Tema del dia| 2 Jun 2010 - 11:51 pm

De agarrón en agarrón

Por: Redacción Judicial
Cronología de las peleas entre la Corte Suprema y el Gobierno.
Álvaro Uribe Vélez y Jaime Arrubla
Foto: Archivo
El presidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente (e) de la Corte, Jaime Arrubla. 

Cuatro años lleva la pelea sin cuartel entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. El miércoles, un nuevo round  se dio con  el cruce de declaraciones entre el presidente Uribe y los dignatarios del alto tribunal, esta vez por cuenta de la medida de aseguramiento contra el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren. Ya proliferan los pronunciamientos de la opinión pública y la comunidad internacional tomando partido o pidiendo frenar el enfrentamiento. Como están las cosas, la solución está en manos del próximo gobierno.

“¡Qué tristeza! Mario Aranguren está en la cárcel no por  robar, está por combatir la corrupción (...) Uno queda totalmente desconsolado y desorientado”. Con comentarios así, emitidos en Radio Manizales, el Jefe de Estado arremetió otra vez. Desde su orilla el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, no tardó en responder: “Hay quienes ufanándose de gozar de un poder popular insultan a los jueces con el propósito de reducir sus funciones y competencias de carácter autónomo”.

Al agarrón se sumaron el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González; el magistrado César Julio Valencia y el delegado de la ONU Javier Fernández, quienes reclamaron la independencia de poderes y nombres concretos a las denuncias del Presidente. En los últimos dos días Uribe ha dejado la sensación de que la mano de la Corte Suprema está detrás de las decisiones que están tomando jueces y fiscales respecto de las investigaciones de las ‘chuzadas’ y seguimientos del DAS.

Aun cuando en el primer gobierno del Presidente las relaciones con la Corte no fueron las mejores, sí fueron manejables. Sin embargo, no se había terminado de cuajar su reelección y de posesionarse en su segundo mandato, cuando ya estaba casada la pelea. El primer incidente fue casi de tipo personal entre el entonces presidente de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Yesid Ramírez, y Uribe. El primero dio unas declaraciones dejando entrever que en el tema de la tutela el Jefe de Estado había preferido la argumentación de la Corte Constitucional para garantizar su reelección.

No obstante, el primer pulso de proporciones llegó cuando la Corte Suprema, acatando un fallo de la Corte Constitucional, dejó en el limbo a cerca de veinte mil desmovilizados que buscaban ser procesados por delitos políticos. La Corte Suprema aclaró que el delito por imputar era concierto para delinquir. El presidente Uribe reclamó mientras que los jefes paramilitares exigían garantías. En el trasfondo empezaban a agitarse las aguas del escándalo de la parapolítica.

En noviembre de 2006 tres parlamentarios de Sucre ya estaban presos y para febrero de 2007 otros cinco fueron afectados con medida de aseguramiento, todos cercanos al Gobierno. El escándalo pronto cobró magnitudes insospechadas cuando se reveló el llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”. Todas estas investigaciones, por competencia, llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que empezó a desarrollar procesos y a ordenar capturas de los congresistas.

Semanas antes había sido capturado el exitoso empresario italiano Giorgo Sale, quien resultó no sólo con excelentes relaciones públicas que tocaron a la Corte, sino que se descubrió que era testaferro de Salvatore Mancuso. Su detención en Italia no causó mayor noticia hasta que se fueron conociendo las verdades de su emporio, entre ellas que había sido cercano a varios magistrados de la Corte Suprema. Esta información motivó averiguaciones del DAS para establecer si existía algo ilegal en estos contactos entre Sale y la Corte.

De paso, los detectives del DAS dieron con un señalado lobbista llamado Ascencio Reyes, quien también aparecía muy cercano a la Corte Suprema y con negocios no muy claros. Hacia septiembre de 2007, mientras el DAS y la UIAF rastreaban a la Corte, este tribunal avanzaba en sus investigaciones de la parapolítica, tocando al senador de Antioquia Mario Uribe. Entonces estalló el escándalo del caso Tasmania, cuando el Presidente aseguró que había un complot en marcha para involucrarlo en el crimen de un paramilitar apodado René.

El episodio suscitó un enfrentamiento personal entre el entonces presidente de la Corte Suprema , César Julio Valencia, y el presidente Uribe, que terminó en denuncia del segundo porque el magistrado aseguró que el Jefe del Estado lo había llamado a preguntarle por el caso de su primo Mario Uribe. Con el paso del tiempo se comprobó que el caso Tasmania no fue más que un montaje para desacreditar al magistrado auxiliar  Iván Velásquez y a la Corte Suprema de Justicia. Y no fue el único episodio parecido.

En agosto de 2008 trascendió una reunión en la Casa de Nariño entre delegados de Don Berna y el paramilitar Antonio López, alias Job, con funcionarios de Palacio. El objetivo, al parecer, era entregar supuestas pruebas de excesos de la Corte. En el ambiente, sin embargo, quedó la sensación de que se trató de un nuevo complot para desprestigiar a la Corte, como en su momento lo denunció el nuevo presidente del alto tribunal, magistrado Francisco Javier Ricaurte, quien también tuvo su rifirrafe con Uribe.

Por esos mismos días, la Corte Suprema había condenado a la congresista Yidis Medina, por haber vendido su voto para la primera reelección, con una sentencia que por sus términos causó ampolla en el Gobierno. El presidente Uribe no vaciló en calificar a los magistrados como “nostálgicos del terrorismo” y propuso un referendo para legitimar su reelección. Como si fuera poco, el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, denunciaron a la Corte ante la Comisión de Acusaciones.

El sustento de las denuncias fueron varias publicaciones de los medios de comunicación sobre presuntas relaciones entre Giorgio Sale y Ascencio Reyes con la Corte Suprema. Los mismos documentos que hoy exhibe la Fiscalía para demostrar que el DAS sí adelantó una campaña de desprestigio contra la Corte. Sin embargo, en ese momento no era más que otra pelea entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Uribe.

En agosto de 2009 se cumplió el período como fiscal de Mario Iguarán. El Gobierno envió a la Corte Suprema su terna para reemplazarlo, pero lleva más de 10 meses en interinidad el cargo y el tema se ha prestado para toda clase de enfrentamientos entre los dos poderes.  A este tema vino a agregarse la negativa de la Corte Suprema de conceder varias extradiciones de jefes paramilitares y ‘narcos’. Nuevo motivo de pelea y de descalificaciones mutuas.

Ahora la piedra del escándalo es Mario Aranguren y el espionaje desbordado del DAS. El presidente Uribe dice que él no es de esas prácticas y reivindica la transparencia de su Gobierno, al tiempo que fustiga a los jueces por supuestas presiones. A diez semanas de terminar su mandato, las relaciones con la justicia no pueden estar más avinagradas. Será su sucesor quien herede el saldo de cuatro años de peleas y un escándalo de trasfondo: la parapolítica.

  • Redacción Judicial | EL ESPECTADOR

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