Los retos de la reforma de Telecom

Publicado originalmente en Semanario Proceso N° 1934 -23 de noviembre de 2013- 

La inacabada reforma de Telecom traerá consigo grandes problemas jurídicos y conceptuales cuando se apruebe la legislación secundaria. Veamos por qué.

Primero. Se propone una adición al artículo 6º constitucional para crear un segundo apartado que entraría en colisión con lo dispuesto en el artículo 1º segundo párrafo de la propia Constitución por la vía de control de convencionalidad. En efecto, el primer foco de alerta se ubica en el inciso IV del apartado B, que a la letra dice: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión”.

Es loable el párrafo de referencia: hay que distinguir la publicidad de la información. Mejor aún: no presentar publicidad como información. Este principio de ética periodística, sin embargo, no debe ser parte de la Constitución. No hay en las 192 constituciones del mundo semejante redacción.

Estoy convencido de que este rubro debe ser parte del ejercicio de la autorregulación informativa. La autorregulación regulada es una combinación de derecho y ética para resolver problemas, e implicaría que la ley establezca la obligación para los medios concesionados de dotarse de códigos de ética y de defensores de la audiencia efectivos.

Si no lo hicieran, el Estado aplicaría el código de ética de la industria y enviaría al medio un defensor de la audiencia –surgido de personas con experiencia e imparcialidad– pagado por el propio medio, o cuando los medios fueren pequeños, podría disponerse de defensores regionales o colectivos por industria o por zona geográfica.

Me parece que este es un camino intermedio ante lo que la iniciativa propone. Sostengo lo anterior porque dejar en manos de un órgano del Estado la atribución de identificar qué es y qué no es información propagandística nos acerca más a un Estado autoritario que a una democracia deliberativa.

Segundo. El párrafo siguiente todavía es más preocupante. En él se afirma que ¡“se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos”! Esta oración abre la puerta a la intolerancia y a las restricciones de la libertad bajo el argumento de que se hacen por nuestro propio bien, de que un grupo de “expertos”, con su mejor ánimo y buena fe, “suplirán nuestras falencias en la materia”. La última parte de este enunciado es más bien una infeliz expresión que pareciera un llamado a un acto de fe comunitario.

El inciso V del apartado B de la iniciativa crea un organismo de “radiodifusión sin fines de lucro” que se supone generaría contenidos de calidad y transmitiría directamente al público. Mientras los miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrán prestaciones similares a las de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de este órgano serán “honorarios”.

La idea de lo “honorario” para una actividad que requiere tiempo completo, o casi, pone de relieve dos cuestiones: a) la jerarquía en prioridades de quienes presentan la iniciativa; y b) la probable composición de este “organismo” por representantes de grupos de interés y partidos que financien por debajo del agua a los “consejeros honorarios” en perjuicio del interés público.

La figura de medios públicos aparece de manera furtiva en el artículo 10° transitorio con adecuadas características para su funcionamiento, pero deja fuera una cuestión básica: ¿Qué es un medio público? La exposición de motivos no ofrece ninguna respuesta a esta pregunta ni tampoco lo hace la iniciativa de referencia. Un verdadero ánimo democrático hubiera sido aprovechar la oportunidad para transformar los medios del gobierno de las entidades federativas, así como Radio Educación, Canal 11, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y el Canal de Televisión del Poder Judicial de la Federación, que son intocados y cuya naturaleza jurídica no es expresamente definida como “medio público”.

Tercero. De esta suerte, se generaría un Estado dual en la materia: los medios gubernamentales existentes y los “medios públicos” con una estructura bien enunciada, pero sólo en el papel, creando así una ilusión óptica de democracia mediática, con una sólida realidad autoritaria. Otro elemento que a primera vista podría parecer un gran “avance democrático” es el “reconocimiento” de las concesiones “sociales”, con lo que parecen referirse a los medios comunitarios. Hay quienes podrían creer que por proponer su existencia, quienes presentan la iniciativa garantizan una apertura democrática. No es, por supuesto, el caso.

El aspecto medular de una concesión es la venta de publicidad, hoy en día. No hay garantía alguna de que las concesiones para medios “sociales” tengan ahora sí el acceso a la publicidad en un efecto igualador con las comerciales. Acaso por esta razón se propone que en la reforma al artículo 28 constitucional las concesiones para “medios públicos” y “sociales” sean de asignación directa sin pasar por un proceso de licitación pública. El argumento es básico: En la licitación, los medios “comerciales” presentan, entre otras cosas, un proyecto de inversión y de recuperación; los sociales, no. De aquí, tendría que buscarse incluir en la ley la explicación de que los medios comunitarios tendrían acceso diferenciado o nulo a la publicidad comercial. En fin, el problema apenas inicia. Veremos.

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Expresidentes-reyes

Publicado originalmente en Semanario Proceso N° 1932 -9 de noviembre de 2013-. 

Esta es la tercera ocasión que en los dos años más recientes me he ocupado de las denominadas pensiones de los extitulares del Ejecutivo federal. Con motivo de mi primer texto publicado en Proceso a principios de 2012 surgió la idea de profundizar en este asunto, lo que derivó en que la maestra Hilda Nucci González y yo publicáramos la obra Beneficios expresidenciales (Temis, Bogotá, 2012). Ahora se encuentra en proceso de factura la edición mexicana, que estará lista para principios de 2014. Comparto aquí algunas de las novedades de esta segunda entrega editorial en virtud de su oportunidad y pertinencia.

Primero. ¿Por qué otorgar una pensión a quien ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal? No hay una respuesta que sea unívoca y que haya adquirido consenso doctrinal. La justificación de estas prestaciones extraordinarias –si la hay– no reside en garantizar la vida digna de los exmandatarios del país, pues en todo caso cada uno de los gobernados las merece. El argumento que podría explicar los citados beneficios consiste en la garantía de que la persona que ocupe el cargo de presidente de la República pueda dedicarse por entero a la grave responsabilidad de ejecutar las disposiciones de la Constitución y la ley sin que tenga que preocuparse por su futuro económico y el de su familia.

Es de llamar la atención que los montos de la pensión y los apoyos otorgados hasta ahora a los expresidentes han sido asignados sin ningún estudio, motivación o argumentación, lo que lastima la dignidad de la sociedad.

Segundo. Si debe haber una norma o ley que justifique estas prestaciones, tendría que explicar por qué se ha otorgado a los expresidentes una pensión equivalente al ingreso del máximo tabulador de un secretario de Estado. No se cuenta, hasta donde hemos analizado ­Nucci González y yo, con elementos orientativos que fundamenten esta decisión. Ningún país de América Latina tiene una pensión similar a la de México. En efecto, los expresidentes de Chile reciben una pensión de 145 mil pesos mensuales, y los de Colombia, de 147 mil, tan sólo por citar los más altos de la región.

Incluso naciones del Primer Mundo otorgan pensiones menores a las mexicanas. En Italia, la pensión equivale a 117 mil pesos, y en Francia a 87 mil. Si las cifras por sí mismas no constituyeran un indicador suficiente, el análisis a la luz de criterios de equidad arroja datos que abonan en contra de la solución hasta ahora adoptada por México. El país con la pensión para un expresidente o similar más alta del mundo es Singapur, la cual asciende a 1 millón 322 mil pesos mexicanos mensuales. En Estados Unidos, los expresidentes tienen una pensión equivalente a la mexicana; esa cantidad, empero, representa 14 salarios mínimos al mes aproximadamente.

En España, el exjefe de gobierno tiene una pensión equivalente a 204 mil pesos, que representa 15.68 salarios mínimos mensuales de ese país. En México, por el contrario, el monto equivalente al salario de un secretario de Estado es de más de 200 salarios mínimos mensuales en la zona económica más alta del país. (Ojo: no se cuenta aquí todo lo que cuestan al erario la ayudantía y seguridad, que es lo más oneroso.)

Tercero. El monto de la pensión de un expresidente de la República debe calcularse tomando en cuenta tres factores: a) el tamaño de la economía de México en el mundo; b) los principios de equidad basados en el número de salarios mínimos mensuales en la experiencia comparada; y c) la tendencia que Iberoamérica en particular ha seguido sobre el tema.

El Fondo Monetario Internacional, en su informe Perspectivas económicas mundiales 2012, ubica a México en el sitio 14 y a Estados Unidos en el número 1. La diferencia entre México y Estados Unidos, de acuerdo con el FMI, es de 14 veces. ¿Cómo justificar una pensión idéntica entre los expresidentes de Estados Unidos y México si México tiene una economía 14 veces menor?

La media de las pensiones que perciben los expresidentes de las 15 economías más grandes del mundo rondan los 140 mil pesos mensuales mexicanos. Esa cifra desciende a los 85 mil pesos mensuales si se consideran sólo las naciones de Iberoamérica. En ningún caso, empero, la equivalencia entre número de salarios mínimos mensuales y la pensión del expresidente o equivalente es razonablemente similar a la de México, donde la diferencia entre quienes ganan un salario mínimo mensual y la pensión comentada es la más alta del mundo.

La seguridad de quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal es hoy otro tema de controversia. Se ha confundido seguridad con opacidad, por una parte y, por otra, se ha privilegiado el interés personal sobre el interés de la República. En efecto, no existe en el mundo ningún país que otorgue una escolta para seguridad tan amplia como la que se brinda a un expresidente mexicano. Es el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, la formación de diamante es la mejor manera de proteger a una persona. Para lograrla, se requieren cinco elementos o seis en el diamante más seguro. De esta suerte, la protección de un expresidente mexicano no debe rebasar los 15 elementos, considerando a los miembros de su familia nuclear monoparental, como sucede en Estados Unidos.

Así, resulta oportuno observar el modelo estadunidense, que reduce gradualmente la seguridad de los expresidentes hasta un mínimo requerido por un periodo no mayor a 15 años.

En los próximos días el senador Manuel Bartlett Díaz presentará una iniciativa de ley de vanguardia sobre el tema que entra al fondo de este espinoso asunto.

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La lucha por la CDHDF

Publicado originalmente en el Seminario Proceso Núm. 1930 -26 de octubre de 2013-. 

Atodos debe importar que funcione, y bien, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que se renovará en los próximos días. Conviene pues estar atentos a lo que ocurre. Veamos.

Primero. Es loable que el proceso de renovación vaya caminando razonablemente bien, con un amplio diálogo con las más distintas organizaciones de la sociedad civil que ha propiciado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dirigido por un político atípico, el sólido jurista Manuel Granados. Este hecho no es menor. Con Granados al frente se permite elevar la calidad de la discusión, procesar con civilidad las diferencias de percepción y de criterio sobre perfiles y, lo más importante, los retos que tiene frente a sí la CDHDF. Si bien es verdad que las organizaciones de la sociedad civil no votan, también lo es que tienen un peso específico que no puede ni debe ser soslayado para que el organismo tenga un amplio acompañamiento social.

A la convocatoria emitida por la ALDF para renovar la presidencia de la CDHDF respondieron 29 personas que consideraron llenar los requisitos para que bajo su presidencia sea el garante autónomo de la observancia de los derechos humanos en el DF. De ellas, la ALDF no descartó a nadie para que cada uno de los aspirantes tenga la posibilidad de demostrar sus cartas credenciales frente a los asambleístas, medida inteligente para sumar y no restar.

Segundo. Las organizaciones de la sociedad civil más representativas de la Ciudad de México hicieron, mediante un interesante y exhaustivo análisis de perfiles, una depuración que redujo los 29 iniciales a menos de un tercio de los aspirantes, que, entiendo, la ALDF deberá tomar en cuenta para que de ahí surja quien encabece la CDHDF, es decir, de una lista corta que cuenta con el aval social. De entrada considero que debe denominarse ombudsperson (no ombudsman) para evitar la insinuación de que sólo los hombres pueden dirigir la CDHDF, lo que en sí mismo sería, paradójicamente, una discriminación. De quienes aparecen en la lista referida me parece que tres –y los menciono en orden alfabético– harían una espléndida labor en esa posición en juego:

1. Édgar Cortez Morales, un activista de los derechos humanos a quien he podido conocer en estos años como una persona decente, capaz, congruente con sus convicciones de ayudar a los que menos tienen, y a quien le profeso un gran respeto por su trabajo y por anteponer el interés general sobre cualquier otro. Se trata de un gran activo que, independientemente de que sea o no presidente de la CDHDF, debe aprovecharse por el bien de todos.

2. Perla Gómez Gallardo, decente, muy capaz y con una gran habilidad para la academia y el litigio estratégico, como lo señaló en su tiempo Miguel Ángel Granados Chapa, uno de sus defendidos en el Bufete Jurídico Gratuito de la UNAM, como otros periodistas a los que se representó en sus demandas sin cobrarles un centavo. Tan es así que, sin formar parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido apoyada institucionalmente por su director y un gran número de investigadores del instituto.

3. José Antonio Guevara Bermúdez, un joven comprometido con el tema, también una persona decente y de quien he podido constatar su genuino interés al respecto desde que dirigía el Programa Iberomericano de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana con Santiago Corcuera, otro muy respetable defensor de derechos humanos.

Tercero. En un hecho inédito, el Consejo Consultivo de la CDHDF, según el boletín 374/2013, pide a la ALDF que adopte estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, pero sólo para el nombramiento de la presidencia de la CDHDF. Por supuesto, son de compartir sus inquietudes. Me llama la atención que al cuarto para las tres y no antes hubieran hecho estas propuestas, y todavía más, me causa estupor que, como en las añejas costumbres del régimen autoritario mexicano, el Consejo pida transparencia a los demás y no predique con el ejemplo.

En efecto, las sesiones del Consejo no sólo no son públicas, sino que ni siquiera la minuta de versión pública está a disposición de la sociedad en línea. ¿Qué ocultan y por qué? ¿Por qué ese arranque de transparencia no se aplicó en la estructura de la CDHDF? ¿Cómo avalan que se viole la ley y no se difundan los directorios completos de los servidores públicos? ¿Por qué no está en línea la lista de proveedores, consultores y anexas? ¿Por qué ocurre lo mismo con la agenda pública y la declaración patrimonial de preferencia detallada del presidente de la CDHDF, a quien le extienden un certificado de “probidad”? ¿Por qué no se hallan en línea las auditorías técnicas, contables, operativas y el impacto que representa el personal que tiene la CDHDF? ¿Por qué no están los comprobantes de gastos de representación, justificación y viajes e impactos del presidente de la CDHDF? ¿Por qué no se encuentran disponibles los informes de pagos de publicidad, los criterios y los medios que eligieron para ese efecto? ¿Por qué no se hallan a la vista los indicadores de gestión y el avance trimestral del ejercicio presupuestal?

Cuando la congruencia no existe, la calidad moral se esfuma. Por otro lado, el reto fundamental de la CDHDF, además de la transparencia y rendición de cuentas que pone sobre la mesa el citado Consejo, es la armonización de derechos de todos los que habitamos la capital del país. Cabe recordar que el derecho de una persona termina cuando afecta el derecho de los demás. La autonomía de la CDHDF debe ser un escudo contra presiones de parte olvidando el todo. No es fácil, pero tampoco imposible.

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STC Metro: incremento a debate

Publicado originalmente en Semanario Proceso N° 1928 -12 de octubre de 2013-

En estos días, el ex-secretario de Seguridad Pública del DF y ahora director del STC Metro, Joel Ortega, cabildea para que aumente el precio del boleto bajo el sofisma de que es para “mejorar el servicio”. Se trata en realidad de una estrategia para afectar a los que menos tienen en beneficio probable de los bolsillos de los gobernantes de la Ciudad de México. Veamos por qué.

Primero. De manera sesgada, Joel Ortega declara a los medios que el precio del boleto del Metro de la Ciudad de México es muy barato, razón por la cual no se puede dar el servicio ideal. Esto es una abierta falsedad debido a que: 1. El costo del servicio del Metro se paga a su precio real, pero tiene dos vías de ingreso: a) el proveniente del presupuesto de egresos; es decir, de los impuestos directos e indirectos de los ciudadanos; y b) el procedente del precio del boleto, que es complementario al costo real del servicio. Así, aumentar el coste del pasaje no sólo es algo ajeno a un Estado democrático y social que tanto pregona el PRD, sino un atentado contra el funcionamiento de la ciudad para empobrecer a los más pobres y, paradójicamente, subsidiar a los más ricos que emplean a quienes utilizan ese medio de transporte.

Segundo. El director del STC Metro, Joel Ortega, justifica sus pretensiones hablando de las principales ciudades del mundo con datos parciales y verdades a medias. Efectivamente, el precio del boleto en la mayor parte de las ciudades del Primer Mundo es mucho mayor que la tarifa de tres pesos en la Ciudad de México. Pero Ortega omite datos fundamentales: el salario mínimo en la Ciudad de México es de 64.76 pesos diarios; en Nueva York, en cambio, es el equivalente a 841 pesos. Abordar el Metro en Nueva York cuesta 33 pesos. Si se toma en cuenta el salario mínimo diario en Nueva York, que es 13 veces mayor al del DF, y que el boleto en NY vale allá 11 veces más que el de la capital del país, la lógica aconsejaría que debiera bajar el precio en el DF al menos a 2.5 pesos. Y eso que en Nueva York el costo de Metro no está subsidiado ¿Por qué entonces aquí cuesta más en términos comparativos? La respuesta es muy sencilla: por la gran corrupción con impunidad que existe en el DF y que en Nueva York no se toleraría. Con algunas diferencias, pasa lo mismo en las capitales más importantes del mundo, como en Londres, donde el servicio tiene descuentos según se trate de horas pico o de horas con menor afluencia.

Tercero. En el STC Metro no existen pesos y contrapesos para combatir la corrupción o al menos reducirla, de suerte que, aunque fuera encarecido el boleto, ello no se traduciría en un mejor servicio, porque el diseño institucional del Metro está hecho para optimizar la corrupción. Sería sólo un acto de fe, que no se puede aplicar a quien administra los recursos del pueblo.

La corrupción está a flor de piel, como lo he denunciado en estas páginas. En el mismo sentido, habría que agregar que el servicio de comedores cuya “licitación” fue ganada (¿casualmente?) por la misma empresa que atendía a la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Joel Ortega, no sólo es pésimo, según afirman trabajadores, sino que genera disuasivos respecto al subsidio que tienen para comer donde quieran. Si desean alimentarse en los comedores de la empresa que contrató Ortega, el subsidio es de 35 pesos, pero si renuncian a hacerlo allí, el subsidio es de sólo 5 pesos.

Otra prueba de la corrupción y de la colusión en el STC es el infierno que viven los trabajadores Marco Velázquez Flores, Sinohé de la Paz Chacón, Jaime Ramírez Guerrero e Ismael Palmieri Huerta, por denunciar ante el contralor interno, Jorge Augusto Ibarra Kadoche, que sus jefes inmediatos “dormían” en sus horas de trabajo. Esa denuncia, que debió ser investigada por la autoridad competente, fue puesta, en la lógica del absurdo, en conocimiento de los denunciados por la propia Contraloría, y ahí empezó un acoso permanente contra los trabajadores hasta llegar a “retenciones salariales”, enviando un mensaje a los demás en el sentido de que las denuncias sobre la violación de la ley no serán toleradas, según consta en el oficio número CES XI/044/13 enviado por el secretario general de la sección XI del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo al contralor interno. Esto, sin que pase nada.

De la misma manera, no bien acaba de ser concluida la línea 12 del Metro, ya están haciendo “renivelaciones” en varios tramos para evitar descarrilamientos de los trenes por los hundimientos que se producen en varios terrenos, con un alto costo para la sociedad, sin que obviamente nadie se entere. Insisto: Debe crearse un panel independiente de expertos que haga una minuciosa auditoría técnica de lo que sucede en el STC Metro. Si no se hace nada, bajo ningún motivo debe permitirse que suba el precio del boleto, porque no se requiere en lo absoluto. Por el contrario, hay que buscar que baje el precio y se hagan los ajustes donde se debe: en la corrupción que corre de la cúspide a la base el STC Metro. Ese es el problema de fondo.

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La amenaza que viene con la reforma fiscal

BOLETIN DE PRENSA

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EL CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA EXHORTA A LOS LEGISLADORES FEDERALES A TOMAR UNA DECISIÓN RESPONSABLE

El Centro Empresarial de Sinaloa ve con profunda preocupación que el gobierno haya decidido promover una Reforma Hacendaria recaudatoria y con altos costos para la productividad, que afectará directamente a las Empresas, empleados y familias mexicanas, generando otro riesgo latente para la estabilidad y crecimiento de nuestra economía, al promover un déficit fiscal que en algunos años todos tendremos que terminar pagando, al debilitar a los que integramos la economía formal justo en el momento en que mayor consideración necesitamos, y por si fuera poco, al dificultar la tarea de elevar la productividad de nuestro país, que es la única forma de mejorar permanentemente la calidad de vida de todos los mexicanos.

Los empresarios estamos dispuestos y comprometidos a contribuir con la Hacienda Pública, siempre que estén claros el sentido social de los impuestos y el compromiso de los gobiernos para gastar menos y mejor. En la actual reforma NO encontramos esos principios; y al contrario, vemos con preocupación que los nuevos impuestos están enfocados a financiar programas riesgosos con objetivos y alcances poco claros.

La obligación del gobierno y sus autoridades es revisar permanentemente opciones de política pública para elegir, de entre las mejores, las menos costosas para la sociedad.

Esta Reforma Fiscal es un riego y un freno a la actividad productiva y por ello, a la capacidad de las familias para construir un patrimonio propio.

Es importante entender que no son solo las Empresas las afectadas por una reforma tal y como está planteada, sino la economía en su conjunto: todos los mexicanos, todos los ciudadanos. Una economía más débil genera menos proyectos productivos; una economía más débil genera menos empleos para los trabajadores, para los estudiantes que van terminando sus estudios; una economía más débil genera sueldos y prestaciones menos competitivos, más pequeños; y, al final de cuentas, una disminución general de la calidad de vida de todos los mexicanos.

El gobierno tiene alternativas, tanto que las analiza y evalúa. Y nosotros estamos participando en esto. Nosotros pedimos, frente a esto, que en el ejercicio de valoración, se impongan la cordura y la sensatez de entender que nuestra economía, en lugar de asegurar el desempleo, necesita del fomento al empleo formal. Más mexicanos contribuyendo mediante la actividad productiva formal, para contribuir en el bienestar de más mexicanos. Y así generar círculos virtuosos que nos beneficien año con año, y generación tras generación.

Por lo anterior, el sector empresarial hace un exhorto público a los legisladores federales, a realizar un análisis responsable de nuestra propuesta, ampliamente conocida por ustedes, y a tomar una decisión con visión de Estado, que privilegie el bien común, sobre cualquier otro tipo de interés. La sociedad civil estará vigilante, y será ella quien habrá de premiar o castigar su decisión.

A T E N T A M E N T E

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA

DIRECTORIO DE DIPUTADOS