AMIA: juicio oral por irregularidades
Acusaron al juez Galeano y al ex jefe de la SIDE
Hernán Cappiello
LA NACION
Mientras parece lejana aún la posibilidad de tener detenidos y enjuiciados a los autores del atentado contra la AMIA, sí avanzan las causas relacionadas con la manera en que se investigó el ataque terrorista, que dejó 85 muertos.
Por eso ayer el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio oral una causa por las irregularidades detectadas durante la pesquisa. Serán enjuiciados por graves delitos el jefe de la SIDE cuando ocurrió el ataque, Hugo Anzorreguy; el ex agente de inteligencia Patricio Finnen; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; el ex juez federal Juan José Galeano, que comandó la investigación; los ex fiscales Eamón Müllen y José Barbaccia; el acusado Carlos Telleldín; su esposa, Ana Boragni, y su abogado Víctor Stinfale.
Esta es sólo una parte de las causas paralelas al atentado, pues aún se investiga por encubrimiento al ex presidente Carlos Menem por el abandono de la pista siria de la investigación y al ex ministro del Interior Carlos Corach.
En el caso que fue elevado a juicio se le reprocha al ex juez Galeano haberle pagado a Telleldín 400.000 dólares para que declarara en contra de los ex policías bonaerenses que fueron juzgados y absueltos en 2003. Ese dinero salió de las arcas de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que comandaba Anzorreguy. Fue cobrado en un operativo secreto por la esposa de Telleldín, Boragni, con la intervención del abogado Stinfale, y a la postre la plata llegó a manos de Telleldín. Supuestamente, los fiscales estaban al tanto de ese operativo.
Por eso los ex funcionarios y el resto de los imputados deben enfrentar acusaciones de peculado, con penas de hasta 10 años de prisión, a raíz de la apropiación indebida de dinero público por parte de un funcionario que debía controlarlo.
En el caso de los ex funcionarios judiciales se sumaron otros delitos relativos a irregularidades en la marcha de la causa, como privaciones ilegítimas de la libertad de algunos de los acusados en el juicio, a los que los fiscales creen que detuvieron a sabiendas de que las pruebas que los incriminaban era falsas. Además se les imputa haber coaccionado testigos y al ex juez Galeano directamente el delito de prevaricato, que implica haber dictado fallos contrarios a la ley, a sabiendas de que lo hacía.
Ahora deberá sortearse un tribunal oral federal que se haga cargo de ese proceso. Esos jueces revisarán si el asunto está en condiciones de ser elevado a juicio, y si es así les pedirá a las partes que ofrezcan las pruebas y se pondrá fecha de inicio al debate, que de todos modos no tendrá lugar este año.
