Tras la grave crisis institucional que ocasionó el conflicto entre el Gobierno y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el uso de las reservas federales por el Tesoro para pagar la deuda, la presidenta Cristina Kirchner echó por decreto a Martín Redrado.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU), que lleva la firma de todo el Gabinete Nacional, remueve al titular del Banco Central "por incurrir en mala conducta e incumplir los deberes de funcionario publico".
La decisión presidencial despertó fuertes críticas en distintos ámbitos. Desde la oposición, sus principales dirigentes fustigaron el decreto que expulsa al titular del Banco Central. Además, especialistas en derecho constitucional afirmaron que es cuestionable la validez del decreto de necesidad y urgencia por el cual se destituye a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre las razones mencionadas, remarcaron que la medida dispuesta por la presidenta Cristina Kirchner con la firma de todos los ministros del gabinete incumple los procedimientos establecidos por la carta orgánica del BCRA, desconoce la autoridad del Congreso de la Nación y viola los derechos y garantías que Redrado tiene en virtud de su cargo.
"Es una medida que no me gustó tomar. Ya está el decreto, creo que todos lo tienen y que no vale la pena seguir hablando. Sigue con el ejercicio el vicepresidente hasta que asuma el nuevo presidente. A la mala conducta, se le sumó el incumplimiento de los deberes de funcionario público", dijo la mandataria tras firmar en decreto, en un acto en La Matanza.
La jefa del Estado también dio instrucciones al procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, para que inicie una demanda penal contra el economista.
Dentro de los argumentos que el Gobierno utilizó para remover a Redrado, en el artículo cuarto del decreto, el Ejecutivo da cuenta de que dará curso de la decisión a la comisión bicameral permanente del Congreso.
La Carta Orgánica del Banco Central establece, en el artículo 9, que "los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente". Además, aclara: "La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Ejecutivo cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público". Argumento central del Gobierno en el DNU.
Pero el texto de la entidad, también agrega que para removerlo, antes deberá "contar con el previo consejo de una comisión del Congreso de la Nación". Esta comisión, según la Carta, debe ser presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma, y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Aníbal defiende. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió la decisión: "El decreto [de las reservas] tiene validez y Redrado no cumple con este decreto. El objetivo primordial era el decreto. La crisis que estamos viviendo, a partir de esa situación, es porque no se cumple la normativa. No solo no ejecuta, sino que entorpece el funcionamiento del directorio".
Y añadió: "Las decisiones son de la Presidenta, cuando no esta en coincidencia, tiene que renunciar. La Carta Orgánica dice que una comisión legislativa tendrá que evaluar la situación y aconsejar, pero no es vinculante. Ya hubo un caso en 2001, cuando se deja en claro que el consejo no tiene fuerza vinculante, es solo una opinión, es un acto preparatorio que no produce efectos jurídicos".
Fernández aseguró que le comunicarán la resolución a Redrado en el transcurso de la tarde. Será reemplazado provisoriamente por el vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce.
La grave crisis hizo que la mandataria les pidiera a sus ministros que se acerquen a la Casa de Gobierno para rubricar el nuevo DNU. Firmaron: el ministro de Economía, Amado Boudou; la ministra de Industria, Débora Giorgi; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el canciller Jorge Taiana; el ministro de Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Defensa, Nilda Garré, el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de Planificación, Julio de Vido; de Justicia, Julio Alak; de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; de Salud, Juan Mansur, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.
El que más kilómetros debió recorrer para llegar a la Capital fue Randazzo, que estaba descansando junto a su familia en Valeria del Mar.
Ayer, Redrado se había negado al pedido que le formuló Cristina Kirchner para que renuncie al mando del BCRA por oponerse a ejecutar el decreto que ordenó la utilización de reservas para el pago de deuda.
DUDAS ENTRE LOS CONSTITUCIONALISTAS
Especialistas en derecho constitucional afirmaron que es cuestionable la validez del decreto de necesidad y urgencia por el cual se destituye a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre las razones mencionadas, remarcaron que la medida dispuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la firma de todos los ministros del Gabinete incumple los procedimientos establecidos por la carta orgánica del BCRA, desconoce la autoridad del Congreso de la Nación y viola los derechos y garantías que Redrado tiene en virtud de su cargo.
Dudosa validez. "Un decreto que remueva al presidente del BCRA sin cumplir con los procedimientos que manda su carta orgánica tiene dudosa validez constitucional.", dijo el constitucionalista Gregorio Badeni, quien precisó que el Poder Ejecutivo está obligado a consultar la opinión de una comisión bicameral y exponer los fundamentos de su decisión de destituir al titular de la entidad monetaria como paso previo.
"Si bien el Presidente no está obligado a aceptar la opinión de la comisión, sí debe pedirla como requisito previo a la destitución. En este caso no se requirió un informe de la comisión previo al dictado del decreto y ahí está la falla", sostuvo Badeni, y además afirmó que el hecho de que el Poder Legislativo esté en receso no impide que se siga el procedimiento de la carta orgánica: "Al Congreso se lo puede convocar en cualquier momento para pedir el informe".
Respecto del artículo 2º del decreto, que establece una excepción en el caso de Redrado a la obligación de la carta orgánica de pedir la opinión de la comisión bicameral, Badeni afirmó que un decreto no puede decidir sobre la aplicación de una ley. "Una ley es creada por el Congreso, y que un decreto haga excepciones a su cumplimiento es desconocer la autoridad del Congreso", señaló el especialista.
Atropello. Mientras tanto, Félix Loñ cuestionó públicamente la manera en la que se llevó a cabo la destitución de Redrado. "Este gobierno hace lo que quiere. Se está atropellando al Banco Central. La Presidenta debería acusar a Redrado ante el Congreso Nacional" manifestó Loñ, y también advirtió: "Si ella pretende remover al presidente del Banco Central sólo con la firma de todos los ministros del gabinete y desconociendo el procedimiento que establece la carta orgánica del BCRA, está incumpliendo groseramente con la Constitución y con los deberes de funcionario público".
Además, Loñ consideró que la presidenta puede ser sometida a juicio político al no poder justificarse la necesidad del decreto inicial que afectó las reservas del Banco Central al Fondo del Bicentenario.
Sin derecho a defensa. Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que el decreto viola las garantías y derechos que Redrado tiene por ser presidente del Banco Central. "Se ha violado su derecho de defensa, porque tenía un cargo con estabilidad del que sólo podía ser removido por ciertas causales, y en casos como éste tiene derecho a hacer su descargo y defenderse", señaló Gil Domínguez, y afirmó que la presidenta Fernández de Kirchner ha violado la garantía del debido proceso.
Asimismo, Gil Domínguez consideró que el decreto es "arbitrario e irracional" por estar aplicado a la situación personal de Redrado: "Si un decreto de necesidad y urgencia viene a ser una suerte de ley temporaria hasta que el Congreso lo trate, ¿cómo puede usarse una norma de alcance general para tratar un caso concreto y particular?".
"Esquizofrenia". Por su parte, Daniel Sabsay tildó de "locura" y "esquizofrenia" la decisión presidencial, al considerar que "cumplir con el primer decreto (de creación del Fondo del Bicentenario) hubiera sido incumplir con la carta orgánica del BCRA", pero que por no cumplirlo se lo acusa a Redrado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sabsay también insistió en la inconstitucionalidad de ambos decretos, ya que no habrían estado dadas las circunstancias excepcionales que impedirían la intervención del Congreso y que harían necesaria la promulgación de un decreto de necesidad y urgencia, y sostuvo que no puede acusarse a Redrado de incumplir una decisión presidencial. "Esto ha sido una orden dada por el Ejecutivo cuando se dice que la autoridad del BCRA no está sujeta a instrucciones o directivas del Poder Ejecutivo Nacional".
Opinión favorable. Eduardo Barcesat, por otro lado, defendió la validez del decreto y afirmó que, al estar en receso el Congreso, la decisión presidencial de remover a Redrado fue "legítima". Respecto de los procedimientos de destitución previstos en la carta orgánica del BCRA, Barcesat consideró "extravagante" el requisito de convocar a una comisión bicameral para que opine al respecto: "No es vinculante y entonces es un trámite formal y ocioso".
Por último, y si bien dijo que el uso de reservas para pagar la deuda es una atribución del Congreso, Barcesat cuestionó a Redrado por no haber objetado las decisiones presidenciales sobre pago de deuda pública. "Que no diga ahora que se convierte en defensor de la supremacía constitucional, porque siempre ha convalidado el pago de la deuda", dijo sobre el titular del Central.
Fuente: Agencias / La Nación
