22 de julio 2008
Campesinos colombianos preocupados por la seguridad alimentaria

Foto:PNUD/Colombia

Bogotá, Colombia - Mientras el campo es la parte del territorio colombiano más afectada por la violencia, y más de 2 millones de campesinos han sido forzados a desplazarse, la agricultura campesina sigue siendo la principal fuente de producción de alimentos en el país. Y aunque se considera que el campesino produce sólo para el autoconsumo, estudios revelan que más del 90% de lo que produce la familia campesina va al mercado y menos del 10% al autoconsumo. Así, el 63 por ciento de los alimentos que se consumen y se exportan en Colombia son producidos por su población campesina.

De esta manera, la seguridad alimentaria se convierte en una razón más para procurar que el campesino se pueda quedar en el campo. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, manifiesta varias preocupaciones para que el campesino colombiano pueda seguir contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria. La primera de ellas, detener el desplazamiento, provocado por la presencia de grupos armados, por la falta de desarrollo en el campo y por las fumigaciones con glifosato, que han afectado también cultivos lícitos. Un estudio de la Contraloría reveló que entre 2001 y 2006, desplazados abandonaron 2,9 millones de hectáreas de tierra en cinco regiones del país.

Los campesinos también llaman la atención sobre otros problemas estructurales, como la distribución de la tierra; la falta de desarrollo, que les asegure los derechos a la educación, a la salud, al agua potable y otras condiciones de una vida digna, y, finalmente, la necesidad de inversión y créditos para la producción y comercialización de sus cosechas.

La concentración de la tierra es una de las mayores preocupaciones de los campesinos y de otros organismos nacionales, como la Contraloría General, que ha dicho que la “aberrante concentración de tierras y contrarreforma agraria” adelantada por narcotraficantes y grupos armados ilegales es de 1 a 4,4 millones de hectáreas.

El profesor Darío Fajardo señala que “en 2001 las fincas menores de tres hectáreas, pertenecientes al 57,3% de los propietarios, controlaban el 1,7% de la superficie, mientras las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0,4% de los propietarios, que controlaban el 61,2% de la superficie”.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura manifiesta preocupación frente a la concentración en el uso del suelo para la ganadería: “los colombianos deberíamos tener sembradas 22 millones de hectáreas en agricultura y sólo tenemos 5 millones, lo que significa que nos faltan 17 millones de hectáreas para sembrar. Al mismo tiempo, el país debería pasar de 40 a tan sólo 14 millones de hectáreas en ganadería”.

En este sentido, el PNUD trabaja en el fortalecimiento de organizaciones campesinas en varias regiones, y de manera especial en el Meta, un departamento agricultor por excelencia, donde las organizaciones campesinas se han visto debilitadas, pues sus líderes ahora son víctimas de la violencia.

A través de la Mesa de Tierras, el PNUD abre espacios para la interlocución entre las organizaciones campesinas y el gobierno regional y nacional, lo que permite actualmente avanzar por el camino de la negociación para proteger la propiedad de las tierras de los campesinos.

Además de la tierra y la inversión en el campo, las organizaciones campesinas consideran preocupante la creciente dedicación de las tierras a la producción de biocombustibles. Para el profesor Jaime Forero, más que las tierras, el problema es la cantidad de recursos públicos que se destina a subsidiar inversiones en biocombustibles. Inversión que, según académicos y organizaciones campesinas, debería estar dedicada a generar el desarrollo rural del país y mayor desarrollo tecnológico para la producción de alimentos.

Por esta razón, el PNUD sirve de intermediario para la implementación de proyectos productivos gubernamentales dirigidos a población desplazada y campesinos sin tierra, con lo que ha logrado aumentar su acceso a estos programas, así como promover el debate propuesto por las organizaciones campesinas en torno a la necesidad de estimular la economía campesina por encima de la producción de biocombustibles, para garantizar la seguridad alimentaria.

Otras iniciativas del Gobierno y de la sociedad civil trabajan para contribuir con la seguridad alimentaria, como la red gubernamental de seguridad alimentaria, RESA, que ofrece apoyo para la siembra, que asegure el autoconsumo de familias campesinas afectadas por la violencia. Por su parte, la sociedad civil ha conformado la Red de Seguridad, Soberanía y Autonomía Alimentaria. Entre otras iniciativas, esta Red apoya bancos de semillas nacionales para garantizar la autonomía en la producción y la conservación de semillas propias de la región. Al facilitar el acceso de los campesinos a semillas nativas y a bajo costo, hacen posible que continúe la producción de alimentos que respondan a la cultura nacional y al bolsillo del 45,1% de población pobre en Colombia.

Tomado de Hechos del Callejón, revista mensual de PNUD Colombia.