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La ultraderecha como excusa
A raíz de la popularidad cada vez mayor del Sindicato Manos Limpias, se está asociando el calificativo “ultraderechista” a nuestro nombre, especialmente en la prensa proclive a posiciones políticas de izquierda.
A menudo se alude al pasado de nuestro Secretario General Miguel Bernad, como si las personas carecieran del derecho a evolucionar y lo que es más importante, a defender sus propias ideas cualesquiera que fueren. Nuestro Secretario General en contra de lo que se ha publicado nunca militó ni tuvo cargos de responsabilidad en F. N., partido que se disolvió en 1982, militó eso sí y tuvo cargo de responsabilidad en el Frente Nacional, en el año 1995. Tenemos un claro ejemplo en la figura del Presidente Fundador del PP, Manuel Fraga, Ministro de Franco y hoy acreditado y reconocido demócrata, delante de cuya gris policía muchos corrimos en la Universidad. Y no leemos o escuchamos el adjetivo ultraderechista delante de su nombre. ¿Por qué? Obviamente porque de sus actos se deduce que no lo es, D. Manuel cambió. Entonces, ¿cual es el motivo de que a Manos Limpias se le pretenda etiquetar como ultraderecha, cuando públicamente ha manifestado estar lejos de esa posición política?  La respuesta es que estorbamos, somos incómodos, nos dedicamos a ejercer una labor de denuncia de la corrupción y de defensa de la Constitución, en estos tiempos revueltos en los que el Poder intenta aplastar a quienes no se pliegan a sus deseos. Y el interés del Gobierno está bien claro y así lo ha transmitido el Fiscal General Conde Pumpido, sólo yo decido a quien se puede acusar ante la Justicia y a los que yo no acuse deben quedar libres, aunque los jueces puedan apreciar la existencia de delito. Es el intento de asalto al Poder Judicial, de acabar con la división de poderes del Estado y con la participación de los ciudadanos en la Justicia. Al Ejecutivo, sus medios afines, subvencionados y titiriteros adscritos, les interesa desacreditarnos y como no lo pueden hacer por nuestra trayectoria, recurren a la descalificación, adscribiéndonos epítetos de tiempos pasados ya superados por los españoles, pero al parecer no por la izquierda revanchista anclada en la época preconstitucional. Sólo a los ciudadanos les corresponde juzgarnos y valorarnos por nuestros actos. Manos Limpias intenta ejercer una labor cívica de denuncia en aquellos casos en los que la fiscalía no actúa y en defensa del Ordenamiento Jurídico. Si Manos Limpias no hubiera ejercido la acción popular, a José María Atutxa le hubiera salido gratis desobedecer al Tribunal Supremo. Si Manos Limpias no hubiera iniciado las denuncias contra Garzón, el Magistrado semidiós seguiría sin rendir cuentas de sus presuntos delitos. Si Manos Limpias no hubiera denunciado cuantos asuntos puede el lector ver en nuestra Web, muchos delincuentes seguirían impunes. La personación de Falange en el proceso contra el Magistrado Garzón, fue la excusa definitiva para la izquierda guerracivilista: Manos Limpias igual a Falange. Pues no. Manos Limpias fue quien inició las actuaciones contra el Magistrado y Falange se personó con posterioridad. Ahora que el juez Varela ha apartado a Falange del sumario contra Baltasar Garzón, esperamos que quede clara nuestra posición. Antes del proceso por el asunto de las fosas del franquismo, Manos Limpias llevaba ya tiempo denunciando las irregulares decisiones del juez Garzón y sirva como ejemplo el caso del chivatazo a ETA que estaba paralizado en el cajón de “para sacar cuando me interese” y cuya dilación en resolver, Manos Limpias denunció. Por ello, asociarnos a la ultraderecha es la excusa que conviene, pero declaramos públicamente ante los ciudadanos españoles que no somos de extrema derecha, ni de izquierdas. Somos un Sindicato que no está hipotecado por nada ni por nadie, no recibimos subvenciones y únicamente funcionamos con las aportaciones y el trabajo de nuestros afiliados y simpatizantes. Entendemos que en estos momentos, nuestra nación necesita que todos los españoles de bien, que creemos en la honradez y el trabajo, en la igualdad de todos ante la Ley, en la Justicia y en definitiva en los principios y valores de nuestra Constitución, demos un paso adelante en defensa de aquello que amamos y actualmente peligra por el auge nacionalista: España. Y ahí estará siempre Manos Limpias, en primera línea. 23 de abril de 2010. De La Martín. En defensa de la acción popular El artículo 125 de la Constitución Española dispone que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha declarado recientemente que deberían prohibirse las querellas mediáticas procedentes de fiscalías paralelas, porque el monopolio de la acusación judicial radica en la Fiscalía y se saturan los juzgados de lo penal. Es verdaderamente alarmante que quien está al frente de una Institución fundamental en nuestro Estado de Derecho, como es la Fiscalía, aporte en estos momentos críticos para la Justicia española, una opinión tan contraria a la letra y el espíritu de nuestra Constitución, y lo más grave es que lo hace, cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado decisiones contrarias al criterio seguido por la Fiscalía en el caso Garzón, por lo que habría sido imposible el proceso al juez de no haber existido la posibilidad de la acusación popular y los presuntos delitos hubieran quedado impunes. De prosperar la opinión de tan “acreditado demócrata”, la acusación popular, figura esencial en la arquitectura del sistema judicial español, debería ser proscrita en aras de que sólo la Fiscalía pudiera ejercer la acusación en todos los procesos judiciales y, por tanto, únicamente el criterio del Gobierno, a través de su lacayo el Fiscal General, sería el determinante para que se ejerciera o no la acusación pública, en base a sus intereses políticos y no al interés general de los ciudadanos de la nación. Una y otra vez, las actuaciones del Fiscal General vienen demostrando que la independencia de la Institución no es más que teoría. En la práctica, la Fiscalía viene actuando siguiendo las directrices del Poder Ejecutivo sin rechistar. Valga de muestra el diferente criterio seguido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su informe contrario a la competencia del juez Garzón en el caso fosas del franquismo y por la Fiscalía del Tribunal Supremo oponiéndose al procesamiento del Magistrado frente a la querella de Manos Limpias. Si era incompetente, como mantenía la Fiscalía de la Audiencia, cualquier ciudadano medianamente lúcido comprende que obviamente prevaricó, como también comprende que los delitos que pretendía perseguir habían prescrito y estaban amnistiados por las Cortes Españolas. El desprecio del juez a la opinión de la Fiscalía, llegó al extremo de hacer caso omiso de ella y continuar la instrucción llegando a solicitar el certificado de defunción de Franco, por lo que debía de ser el único español ignorante de su muerte. Pese a la rotundidad del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Sr. Fiscal General del Estado dio instrucciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo para oponerse al procesamiento del juez, en línea con la evidente decisión gubernamental de convertir el caso Garzón en una bandera de enganche, que sirva de revulsivo para la movilización de la decaída izquierda española. En efecto, al toque de trompeta, acudieron gustosos los subvencionados sindicatos de izquierdas, las subvencionadas asociaciones para la memoria histórica, el subvencionado sindicato de la ceja, siempre presto a repetir el “no a la guerra”, los titiriteros del canon digital, los nacionalistas, felices con el deterioro de la Justicia, y otros personajes y fiscales amargados en su verbo y actitud personal. Con el Fiscal General animando el cotarro y pidiendo que únicamente puedan utilizar la acusación los transmisores de la voluntad del Ejecutivo, no nos extrañaría que estos “demócratas” lleguen a pedir la prohibición e ilegalización de los discrepantes y porqué no, de la misma oposición. Afortunadamente, por encima de ellos está la Ley, y nuestra Constitución vigente nos otorga a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad de ejercer la acción popular. Manos Limpias ha ejercido la acción popular en numerosos casos y en el futuro seguirá haciéndolo en aquellos supuestos en los que la Fiscalía no actúe y el interés general lo demande. Pese al Fiscal General del Estado. 21 de abril de 2010 De La Martín |
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