Ajopringue

Es curioso que la llamada “comunidad internacional” por los medios españoles siempre pide que Israel termine su ofensiva. Ahora bien, nunca pide que Hamas deje de lanzar misiles a Israel, por muy caseros que sean.

¿No es curioso?

En Elmundo.es podemos leer cosas como esta: “El pasado día 19 de diciembre, Hamas dio por finalizada una tregua unilateral de seis meses en la que los islamistas no lanzaron su artillería casera salvo en respuesta a bombardeos israelíes, sin causar muertos.”

Eso de que la “artillería casera” no causa muertos es mentira. Aquí, sin ir más lejos, hay una foto de uno.

Y lo de justificar a los palestinos con “artillería casera” que leo últimamente también me choca un poco. Especialmente después de ver una foto de esa “artillería”:

Desde Ajopringue les deseamos unas felices Navidades a todos nuestros lectores. Que Dios les bendiga a todos ustedes amigos y que pasen unos muy felices días con sus familiares y demás seres queridos.

Si hiciésemos una clasificación de las organizaciones, entidades y asociaciones más denostadas de España, no me cabe duda que entre las 10 primeras figuraría los tribunales de Justicia (en general), la Agencia Tributaria, y, sin lugar a dudas, la SGAE. Este último caso no deja de ser curioso. Mientras que se trata de una organización privada, sus efectos nos llegan a todos. Sa prepotencia, chulería y arbitrariedad son tales que la ha hecho merecedora de un odio unánime casi por todos los españoles.

Si ya el concepto “propiedad intelectual” es muy discutido en teoría económica, la reversión de la presunción de inocencia para facultar al cobro por compensación de copia privada resulta esperpéntico. Uno puede ser culpable o inocente de un delito, pero clama al cielo la declaración de precrimen que recae sobre todo aquél que compra un medio supuestamente utilizable para el almacenamiento de datos o sobre la compra de medios audiovisuales por parte de una empresa. El que un bar, hotel o autobús tenga que pagar un canon por el mero hecho de tener un televisor, o el que un particular lo haga por comprar un CD no tiene explicación alguna. Pese a que la SGAE y similares sean las únicas beneficiadas por esta situación, han dado otra vuelta de tuerca más y se saltan hasta las leyes orgánicas de protección de datos, grabando sin ningún tipo de salvaguarda al derecho a la intimidad:

La ley no se casa con la SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), multada el año pasado por violar el derecho a la intimidad al grabar una boda, vuelve a ser condenada. En esta ocasión, al parecer ha sido un familiar de la novia, que trabaja en los servicios jurídicos de institución, la que realizó el vídeo del enlace

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA

SEVILLA. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no deja de sorprender continuamente por sus actuaciones orientadas para recaudar dinero por el uso de la música supuestamente protegida en espacios públicos. Si en 2006 dicha sociedad fue denunciada por una pareja de novios que se casaron en la Hacienda «La Doma de San José», de la localidad sevillana San Juan de Aznalfarache, por la grabación ilegal de un vídeo en plena celebración de la boda para usarlo como pruebas para un juicio, por la que fue condenada a pagar más de 60.000 euros, como informó ABC, ahora es otra pareja que se casó hace un par de años en la Hacienda «El Vizir» de Espartinas (Sevilla) la que ha seguido esta misma vía administrativa también por la grabación ilegal y sin ningún permiso de imágenes de su enlace.

Dicha pareja de novios, que está representada por el abogado sevillano Joaquín Moeckel, fue ante un notario, levantó un acta que fue llevada después a la Asociación de Protección de Datos de los Consumidores (Consudato), para que realizaran la pertinente denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos.

Al parecer, según indica Moeckel, «la cinta grabada en «El Vizir» la aportó un familiar de la novia que trabaja en la asesoría jurídica de la SGAE. «No se entiende que el familiar de la novia haya incurrido ante esta ilegalidad, y todo para aportar pruebas en un acto totalmente privado, y sin ningún consentimiento previo de la pareja de novios», indica Moeckel.

Según confiesa a ABC el letrado sevillano, «lo más grave de este asunto es que la SGAE ha vuelto a tener una reincidencia en una grabación similar, ya que por el caso de «La Doma de San José» fueron multados por la Agencia de Protección de Datos con 60.101 euros, y la reincidencia desde el punto de vista administrativo tiene un recargo económico importante. No entiendo que por un lado quieran recaudar 40.000 euros si por otra parte tienen que pagar una multa de 60.000 euros». A este respecto, se trata de una sanción firme en lo administrativo que está recurrida por la propia SGAE ante la Sala de lo Contencioso Aministrativo de la Audiencia Nacional bajo el recurso 106/2008, que aún está pendiente de su resolución.

En el caso de la boda de «La Doma», el salón fue condenado a pagar 43.179 euros de canon musical en base a unas pruebas periféricas, ya que la sentencia del juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla declaró nulo el vídeo porque constituía «una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen», al ser la boda un «acto privado y reservado», y más aún cuando la grabación se ejecutó a «escondidas, cuando la celebración estaba ya avanzada», informa Efe.

Grabaciones irregulares

Se da la circunstancia también de que las dos grabaciones se han hecho de una forma muy irregular, de espaldas a la ley. Si en «El Vizir» al parecer ha sido una familiar de la novia la que hizo el vídeo, en la boda que se celebró en «La Doma», la SGAE contrató a un detective que pertenece a la agencia Domca, «que por entonces no estaba dada de alta en la Agencia General de la Policía», comenta Joaquín Moeckel. Asimismo, este abogado aclara que «si la SGAE se hubiera personado con un notario a las tres de la madrugada en ese salón de bodas y hubiera realizado él mismo la grabación y hubiera demostrado que la música estaba protegida, eso hubiera sido completamente legal, pero lamentablemente realizaron una chapuza, porque mandaron a esta hora de la madrugada a un supuesto detective que se coló en el salón de celebraciones en un momento en que cogió desprotegido a todos los invitados».

La Hacienda «Benazuza»

Anterior a estos dos casos existe el precedente de la Hacienda «Benazuza», que se encuentra en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Según comenta Moeckel, «éste fue el primer pleito al que llevé a la SGAE porque no pudieron demostrar en ningún momento qué tipo de música se usó en aquella boda pues nadie pudo entrar en el salón de celebraciones. En ese caso la Sociedad General de Autores y Editores perdió el pleito en primera instancia y en la Audiencia Provincial, incluyéndose el pago de las costas». Por otra parte, Joaquín Moeckel ironizó sobre este asunto diciendo que «a partir de ahora, el sacerdote que case a una pareja va a tener que preguntarle a los novios si van a emplear o no música en una boda».

Este letrado sevillano ha interpuesto una demanda personal ante la SGAE por el tema del canon digital porque «como abogado, cuando compramos cedés y dvd´s para hacer una copia de un juicio que es algo público, ¿por qué tenemos que pagar el canon por este material que en ningún caso va a tener uso privado?».

[…]

El totalitarismo socialista (perdón por la redundancia) vuelve de nuevo. En su afán por eliminar cualquier institución que pueda hacer competencia a su concepción social (de que todo emana del Estado, de que éste debe controlar todo, y que a su vez éste debe ser un órgano de ingeniería social al servicio de la nomenklatura), vuelve a inmiscuirse en la familia, esta molesta organización que osa enseñarle a los niños valores tales como la educación, la disciplina, la enseñanza e incluso en algunos casos la religión (puaj).

La camarada magistrada  del juzgado de lo penal número 3 de Jaén, ha condenado a una madre a 45 días de prisión y a un año y medio de alejamiento por darle una torta a su hijo. Resulta que el adorable angelito, cuando su madre le abroncó por no haber realizado los deberes, no se le ocurrió otra cosa que tirarle una zapatilla a ésta. Lógicamente la madre le dio una bofetada por la reacción. Cuando el camarada tutor supo la noticia, denunció a la madre, suponemos que escandalizado por no dejar actuar a su hijo según los dictados de la Educación para la Progresía, para lo cual, el niño ideal son los borrokitas y los delincuentes juveniles. Y por supuesto la camarada magistrada sentenció contra la madre que quería frenar la carrera de delincuente juvenil de sus hijos.

Así que ya saben, no se les ocurra decir nada a sus hijos cuando les peguen ni mucho menos regañarlos si no hacen los deberes. El deber de todo buen padre es hacer que su hijo sea un buen engranaje en el aparato Estatal, y las directrices de la Educación para la Progresía determinan que el niño ideal debe ser maleducado y debe pegar a sus padres.

Hacer colas frente a organismos públicos es una actividad no muy recomendable, ya que es capaz de acabar con la paciencia del mismísimo protagonista del Libro de Job. Hoy he tenido que realizar tal actividad ante la Agencia Tributaria. Resulta que a la persona que hacía cola antes que un servidor le había llegado un requerimiento por la no presentación del modelo 347. Para aquellos que no tengan el gusto de conocer la terminología fiscal, el modelo 347 en una recopilación de operaciones que totalizan más de medio millón de pesetas (3.005,06 euros) que tienen que presentar anualmente quienes realizan actividades empresariales. Este importe se refiere al total anual, y, si no me equivoco no se ha actualizado desde el año 1995, en que se aprobó dicha declaración informativa. Por tanto, el número de operaciones que hay que relacionar en la misma se ha incrementado sensiblemente gracias a la no deflactación del límite y gracias a ese invento estatal llamado inflación, por lo cual su carga administrativa se ha incrementado. Nada por supuesto que ver con su previsible remplazo, el futuro modelo 340, que convertirá en una pesadilla la vida de las administraciones de las empresas cuando tengan que cuadrar, mensual o trimestralmente, todas las operaciones (hasta de un euro) para enviárselas a Hacienda.

El afectado se defendía diciendo que sí lo había presentado, pero, por un error había bailado dos cifras del CIF. Uno se pregunta entonces para qué sirve la presentación telemática de declaraciones, si ni siquiera la página de la AEAT es capaz de verificar que la razón social consignada se corresponde al CIF indicado. El pobre hombre, muy afectado por los efectos de la gripe, intentaba hacer ver que se trataba de un mero error de digitación, lo que saltaba a la vista al ver el CIF de la sociedad presentante y el consignado. La funcionaria que le atendía, le dio la razón y pasó a hablar con su jefe. Como pese a todas las leyes orgánicas de protección de datos que se quieran inventar, la confidencialidad es algo que la administración pública considera intrascendente, la conversación entre ambos pudo ser escuchada por todos los que hacíamos la cola. La conversación que se desarrolló, una vez dada la explicación, fue la siguiente:

- (jefe) ¿Pero has comprobado que no se le pueda sancionar por presentarlo fuera de plazo?

- (funcionaria) Sí, lo he hecho. Sólo ha sido un error a la hora de consignar el CIF.

- (jefe) Tenemos que buscar una forma de sancionarlos, déjame la declaración para que vea cómo meterles mano.

Por tanto se ve lo que le importa a la administración la justicia. No existe mala fe por parte del administrado, no existe perjuicio económico, pero hay que “meterles mano”. Esta es la justicia fiscal que existe en España.

Habiendo decretado el cierre de postes de emisoras de radio que no dan muestras suficientes de adhesión al régimen, el presidente del del Comité Anti Cope (también conocido por sus iniciales CAC), vuelve a la carga detallando su próximo objetivo: Internet.

[…]

En sus cerca de 140 páginas, Carbonell explica que la visión liberalizadora de Internet ha sido positiva en muchos aspectos, pero ha comportado la pérdida de la perspectiva de servicio público y universal que han tenido las telecomunicaciones, por lo que considera que debe regularse el acceso de los operadores a la red.

En opinión de Carbonell, el importante papel de la red de redes justifica una “regulación” que califica de “democrática proporcionada al servicio del interés público”, aunque no determina qué tipo de organismos deberían encargarse de esta labor, caso del CAC en el ámbito de las emisoras de radio.

Carbonell alerta de la presión de los grandes grupos de telecomunicaciones para “privatizar” el espectro radioeléctrico, desplazando de esta forma al Estado en la gestión de este bien de titularidad pública. El presidente del CAC critica también a los gigantes de comunicación multimedia de querer convertir los medios públicos audiovisuales en medios “estrictamente culturales o antropológicos”.

A su juicio, los medios públicos deben seguir existiendo aunque con algunas condiciones: independencia del poder político y económico, financiación “clara y transparente” de carácter público y una “progresiva disminución” de los ingresos derivados de la publicidad.

Carbonell argumenta que la multiplicación de operadores no ha garantizado “un verdadero pluralismo” porque éstos no tienen en cuenta los necesidades de los espectadores de acceder a una oferta “variada, plural y diversa de contenidos audiovisuales”. En cambio, él mismo, al frente del CAC, ha cercenado el derecho de cientos de oyentes de la Cadena COPE y Vocento a escuchar las informaciones que dichas cadenas de Radio ofrecen en Cataluña.

Suponemos que lo próximo que se les ocurrirá regular será el aire, no vayamos a hablar algo no autorizado por el Politburó.

Sería difícil realizar una clasificación de los ministros más incompetentes de la historia de España, ya que serían muchísimos los aspirantes a dicha posición. La prepotencia, el amor por el dinero ajeno, y el atrevimiento y orgullo con el que defienden su ignorancia hacen a muchos merecedores de ese título. Aunque particularmente opine que Maleni debería encabezar muchas de las quinielas, tampoco hay que dejar atrás a ejemplares como Aído. Nuestra excelentísima ministra de igualdad (¿para cuándo los ministerios de libertad y fraternidad?), cuyo único mérito ha sido representar el clan de Alcalá de los Gazules, no por méritos intelectuales, sino por ser la chica más mona de dicha rama de la camorra de Chaves, hace méritos para jugar en la liga de los ministros más inútiles.

La última ocurrencia de la hija de Francisco Aído, ha sido pedir la retirada de un anuncio del Tesoro Público. Hasta aquí no habría nada que objetar, es más, la decisión parece encomiable. Pero no se vayan a creer ustedes. El motivo por el que pidió la retirada del anuncio no fue por la inmoralidad que representa la deuda pública, ni por el trastorno que representa, al robar al sector privado posiblidades de inversión, algo muy necesario en momentos actuales, donde el crédito escasea. Pues no, el motivo se encuentra en unas croquetas. Y es que la miembra del consejo de ministro considera intolerable, que en un anuncio, un hombre, cuando le dicen que “Cómo psicóloga te digo que deberías dejar ese trabajo y olvidarte de tu mujer, que te absorbe toda la energía positiva“responda que “¿Dejar a mi Puri? pero ¡tú estás loca!, ¡si mi Puri es lo más grande!. Cómo se nota que no has probado las croquetas de mi Puri“. Si en lugar de “mi Puri” hubiese sido “mi Curro” no habría existido ningún problema. Pero como es “mi Puri”, para la ministra el anuncio debe ser retirado. En este sentido se nota que el grado de socialismo del PP es similar al del PSOE, ya que ha sido una senadora dicho partido quien ha formulado las primeras quejas, en lugar de pedir directamente, la prohibición del déficit público, y la supresión de la deuda pública, que tanto mal está causando a las empresas españolas, al robarles financiación para sus proyectos.

Los ministros y parlamentarios se pasan el día entero hablando del sexo de los ángeles, mientras que la crisis sigue arruinando cada día a más gente. Se nota perfectamente dónde está las principales fuentes de preocupación de nuestros gobernantes.

Las vacas flacas llegaron y todo apunta a que se van a quedar. Mucha es la gente que se aprieta el cinturón y reduce sus gastos en previsión de que sus ingresos no van a acompañar el nivel de vida que estaban llevando hasta no hace mucho. Por su parte, muchas empresas se preparan también para entornos negativos, primando la reducción de costes ante una posible reducción de ingresos. En general mucha gente nos preparamos para lo peor reduciendo nuestros gastos.

No obstante parece que hay quien no está afectado por la crisis. Existen empresas que están incrementando su nivel de ventas, y personas que en entornos generalmente desfavorable ganan más dinero. Nada tiene que objetar. El problema vendría si una empresa intentase compensar la disminución en las ventas obligándonos a todos a comprar. Sonaría absurdo y causaría la más lógica indignación entre sus clientes. Si encima interpretase a su libre disposición las condiciones de sus ventas y atosigase a sus clientes continuamente con demandas y multas, casi con toda seguridad se quedaría sin clientes, y quebraría. Lógicamente se lo habría buscado.

Existe, no obstante, quien ante una caída de ingresos responde obligando a su fuente de ingresos a pagar más, con coacción, cambio de normas, e incluso con cambio de tribunales, para jugar el partido “en casa”, y con el árbitro comprado. Por supuesto no hablamos de una empresa normal sino de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ¿Qué han hecho ante la crisis? Incrementar las inspecciones, retorcer la interpretación de la ley, obligar a los inspectores a cerrar con la mayor deuda media posible, cambiar al director general de tributos y al presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, más amoldable a los atropellos de la AEAT.

Si la AEAT quiere adaptarse a los tiempos de crisis, la solución no estriba en arruinar a sus clientes (alias “contribuyentes”), cambiar las condiciones de los contratos (alias “cambiar la interpretación de la ley”), hacerles la vida imposible (alias “inspeccionarlos continuamente”), ni por comprar al árbitro (alias “cambiar los tribunales”). La AEAT se olvida que para que sus clientes le puedan comprar (alias “pagar los impuestos”), ante todo deben tener dinero. Si arruinan a la gente es imposible que tengan dinero. Si no hay seguridad jurídica menos gente se animará a emprender actividades. La AEAT debe entender que la administración del Estado debe regirse también por algunos de los principios de la empresa privada y de las personas en general. En tiempos de crisis hay que reducir gastos, y prepararse para una bajada de ingresos. Y mientras más satisfecho esté el cliente con uno, más posibilidades hay de que te quiera comprar. Si se arruina a la gente que declara, se optará por declarar menos y trabajar “en negro”, o simplemente por no emprender (ya que dará lo mismo, al final el fruto del trabajo se lo va a quedar Hacienda).

Si quieren luchar contra la crisis deben simplificar los impuestos, dotarlos de seguridad jurídica, bajarlos, para incrementar el consumo y la inversión privada que es la que genera riqueza, y bajar el nivel de gasto de la administración.

Siempre he considerado que el socialismo es el mayor mal que existe en la sociedad, ya que supone la negación absoluta del hombre. Todo hombre viene a la vida con tres derechos inalienables, la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos no son concedidos por ningún otro hombre, sino que los tiene el ser humano por el simple hecho de serlo. Y precísamente por ello, son los derechos más odiados por los tiranos de toda clase, porque para que su dictadura sea efectiva, ha de eliminar la condición de hombre de los demás y dejarlos con el estatus de siervo.

Una persona ha de estar viva para poder hacer cualquier cosa, como es evidente. Ha de ser libre para poder pensar y expresar su opinión. Y ha de poder gobernar sus cosas para organizar su vida. De estos tres derechos, el primero en ser atacado es el de la propiedad, poniéndo límites a la capacidad que tiene el hombre para poder organizarse. Este ataque no es casual, ya que, principio, parece el derecho más fácilmente limitable y que menos resistencia suele provocar a la gente, además de poderse llevar a cabo poco a poco. Así, los primeros ataques a este derecho suelen ser muy sutiles, en forma de algún tributo fácil de llevar. Después poco a poco se van incrementando estos tributos, y se limita la disposición que puede hacer el propietario sobre sus bienes, hasta que finalmente, estos bienes se transforman en, o bien, una carga a sus propietarios (vía tributaria, por ejemplo mediante el impuesto de sucesiones y donaciones que supone una auténtica expropiación del patrimonio heredado), o éste casi no tiene opciones para operar con él (como por ejemplo con una finca situada en un sitio considerado de interés público, ecológico, cultural, donde el propietario no puede hacer absolutamente nada con él).

El segundo ataque viene del lado de la libertad. Las primeras escaramuzas vienen muy ligadas al derecho a la propiedad, ya que a sus legítimos propietarios se les impide operar con su bien de la manera que desean, no pudiendo disfrutarlo, venderlo o trabajarlo libremente. Posteriormente viene de forma más sutil hacia posiciones políticas consideradas desgradables por gran parte de la gente. Poco a poco, el campo de lo que es desagradable  se va ampliando, poniendo a la gente en contra de más y más opiniones políticas, sirviéndose para ello de ingenieros sociales y de una masa muy elevada de “tontos útiles” que van haciendo el trabajo sucio de manera gratuita. Finalmente el golpe maestro viene con la educación obligatoria, de manera que ni siquiera las personas más allegadas puedan enseñar nada a las nuevas generaciones, y las únicas ideas que puedan ser transmitidas son las aprobadas por el dictador de turno. Siempre de manera muy sutil, y pareciendo lo mejor para todos, presentado el adoctrinamiento como algo beneficioso (como ocurre con la educación para la ciudadanía). Finalmente las opiniones contrarias son obligadas a permanecer en privado y los que se oponen acaban siendo enjuiciados con la correspondiente campaña mediática de los allegados a la nomenclatura que diseñan todo el proceso.

El último ataque proviene de la negación del derecho que tiene el propio individuo a vivir. Puesto que es, de todos los derechos el más fundamental, puesto que para siquiera tener la posibilidad de ser propietario o de ser libre es necesario estar vivo, es el ataque que más trabajo cuesta y que más poco a poco se lleva. Para ello se lleva a cabo una definición de vida poco a poco más restrictiva. Así, se empieza diciendo que no tiene derecho a vivir quién no haya nacido. Es lógico, no porque no esté vivo (que lo está) sino porque no puede protestar. Para ello se emplean argumentos de lo más peregrino, que si no siente, que si no piensa, que si es el cuerpo de otra persona. El hecho de que está vivo y de que es humano, pasa totalmente a un segundo plano, al igual de que el hecho de que esa vida se haya originado de manera voluntaria (quitando quizás el triste hecho de la violación, donde se ha originado por una relación sexual no consentida, en el resto de casos siempre ha sido consentida). Junto al proceso de cosificación de esta vida humana, que ya ha pasado a ser considerada como un mero apéndice sin tener en cuenta que no tiene ningún parecido a la madre, se procede al segundo caso, a la dignificación. Para ello se crean falsos dilemas sobre si no se trata de una vida digna cuando puede tener la posibilidad (nunca la certeza, siempre son posiblidades) de tener algo que lo separe de la “normalidad” (alguna posible enfermedad por parte del hijo o de los padres o la falta de un nivel de vida “digno” por parte de los padres), o se crea en la madre un rechazo psicológico artificial a su hijo (diciendo que a una determinada edad “no le conviene” o con unos determinados ingresos, …) o incluso se dibuja como algo “fastidioso” (vendiendo que la vida tiene muchas cosas que ofrecer a los padres como para que se pierdan toda clase de caprichos por el fastidio de tener que cuidar de un hijo). Por supuesto nadie pregunta al hijo si desea ser asesinado, sino que se toman las decisiones desde otro ámbito por “el bien de alguien”, obviando que se trata de una vida humana, que vino al mundo de manera voluntaria, y que siempre existe la posibilidad de darlo en adopción.

Una vez que ya se ha aceptado que existen vidas “dignas” o no, ya el siguiente paso resulta muchísimo más fácil. Siempre aprovechando momentos en que las facultades de un hombre no le permite expresarse libremente, o que se hayan un tanto mermadas, se vende que no es digno de vivir, ya que “el pobre” está sufriendo. Para ello primero se heroifican a los correspondientes “tontos útiles” que desean sucidarse. En lugar de verse dichos casos como personas particulares, que por el motivo que sea, quieren suicidarse, pero haciendo ruido, se ven como una gran demanda social y se extrapola al resto de la población que simplemente tiene un algo que los aparta de la “normalidad” deseada, sin que hayan expresado jamás su más mínima intención al respecto. Por los medios de comunicación de la nomenclatura se vende que lo “normal” es que la gente desee suicidarse cuando está enferma. Empieza a heroificarse también a quién asesina a estas personas, independientemente de que hayan o no hayan dicho nada. Y por último a golpe legal se determina que la dignidad de las personas las determina la nomenclatura, en forma de gabinete o consejo, que determina quién puede vivir y quién no, independientemente de la voluntad del de va a ser asesinado, aprovechando cualquier momento en que éste no pueda expresar su opinión.

Y con esto ya tendríamos la dictadura perfecta. Es digno de poseer quien hace lo que manda el partido, es digno de ser libre quien opina lo mismo que el partido y es digno de vivir quien permite el partido. Y mientras tanto los “tontos útiles” aplaudiendo cada vez que dejan de ser humanos.

Seguramente la película variará levemente en el enfoque:

Vía Isaacj

Según un estudio del Banco de España, las cargas administrativas que las empresas españolas tienen que soportar se cifra en más de 50.000 millones de euros, dicho de otra manera, un 4,6% del PIB español. La cifra impresiona aunque quién haya tenido que bregar con la administración pública sabe el número incesante de papeleos que hay que hacer, y que antes siquiera de haber inaugurado la empresa ya hay que estar pagando la extorsión impositiva de turno.

Si resultase firme la intención del gobierno en reducir “papeleo” a las empresas para reactivar la economía, desde luego las medidas no empezarían por la devolución mensual del IVA, ni en avalar la titularización de los créditos. Las empresas necesitan destinar más tiempo a sus clientes y menos a la administración pública. Para ello, podría empezar por las siguientes medidas:

• Eliminación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Nunca tuvo razón para existir y menos hoy en día. Que una empresa que no haya iniciado su actividad tenga que pagar por cualquier documento notarial, mercantil o administrativo carece de sentido alguno, amén de violar la prohibición de establecer tributos de caracter confiscatorio como establece el artículo 31.1 de la Constitución. Por supuesto en la misma categoría entrarían también el IBI o el IAE para aquellas empresas que lo tienen. Por no hablar de las cuotas camerales que aunque técnicamente no sea un tributo, deben pagarse de manera obligatoria aunque nadie sepa lo que hace una cámara de comercio.
• Simplificación del proceso de creación de una sociedad: Quién haya constituido una sociedad sabrá el suplicio que hay que pasar, consulta ante el registro mercantil central de que el nombre que deseamos no esté siendo empleado, petición de reserva al mismo organismo; visita a Hacienda para entregar los estatutos provisionales de la sociedad, el certificado negativo expedido por el registro mercantil, el modelo 036 con su pertinente interrogatorio sobre todo lo humano y lo divino; depósito en el banco del capital social y obtención del correspondiente certificado bancario por parte de cada uno de los socios; visita al notario con toda la documentación anterior para redactar los estatutos definitivos, decidir el órgano de gobierno, detallando la identidad y participación de los socios; pago del impuesto de actos jurídicos documentados y de las tasas notariales; inscripción de la sociedad ante el registro mercantil, pagando las correspondientes tasas; legalización de libros ante el registro mercantil, con sus correspondientes tasas; visita a la seguridad social para la obtención del código cuenta de cotización; petición, ante la concejalía de urbanismo de turno, de la licencia de apertura (con su correspondiente estudio del perito/aparejador de turno que también habrá que pagar), etc. Definitivamente existen pasos que se podrían eliminar como la licencia de apertura o la múltiple incripción (registro mercantil, hacienda, seguridad social).
• Trámites de las distintas administraciones del reino de taifas: Aquí se incluiría información tan diversa como las encuestas del INE, las del Banco de España, las inscripciones en los distintos registros autonómicos (por ejemplo el de industrias agroalimentarias), legalizaciones de contabilidades, depósitos de cuentas anuales (que lejos de simplificarse va aumentando año tras año), declaraciones de suelos contaminados, etc. Del listado anterior, las encuestas o inscripciones en registros especiales podrían ser eliminados perfectamente.
• Declaraciones informativas: Modelos 180, 190, 193, 347, 349, 390, 392, etc. Definitivamente los modelos 347 y 349 podrían ser eliminados, pero claro, a Hacienda le gusta tener información para seguir robando a los contribuyentes y molestándoles por descuadres de céntimos (puedo dar fe de que fui testigo de una inspección de Hacienda motivada por un descuadre de 2 céntimos, que paralizó el trabajo de la administración de una empresa durante dos meses).
• Declaraciones a cuenta: Especialmente el modelo 202 por el que se paga “a cuenta” el impuesto de sociedades antes de que haya terminado el ejercicio económico, incluso aunque luego tenga que ser devuelto por un exceso de retenciones o por haberse calculado sobre el  impuesto anterior, sin tener en cuenta de que en el ejercicio “a cuenta” se pueden estar obteniendo pérdidas.
• Por supuesto no podemos olvidar dentro de la legislación absurda a nuestros burócratas de Bruselas, que con su interminable lista de reglamentos, directivas y decisiones, son responsables de más del 40% de la burocracia.

En fin no les aburro, ya que estoy seguro que saben perfectamente de estos trámites y otros y de los tributos absurdos con los que somos robados día a día.

Apasionante cómo el gorila rojo nos cuenta sus problemas en este video:

A la nada despreciable frase de ZP días atrás:

“Somos un país fuerte en empleo, en perspectiva histórica”

Hay que añadir ahora esta otra:

“España está en la edad de oro”

Por ZP, hacia el imperio; este hombre se ve que quiere dejar chicos los delirios de España imperial de los primeros tiempos del franquismo.

¿Tenemos un presidente del Gobierno que está perdiendo el juicio?

Hace pocos meses, unos días antes de las elecciones, se metían con el PP en este artículo:

“Pizarro habla de crisis económica profunda y Solbes le tacha de demagogo y catastrofista”

Y ahora se encuentran con esto…

“16 despidos en ‘20 minutos’”

No sólo está quedando claro que el PSOE mintió descaradamente a este respecto antes de las elecciones sino que también queda claro que si es el PP el que avisa de algo, a los progres les entra por un oído y les sale por el otro pensando que quieren manipular o “crispar”. Hasta que les da de lleno en la cara.

Cuba representa la democracia más avanzada del mundo, la libertad plena y la soberanía

José Antonio Barroso

Así, como lo oyen, sin anestesia. El alcalde de Puerto Real, también conocido por haber agredido a una disidente cubana que osó criticar a Castro, considera a Cuba como la libertad plena. Nos suponemos que para él la Lubianka, el Gulag y los campos de exterminio de los jemeres rojos son la culminación de la libertad.

Nuestros “artistas” no nos ha vuelto a decepcionar. Tras aprobarse la nueva orden que convierte a todos los ciudadanos en delincuentes por el mero hecho de comprar algún medio de almacenamiento digital y que los convierte en siervos de sus asociaciones, aún no tienen suficiente y reclaman “un protocolo de Kioto para los artistas“. Sí, sí, como lo oyen, como los pobrecitos lo pasan tan mal tratando de vivir como millonarios sin dar un palo al agua, han pensado que lo mejor es un impuesto para poder seguir financiando su modo de vida y sus negocios sin clientes.

Discurso en un encuentro sindical:

“La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla: tu pones un trabajo, yo te doy un jornal, y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la de la injusta compra-venta del trabajo, el capitalismo intenta justificar su afirmación de que el capital es el único que produce y que el obrero no es más que un elemento secundario de la producción que vende su trabajo como otros venden las materias primas y los últiles de labor.

Y cree el capitalismo que de la misma manera que el vendedor de esas máquinas y de esos útiles, una vez recibido su precio no se queda con derecho alguno a lo que con ellas se produzca, así el obrero, vendedor de su trabajo, una vez recibido su salario no se puede reservar ningún derecho a lo producido por él y debe de quedar por lo tanto al margen de todo beneficio producido.

Como veis, fue el capitalismo el que creó el problema social al creer que la producción es solamente u problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podremos esquivar si no renunciamos a seguir interpretando la economía con mentalidad capitalista”.

¿Candido Méndez? ¿José María Hidalgo? ¿Gaspar Llamazares? ¿Jesús Caldera? ¿Fidel o Raúl Castro? ¿Evo Morales? ¿Hugo Chávez? La respuesta, aquí

Parece que se va perfilando una nueva profesión que sin duda va a estar muy demandada en ministerios, Moncloa y Gobierno en general: inventor de expresiones para no llamar a las cosas por su nombre.

Así es magistral la nueva definición utilizada por ZP para llamar a la crisis: periodo de dificultades objetivas

Toma ya …!!! En fin, yo creo que tampoco habría estado tan mal “comienzo de la Tormenta Perfecta”, pero claro, no es lo mismo.

Al gorila rojo lo único que le falta ya es implantar la obligatoriedad de que cada uno de sus súbditos porte un micrófono para grabar lo que dice:

Chávez crea en Venezuela una policía secreta calcada de la Cuba de Castro

BOGOTÁ. Los venezolanos que critican y disienten del régimen deberán afrontar hasta 6 años de cárcel si se les aplica la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que acaba de promulgar el presidente Hugo Chávez, por no «cooperar» con la policía secreta. La polémica ley-decreto que lanzó esta semana obliga a toda persona, empresa u organización no gubernamental a colaborar y mantener la «confidencialidad o secreto» de la información o datos requeridos sin previa orden judicial ni participación fiscal. Y si se opone, se estaría «atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación», lo cual podría ser castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión en el caso de particulares, y de 4 a 6 años para los funcionarios públicos.

El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que el nuevo sistema de inteligencia y contrainteligencia sustituye a la Disip, policía política, y a la DIM, División de Inteligencia Militar. «Las nuevas serán organizaciones secretas de verdad». Entre sus funciones mencionó la de «identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra el orden constitucional y las instituciones democráticas».

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Para la presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la nueva ley «te obliga a volverte sapo (delator) en términos compulsivos», y se refiere a los que han tenido que delatar hasta a sus familiares en los regímenes dictatoriales. Advierte que el Gobierno busca silenciar a los periodistas críticos, políticos y activistas de los derechos humanos. «Intentan aplicar un patrón similar al G-2 y a los Comités de Defensa de la Revolución que existen en Cuba como el espionaje social».

Para el diario «El Nacional», se trata de copiar a la Gestapo alemana, pero otros la comparan con la KGB, la policía secreta soviética, la de Pinochet o la de Videla en el Cono Sur. «Nos deja estupefactos que se recaben las pruebas sin control judicial ni participación fiscal», admite el jurista Juan Martín Echeverría. En su opinión, el texto es inconstitucional y «la indefensión absoluta frente al poderoso régimen».

El general retirado Francisco Usón señala que «se castiga no sólo a la persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de ella. Equivale a la ley mordaza pero para la ciudadanía en general». Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, señala que el Gobierno «intenta establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos a otros en aras de un concepto de seguridad de la nación que no está definido». Y advierte que se ha creado en el país «una inseguridad jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y objeto de vigilancia».

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Supongo que este será uno de los motivos por el que algunos políticos españoles den muestras tan inquebrantables de apoyo al régimen.