículo no especifica la sanción que debe aplicarse a quienes sean declarados culpables, esta disposición viola el principio de legalidad. Hay que subrayar además que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el artículo 9 de esa misma Convención (Principio de Legalidad y de Retroactividad) no puede suspenderse, ni siquiera en caso de emergencia.
· Los individuos que no lleven documentos de identidad serán detenidos durante un máximo de 24 horas (artículo 20). El derecho a la libertad de circulación no se ve violado cuando la policía pide la identificación de un individuo mediante su "inmovilización" temporal. Sin embargo, el artículo 20 no implica simplemente la "inmovilización" de un individuo, sino también su detención, durante un plazo de hasta 24 horas. Por ello, Amnistía Internacional considera que el artículo 20 puede facilitar la detención arbitraria y otras violaciones graves de derechos humanos.
El Decreto 2002 incluye también restricciones específicas para los extranjeros que visiten las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (artículo 22). La intención del gobierno a este respecto queda clara en el Considerando 8º del decreto, que establece que "es necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los extranjeros ante las autoridades". Los extranjeros que deseen entrar en estas zonas necesitan recibir autorización del gobernador del departamento ocho días laborables antes de la visita. Si la zona abarca más de un departamento, se necesita autorización del Ministerio del Interior. Quienes carezcan de ella pueden ser expulsados. El artículo 10 (que abarca a todo el país) establece además que los extranjeros tienen que presentarse ante las autoridades (sin especificar cuáles) si se les pide que lo hagan. Si no lo hacen, pueden ser también expulsados. Parece que los artículos 10 y 22 violan el principio de no discriminación. Según el artículo 14 de la ley 137, las medidas introducidas en virtud de estados de emergencia no pueden discriminar por razón de "origen nacional". A Amnistía Internacional le preocupa que estas medidas puedan utilizarse para restringir el acceso a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de los observadores humanitarios y de derechos humanos.

La falta de claridad y precisión de los Decretos 1837 y 2002, así como el pésimo historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad encargadas de aplicarlos, sugieren que el sistema está expuesto a abusos graves, cuyas principales víctimas no serán las partes armadas del conflicto, sino la población civil.

Amnistía Internacional ha recibido con preocupación la declaración del gobierno de que desea hacer permanentes algunas de las disposiciones contenidas en los decretos 1837 y 2002. El 30 de octubre de 2002, la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, declaró a la prensa que el gobierno está "planeando convertir en legislación permanente las medidas adoptadas en desarrollo del Estado de Conmoción Interior".(15) Esto facilitaría las violaciones de derechos humanos al eliminar la supervisión legislativa y judicial y al hacer caso omiso de las salvaguardias internacionales relativas a los estados de emergencia.

El gobierno debe cumplir la resolución de la Corte Constitucional: el 25 de noviembre, la Corte declaró que algunas partes clave del Decreto 2002 son inconstitucionales, especialmente las que otorgan poderes de policía judicial a las fuerzas armadas (incluido el derecho del ejército a detener a sospechosos o llevar a cabo arrestos domiciliarios sin orden judicial, y a interceptar comunicaciones). En su resolución, la Corte declaró también inconstitucionales:

· las restricciones impuestas a los periodistas que deseen entrar en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación;
· el derecho de las autoridades a realizar censos en estas zonas;
· el derecho del Presidente a declarar Zonas de Rehabilitación y Consolidación sin la aprobación formal de sus ministros; y
· la autoridad del Ministro del Interior sobre los gobernadores de los departamentos en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación que abarquen más de un departamento.
Los gobiernos anteriores también habían tratado de otorgar a las fuerzas armadas poderes de policía judicial, pero la Corte Constitucional declaró repetidamente inconstitucionales esos esfuerzos. Los intentos del entonces presidente Andrés Pastrana de otorgar poderes de policía judicial al ejército (medida incluida en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional) fueron declarados inconstitucionales el 11 de abril de 2002. El 25 de noviembre, el mismo día que se emitió la última resolución de la Corte Constitucional, un comité del Senado aprobó medidas que otorgaban poderes de policía judicial al ejército si así lo autorizaba la Fiscalía General de la Nación. La finalidad de esta medida era convertir en permanentes los poderes de policía judicial otorgados en virtud del Decreto 2002. El gobierno del Presidente Uribe debe ahora tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente a resolución de la Corte sobre el Decreto 2002.


Fortalecer la impunidad

A pesar de las amplias pruebas de culpabilidad del ejército en reiterados casos de gravísimas violaciones de derechos humanos, pocos miembros de las fuerzas de seguridad han comparecido ante la justicia. Los sucesivos gobiernos han demostrado no poder o no querer imponer los controles necesarios sobre el ejército o introducir medidas efectivas para garantizar que los responsables son llevados ante la justicia. El hecho de que los responsables de homicidios políticos y "desapariciones" generalizados rara vez sean castigados ha minado la confianza de la población en la administración de justicia y el estado de derecho. El saber que los delitos quedarán impunes, e incluso posiblemente serán recompensados, ha contribuido a que aumenten las violaciones de derechos humanos.

La función de la Fiscalía en relación con los derechos humanos

Cada vez se ha puesto más en duda la capacidad o la disposición de la Fiscalía General de la Nación (responsable de investigar y procesar todos los delitos) para hacer avanzar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. En su informe de 2002, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por "los cambios ocurridos a partir de la asunción del nuevo Fiscal General de la Nación [Luis Camilo Osorio Isaza, nombrado en julio de 2001], en cuanto a la orientación de la Fiscalía y el relevo de algunos funcionarios, entre otros, que han concitado serios temores en cuanto a las perspectivas de fortalecimiento y compromiso institucional en materia de lucha contra la impunidad. En este sentido, varios sucesos han puesto en cuestionamiento la independencia y autonomía de los fiscales en relación con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas vinculadas a grupos paramilitares y a servidores públicos".(16)

Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que, al parecer, la Fiscalía está intentando bloquear u obstaculizar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que están implicados altos mandos del ejército. Los fiscales que trabajan en estos casos han sido con frecuencia retirados del caso o destituidos injustificadamente de su cargo, al tiempo que recibían además amenazas de muerte. Se ha asesinado a testigos y colegas que trabajaban en esas investigaciones. Todo ello hace temer que la Fiscalía esté incumpliendo su deber de garantizar la seguridad de sus fiscales y testigos:

· La fiscal Mónica Gaitán, que dirigía la investigación sobre la matanza de Chengue, departamento de Sucre, perpetrada el 17 de enero de 2001, fue retirada del caso el 6 de febrero de 2002. Su retirada se produjo tras el inicio oficial, el 5 de junio de 2001, de investigaciones penales contra el general Rodrigo Quiñónez Cárdenas por posible negligencia en el cumplimiento del deber a la hora de impedir la matanza. El 27 de mayo de 2001, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que trabajaban en el caso fueron detenidos por paramilitares, y ahora se les cree muertos. El 29 de agosto de 2001, Yolanda Paternina, fiscal que trabajaba en el caso, fue asesinada en Sincelejo, departamento de Sucre.
· En julio de 2001, agentes del CTI detuvieron al ex general Rito Alejo del Río, sometido a investigación desde 1998 por apoyar la actividad paramilitar en la región de Urabá en 1996 y 1997, mientras era comandante de la XVII Brigada. Horas después de ocupar su cargo, el Fiscal General, Luis Camilo Osorio, se opuso a la decisión de un fiscal de ordenar la detención de Del Río. El Fiscal General alegó que deberían haberle consultado, aunque los fiscales no tienen obligación legal de hacerlo. El 5 de agosto de 2001, un juez aceptó un recurso de hábeas corpus presentado a favor de Del Río y ordenó su libertad. Desde entonces, varios funcionarios que trabajaban en el caso se han visto obligados a dimitir, mientras que otros han abandonado el país a consecuencia de las amenazas. El 2 de septiembre de 2001, José de Jesús Gemán, testigo del caso, fue asesinado en Bogotá. En una declaración realizada el 13 de agosto de 2001, la CIDH manifestó su preocupación por la dimisión de varios fiscales y pidió al gobierno que garantizara la seguridad de los responsables de la investigación. El caso lo lleva ahora personalmente el fiscal general Osorio, pero no se ha recibido información que sugiera que se ha realizado ningún progreso.
Según la Oficina de las Naciones Unidas, la respuesta de la Fiscalía a los peligros a los que se enfrentan los funcionarios que investigan casos de derechos humanos en los que hay implicados paramilitares o autoridades del Estado señala "una renuncia [al más alto nivel] al impulso prioritario de estas investigaciones y una ausencia de respaldo a los funcionarios que están a cargo de esta labor". El informe de la Oficina afirma también que "[e]l Programa de protección [de la Fiscalía Nacional] de víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía sigue sin tener una cobertura adecuada para cobijar a los funcionarios por las amenazas, lo que puede traer como consecuencia una inhibición o autocensura frente a las investigaciones a su cargo". La información recibida por Amnistía Internacional sugiere que no se han producido mejoras en la precaria situación a la que se enfrentan estos funcionarios desde que el Presidente Uribe ocupó su cargo.

La Unidad de Derechos Humanos: La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se creó en 1995 para investigar las violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Su objetivo es garantizar que se dedica cierta capacidad a la investigación de violaciones en las que estén implicados miembros de las fuerzas armadas. Muchos de los fiscales que se han visto obligados a abandonar investigaciones o que han recibido amenazas, como en los casos destacados anteriormente, forman parte de esta Unidad.

A lo largo del pasado año ha habido un cambio en el enfoque del trabajo de la Unidad, que ahora se encarga principalmente de investigar infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de guerrilla. Este hecho ha quedado reflejado en el cambio de nombre de la unidad, que en octubre de 2001 pasó a llamarse Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A Amnistía Internacional le satisfacen los esfuerzos encaminados a garantizar que se investigan plenamente las infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por fuerzas de guerrilla. No obstante, esto no debe hacerse a expensas de las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos en las que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Este cambio de enfoque queda ilustrado por las estadísticas de órdenes de detención dictadas por la unidad.(17) En el periodo transcurrido entre diciembre de 1999 y el 2 de febrero de 2002 hubo un aumento del 45 por ciento en las órdenes de detención dictadas contra paramilitares, mientras que las órdenes dictadas contra miembros de la guerrilla en ese mismo periodo aumentaron un 237 por ciento.

La preocupación por la reorientación de las prioridades de la Unidad desde que Luis Camilo Osorio ocupó su cargo la comparte también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "su nueva Dirección ha reiterado su compromiso de reformular las prioridades de las investigaciones incorporando casos de infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros. No obstante, cabe señalar que dentro de la competencia de la Unidad siempre existieron casos contra los diversos grupos armados. Ante el hecho de que el Ministerio de Defensa haya reconocido al paramilitarismo como el principal factor de violación de los derechos humanos, es razonable que la Unidad considerara, en el pasado, estas investigaciones con especial énfasis y prioridad".(18) La tendencia a reorientar el trabajo de la Unidad para que se centre principalmente en los abusos cometidos por la guerrilla se complementa con la descentralización de la Unidad mediante la creación de 11 unidades regionales. En las zonas de conflicto, los fiscales tienen muchas más probabilidades de sufrir amenazas y ataques directos de miembros de grupos paramilitares, de las fuerzas de seguridad o de la guerrilla a los que puedan estar investigando. Esto limita su capacidad de progresar en investigaciones que pueden implicar a unidades del ejército locales o a unidades de las que, en última instancia, depende la protección de los propios fiscales.

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional

Colombia ratificó el 5 de agosto de 2002 el Estatuto de Roma, por el que se establece la Corte Penal Internacional (CPI). Ese mismo día, y dos días antes de que el Presidente Uribe ocupara su cargo, el Presidente Andrés Pastrana invocó el artículo 124 del Estatuto de Roma, que permite al país no entregar a la CPI en un plazo de siete años a los acusados de crímenes de guerra. Una vez transcurrido ese periodo de siete años sólo podrán remitirse a la Corte los crímenes de guerra cometidos después de ese plazo. Según el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, esta decisión se tomó con la aprobación del futuro gobierno de Uribe.(19)

Amnistía Internacional cree que el invocar el artículo 124 puede ayudar a extender el manto de impunidad sobre los crímenes de guerra y facilitar que se concedan indultos y amnistías a las fuerzas de seguridad, los miembros de grupos paramilitares respaldados por el ejército y los miembros de la guerrilla. El artículo 6.5 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) permite, cuando cesen las hostilidades, que se conceda una amplia amnistía a las "personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado". Sin embargo, ese tipo de amnistía no se aplica a infracciones graves del derecho internacional humanitario, como los homicidios arbitrarios, la tortura y las "desapariciones". No pretende ser una amnistía para quienes han violado el derecho internacional humanitario.

El 10 de septiembre, el ministro Londoño anunció que el gobierno estaba preparando un decreto para permitir que los miembros de la guerrilla y los paramilitares entregaran sus armas y recibieran a cambio indultos o amnistías, como elemento integrante de un posible proceso de paz. Sin embargo, según los informes, estos beneficios no se aplicarían a individuos implicados en "delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y conexos, genocidio, delitos atroces de ferocidad o barbarie y homicidios fuera de combate". Aunque el decreto propuesto enumera los delitos que impedirían a un combatiente recibir un indulto o una amnistía, no incluye todos los crímenes de guerra tal como los define el Estatuto de Roma.(20) Por ello, la invocación del artículo 124 puede transmitir un peligroso mensaje al poder judicial para que no dé prioridad a las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. También puede reforzar la opinión de que se garantizará la impunidad por estos delitos.

La petición de inmunidad frente a la CPI realizada por Estados Unidos: En agosto de 2002, el gobierno estadounidense pidió al gobierno de Colombia (y de otros muchos Estados) que firmara un acuerdo de inmunidad para garantizar que el personal de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en Colombia no sería entregado a la CPI. Sin embargo, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina Barco, declaró que no era necesario un nuevo acuerdo, ya que el personal de las fuerzas de seguridad estadounidenses y los ciudadanos de Estados Unidos que proporcionan asistencia técnica seguirían beneficiándose de un acuerdo establecido en 1962 con Estados Unidos. Según ese acuerdo, Colombia se compromete a entregar a las autoridades de Estados Unidos al personal estadounidense implicado en delitos. Según los informes, en una reunión mantenida en septiembre de 2002 con el Presidente Uribe, el Presidente de Estados Unidos, George Bush, insistió en que era necesario un nuevo acuerdo. Las afirmaciones del gobierno colombiano asegurando que el acuerdo de 1962 protege a las fuerzas de seguridad estadounidenses frente a la jurisdicción de la CPI transmite a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en Colombia un peligroso mensaje que indica que su impunidad está garantizada aunque se encuentren implicadas en graves violaciones de derechos humanos que puedan clasificarse también como crímenes de guerra.

Esto es motivo de especial preocupación, dado que Estados Unidos está proporcionando ayuda militar (armamento y personal de adiestramiento) a unidades del ejército que actúan en zonas en las que los paramilitares tienen una fuerte presencia. Amnistía Internacional ha recibido información que documenta la connivencia de varias de estas unidades con las fuerzas paramilitares. Una de esas unidades es la XVIII Brigada, que actúa en el departamento de Arauca. A lo largo del año pasado, este departamento ha sido testigo de un fuerte aumento de la presencia paramilitar y de las incursiones paramilitares en zonas fuertemente militarizadas. También hay indicios de que la XVIII Brigada ha amenazado con incursiones paramilitares a comunidades civiles que viven a lo largo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que atraviesa el departamento. La organización ha recibido asimismo información que indica que hay controles paramilitares que actúan sin obstáculos durante periodos prolongados en las cercanías de unidades militares.

Ha habido varios casos en los que se ha relacionado la ayuda militar estadounidense con violaciones de derechos humanos. El 13 de diciembre de 1998, miembros de la fuerza aérea colombiana que, según los informes, pilotaban un helicóptero de combate financiado por Estados Unidos bombardearon una casa en la que se refugiaban varios civiles. El incidente tuvo lugar después de un día de combates entre las fuerzas armadas y las FARC en torno al pueblo de Santo Domingo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca. En el ataque murieron 7 niños y 11 adultos. Hasta la fecha, nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estos hechos.

Restricción del acceso a las ONG de DD.HH nacionales e internacionales

Amnistía Internacional siente preocupación porque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación se han diseñado para aislar esas áreas de la observación de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y para silenciar a estas organizaciones y a los medios de comunicación internacionales, al dificultarles el observar, documentar y denunciar violaciones de derechos humanos. De esta manera, las tácticas de "guerra sucia" emprendidas por los paramilitares junto con las fuerzas armadas pueden continuar sin obstáculos. Ahora se puede incluir a los activistas locales de derechos humanos en la lista de "personas específicas" que deben informar a las autoridades cuando tengan intención de viajar fuera de un municipio. Con ello se facilita la vigilancia, por parte del gobierno, del trabajo legítimo de estos activistas y se expone a los propios activistas a un mayor peligro de represalias, especialmente si deben intentar viajar fuera de una región para denunciar violaciones de derechos humanos.

A los activistas internacionales de derechos humanos se les puede negar ahora el acceso a estas zonas. El gobierno ha insistido en que los trabajadores de ONG humanitarias y de derechos humanos extranjeras deben pedir visados especiales (que requieren numerosos trámites burocráticos y son caros de obtener) para viajar al país. Varios extranjeros han sido expulsados de Colombia antes de la creación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y desde que se crearon dichas zonas. Amnistía Internacional siente preocupación porque el gobierno presenta el trabajo de numerosas ONG internacionales como ilegal. La Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, al hablar de dos miembros españoles de una ONG que posteriormente fueron expulsados, sugirió que habían estado implicados en actividades delictivas.(21) Los dos activistas, pertenecientes a la organización Sol de Paz – PACHAKUTTI, habían estado observando las protestas organizadas el 16 de septiembre en el departamento de Sucre como parte de una huelga rural nacional. Ambos fueron expulsados del país pese a no haber sido llevados ante un juez para que se verificaran las denuncias formuladas por el gobierno contra ellos.

Las acusaciones vertidas contra miembros de ONG internacionales por altos cargos del gobierno, unidas al lenguaje posiblemente xenófobo utilizado en el Considerando 8º del Decreto 2002, ponen bajo sospecha a las ONG humanitarias y de derechos humanos extranjeras. Resulta especialmente preocupante que las detenciones y expulsiones y los obstáculos que se ponen en el camino de las ONG extranjeras a la hora de acceder al país no sólo pueden desacreditar el trabajo legítimo de estas organizaciones, sino que además pueden poner en duda la legitimidad del trabajo realizado por los activistas humanitarios y de derechos humanos nacionales. Si el gobierno quiere realmente que se respeten los derechos humanos debe garantizar el acceso a todas las zonas del país. El acceso a las zonas de conflicto es especialmente importante, dada la probabilidad, cada vez mayor, de que se cometan en ellas graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional siente además preocupación por el requisito según el cual las organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales deben avisar con una antelación de ocho días cuando tengan intención de visitar una Zona de Rehabilitación y Consolidación, ya que eso obstaculizará la labor de defensa de los derechos humanos y de prestación de ayuda humanitaria. Si se sospecha que se han cometido violaciones de derechos humanos, o si existen necesidades humanitarias en ciertas zonas, normalmente es necesaria una atención inmediata por parte de las ONG internacionales. Durante esos ocho días pueden destruirse o deteriorarse pruebas, puede amenazarse a testigos para que guarden silencio y pueden ponerse en peligro vidas, ya que no se dispondrá del apoyo esencial de la sociedad civil.

Ausencia de una estrategia para combatir a los paramilitares

Los paramilitares, respaldados por el ejército, llevan décadas sembrando el terror en Colombia. Han torturado, matado y hecho "desaparecer" a miles de civiles, y todo ello prácticamente con total impunidad. Muchos grupos paramilitares tienen su origen en grupos legales de "autodefensa" civil creados por el ejército para actuar como auxiliares suyos durante las operaciones de contrainsurgencia. En 1989 se eliminó la base legal que permitía su existencia, pero hasta el momento no se han tomado medidas militares o políticas efectivas para desmantelarlos. Su colaboración con las fuerzas de seguridad ha sido bien documentada por Amnistía Internacional. También ha habido informes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos que han documentado los fuertes vínculos, aún existentes, mientras las investigaciones judiciales y disciplinarias siguen implicando a oficiales de alta graduación del ejército en violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad han capturado y matado a un número creciente de paramilitares. Sin embargo, en varias ocasiones Amnistía Internacional ha recibido informes que indicaban que se había presentado a paramilitares muertos en combates con la guerrilla como muertos a manos de las fuerzas armadas. Amnistía Internacional ha recibido asimismo información sobre ataques simulados entre los paramilitares y las fuerzas armadas. Los medios de comunicación informan frecuentemente de ataques contra presuntas bases paramilitares durante los cuales no se ha capturado a ningún paramilitar, o se ha capturado a muy pocos, y también se ha informado sobre paramilitares que han muerto en ataques dirigidos erróneamente contra ellos por las fuerzas armadas. Según la información publicada en los medios de comunicación, parece ser que el ejército preparó una emboscada y luego masacró a 24 paramilitares en Segovia, departamento de Antioquia, el 9 de agosto de 2002, aunque luego declaró que los paramilitares habían muerto en combate.

Sin embargo, todo esto no ha impedido que las fuerzas paramilitares sigan extendiéndose y consolidándose por todo el país, a pesar de la fuerte presencia militar. Además, se han recibido informes sobre bases paramilitares que han permanecido operativas pese a las repetidas denuncias realizadas ante las fuerzas de seguridad por habitantes de la zona y ONG. Un factor crucial es que la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas colombianas, que depende fuertemente de los paramilitares, sigue siendo la misma, y los paramilitares siguen gozando del apoyo y la aquiescencia del ejército.

El caso del departamento de Arauca es muy revelador a este respecto. La información recibida por Amnistía Internacional durante una reciente visita a Arauca indicaba que un gran número de paramilitares habían entrado en la comunidad de El Rosario y sus alrededores, en el municipio de Arauca, el 21 de junio de 2002 a pesar de la proximidad de la XVIII Brigada del ejército, y habían podido actuar en la zona sin obstáculos hasta el 14 de agosto. Aunque se recibieron informes sobre operaciones del ejército contra fuerzas paramilitares, esas operaciones no fueron decisivas, y las fuerzas paramilitares posteriormente se trasladaron a la zona que rodea El Caracol, también en el municipio de Arauca. Entre agosto y el 23 de octubre, Amnistía Internacional recibió información sobre la presencia continuada de fuerzas paramilitares en la zona de El Caracol. A pesar de que la zona está fuertemente militarizada y de que las autoridades conocían el paradero de los paramilitares, no pareció emprenderse ninguna acción para hacerles frente. También hay indicios de colaboración entre los paramilitares y el ejército en otros departamentos, como Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Chocó y los departamentos abarcados por la antigua zona de despeje (Caquetá y Meta).

La Zona de Rehabilitación y Consolidación declarada en Arauca abarca los municipios de Arauquita, Saravena y Arauca, en los que las fuerzas de guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen una fuerte presencia, pero no abarca las zonas dominadas por los paramilitares. Al preguntarle por qué sólo se habían incluido en la Zona áreas con fuerte presencia de la guerrilla, el gobernador de Arauca replicó: "El Gobierno así lo decidió. Ellos hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron con mucha gente, y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que concluyeron es lo mejor".(22)

No se captura a los dirigentes paramilitares nacionales: La actitud de los gobiernos sucesivos al no capturar a los dirigentes paramilitares nacionales ha facilitado la expansión constante del paramilitarismo. Los periodistas han podido entrevistar a dirigentes paramilitares como Carlos Castaño, y la Iglesia Católica ha establecido en meses recientes contactos con los dirigentes paramilitares, pero las fuerzas de seguridad no han sido capaces de capturar a esos dirigentes, o no han querido hacerlo. El 24 de septiembre de 2002, el gobierno estadounidense anunció su intención de pedir la extradición de los dirigentes paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez por cargos de narcotráfico. El 26 de septiembre, el Presidente Bush declaró también que Castaño sería juzgado por "terrorismo". Sin embargo, la solicitud de extradición no debe apartar la atención del hecho de que las autoridades deben tomar medidas inmediatas para detener a Castaño y llevarlos a él y a otros dirigentes paramilitares ante la justicia colombiana para que respondan de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

No se investiga la connivencia del ejército con los paramilitares: El hecho que el paramilitarismo sigue siendo parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia del ejército queda puesto de relieve por el hecho de que las autoridades no garantizan el procesamiento de los militares de alta graduación implicados en violaciones de derechos humanos cometidas con el apoyo de los paramilitares. El sistema de justicia militar sigue reclamando la jurisdicción sobre esos casos y, pese a la existencia de pruebas sólidas de hecho contra los acusados, ha absuelto repetidamente a oficiales de los cargos por violaciones de derechos humanos presentados contra ellos.

El caso del general Rodrigo Quiñónez Cárdenas es ilustrativo. Quiñónez está implicado en los asesinatos de al menos 57 sindicalistas, activistas de derechos humanos y dirigentes comunitarios cometidos en 1991 y 1992, cuando era director de la Red de Inteligencia de la Armada Nº7, con base en Barrancabermeja. Un tribunal militar decidió que no había pruebas suficientes contra él. Un juez civil que emitió un fallo sobre el caso de dos civiles implicados en los asesinatos manifestó su sorpresa por la decisión del tribunal militar, ya que consideraba que las pruebas contra Quiñónez eran sólidas. Quiñónez fue ascendido posteriormente a comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº1.

El 6 de julio de 2001, la Procuraduría inició investigaciones oficiales para determinar si Quiñónez y otros cinco miembros de las fuerzas de seguridad eran responsables de no tomar medidas para impedir la matanza, perpetrada por paramilitares, de 26 personas en Chengue (departamento de Sucre) en el 2001. En diciembre de 2001, Quiñónez fue ascendido y ocupó el cargo de vicerrector de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. En marzo de 2002 fue citado para interrogatorio por la Fiscalía, que, según los informes, estaba investigando su responsabilidad en la falta de prevención de la matanza de Chengue. Ese mismo mes se anunció su nombramiento para un cargo diplomático en la embajada de Colombia en Israel. El 4 de octubre de 2002, el gobierno emitió el Decreto 2223, que anunciaba la concesión de la Condecoración Orden de Boyacá a varios militares, entre ellos a Quiñónez. La condecoración se otorgó unos días después de que la Procuraduría confirmara que iba a presentar cargos disciplinarios contra Quiñónez en relación con la matanza.(23)


Arrastrar a la población civil al conflicto

La estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas ha consistido desde hace tiempo en minar lo que consideran que es un apoyo constante de la población civil a la guerrilla. Esta estrategia, basada en el concepto de "quitar el agua al pez", considera a las víctimas civiles del conflicto armado, incluidas las que entran inadvertidamente en contacto con los grupos armados de oposición, no como víctimas inocentes sino como parte del enemigo. Además, la falta de colaboración activa de la población civil con el gobierno y el ejército en su estrategia de contrainsurgencia da lugar con frecuencia a que los civiles sufran acoso y abusos sistemáticos y sean estigmatizados como simpatizantes de la guerrilla.

La política del gobierno no parece respetar el derecho de la población civil a no verse arrastrada al conflicto. En una carta enviada a Amnistía Internacional el 16 de octubre de 2002, el Presidente Uribe dejó clara la reticencia del gobierno a aceptar el derecho de los civiles a no ser arrastrados al conflicto: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra cualquier modalidad criminal". Aunque el Estado tiene derecho a instar a sus ciudadanos a que colaboren con sus instituciones judiciales y denuncien delitos y violaciones de derechos humanos, en una situación de conflicto, como a la que se enfrenta Colombia, el Estado debe respetar el derecho de las comunidades civiles a no emprender acciones que los expongan como blancos directos en el conflicto. La política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe se basa en la premisa de que la población civil debe desempeñar un papel fundamental a la hora de garantizar sus propios derechos humanos y su seguridad.

La red de un millón de informantes

Durante la campaña presidencial de Álvaro Uribe, el futuro presidente anunció su intención de crear una red de informantes civiles compuesta por un millón de miembros. Esta red exigiría a los civiles que recopilaran información confidencial sobre grupos armados ilegales y la pasaran a las fuerzas de seguridad. Por ello, la creación de esta red asigna a los civiles un papel directo en el conflicto, borrando la distinción entre civiles y combatientes. Los miembros de estas redes estarán expuestos a que los grupos armados los consideren objetivos de ataque, y eso, a su vez, puede avivar los argumentos a favor de equipar a los civiles con armamento militar, lo que facilitaría la aparición de un nuevo tipo de grupos paramilitares.

La creación de estas redes amenaza con repetir la historia de los CONVIVIR creados por el Presidente Ernesto Samper en 1994. Uno de los motivos por los que las organizaciones de derechos humanos se oponían a la creación de los grupos CONVIVIR era que amenazaban con complementar la estrategia paramilitar. Estos grupos solían ir armados y estuvieron con frecuencia implicados en violaciones de derechos humanos, incluidas matanzas, muchas veces en coordinación con los paramilitares y las fuerzas armadas. En noviembre de 1997, la Corte Constitucional resolvió que no debía permitirse que los CONVIVIR actuaran como "escuadrones de la muerte" y ordenó que estos grupos entregaran las armas reservadas para el uso de las fuerzas armadas.(24)

Existe preocupación por la posibilidad de que, al igual que sucedió con los CONVIVIR, estas redes de informantes estén armadas y sujetas a controles insuficientes. Cuando se propuso la creación de las redes en una mesa redonda con los candidatos presidenciales y Amnistía Internacional el 6 de mayo de 2002, Álvaro Uribe declaró que los miembros de las redes no estarían armados, pero que los guardias de seguridad privados, que formarían parte de ellas, conservarían sus armas. Aunque las autoridades gubernamentales han dado mensajes confusos sobre si las redes estarían armadas o no,(25) el decreto 1612 –firmado por el entonces presidente Pastrana el 31 de julio de 2002– contiene disposiciones que permiten armar a las redes.(26)

Amnistía Internacional ya ha recibido información sobre redes civiles que actúan en zonas con una fuerte presencia paramilitar, en las que no existen garantías de que las redes no terminen siendo un complemento de la estrategia paramilitar. Este peligro es especialmente grave si tenemos en cuenta que los grupos paramilitares siguen siendo parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas y que estas redes actúan bajo los auspicios de las fuerzas armadas y la policía. Una de las primeras redes de informantes se creó en el departamento de Cesar, donde, según los informes, los paramilitares han podido mantener una base a corta distancia de una base del ejército en Valledupar, capital del departamento, durante un largo periodo de tiempo. El personal adscrito a esta base del ejército ha estado implicado en investigaciones judiciales sobre las actividades paramilitares llevadas a cabo en el departamento. Se desconoce el resultado de esas investigaciones.

Los informes indican que la red de informantes civiles ha dado lugar a que se cometan violaciones de derechos humanos, y es posible que sus miembros estén participando directamente en operaciones del ejército. El 24 de septiembre de 2002, hacia las cinco y media de la madrugada, Monguí Jerez Suárez resultó herida de gravedad y su esposo, Florentino Castellanos Zetuián, y su hijo de nueve años, Nilson Hernández, murieron cuando unos soldados del Batallón Nueva Granada entraron por la fuerza en su domicilio en Brisas de Yanacué, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar. Los informes indican que esa operación se llevó a cabo a raíz de la información proporcionada a las fuerzas de seguridad por los informantes civiles que actúan en la región. Durante la operación se detuvo también a cuatro personas, al parecer sin orden judicial. El ejército afirma que Florentino y Nilson eran guerrilleros de las FARC muertos en combate. El coronel Lucio Javier Latorre Rojas, comandante del Batallón Nueva Granada, declaró, según los informes, que los homicidios se habían producido durante una operación militar que siguió a la información proporcionada por una red de informantes civiles, según la cual una unidad de la guerrilla estaba avanzando hacia la comunidad de Yanacué.

El ejército a tiempo parcial de soldados campesinos

El gobierno ha anunciado también sus planes de reclutar a 150.000 "soldados campesinos" a tiempo parcial, de los que 15.000 serán reclutados en el plazo de un año. Estos soldados campesinos participarían en la guerra contra las fuerzas de guerrilla y, al mismo tiempo, seguirían viviendo en sus propias comunidades. Esta iniciativa suscita honda preocupación por la posibilidad de que estos soldados sean absorbidos en la estrategia paramilitar, aunque sólo sea como medio de protegerse frente a un ataque de la guerrilla.

Puesto que estos soldados seguirán viviendo en su comunidad, ni ellos ni sus familias gozarán de la protección que se ofrece a las fuerzas regulares que viven en cuarteles, lo cual los situará en un peligro mayor de ser atacados por las fuerzas de guerrilla. Dada la precaria situación económica de numerosas comunidades de Colombia, es posible que muchos individuos se vean tentados a unirse al "ejército campesino" simplemente para escapar de la pobreza más absoluta. Además, no está claro el grado y la calidad de la formación que recibirán estos soldados campesinos, aunque es poco probable que sea tan rigurosa como la que reciben las fuerzas regulares. Asimismo, hay pocos indicios de que se haya establecido un procedimiento eficaz de investigación de los antecedentes de estos posibles soldados, y tampoco se dispone de información sobre si estarán sometidos a procedimientos disciplinarios normales. Esto no sólo expondrá a estos soldados campesinos a una mayor amenaza de ataque sino que también aumentará las probabilidades de que cometan violaciones de derechos humanos.

Legitimar los ataques contra la sociedad civil

Amnistía Internacional teme que la política del gobierno legitime los ataques contra los sectores de la población civil calificados de colaboradores de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados, y los silencie. Entre esos sectores se encuentran los grupos que hacen campaña en favor de alternativas socioeconómicas, los campesinos que viven en zonas de conflicto y los testigos de violaciones de derechos humanos en las que están implicadas las fuerzas de seguridad. El objetivo implícito del Decreto 2002 es estigmatizar y criminalizar a la población civil, en lugar de combatir a los grupos armados ilegales. Esto se sugiere en el Considerando 3º, que establece que "dentro de los principales soportes de acción delincuencial de tales organizaciones [los grupos armados ilegales] se encuentra […] la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil". Esta afirmación borra claramente la distinción entre combatientes y no combatientes y amenaza con arrastrar a la población civil aún más al conflicto al presuponer que ésta actúa como cómplice o agente de los grupos armados.

Desde que se aplicó el Decreto 2002, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de detenciones masivas, muchas de ellas llevadas a cabo sin orden judicial. Algunos de los detenidos han permanecido recluidos sin cargos durante periodos prolongados y, en ocasiones, los detenidos han permanecido en condiciones que podrían constituir trato inhumano y degradante. Según los informes, otros han sufrido malos tratos:

· En la operación emprendida por las fuerzas de seguridad para expulsar a las guerrillas urbanas y las fuerzas paramilitares de la Comuna 13 de Medellín (iniciada el 16 de octubre de 2002), 169 personas fueron detenidas y entregadas a la Fiscalía. Según los informes, en el combate murieron varios civiles, así como algunos presuntos combatientes. Para el 30 de octubre, la Fiscalía había ordenado la libertad incondicional de 88 personas que habían permanecido detenidas sin cargos durante 15 días. Los informes indican que otros 82 individuos han sido acusados basándose en el testimonio proporcionado por informantes pagados.
· Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, tropas de la Brigada de Infantería de Marina Nº1, acompañadas, según los informes, por un informador encapuchado, llegaron a Pijaguay, municipio de Ovejas, departamento de Sucre, y detuvieron a 60 personas en Don Gabriel, Salitral, Pijaguay, Chengue y Desbarranco. Los informes indican que a los detenidos los recluyeron en la base del ejército del Batallón Corozal, donde permanecieron en régimen de incomunicación, atados y sin cobijo adecuado durante cinco días. El 4 de septiembre, miembros de la Fiscalía informaron a los detenidos de que iban a acusarlos de pertenecer a grupos de guerrilla. Los llevaron a la prisión de La Vega, donde los mantuvieron recluidos otros 45 días, y posteriormente los dejaron en libertad tras ordenarles, según los informes, que firmaran un documento en el que declaraban que habían recibido un buen trato.
Además, es probable que las disposiciones del Decreto 2002 otorguen a las fuerzas de seguridad un poder excesivo para llevar a cabo investigaciones judiciales contra civiles. Eso puede animar a las fuerzas armadas a seguir vigilando y a iniciar investigaciones falsas contra testigos que denuncien violaciones de derechos humanos, así como contra ONG de derechos humanos y de la sociedad civil. Independientemente de si esas investigaciones, que muchas veces consisten en allanamientos de las oficinas de las ONG, descubren pruebas de actos delictivos, lo cierto es que amenazan con exponer a estas organizaciones a un peligro mayor de violaciones de derechos humanos, al desacreditarlas ante la opinión pública y, con ello, apagar cualquier posible brote de indignación pública ante nuevos homicidios y amenazas.

Amnistía Internacional ha documentado casos de violaciones de derechos humanos contra defensores de estos derechos, sindicalistas y otros activistas cometidas por las fuerzas de seguridad o por sus aliados paramilitares. Estos ataques han venido precedidos en muchos casos de acusaciones en las que las fuerzas de seguridad calificaban a las víctimas de colaboradores de la guerrilla. También es frecuente que las víctimas de estas violaciones hayan estado sometidas a vigilancia por los servicios secretos del ejército, que han mantenido archivos sobre estas personas en los que se decía que tenían relación con la guerrilla, y luego la información de esos archivos se ha "filtrado" a los paramilitares. Las organizaciones de derechos humanos y la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos han pedido a los sucesivos gobiernos de Colombia que garanticen que se revisan los archivos secretos del ejército y que cualquier indicio de acto delictivo se pone en manos de la Fiscalía para que ésta determine la veracidad de la información. Desde que se aplicó el Decreto 2002 se han allanado varias oficinas de organizaciones de derechos humanos.

En las últimas semanas se han recibido informes sobre la detención arbitraria de individuos que participaban en la organización de protestas sociales pacíficas. El 16 de octubre, 12 estudiantes fueron detenidos, según los informes, por la policía en Pasto, departamento de Nariño. Al parecer, estaban planeando unas manifestaciones contra los planes gubernamentales de recortar los fondos destinados a educación. No se ha recibido ninguna información sobre si han sido puestos en libertad o acusados de algún cargo. También se teme que las medidas introducidas mediante los decretos puedan utilizarse para intimidar y silenciar a los testigos de violaciones de derechos humanos. El 1 de septiembre, tropas de la XVIII Brigada entraron, según los informes, en Puerto Triunfo, municipio de Arauquita, donde detuvieron a más de 100 personas. Los informes indican que a los detenidos los recluyeron en condiciones de hacinamiento en una única habitación. Entre ellos se encontraban ocho testigos de la matanza de La Esmeralda, en la que los paramilitares masacraron a cinco personas el 1 de julio de 2001.


Conclusiones y recomendaciones

Los sucesivos gobiernos colombianos han tratado de eludir la responsabilidad de hacer frente a las crisis humanitaria y de derechos humanos señalando, como justificación a su reiterada falta de voluntad, las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de guerrilla. Sin embargo, precisamente a causa de sus deberes y de las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho tanto nacional como internacional, y a causa también de su papel monopolístico a la hora de mantener la ley y el orden e impartir justicia, el Estado colombiano debe asumir la responsabilidad de resolver esta tragedia humana.

Para que se resuelva la crisis de derechos humanos, los grupos armados de oposición deben asumir también su responsabilidad comprometiéndose a respetar el derecho internacional humanitario. Las fuerzas de guerrilla tienen responsabilidades específicas en lo que se refiere a poner fin a la toma de rehenes y los secuestros. También deben poner fin inmediatamente a los homicidios de civiles a los que acusan de colaborar con sus enemigos, así como a los ataques desproporcionados contra blancos militares que, con frecuencia, se saldan con numerosas bajas civiles. Los grupos de guerrilla deben asimismo respetar los símbolos internacionales protegidos en virtud del derecho internacional humanitario.

La comunidad internacional también desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a resolver la crisis, alentando al gobierno colombiano a que respete y ponga en práctica las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por la ONU. En el momento de la toma de posesión del Presidente Uribe, muchos gobiernos manifestaron que había que dar al nuevo gobierno un periodo de gracia de seis meses durante el cual adoptar medidas para abordar esta crisis. Ese periodo casi ha concluido y la comunidad internacional aún no ha visto ninguna prueba de que se estén poniendo en práctica medidas efectivas de derechos humanos. Es más, el conflicto armado y la crisis de derechos humanos se están intensificando.

En lugar de pedir al gobierno de Uribe que rinda cuentas de su falta de voluntad, muchos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, están incrementando la ayuda militar a las fuerzas armadas de Colombia, que siguen siendo responsables de violaciones de derechos humanos en colaboración con sus aliados paramilitares. En lugar de eso, los gobiernos extranjeros deben insistir en que el gobierno colombiano ponga en práctica las recomendaciones de la ONU, especialmente las relativas a combatir y desmantelar los grupos paramilitares y a defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De lo contrario, la ayuda militar, lejos de aumentar la seguridad, sólo servirá para exacerbar la crisis de derechos humanos y transmitir el peligroso mensaje de que se pueden seguir cometiendo impunemente violaciones de derechos humanos.

En una carta abierta al Presidente Uribe, hecha pública el 7 de agosto, Amnistía Internacional no sólo expresó algunos de sus motivos de preocupación respecto a la política de seguridad que estaba sugiriendo el gobierno entonces entrante, sino que formuló además una serie de recomendaciones, muchas de ellas basadas en recomendaciones formuladas por la ONU, que supondrían una valiosa contribución para resolver algunos de los problemas que afectan a los derechos humanos en Colombia.(27) El gobierno, sin embargo, no sólo no ha puesto en práctica estas recomendaciones sino que, además, ni siquiera ha elaborado un plan de acción para terminar de una vez por todas con las crisis humanitaria y de derechos humanos. Lamentablemente, la población civil, víctima principal de esta tragedia, pagará un elevado precio por esta falta de voluntad.

En la carta abierta al Presidente Uribe, Amnistía Internacional formulaba tres recomendaciones al gobierno: que se emprendieran acciones para poner fin a la impunidad, que se rompieran los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares y que se protegiera a los sectores vulnerables, como los defensores de los derechos humanos. No se ha tomado ninguna medida para poner en práctica estas recomendaciones, que eran las siguientes:

· garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos quedan excluidos de la jurisdicción de los tribunales militares, que todos los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en casos de violaciones de derechos humanos en virtud de investigaciones judiciales o disciplinarias son suspendidos de sus funciones hasta que su responsabilidad o inocencia quede establecida, que las fuerzas de seguridad respaldan plenamente a la Fiscalía General de la Nación a fin de hacer avanzar las investigaciones judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos, y que se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los investigadores judiciales;
· llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la relación que vincula a los grupos paramilitares con las fuerzas de seguridad, garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad hallados responsables de formar, dar apoyo o colaborar con los grupos paramilitares rinden cuentas, y tomar medidas inmediatas para garantizar que las organizaciones paramilitares quedan desmanteladas y sus miembros responsables de cometer violaciones de derechos humanos son puestos a disposición de la justicia;
· iniciar de inmediato un diálogo al más alto nivel con los defensores de los derechos humanos al objeto de analizar las políticas de protección de los defensores de derechos humanos actualmente en vigor, reforzar el programa de protección que gestiona el ministerio del Interior, y aplicar las recomendaciones de la representante especial del secretario general de la ONU sobre defensores de los derechos humanos.
Además, Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que:

· Reconozca que la seguridad sólo puede garantizarse poniendo en práctica las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas repetidamente por la ONU y otras organizaciones internacionales.
· Garantice que todo estado de emergencia es conforme a la Constitución y a las normas internacionales. El otorgar al ejército derecho a realizar detenciones y registros domiciliarios sin orden judicial va claramente en contra de estas obligaciones. El gobierno debe cumplir por lo tanto plenamente la resolución de la Corte Constitucional sobre el Decreto 2002.
· Exprese su apoyo a la Constitución de 1991 y fortalezca los mecanismos de derechos humanos de la Constitución, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y otros mecanismos de protección de los derechos humanos como las Personerías Municipales.
· Abandone las medidas que amenazan con arrastrar a la población civil aún más al conflicto y con fortalecer el paramilitarismo, como la red de un millón de informantes civiles y el ejército a tiempo parcial de "soldados campesinos".
· Permita a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos acceder a las zonas de conflicto, para que puedan desempeñar de forma efectiva su legítima labor, reconocida como valiosa por el gobierno de Colombia. Para ello, deben retirarse las restricciones a la circulación impuestas a estas organizaciones en el Decreto 2002.********
·
· (1) La función de la Procuraduría es llevar a cabo investigaciones disciplinarias sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en las violaciones de derechos humanos.
·
· (2) El concepto de "justiciabilidad" establece que los Estados son legalmente responsables de la aplicación y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Todos los individuos pueden esperar legítimamente que el Estado trabaje hacia la plena realización de estos derechos, si es que hasta entonces no lo ha hecho, y por lo tanto una persona debe poder presentar una denuncia contra un Estado, no sólo ante jurisdicciones nacionales, sino también ante tribunales o comisiones internacionales.
·
· (3) El Colombiano, 6 de septiembre de 2002.
·
· (4) Decreto 1837, de 11 de agosto de 2002.
·
· (5) Ley 137, de 2 de junio de 1994, capítulo 3, que regula los estados de emergencia en Colombia.
·
· (6) Comité de Derechos Humanos de la ONU, observaciones finales (CCPR/C/79/Add.76), del 5 de mayo de 1997, párrafo 25.
·
· (7) Comité de Derechos Humanos de la ONU, observación general 29, Estados de emergencia (artículo 4) (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), párrafo 2.
·
· (8) Véase el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Decreto 2002 de 2002, de octubre de 2002.
·
· (9) Una detención se produce "en flagrante delito" cuando un sospechoso es atrapado en el acto de cometer un delito, es identificado y detenido inmediatamente después de cometer un acto ilegal o es hallado con artículos que podrían utilizarse para cometer un delito.
·
· (10) Comité de Derechos Humanos, observaciones finales (CCPR/C/79/Add.76): 05/05/97, párrafo 19.
·
· (11) Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
·
· (12) Véase, por ejemplo, el documento de Amnistía Internacional San Vicente del Caguán tras la ruptura de las conversaciones de paz: Una comunidad abandonada, Índice AI: AMR 23/098/2002/s, del 16 de octubre de 2002.
·
· (13) Artículo 11 del Decreto 2002 de 2002.
·
· (14) El 24 de noviembre de 2002 se incluyeron en la Zona de Rehabilitación y Consolidación dos nuevos municipios, uno del departamento de Bolívar y otro del departamento de Sucre.
·
· (15) El Espectador, 30 de octubre de 2002.
·
· (16) E/CN.4/2002/17, del 28 de febrero de 2002.
·
· (17) Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
·
· (18) E/CN.4/2002/17, del 28 de febrero de 2002.
·
· (19) El Tiempo, 4 de septiembre de 2002.
·
· (20) Véase el artículo 8 (Crímenes de guerra) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998.
·
· (21) Véase El País, 19 de septiembre de 2002.
·
· (22) El Tiempo, 4 de octubre de 2002.
·
· (23) Para conocer más casos de oficiales del ejército implicados en violaciones de derechos humanos y en actos de colaboración con los paramilitares, consulten Colombia: Los derechos humanos y la ayuda militar estadounidense III, de febrero de 2002, Índice AI: AMR 23/030/2002/s.
·
· (24) En agosto de 1998, unos 300 grupos CONVIVIR renunciaron a sus licencias gubernamentales y continuaron actuando ilegalmente mientras 39 grupos CONVIVIR anunciaron su intención de unirse a los paramilitares. Un ejemplo de un miembro de un grupo CONVIVIR que se unió formalmente a los paramilitares es el de Salvatore Mancuso, que había sido representante legal del CONVIVIR Horizonte que actuaba en el departamento de Córdoba y Sucre y posteriormente se ha convertido en dirigente paramilitar nacional.
·
· (25) La Ministra de Defensa, en palabras citadas en El Tiempo el 9 de agosto de 2002, ha declarado que había que estudiar la posibilidad de armar a los informantes, y se han citado palabras del Presidente Uribe manifestando que había que estudiar la cuestión de armar a los informantes para evitar situaciones en las que "a un campesino lo maten por robarle el fusil".
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· (26) El decreto permite la creación de un órgano de supervisión comunitario que, entre otras cosas, se encargue de "emitir concepto previo ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que justifique el porte o tenencia de armas para el Servicio Comunitario".
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· (27) Carta abierta al Presidente de la República de Colombia, Doctor Álvaro Uribe Vélez, Índice AI: AMR 23/084/2002/s, 7 de agosto de 2002.
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