Jorge Iván Ospina había prometido la construcción de un centro de integración en el Distrito de Aguablanca, la adopción de planes en ocho comunas y la ejecución del programa Cali Sin Pandillas.
El arreglo de las cámaras de vídeo para vigilar algunos puntos de la ciudad también es otro de los temas pendientes, pues muchas desde hace meses no funcionan.
Según analistas, la falta de continuidad de estos programas se debe a que en Cali no existe una política de seguridad ciudadana.
Empresarios, inconformes con gestión de la Alcaldía para frenar inseguridad en CaliCali tendrá un Centro Integrado de Intervención para combatir la criminalidadCentro de seguridad del Distrito de Aguablanca aún no despegaSeguridad para ocho comunas de la capital del ValleSe duplicaron los homicidios por choques entre pandillasSu lanzamiento causó gran expectativa en la ciudad. Se trataba de tres grandes estrategias para disminuir la delincuencia en las zonas más violentas. Sin embargo, el Gobierno local no cumplió con su ejecución y, a un día de finalizar el 2011, estas iniciativas se quedaron en el olvido.
La creación de un Centro de Intervención para el Distrito de Aguablanca, el desarrollo de planes seguros para ocho comunas y el programa Cali Sin Pandillas son tres de las deudas en seguridad que deja la administración de Jorge Iván Ospina.
En octubre del 2010 el presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de un Centro de Intervención para la Seguridad Ciudadana en Cali. La iniciativa trabajaría en programas sociales y prevención, un modelo que en la Comuna 13 de Medellín logró disminuir los homicidios en un 62%.
Días después, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, celebró la propuesta y afirmó que se adecuaría en un área de la estación de Policía Los Mangos, que cubre el Distrito de Aguablanca.
Aunque el centro debería inaugurarse en mayo de este año, aún los caleños se preguntan por qué no despegó lo que, según el Alcalde, era la solución a la ola violencia que enfrenta el Distrito de Aguablanca.
“Se desentendieron”, dice el coronel John Jairo Rodríguez, comandante de la estación Los Mangos. “El espacio elegido era el segundo piso de uno de los edificios de la estación. Nosotros lo pintamos y la Alcaldía tenía que adecuar las oficinas, el aire acondicionado y otros detalles, pero nunca hicieron nada”. Hoy el lugar es utilizado como una bodega para los uniformados. Según lo ha manifestado Ospina, la responsabilidad no sólo recaía sobre la Alcaldía. “Fue una propuesta de la Presidencia y uno de sus objetivos era el fortalecimiento de la justicia, es decir, que la Fiscalía también debía aportar”.
Y es que la iniciativa consistía en crear un sitio donde el Gobierno local se uniera con el CTI, el Ejército, el DAS, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Icbf, el Sena, entre otras entidades.
Hace unos meses, la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca, reconoció que el proyecto había tenido retrasos, pero insistió en que se adecuaría en la Casa de Justicia del Distrito. “Así lo decidimos, pues en este lugar ya tenemos toda la infraestructura”. Sin embargo, ese anuncio también se quedó en el olvido.
Los planes de seguridad para las ocho comunas más violentas de Cali fue, quizá, el proyecto que la Administración Municipal presentó con más expectativa. La iniciativa se lanzó en noviembre del 2010 en un gran evento al que fueron invitadas todas las autoridades.
Los planes fueron diseñados por el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, a través de mesas de trabajo en las que los voceros de las comunas 2, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21 identificaron sus problemas de seguridad.
A pesar de que la Alcaldía pagó cerca de $300 millones por el proyecto, los planes no se ejecutaron. Incluso, dos días después del lanzamiento la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca, reconoció que no había recursos para llevarlos a cabo. Cisalva dice no entender por qué se abandonó esta estrategia que pretendía desarrollar acciones para reducir los homicidios, la delincuencia y mejorar la relación entre la comunidad y las autoridades.
Lo curioso es que aunque la Alcaldía decía no tener presupuesto, sí suscribió un contrato con la Fundación Pacific International por $235 millones tan sólo para acciones de prevención en la Comuna 19. Una cifra exagerada, pues por $300 millones Cisalva había diseñado estrategias para ocho comunas.
Lo más preocupante es que los habitantes de este sector, impactado por los hurtos, sostienen que el proyecto no mejoró la seguridad. “Yo no entiendo en qué se gastaron todos esos millones, porque lo único que hacía Pacific International era darnos unas charlas”, sostuvo Carlos Adarve, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Lido.
El líder criticó que la Alcaldía entregara $235 millones a un contratista “en vez de darle ese dinero a la comunidad. Yo con $10 millones hubiera comprado hasta diez alarmas para el barrio. Esta gente recibió mucha plata, pero no nos ayudaron”.
Aunque la Administración Municipal adelantó durante el 2010 el programa Cali Sin Pandillas, en el que participaron 1.086 jóvenes de las comunas 16, 18, 20, 7 y 21, este año la iniciativa quedó en el limbo.
El abandono de este programa generó preocupación en la ciudad, pues el 13% de los asesinatos que se han registrado este año está relacionado con líos entre miembros de pandillas , un 1% más que en el 2010.
A mitad del 2011 la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca, declaró que se requería una inversión cercana a los $180 millones para continuar el trabajo con los jóvenes. “Esto se financia con rendimientos financieros de contribución especial, pero no hemos contado con ese dinero. Esperamos gestionar recursos propios para retomarlo”.
Pero a un día de terminar el año, el tema sigue archivado y es otra de las promesas que no cumplió la Administración local.
“Esto debería ser una prioridad de la Alcaldía, porque se trata de grupos que no sólo roban, sino que se dedican al tráfico de drogas y al sicariato”, declaró un líder del Distrito de Aguablanca, donde opera el 52% de las más de cien pandillas que existen en la capital del Valle.
Y es que de acuerdo a un informe del Observatorio Social, la violencia entre pandillas cobra al año un promedio de 128 víctimas mortales.
Incluso, las autoridades en un fin de semana atienden hasta diez casos de riñas entre pandillas en cada una de 22 comunas de la ciudad, es decir, más de 200.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Fabio Alejandro Castañeda, informó a El País que ya se realizó una reunión con el alcalde electo, Rodrigo Guerrero, en la cual se propuso retomar el programa. “Es un tema básico que ayudaría mucho a los jóvenes, al igual que el fortalecimiento de hogares de paso para menores infractores”, indicó el general Castañeda.
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