Firman:
Programa Conjunto
SNPS-CRS, CODHES, MINGA, CNR.
Observadores: OCHA
Teniendo
en cuenta el deterioro de la situación humanitaria en los departamentos
fronterizos de Colombia con Ecuador (Nariño y Putumayo), el Grupo de Fronteras,
integrado por organizaciones nacionales e internacionales, manifiesta su
preocupación por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.
Durante
el último año la población civil de la frontera colombo-ecuatoriana se ha visto
afectada por actos de violencia, manifiestos en su utilización “como
escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o
impedir operaciones militares”, (No. 10 de los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos).
El
agravamiento de la situación humanitaria ha sido denunciado por la gobernación
departamental de Nariño, la
Iglesia Católica a través de los obispos de la frontera
colombo ecuatoriana, las distintas organizaciones sociales y comunitarias de
Nariño y Putumayo, los organismos no gubernamentales nacionales y locales,y la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de
alertas tempranas, informes de riesgo y audiencias defensoriales
No
obstante, en los últimos meses el deterioro de la situación humanitaria de los
departamentos de Nariño y Putumayo ha estado marcado por diferentes hechos que
generan una situación de riesgo persistente
para las comunidades.
En Nariño:
El pasado 23 de
agosto y hasta el día 26, el cantón de San Lorenzo de la provincia de
Esmeraldas en Ecuador, registró la llegada de aproximadamente 1700
personas de origen colombiano, provenientes de las comunidades ribereñas
de los ríos Mira, Mataje y Nulpe del municipio de Tumaco, departamento de
Nariño. Simultáneamente, el gobierno departamental reportó la movilización
de aproximadamente 6000 personas de estas comunidades hacialas áreas conocidas como Vallenato, la Guayacana y el
Azúcar, en zona rural del municipio de Tumaco. Estas personas se
movilizaron por presuntas presiones de parte de grupos armados al margen
de la ley, con el supuesto interés de impedir operaciones de erradicación
forzada de cultivos de uso ilícito.
Esta situación fue atendida por los gobiernos ecuatoriano y colombiano,
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, intentando
mitigar las complejas consecuencias humanitarias que se derivaron. El 26 de
agosto de 2007, delegados del gobierno colombiano y algunos miembros de las
comunidades lugareñas suscribieron un acuerdo para el regreso a sus tierras. Hasta
el momento no se tiene conocimiento del cumplimiento del punto 3 del acuerdo
suscrito entre los delegados del gobierno y las comunidades, en lo que
concierne específicamente a la reanudación de las mesas de negociación del
proceso de movilización del suroccidente colombiano, instaladas en el mes de
mayo de 2006 en el departamento de Nariño.
Persisten amenazas
a líderes de las comunidades al regreso a sus lugares de origen en el
departamento de Nariño, por parte de grupos al margen de la ley.
Persisten
las presiones por parte de grupos al margen de la ley contra la población
civil residente en 10 veredas aledañas a la carretera Pasto-Tumaco,
departamento de Nariño.
Desde
el 18 de septiembre se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la
guerrilla de las FARC-EP durante operativos militares adelantados por la Fuerza Pública
en la comunidad de Inda Sabaleta, zona rural del municipio de Tumaco en
departamento de Nariño. Dichos enfrentamientos provocaron que las
comunidades de Pilbizita, Sabaleta, Bajo Inda y La Victoria se
desplazaran hacia la Institución Educativa de Inda Sabaleta en la
comunidad del mismo nombre, que se encuentra aproximadamente a 25 minutos
por carretera de la cabecera corregimental de Llorente. El viernes 21 de
septiembre se habían desplazado 1018 personas de 1172 queconforman el resguardo del pueblo
indígena AWA en Inda Sabaleta, de las cuales 488 son menores, quienes
seguían concentrados en la institución educativa. Hay riesgo de que población
de otros resguardos como Gran Rosario e Inda Guacaray se desplacen por el mismo motivo.
En Putumayo:
La vinculación
entre conflicto armado interno y narcotráfico es más profunda en la
frontera sury durante los últimos
tres meses podría explicar el incremento de muertes violentas en el
departamento de Putumayo, asociadas a la disputa por el control de
territorios y mercados estratégicos. El pasado 26 de agosto nueve
personas, entre ellas cuatro menores y una mujer embarazada, fueron
asesinadas dentro de una finca de la vereda La Paila, situada a una
hora del casco urbano de Puerto Asís (Putumayo), sin que las autoridades
hayan podido identificar los móviles aún.Se presenta situación similar en el municipio de La Hormiga, donde la Policía ha reportado
aproximadamente 50 homicidios en lo que va del año.
El pasado 16 de
septiembre fue asesinado el candidato liberal a la alcaldía de Puerto
Guzmán (Putumayo), Jairo Casanova al salir de una reunión política en zona
rural del municipio. Esta situación refleja la falta degarantías en el proceso electoral de la
región.
En Puerto Ospina,
zona rural del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento de
Putumayo, sobre la línea de frontera con Ecuador, se reportaron tres
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los meses de julio y agosto en
las veredas La
Concepción y El Tablero. Desde el 14 de septiembre en
Puerto El Carmen, provincia de Sucumbíos en Ecuador, la Pastoral Social
ha reportado la llegada de 5 familiasde
los grupos étnicos Sionas e Ingas, provenientes de las veredas La Concepción y El
Tablero, en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo. Estas veredas
se encuentran sometidas a bloqueos y amenazas por parte de grupos armados
al margen de la ley y enfrentan una situación de emplazamiento, por lo que
se ve probable nuevos desplazamientos transfronterizos hacia Ecuador. De
no adelantarse medidas de protección efectivas para la población civil que
se encuentra en medio de las presiones armadas, pueden continuar los
asesinatos.
El 21 de junio se
reportaron 4 ejecuciones extrajudiciales en Dios Peña, zona rural del
municipio de San Miguel en el departamento de Putumayo y el 8 de Agosto se
reportaron 2 ejecuciones extrajudiciales en Puerto Bello, zona rural del
mismo municipio de San Miguel. El 13 de agosto 2 ejecuciones extrajudiciales
más se reportaron en Puerto Vega, zona rural del municipio de Puerto Asís.
EN JARDINES DE SUCUMBIOS, zona rural del municipio de Orito se reportaron
tres ejecuciones extrajudiciales durante la semana del 8 al 12 de
septiembre.
De todos estos hechos han sido adelantadas las denuncias respectivas a
las autoridades competentes.
Frente a esta situación solicitamos a los organismos estatales adelantar
acciones para proteger a la población civil víctima del conflicto armado
interno en la zona, que permitan prevenir los desplazamientos forzados,
adelantar las investigaciones correspondientes relacionadas con las violaciones
de derechos humanos.
A las Agencias internacionalesencargadas
de la promoción de los Derechos Humanos:
·Adelantar una visita con
carácter urgente para verificar la situación humanitaria en la zona de PUERTO
OSPINA en municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo y zona rural de TUMACO, en
NARIÑO con acompañamiento de entidades del Estado que puedan registrar
denuncias de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario
·Facilitar la entrega de
ayuda humanitaria para la población civil que la requiere, por parte de
organismos y agentes humanitarios en ambos lados de la frontera.
El
Grupo de Trabajo de Fronteras, conformado por las organizaciones abajo
firmantes, hace un llamado a todas las organizaciones para volcar sus mejores
esfuerzos en la coordinación de la respuesta, garantizando intervenciones
adecuadas y que ofrezcan respuestas contundentes a las enormes necesidades de
las comunidades de estos departamentos fronterizos con Ecuador.
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Sus aportes serán de gran importancia en el proceso.
Tome en cuenta no emplear terminos inadecuados.
Agradecemos sus aportes sobre migración y refugio en el Ecuador
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