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  • Lo que late en la sentencia de Estrasburgo es el poco peso en el concierto internacional de España.

    En el fondo de cuanto ha acontecido, desde que el Tribunal de ex Derechos Humanos de Estrasburgo se dispusiera a cocinar la sentencia que va a allanar el camino del denigrantemente llamado proceso de paz –iniciado por Rodríguez Zapatero y no desestimado por Rajoy– lo que late es la falta de peso político de España en el concierto internacional. Por ello, no les falta razón a quienes estiman que esto no le hubiera sucedido a países como Francia o Inglaterra. Entre otras razones porque son países que no están dispuestos a ceder soberanía y España es un país, por decisión de su clase política, cada vez menos soberano. Y por eso ha preferido acatar sin más una sentencia que entra en un ámbito que no es competencia del Tribunal de Estrasburgo: el cumplimiento de la pena.

    Viene al caso mencionarlo porque dentro de unos meses nos enfrentaremos a la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Teóricamente debieran los candidatos presentar su programa con respecto al modelo y al futuro de la UE, pero, como de costumbre, en España estas elecciones se convertirán en una confrontación en clave interna: unos buscarán refrendar en las urnas lo bien que lo están haciendo y otros demostrar que son una opción de gobierno con posibilidades. Pero, ¿por qué hurtan a los españoles el necesario debate sobre el futuro de Europa?

    La respuesta es sencilla: básicamente porque no existen diferencias reales entre la propuesta socialista y la popular con respecto a la Unión Europea. Ambos partidos defienden mayores transferencias de soberanía a la Eurocracia; más Europa, en su léxico, significa hurtar cada vez más decisiones, políticas, económicas y jurídicas, al único ámbito de soberanía admisible que es la nación. Y en ello tampoco se diferencian mucho de algunos partidos emergentes. Partidos que, entre otras cosas, se posicionan a favor de la regionalización de Europa o asumen un futuro planteamiento federal.

    El debate real que debería plantearse de cara a las elecciones europeas es ése, el que no quiere abordarse, el que diferencia a quienes defendemos posiciones soberanistas de quienes apuestan por diluir la soberanía de las naciones que nos lleva a soportar sentencias como la del Tribunal de Estrasburgo. Entre quienes entendemos que Europa debe configurarse como un espacio de cooperación, elevado desde planteamientos solidarios y subsidiarios, respetuoso con las realidades e identidades nacionales, con las patrias, y quienes quieren constituir un ente supranacional de Gobierno.

    Pero también entre quienes nos planteamos que esa Europa sea, no la de los ciudadanos, titulares de derechos que se transforman en papel mojado, sino la de las personas: antes que nada y por encima de todo, las personas. 

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