DECLARACION DEL IMPUTADO

Cuestiones constitucionales. Especial referencia a la facultad del Fiscal en la Provincia de Tucumán

Por Eloisa Rodríguez Campos

SUMARIO: I. Introducción. II. La cuestión constitucional. III. Análisis de los sistemas procesales en Argentina. IV. Análisis de los sistemas procesales en Argentina. V. Naturaleza de la declaración de imputado.  VI. Principios consagrados en la Constitución Nacional. VII. La investigación Fiscal preparatoria en la Provincia de Tucumán. VIII. Sistema acusatorio. IX. Conclusión

                          I.                  Introducción

En este trabajo se procura reflexionar sobre las posibles respuestas al siguiente interrogante: ¿vulnera la Constitución Nacional, que en ejercicio de su función el Fiscal  cite y reciba declaración al imputado?

                        II.                  La cuestión constitucional

La cuestión ha sido recientemente motivo de tratamiento, a raíz del Fallo de la Cámara Federal de La Plata (sala II) [1]que declaró la inconstitucionalidad del art. 212 bis del Código Procesal Penal de la Nación (según Ley 25760[2]), en tanto la facultad del Fiscal de recibir la declaración indagatoria al imputado – instituida por tal norma – resultaría vulneratoria de la Constitución Nacional.

En sentido opuesto – por la constitucionalidad del art. 212 bis del C.P.P.N. se habrían pronunciado la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala III) y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Sala II)[3].

                            III.            Análisis de los sistemas procesales de la Argentina

Los Códigos  procesales argentinos, en la actualidad, responden a dos sistemas distintos.

El Código Procesal de la Nación se enrola en una corriente de opinión que mantiene al juez en la tarea de investigación, mientras que el Código Procesal de la Provincia de Tucumán sigue a quienes postulan que la investigación preliminar debe estar a cargo del Ministerio Público.[4]

No obstante la diferencia de sistemas, el enfoque de la cuestión y las reflexiones sobre el tema que abordamos en este trabajo son atinentes a ambos.

El procedimiento penal que rige en la Provincia de Tucumán, está regulado por la Ley 6203.[5] Dicha Ley sancionatoria del Código Procesal Penal, data del año 1991 y  reconoce como fuente al Proyecto del Código  Procesal Penal para la provincia de Córdoba ( que se encontraba en tratamiento legislativo) elaborado por una comisión de la que formaba parte el reconocido profesor Cafferata Nores.

La cristalización normativa de ideas procesales se vio favorecida por la coyuntura política del momento, ya que la provincia se encontraba bajo Intervención Federal. La puesta en vigencia del nuevo régimen  produjo una suerte de encantamiento favorecedor del cambio que significaba no solo la Investigación Fiscal Preparatoria, sino el paso del plenario escriturista al juicio oral y público.

A diez años de su vigencia se creó una comisión con representantes de los tres poderes, universidades, Asociación de Magistrados y Colegio de Abogados[6] a fin de evaluar el sistema y aconsejar reformas. El dictamen fue unánime en el sentido de las bondanes del nuevo régimen, acallando algunas resistencias inquisitivas que levantaban su voz a favor de la vuelta al protagonismo excluyente del Juez en el Proceso. En referencia al tema, en el año 2000 se presentó un Proyecto de Ley de modificación parcial, estableciendo que la declaración del imputado debía ser ente el Juez de Instrucción[7], pero no llegó a tener tratamiento legislativo.

El Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23984) se basa esencialmente en el Proyecto de Levenne, acordando las funciones instructorias el Juez de Instrucción salvo (por una modificación del Poder Ejecutivos al proyecto originario) que el Juez delegue la dirección de la investigación en el agente fiscal. En este marco la Ley 25760 faculta al Fiscal a la recepción de la declaración indagatoria (art. 212 bis).

                           IV.       Fundamentos de la inconstitucionalidad

En el caso “Ibarra”, los integrantes de la Cámara  Federal de Apelaciones de La Plata sostuvieron la inadecuación  a la Constitución Nacional del art. 212 bis del C.P.P.N.[8] , por entender que “el debido proceso legal” contemplado en el art.18 C.N. [9] impone que sea el Juez quien reciba la declaración indagatoria por ser un acto que contiene la defensa o descargo del imputado.

Así, la recepción por parte de quien ha sido constituido como principal impulsor de la acción penal vulneraría el derecho del acusado a ser llevado ante un Juez; conforme al art. 9 ap. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte de nuestra Constitución (art. 75 inc. 22).

En igual sentido el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclama: “Toda persona tiene derecho en plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica - en su art. 8 proclama “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial…”.

Los argumentos de la sala II de la Cámara Federal en síntesis son dos:

El primero de acuerdo a los votos conjuntos de los Dres. Schiffain y Frondizi, se  enuncia la normativa constitucional referenciada en el párrafo precedente y a partir de allí con citas a la doctrina de  Creus[10] y de Caballero y Cipollone[11] concluyen  que la facultad de recibir declaración indagatoria por ser potestad exclusiva de un Juez independiente e imparcial desplaza cualquier posibilidad de que el acto procesal sea llevada a acabo por el fiscal.

El segundo argumento, según el voto individual y ampliatorio del Dr. Frondizi sostiene que al respetarse la separación entre quién enjuicia (juez) y quien acusa (fiscal) se constituye el proceso en una tríada lo que implica que las partes (acusación y defensa) deben someterse a un tercero imparcial (juez) y de ello se desprendería que no sería admisible que el Fiscal cumpla funciones judiciales, por lo que, concluye, resulta inconstitucional que se faculte al Fiscal a recibir declaración indagatoria.

                       V.                  Naturaleza de la declaración del imputado

Resulta necesario referirse aunque sea en forma breve a la naturaleza del acto procesal cuya realización ante el fiscal se cuestiona.

Aparece consolidado en el discurso procesal actual la idea de que la declaración del imputado no es un medio de prueba sino de defensa y que éste no tiene la obligación de contribuir a la investigación del delito que se le atribuye. Su declaración no es un medio de sujeción compulsiva a la autoridad, ni mucho menos aún un acto de poder para simbolizar su inferioridad frente al Poder del Estado.

 Ingadar según el Diccionario de la Real Academia Española significa “averiguar, inquirir una cosa”; por lo que cabe señalar que la denominación “indagatoria” no se ajusta a las nuevas concepciones y sólo aparece como resabio inquisitivo.

 El imputado no es sometido a manifestar algo frente a la autoridad competente, sólo es una oportunidad para que - si él lo prefiere -, pueda refutar, responder o aclarar cargos que se le formulan. “La declaración es la posibilidad para que el imputado ejerza su defensa material ( no la oportunidad para buscar su confesión) y más importante que fijarse en la investigación de quién la recibe (juez o fiscal) habrá que fijarse en las condiciones que mejor garanticen la libertad de declarar y para eso nada mejor que la presencia del defensor en el acto” . [12]

                              VI         Principios consagrados en la Constitución Nacional. Interpretación

Haremos referencia solamente a los principios constitucionales que se mencionan como vulnerados por la declaración del imputado ante el Fiscal para luego analizar la normativa que a tal razón contiene el Código de Procedimientos de la Provincia de Tucumán.

El art. 18 de la C. Nac., constituye una de las máximas garantías de la libertad personal frente al abuso de poder y aún ante los legítimos derechos de la sociedad de defenderse de la acción delictiva. La norma consagra una serie de garantías procesales e impone límites precisos a la actividad represiva del Estado y a los instrumentos para hacerla efectiva.

La garantía del juez imparcial tiene en el art. 18 de la C.N. dos protecciones expresas: el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a no ser apartado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Es lo que se denomina garantía del Juez Natural y la otra garantía es la de Juez Imparcial que se asegura en las leyes procesales mediante los institutos de la recusación y la inhibitoria.[13]

Considero que esta garantía del Juez Natural no impide, ni obstaculiza el otorgamiento de la facultad de receptar la declaración del imputado al fiscal, en tanto ello no implica establecimiento de comisiones especiales dispuestas con el fin de reprimir hechos sucedidos con anterioridad, ni implica la sustracción arbitraria de una causa de la jurisdicción del juez natural. Lo que la garantía constitucional establece es que al imputado no lo juzgue, ni una comisión especial (para el hecho o persona determinada) ni un tribunal convocado para una causa determinada, y por mas que el fiscal reciba declaración del imputado en la etapa preparatoria; son el juez y el tribunal competente quienes ante la acusación mantienen la potestad sobre la situación procesal del imputado.

Por su parte, varios Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que la Reforma Constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional,- y que fueron invocados como lo manifestamos precedentemente por el falllo “Ibarra”- establecen en forma expresa el derecho de toda persona a ser oída ante tribunales independientes e imparciales.

En cuanto a la imparcialidad propiamente dicha es la que deben tener los magistrados instruidos conforme a la ley, para juzgar casos generales y con competencia asignada por normas generales dictadas antes de los hechos de la causa.[14]

Finalmente podemos decir que en virtud de estos motivos no parece fundado el primer argumento de sostén de la inconstitucionalidad esbozado en el fallo “Ibarra”.

                            VII      Investigación Fiscal Preparatoria en la Provincia de Tucumán

El articulo 331 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán reza: “Situación del imputado. En el ejercicio de su función, el Fiscal de Instrucción podrá citar y recibir declaración al imputado conforme a lo previsto en los artículos 271 y 262. Podrá ordenar su detención y conceder su libertad, con arreglo a los artículos 272 y 280, previa autorización escrita del Juez, solamente para la detención.”

En los sistema procesales como el de Tucumán que establece en cabeza del Ministerio Fiscal las facultades de investigación y el poder requirente, y al Juez de Instrucción el poder de contralor del ejercicio de esas facultades cuando están en juego garantías individuales, resulta razonable que se otorguen al Ministerio Público ciertas facultades autónomas que permitan que su tarea sea desempeñada con eficacia y agilidad.

El Ministerio Público en la Provincia se encuentra inserto en  el Poder Judicial, lo que hace partícipes a sus miembros de cláusulas sobre designación, estabilidad, remoción y otras previstas para los jueces y orientadas a asegurar su independencia además de su imparcialidad, estando sometidos a las mismas reglas de recusación e inhibición como todos los Magistrados que, como sostiene  María Angélica Gelli en la obra citada, son las instituciones que  aseguran las garantías de Juez Natural y Juez Imparcial consagradas en el art.18 de nuestra Constitución Nacional.

A su vez, el imputado puede hacer valer sus derechos desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra (art. 70 del C.P.P.T.) y entre ellos es esencial el derecho a ser oído a prestar declaración.

Siendo ésta un medio de defensa no se encuentran reparos, en que respetando la decisión que tome el mismo  -declarar o abstenerse- sea el fiscal el que la reciba en presencia del defensor. El derecho a ser oído por juez independiente e imparcial no se ve obstaculizado por la declaración ante el fiscal, que a la vez queda obligado  a investigar todos los hechos y circunstancias  pertinentes y útiles a que se hubiese referido el imputado.[15]

Y no obstante reconocer al Fiscal la atribución de recibir la presentación espontánea del imputado, de citarlo y tomarle declaración o requerir medidas coactivas a tal efecto, el Juez de Instrucción interviene como órgano jurisdiccional garantizando el debido proceso y la defensa en juicio conservando facultades decisorias y juzgando en definitiva sobre la procedencia de los requerimientos fiscales. Ello en la etapa preparatoria sin dejar además de tener en cuenta que en el plenario la declaración del imputado se efectúa ante el Tribunal.

En consecuencia, considero que integrando los Fiscales el Poder Judicial, si actúan libres de influencias de otros poderes, libres de presiones políticas y sociales y si buscan sin prejuicios la verdad sobre la imputación delictiva, se ofrece suficientes garantías para alcanzar un grado de confiabilidad como para otorgarle la facultad de receptar una declaración sujeta a contralor jurisdiccional posterior.

VIII. Sistema acusatorio

Respecto al argumento desarrollado en la ampliación de voto por el Dr. Frondizzi, resulta acertada  en el fallo “Ibarra” la opinión del profesor Víctor Corvalán que en “comentarios al fallo” dice:

“El voto del doctor Frondizi abunda en otros argumentos que paradojalmente nos resultan útiles para nuestra posición, ya que se declara partidario del sistema acusatorio. No tenemos dudas respecto de que nuestra Constitución Nacional ha adherido al sistema acusatorio dejando de lado la alternativa inquisitiva que siguieron en general todos los códigos en nuestra historia procesal. Precisamente esa clara distinción entre la función de requerir y la de decidir, es la que no existe cuando un juez oficiosamente ordena que se le reciba declaración indagatoria a determinada persona. Ese juez sin necesitar que nadie se lo solicite, está impulsando la marcha del procedimiento, de hecho decide que hay sospecha bastante para convocarla y hacerle saber los hechos que le atribuye. Tanto disentimos con el fallo que comentamos que en nuestra concepción ese acto complejo conocido como "indagatoria", al ser decisión unilateral de un juez, tanto en su oportunidad como en sus alcances fácticos y jurídicos, es la que en realidad repugna al sistema constitucional. Es que en el esquema acusatorio convocar a una persona al procedimiento penal que se le sigue en su contra por delitos de acción pública, debe siempre ser fruto de una pretensión del fiscal.[16]

Coincidente con la opinión del Dr. Cafferata Nores en el obra citada en el sentido que la principal garantía de todo imputado se encuentra en la asistencia técnica de su defensor.

Poco importa si quien lo escucha es un comisario, un fiscal, un empleado del juzgado o un juez con su secretario, en definitiva todo quedará documentado en un acta que incluso eventualmente será leída por los Magistrados de otra instancia que obviamente no pudieron estar presentes.

Esto último recuerda a lo manifestado por el profesor Eugenio Zaffaroni[17] y que fue lo primero que leímos como estudiantes de derecho de su Manual de Derecho Penal, cuando  al referirse al delito como realidad dice: “que si cada ciudadano efectuara un somero análisis de conciencia  comprobaría que varias veces en su vida infringió normas penales. En conciencia, cada uno de nosotros tiene un voluminoso prontuario. Los jueces Nacionales lo incrementan diariamente, al suscribir falsamente declaraciones como prestadas en su presencia y en las cuales jamás están presentes. Los secretarios de juzgados certifican diariamente estas falsedades ideológicas”.

IX. Conclusión

En el fallo de la causa “Ibarra y otro” la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata no ha sido muy explícita ni contundente al fundar la inconstitucionalidad de la disposición procesal limitándose a señalar las normas constitucionales vulneradas.

Las normas citadas por los Camaristas - art 18 de la constitución Nacional y legislación internacional incorporada por el art. 75 inc 22 de la C.N. - refuerzan los principios del sistema acusatorio, que requiere de un Juez imparcial que decida sobre la acusación. Se asegura de esta forma la igualdad procesal entre acusador y acusado como presupuesto de defensa de éste, con igual posibilidad de ambos de contraponer afirmaciones, negaciones, pruebas y argumentaciones, que puedan influir en el resultado final del proceso no resultando violatoria de tales principios lo previsto por el art. 331 del C.P.P.T  ni menos aun,  la facultad que en  forma excepcional acuerda al Fiscal el art. 212 bis del C.P.P.N toda vez que éste contempla la opción del imputado a manifestar su voluntad de declarar ante el juez.

La opinión contraria parece responder más que a una sistemática y armónica interpretación de los textos constitucionales, a una concepción nostálgica que entronca en la cultura inquisitiva que existe en nuestro país, herencia de la tradición recibida de la colonización española y que tiene  su mayor expresión en la instrucción jurisdiccional resistiéndose a acotar el poder del Juez, sin advertir que en su función garantista adquiere excelencia, al transformarse en controlador del debido proceso legal y garantizador de la defensa en juicio.

 No es necesario – ni mucho menos beneficioso para un “debido proceso”- buscar inconstitucionalidades de actos procesales como la declaración del imputado a los fines de obtener su descalificación si la misma está sometida en definitiva al contralor del juez que cuenta con el poder de decisión y la facultad  de impedir abusos o cualquier violación de las garantías que nos brinda nuestra Carta Magna.


[1] Cámara Federal de Apelaciones de la Plata (sala II) 03/09/04. “Ibarra, Francisco O. y otro” ,Sup.Penal 2004 (abril), 1, - LLBA 2004 (mayo), 413

[2] Código Procesal Penal de la Nación-Boletín Oficial 11/08/2003 - ADLA 2003 - D, 3827 

[3] Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (sala III) 30/12/03 “Musso José Manuel y otro” LLBA 2003, 134– Cámara Federal de San Martín (sala II)  24/6/04 “Leiva Perez Sergio” LLBA 2004, 1202 y 5/5/04 “Suarez Carlos y otro” LLBA 2004 (mayo), 456

[4] La investigación Fiscal Preparatoria que se instaló en la conciencia jurídica a través del Proyecto del Dr. Julio Maier y de los diferentes congresos sobre aspectos críticos del Sistema Penal, ha generado una fuerte tendencia que se vio plasmada por ejemplo en Códigos Procesales Penales de las Provincias de Córdoba, Santa Fe, Chaco y en  numerosos Proyectos y Anteproyectos de Reforma Penal.

[5] Ley 6203,Provincia de Tucumán, Código Procesal Penal. Boletín Oficial 02/09/1991 - ADLA 1991 - C, 3756 y sus modificatorias leyes N 6299, 6233, 6286, 6414, 6721, 6928, 6999, 7023, 7108, 7312 y 7316).

[6] Comisión creada por Decreto  239-3/2001. Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.). Provincia de Tucumán. Boletín Oficial 16/04/2001

[7] Proyecto del legislador Javier Lobo Aragón. Propone modificar el art. 331 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán  que en su redacción original reza: “Situación del imputado- En el ejercicio de su función el Fiscal de Instrucción podrá citar y recibir declaración al imputado….”

[8] Artículo 212 bis: (B.O. 11/08/2003) No obstante lo establecido en el artículo 213 inciso a), cuando hubiese motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación, o en alguna otra infracción penal cuya investigación resulte conexa con aquéllas, el Fiscal procederá a recibirle declaración, salvo que el imputado manifestase su voluntad de declarar ante el Juez.

Cuando la declaración sea recibida por el Fiscal, éste procederá de acuerdo con lo establecido por los artículos 294 y siguientes de este Código. Concluida la diligencia, el Fiscal remitirá copia de todo lo actuado al Juez, al solo efecto de que éste resuelva la situación del imputado (artículos 306 y siguientes).

Cuando la declaración sea recibida por el Juez, el Fiscal le remitirá inmediatamente las actuaciones, conservando copia de sus partes pertinentes a efectos de continuar con la investigación. En ambos casos, antes de comenzar la declaración, deberá informarse detalladamente al imputado, si correspondiese, las disposiciones contenidas en el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación.

El Juez deberá pronunciarse en el término improrrogable de cinco (5) días desde la realización de la audiencia. La resolución será apelable, sin efecto suspensivo, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas."

[9] Art. 18. 1er párrafo de la Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”

[10] CREUS, Carlos, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires,1996, pag. 257.

[11] CABALLERO, Josè y CIPOLLONE Luis “La recepción de la declaración indagatoria del imputado por parte de los fiscales y las exigencias del art. 18 y los pactos internacionales”, Buenos Aires, Ed. Astrea pag 425 y sgtes.

[12] CAFFERATA NORES: “La investigación penal preparatoria”, Doctrina Penal, 1987, pag. 683

[13] Conf GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, Ed La Ley, (2da edición) pag 168.

[14] RIOS, Ramón T, “ Las declaraciones del imputado y su valor probatorio”, JA, 1982 – IV- 687

[15] HUICI ESTREBOU, José Luis y CASTILLO DE AYUSA, Ana Lía, “Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán. Ley 6203 Comentada, anotada y concordada”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As, 1997, pag 425

[16] CORVALÁN, Víctor R., La facultad del Fiscal Federal de recibirle declaración al imputado no tiene porqué ser considerada inconstitucional, La Ley,  Sup.Penal 2004 (abril), 1

[17] ZAFFARONI, Eugenio, Manual de Derecho Penal. Parte General, Ed Ediar, pag 21