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Manuel Rosales es investigado por la Contraloría General de la República desde el año 2002 al 2004 partiendo de su declaración jurada de bienes. El ministerio público venezolano encontró suficientes pruebas para inculparlo.
Las pruebas presentadas por la fiscalía indican que, Rosales, aprovechándose de su condición de gobernante municipal y regional desvió los fondos de la nación a favor propio, de sus familiares y amigos.
A Rosales se le acusa de adquirir una serie de bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto él directamente, como personas allegadas a su círculo familiar o testaferros
Durante el lapso de la verificación efectuada por la Contraloría General de la República, Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado por la cantidad de 68.553 dólares, por lo que se le sigue un proceso por enriquesimiento ilícito, entre otras acusaciones presentadas ante la justicia venezolana.
Enriquecimiento Ilícito
El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa al ex gobernador del Zulia y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, está previsto en el artículo 73 en concordancia con el artículo 46, ambos de la Ley Contra la Corrupción.
De acuerdo con el artículo 73: El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.
Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley especifica que incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado en relación con sus ingresos, que no pudiere justificar requerido y que no constituya otro delito.
Este artículo 46 señala que para la determinación del enriquecimiento ilícito, se tomarán en cuenta: 1) La situación patrimonial del investigado. 2) La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. 3) La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento. 4) Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta Ley (patrimonio público).
Por ello, en virtud del contenido de la declaración jurada de patrimonio presentada por Rosales Guerrero y la verificación de la veracidad de la declaración jurada patrimonial llevada a cabo por la Contraloría General de la República, fue que el Ministerio Público decidió acusarlo.
El presunto enriquecimiento ilícito habría sido cometido entre el 2002 y 2004, durante su gestión como gobernador del estado Zulia.
Rosales es dueño de siete viviendas, un centro comercial y participa en 13 empresas ubicadas en el estado de Florida, entre ellas la Agropecuaria La Milagrosa, presidida por él junto a una funcionaria de la gobernación. También es dueño de RT International Group. Aparentemente tiene testaferros para propiedades con un valor de más de 3 millones de dólares, formada por sus hijos, hermanos y cuñados.
Cronología del Caso
La investigación se inició el 13 de septiembre de 2004, por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Zulia, en virtud de la denuncia formulada el 2 de agosto de 2004, por el ciudadano José Luis Pirela, quien para la época se desempeñaba como secretario general del partido Patria Para Todos, PPT, en el Zulia.
Pirela indicó que Rosales adquirió una serie de bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto él directamente, como personas allegadas a su círculo familiar o testaferros, así como la constitución de la Sociedad Mercantil Inversiones Agropecuarias La Milagrosa, C.A., donde funge como gerente principal, empresa a través de cual adquirió fundos y haciendas que enriquecieron su patrimonio.
Lo anterior motivó a que la mencionada fiscalía ordenara las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Durante el lapso de la verificación efectuada por la Contraloría General de la República, Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado por la cantidad de 147 millones 389 mil 966 con 67 céntimos (hoy Bs.F. 147.389,97, el equivalente a 68.553 dólares).
Como consecuencia de ello, y de otros elementos, el Ministerio Público procedió a imputar el 11 de diciembre de 2008 a Manuel Antonio Rosales Guerrero, en la sede la Fiscalía Undécima a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales.
La investigación en este caso es parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, el cual fue remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007. Mediante el mismo se concluyó que el actual alcalde de Maracaibo registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
El Ministerio Público acusó el jueves 19 de marzo de 2009 a Rosales por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Correspondió, por distribución, al Tribunal 6º de Control del Zulia conocer de la acusación contra el ex gobernador. El Ministerio Público solicitó la medida de privación de libertad, en el escrito que fue consignado ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del estado Zulia.
El expediente que instruyó el Ministerio Público en este caso de Rosales, cuenta con 26 piezas judiciales, 12 de ellas correspondientes a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y 14 procedentes de los actos investigativos de la Contraloría General.
El 20 de marzo, el Ministerio Público solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la radicación de la causa seguida a Manuel Rosales, a fin de evitar que se altere este proceso judicial en el estado Zulia. La fiscal Katiuska Plaza presentó formalmente el escrito de solicitud de radicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal.
El referido artículo establece que ''en los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud''.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que esta solicitud busca evitar que se altere el proceso judicial en el estado Zulia, como consecuencia de hechos irregulares que puedan presentarse en dicha región. Indicó que le llamó la atención que algunas personas, a través de medios de comunicación, hayan hechos llamados a alterar el orden publico y si bien las calificó de situaciones aisladas, consideró que debían ser tomadas en cuenta.
El 23 de marzo, en ponencia de su presidente, el magistrado Eladio Aponte Aponte, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró ha lugar la radicación en el Área Metropolitana de Caracas, del juicio contra Rosales, con el propósito de resguardar la seguridad de todas las partes involucradas en el presente proceso, así como garantizar el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, de forma expedita, equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal.
El 24 de marzo, Calixto Ortega, diputado por el PSUV a la Asamblea Nacional, informó que cuatro juezas superiores de Zulia, se reunieron con Rosales, razón por la cual la Sala Constitucional tomó la decisión de destituirlas de sus cargos. ''En un caso de tanta connotación pública es muy parcial que estas juezas se hayan reunido con Rosales, lo que trajo como consecuencia la decisión de la junta reestructurada del Tribunal''. Las juristas destituidas son Iracema Vilchez, Guadalupe Sánchez, Gloris Cruz y Luisa Rojas. Indicó Ortega que a cualquiera de estas juezas les pudo haber correspondido la consulta de cualquier decisión que se hubiese tomado en primera instancia si el caso Rosales hubiera quedado en el estado Zulia.
La próxima audiencia
Para este 20 de abril fue fijada la audiencia preliminar en el caso del alcalde de Maracaibo. En esta audiencia, que celebra el Tribunal 19º de Control del área metropolitana de Caracas, se decidirá si se admite o no la acusación interpuesta por la fiscal 11 con competencia Nacional Katiuska Plaza, el pasado 19 de marzo.
Asimismo, se tiene previsto que el Tribunal decida en cuanto a las medidas de privativa de libertad y prohibición de salida del país, ambas solicitadas por la fiscal Plaza.
En dicha audiencia se escucha a las partes y el juez se pronuncia sobre la petición del Ministerio Público, sin que se debatan los puntos de fondo. Sólo se verifica si en la solicitud se cumple con los extremos legales y lo establecido en la norma adjetiva para así determinar si se concede una medida judicial privativa de libertad u otra medida menos gravosa.
La Ley Contra la Corrupción contempla una pena de 3 a 10 años de prisión y el Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando la pena es superior a cuatro años, el Ministerio Público puede solicitar la medida de privación de libertad.
Otras acusaciones contra Rosales
Entre las acusaciones consignadas ante el Ministerio Público contra el mandatario local se encuentran: caso Lotería del Zulia; compra de mansiones en La Virginia, Maracaibo y en Miami, Estados Unidos, por un millón y medio de dólares, 799 mil dólares y 306 mil dólares; registro de 13 empresas; depósito ilegal de divisas en cuentas internacionales; compra de 400 reses y donación fraudulenta de unos 200 vehículos (camionetas y motos) de la Gobernación del Zulia.
Intento de homicidio
El 2 de abril, una nueva acusación, por el delito de intento de homicidio en grado de frustración, fue introducida contra Manuel Rosales, ante la sede del Ministerio Público en el Zulia.
La denuncia fue presentada por el inspector estadal del trabajo, William Portillo, quien estuvo acompañado por seis trabajadores que resultaron lesionados el día anterior durante una manifestación frente a la sede municipal, en la cual exigían su reincorporación.
Portillo explicó que los afectados, que forman parte de los más de 4.000 trabajadores despedidos de la alcaldía, fueron golpeados por grupos de choque supuestamente contratados por el alcalde zuliano. Agregó el demandante que Rosales ha sido notificado de 350 órdenes de reenganche, ''pero no ha acatado ninguna''.
Nóminas fantasmas y regalos
En su programa ''La Hojilla'', Mario Silva denunció recientemente que unas 42 personas cobran sueldos como parte de una ''nómina fantasma'' de la Gobernación del Zulia. Mostrando unos estados de cuenta del Banco Occidental de Descuento (BOD) y un comprobante de retención del Impuesto Sobre la Renta emitido por la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Zulia, Silva aseguró que una larga lista de políticos de Un Nuevo Tiempo y otros partidos cobran un sueldo mensual como supuestos asesores.
La lista incluye a personas como Timoteo Zambrano, Luis Ochoa Terán, Yenny de Freitas, Norkys González, Beatriz Gerbasi, Adolfo Salgueiro, María Teresa Romero, Fernando Ochoa Antich, Maruja Tarre Briceño, Carlos Bivero, Alejandro Sánchez, Juan Carlos Sanz, Nelson Valera, Fernando Gerbasi, Emilio Nouei, Adolfo Taylhardt, Iruna Uturricoechea, Ana Julia Jatar, Juan Raffati, Heliodoro Quintero, Ysrael Camero, Julio César Pineda, Freddy Lepage, César Morillo, Rafael Simón Jiménez, Alfredo Chaparro, Milos Alcalay, Juan Moreno Gómez, Elisa Cardozo, Francisco Suniaga, Luis Daniel Álvarez, Juan Contreras, Mary Ponte, Carlos Guillermo Arocha, Alfredo Michelena, Felipe Pereira, Carlos Luna, Ana Crespo, Victor Hugo de Paola, Isadora Subillaga, Carlos Romero y Claudiana Osorio.
Aseguró que la nómina se mantuvo no sólo durante la gobernación de Manuel Rosales, sino también durante el corto período que Pablo Pérez lleva en dicha gobernación.
Anteriormente, se habían divulgado grabaciones en la plenaria de la Asamblea Nacional, en las cuales se habla de la distribución de 400 millones de bolívares fuertes, por parte de Rosales, para el periodista Gustavo Azócar (ex precandidato de UNT a la gobernación de Táchira), el ex diputado Enrique Márquez, además del ex candidato a la Alcaldía de Caracas por UNT, Stalin González; César Márquez y alguien con el apodo ''Bola de fuego''.
Los señalamientos de entrega de dinero a Azócar se ven reforzados por sectores de la oposición, que durante la búsqueda del ''candidato único'' a la gobernación del Táchira acusaron a UNT de dirigir una campaña millonaria, financiada desde el Zulia: ''El dirigente de COPEI en el estado Táchira, Angel Pernía, declaró hoy que Gustavo Azócar, quien opta a la gobernación de esa entidad por Un Nuevo Tiempo (UNT) 'se equivoca' de estrategia de campaña, cuando 'ataca de manera injusta' al abanderado de la tolda verde, César Pérez Vivas. (...) Indicó que Gustavo Azócar continúa con una 'campaña publicitaria millonaria y negativa', que está siendo financiada desde el estado Zulia, 'lamentablemente por Manuel Rosales', reseñó una nota de prensa''. (http://www.eud.com/2008/08/20/pol_ava_copei-tachira-dice-q_20A1927725.shtml. También puede leerse en: http://www.cesarperezvivas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=1)
El diputado regional José Luis Acosta denunció que la Gobernación del Zulia mantiene nóminas paralelas al personal ordinario, entre las que se encuentran miles de contratados del partido Un Nuevo Tiempo, a quienes se le canceló un total de Bs. 11 millones 199 mil 049 bolívares fuertes el pasado 30 de junio. El legislador sostiene que en ocho años la Gobernación incrementó su nómina total de 30 mil 374 a 107 mil 455 personas. Los montos que reciben quienes se dedican a hacer activismo político a favor de UNT oscilan entre los 9 mil y 19 mil bolívares fuertes mensuales cada uno.
Entre los ex diputados opositores regionales que desde el 2006 cobran por la Gobernación se encuentran Julio Montoya (antes del MAS), Elías Matta (antes Causa R), César Morillo y Horacio Marín (antes de AD), con salarios de 10.119, 32 bolívares fuertes cada uno.
También hubo grabaciones telefónicas en las que Liseth Rincón, una secretaria de Manuel Rosales, le informa sobre la compra que hizo de un reloj Cartier de 40 millones de bolívares, para Juan Carlos Abudei, director del diario La Verdad, y otro Pasha, de 35 millones, para Gilberto Urdaneta Finol, editor de El Regional del Zulia, así como uno para cada una de sus esposas valorados en 12 millones cada uno.
Propiedades y testaferros
El ex alcalde de Maracaibo y dirigente del PSUV zuliano, Giancarlo Di Martino, declaró que las acusaciones contra Rosales tienen que ver no solamente con el capo mayor de esta mafia, sino con sus testaferros, que hacen vida dentro de la política nacional de oposición.
Añadió que estas irregularidades no sólo vienen ocurriendo del 2002 al 2004, sino desde el primer período en que Rosales fue alcalde.
''Nosotros hemos entregado al Ministerio Público pruebas contundentes con relación a las riquezas de Manuel Rosales. Se trata de 13 haciendas. Manuel Rosales es un latifundista, un ganadero criador de búfalas. Manuel Rosales ha adquirido bienes inmuebles no solamente en Maracaibo comprobados contundentemente (hace poco adquirió una vivienda por más de 1 millón 500 mil dólares), que hoy está utilizando a través de hermanos y primos. Ha adquirido viviendas y empresas en los Estados Unidos, ha adquirido bienes inmuebles en España''.
Las denuncias de Gian Carlo Di Martino se centran en la compra de fincas en varios municipios del Zulia y especialmente en el Sur del Lago de Maracaibo, en algunos casos directamente con personas que no tienen poder adquisitivo para ello, que no tienen cómo justificar la adquisición de fincas en esa zona. Las compras habrían comenzado desde el año 97 con 40 hectáreas, a través de la agropecuaria La Milagrosa. Ya una de las haciendas, propiedad de La Milagrosa, tiene 1.200 hectáreas.
Por su parte, Mario Isea ha dicho que una funcionaria de la Gobernación del Zulia, Maritza Bastidas, tiene propiedades en Estados Unidos con un valor de más de 900 mil dólares. Isea presentó en noviembre los registros de las empresas a nombre de Rosales, sus familiares, Maritza Bastidas, y sus amigos, en Orlando (Florida).
Además de RT Internacional Group y Agropecuaria La Milagrosa, figuran otras, con nombres como: MR & M, New World Internacional Reality Inc, New World Investments Reality Inc, etc.
La forma de actuación de Rosales y sus socios siempre era la misma: primero solían poner las empresas a nombre de Maritza Bastidas o un tercero, y después cambiaban la directiva y el domicilio, generalmente a una oficina propiedad de Manuel Rosales. Los nombres que se repiten son Rosales, Fernando Tata, Bastidas y otros allegados al gobernador del Zulia.
Mario Isea precisó que los activos de dos empresas creadas por el gobernador Manuel Rosales en Miami (Florida, Estados Unidos) superan los 11 millones de dólares. Una de las empresas es RTC International Group, por medio de la cual Rosales habría hecho la transferencia de 31 millones de dólares, según una conversación telefónica sacada a la luz pública.
En la Comisión de Contraloría de AN, Isea presentó pruebas de las propiedades que posee Rosales en Estados Unidos y que consisten en siete casas y un centro comercial (valorado en $ 2 millones), así como el registro de 13 empresas, junto con un grupo de testaferros entre quienes se encuentran: Fernando y Delfina Tata, Bonnie Trejo, José Francisco Rosales, José Ángel Reyes (contratista), Maritza Bastidas y sus hijos Manuel y Carlos. La adquisición del centro comercial y las siete casas suman la cantidad de cuatro millones 216 mil 500 dólares.
''Tenemos pruebas que el señor Manuel Rosales ha constituido un circuito, una red de empresas, que moviliza grandes cantidades de dinero dentro y fuera del país, que tiene un conjunto de testaferros, de socios, de fachadas registradas fundamentalmente en EE UU, pero también en otros lugares del mundo'', dijo Isea. Manifestó que esta red fue descubierta a raíz de la investigación sobre el presunto magnicidio contra el presidente Hugo Chávez.
Isea también ha comentado el negocio de compra de ganado de Rosales, particularmente la adquisición de más de 400 reses cebú de alta calidad. En una grabación, en la que se escucha a Rosales, se habla de una inversión de millones de bolívares en animales de 300 kilos; de lo que representa venderlos, de precios del ganado y cómo fluctúa, de cómo se aprovecha y se promueve el aumento del precio de la carne para ganar más.
Por otra parte, el parlamentario Isea ha denunciado amenazas ''intimidatorias'' contra él y su familia por parte del grupo paramilitar de las Águilas Negras, producto de las investigaciones que efectúa contra Rosales.
Donaciones irregulares de vehículos
En enero pasado, el diputado Julio Moreno, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, anunció que fue aprobado el informe concerniente a la denuncia contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales y el director de la Policía del Zulia, comisario Jesús Alberto Cubillán, por irregularidades en donaciones de vehículos pertenecientes a la Gobernación de ese estado.
''Hemos determinado que hay responsabilidad política en supuestos hechos ilícitos denunciados en su momento y que implicarían la donación de una camioneta marca Ford, tipo Fortaleza, año 98''.
El vehículo fue donado por la gobernación del Zulia a Cubillán, quien lo vendió aunque los documentos de donación indican que el mismo no puede ser enajenado o vendido en un período de 10 años. Se supo que el vehículo en cuestión se vendió en apenas 10 meses luego de ser donado y por un monto 10 veces menor al costo real.
El parlamentario Alberto Castelar solicitó que se investigue la donación de los 268 vehículos a los funcionarios policiales y la supuesta venta simulada por 2 mil 700 millones de bolívares (calculando el precio de cada unidad en 10 millones) que lesionan el patrimonio publico.
Malversación de fondos públicos y obras inconclusas
Durante la gestión de Rosales, el Fides transfirió a la Gobernación zuliana recursos para construcción de infraestructuras, las cuales tienen un avance físico de 50%, 30%, 20% y en algunos casos 0%.
El presidente del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), José Julián Villalba, dijo que a Manuel Rosales se le concedieron 46 millardos de bolívares fuertes para la construcción de obras sociales en el Zulia y éstas nunca fueron concretadas.
Por ejemplo, dijo el presidente del Fides, el 2 de mayo de 2005 fue aperturado un fideicomiso en el Banco Central Entidad de Ahorro y Préstamo para la reparación y mantenimiento de apoyos móviles y fijos del puente General Rafael Urdaneta de la pila 98 a la 115, en el municipio San Francisco, y ''todavía están en ese banco 454 millones de bolívares sin ejecutar''. ''Los recursos no se han utilizado en su totalidad, y vemos como hay problemas con algunos de los soportes móviles del puente'', señaló Villalba.
Villalba recordó que con respecto a las irregularidades de la gestión de Manuel Rosales, el Fides ha introducido 13 denuncias por la no ejecución de proyectos.
Caso Siemens. Sobornos
En diciembre de 2008, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Mario Isea, presentó ante la Fiscalía General de la República evidencias relacionadas con el caso de la compañía Siemens que presuntamente involucran a Manuel Rosales.
El caso ocurrió durante su primera gestión como alcalde de Maracaibo. Isea informó que con el Metro de Maracaibo (Metro-Mara) se demostró públicamente, que la compañía Siemens pagó comisiones a funcionarios gubernamentales para concretar el contrato de la línea uno del transporte subterráneo.
''La buena pro para esa línea uno del Metro de Maracaibo se otorgó el 1º de agosto del 2000, no fue en el 2001. Por ello el presidente actual del Metro-Mara, Francisco Urbina, declara que esas irregularidades ocurrieron en la gestión correspondiente al alcalde Manuel Rosales y a Peter Malberg, como presidente de aquél entonces de Metro-Mara, porque ellos decidieron unilateralmente darle la buena pro a la empresa Siemens''.
En ese entonces, 60% de las acciones de dicho proyecto estaban bajo control de Rosales, y Malberg estaba al frente de Metro-Mara. Malberg fue hasta hace poco gobernador encargado del Zulia.
De acuerdo con documentos judiciales, Siemens Venezuela admitió que realizó pagos de al menos 18,78 millones de dólares a funcionarios venezolanos, por medio de presuntos consultores empresariales, a cambio de un trato beneficioso en los proyectos de transporte masivo Metro Valencia y Metro Maracaibo.
Lotería del Zulia
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó en diciembre el informe de responsabilidad política de Rosales en el caso de la Lotería del Zulia.
El diputado Mario Isea explicó que se trata de un caso de ''defraudamiento fiscal por intermedio de la Lotería, con complicidad del gobernador, el contralor, el procurador y la presidenta de la Lotería del Zulia. Allí se dio un contrato a una empresa que era la misma que había defraudado al fisco, simplemente cambiando el nombre''.
Se llegó a la conclusión de que por acciones y omisiones, tanto el ex gobernador Rosales como el procurador, el contralor y la presidenta de la lotería, Lorena Petit, han violado la ley en lo que tiene que ver a los mecanismos de licitación o de selección de empresas para otorgar contratos.
El día 15 de enero de 2007, Rosales designó a la presidenta de la Lotería y ese mismo día se convoca a la directiva, se conoce el contrato y el gobernador lo avala. Esa lotería tuvo un contrato, que firmó Rosales, con Alpha Lottery, la cual dejó de pagar al fisco nacional (Seniat) 19 mil millones de bolívares. Luego, el gobernador firmó y avaló un nuevo contrato con otra empresa (Playtex), con la misma junta directiva de Alpha Lottery.
Luego, a comienzos de 2008, Rosales le cambia el nombre a la institución que administraba la renta de beneficencia, colocando como presidenta a la misma persona que la administraba anteriormente.
Mercado negro de dólares
También se cuenta entre los hechos punibles un depósito por 31 millones de dólares a la empresa RT Internacional, a través del mercado negro en la cuenta Nº 0005508622926 del Bank Of America, que tiene como titular una compañía denominada ''R.T. International''.
Grabaciones de Manuel Rosales, difundidas por el periodista Alberto Nolia en Los Papeles de Mandinga, revelaron el manejo.
Nolia difundió dos conversaciones de Rosales con distintos interlocutores -no identificados- que actúan como manejadores de divisas extranjeras (dólares de EEUU), y a quienes da instrucciones sobre este dinero. En una de las conversaciones, se revela cómo Rosales le indica a la persona que atiende la llamada, a copiar un número de cuenta en el extranjero para transferirle una cantidad no determinada de dinero, ''31'', que su interlocutor tiene en su poder, a la cuenta del Bank Of America.
En la otra conversación, Manuel Rosales muestra su enojo ante un segundo interlocutor, a quien llama ''Armando'', por no haber sido informado de un problema en la venta de unos cuantos millones de dólares para obtener ganancias extraordinarias en bolívares. Según la conversación, el negocio se realizaría vendiendo cada divisa a 2.800 bolívares, pero como no se conseguía comprador, se bajó a 2.400 para lograr la venta la cual, no obstante, estaba estancada.
Magnicidio
En la sesión ordinaria de la AN, el pasado 28 de octubre, el diputado Saúl Ortega comenta la grabación de una conversación entra Rubén Barboza y Rosales, donde se dice que se va a meter ''en una verga'' para ''sacar al tipo'': ''Son seiscientos mil, habla de dos personas involucradas; aquí se habló del magnicidio, y la Comisión Especial para investigar la conspiración y organización del golpe de Estado y magnicidio en contra del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela claramente habló que el magnicidio se estaba planificando desde Maracaibo. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿De dónde viene esta plata? ¿De dónde viene este dinero? Todas las informaciones apuntan a la Lotería del Zulia, que es desde allí el tinglado de corrupción para financiar la conspiración, magnicidio, corrupción. Averigüen quiénes son los integrantes de la directiva de la Lotería del Zulia, puras cacaítas que estuvieron en el golpe de abril de 2002, tenemos allí unos personajes, por ejemplo un nombre muy familiar, Víctor Ferreres, quien dirigió Venevisión para el momento del golpe, articuló el golpe de Estado; Tobías Carrero, también involucrado; hay un testaferro de Ravell allí y está un tal Luciano Miles, que es un contratista de Manuel Rosales'', afirmó el diputado.
Fuentes consultadas:
Páginas web de Fiscalía, TSJ, Asamblea Nacional, ABN y YVKE
Los abogados de Rosales
Morris Sierralta
Fue abogado de Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez, al igual que su padre, del mismo nombre, quien murió en 1993. Ibáñez lo menciona en una carta pública, de septiembre de 98, en la que se declara ''absolutamente inocente de los injustos cargos que se formularon en mi contra''. En esa misiva, Blanca Ibáñez de Lusinchi recuerda ''la memoria preclara del doctor Morris Sierralta y la terca, inteligente y valiente asistencia que nos ha prestado nuestro distinguido abogado doctor Morris José Sierralta''. (Notitarde: http://historico.notitarde.com/1998/09/30/pais/pais1.html). En vista de la posible reapertura de las investigaciones en su contra en 1999, el ex presidente Jaime Lusinchi acudió ante la Corte Suprema de Justicia para consignar la designación de Morris José Sierralta como su abogado defensor. (http://www.eud.com/1999/10/16/pol_art_16108AA.shtml)
Fue abogado defensor del banquero prófugo Gustavo Gómez López (Banco Latino). En 1998, un tribunal penal bancario de Caracas condenó a 15 años de prisión al ex presidente del Banco Latino, quien se encontraba prófugo de la justicia tras la quiebra en 1994 de esa institución financiera. Su abogado, Morris Sierralta, dijo que apelarían la sentencia. (Notitarde: http://historico.notitarde.com/1998/08/04/sucesos/sucesos2.html). En 1996, Sierralta apeló a la crisis carcelaria del país para evitar la extradición de su cliente. Explicó que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos un informe sobre la actual situación penitenciaria. ''Dudo que algún país extranjero vaya a conceder la extradición habida cuenta de la crisis que afronta este sistema'', acotó. También aseguró desconocer el paradero de Gómez López. (Notiluz: http://groups.google.com.do/group/soc.culture.venezuela/browse_thread/thread/4e2dad147fe806e9/50324195029a8370)
Fue además defensor de Marcos Pérez Jiménez. En 1999, el Tribunal II Penal del área metropolitana, a cargo de la juez Mildred Camero, declaró prescrito, luego de 27 años, el juicio seguido contra Pérez Jiménez, acusado por su presunta complicidad en el homicio del teniente León Droz Blanco, en Barranquilla. La solicitud para la prescripción había sido introducida por el abogado Sierralta. (http://www.eud.com/1999/02/15/pol_art_15113AA.shtml)
Magaly Vásquez
Fue abogada de Nelson Mezerhane (Globovisión), cuando éste fue señalado de ser presuntamente autor intelectual del atentado en el cual perdió la vida el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, el 18 de noviembre del 2004.
