Madre e hija planificaron durante semanas el asesinato de Carrasco

No fue un arrebato apresurado como "venganza personal" a una sentencia desfavorable la pasada semana en su lucha judicial contra la Diputación de León. El asesinato de Isabel Carrasco fue un crimen planificado "durante semanas, sino meses", según los mandos de la investigación, que no tienen dudas de que madre e hija planearon juntas y al detalle el homicidio de su víctima, a la que terminaron "ejecutando con profesionalidad", aunque tuvieron la mala fortuna de que un policía jubilado las siguiera y las delatara.

María Montserrat González Fernández y su hija Montserrat Triana Martínez González, a pesar de las pruebas y testimonios que las señalan, se mantuvieron férreas como una roca en la comisaría e insistieron en que no tuvieron nada que ver con el homicidio de la líder de los populares leoneses.

De la planificación del crimen da cuenta el propio asesinato. La política popular fue emboscada por las dos mujeres a escasos metros de su casa, probablemente después de varios días de intentarlo, ya que Carrasco solo en contadas ocasiones se movía a pie sola por la calle dado que solía desplazarse en moto o coche oficial. El asesinato fue profesional, dos disparos por la espalda a quemarropa en el tronco. Un tercer impacto en la base del cuello, muy cerca de la nuca. Y un cuarto tiro en la cabeza, el de gracia, cuando la víctima ya estaba en el suelo. La autora material de los disparos sigue siendo una incógnita aunque todo apunta a que fue la madre.

En cualquier caso, hasta tres testigos diferentes sitúan a ambas mujeres en la pasarela donde la presidenta fue tiroteada. La Policía aún está a la espera de saber el resultado de las pruebas definitivas de parafina que determinarán quién tiene restos de pólvora en sus manos. Ambas se negaron a someterse voluntariamente a esa pericial, por lo que fue necesario un mandamiento judicial para practicar la prueba, cuyos resultados tardarán varios días en conocerse pues este análisis se realizará en las instalaciones de la Policía Científica de Madrid.

Sea como fuera, los investigadores sospechan que la persona que apretó el gatillo portaba guantes. De hecho, en el deportivo Mercedes de color gris en el que las mujeres pretendían huir se encontraron gorros y guantes. Precisamente, esa huida también estaba perfectamente planificada, pero todo se fue al traste porque la fortuna quiso que un policía nacional en segunda actividad (jubilado) presenciara los hechos.

Tras perpetrar el crimen a las 17.17 horas madre e hija emprendieron la huida a pie por los cercanos jardines de la Condesa para separarse en la calle Colón, tratando de dificultar un posible seguimiento. El agente jubilado decidió perseguir a la madre hasta que esta llegó al coche, donde fue detenida por policías municipales. Siete minutos después fue arrestada la hija, con la que se había citado en el vehículo aparcado en la Gran Vía de San Marcos para completar su huida

En realidad no pasaron más de diez minutos entre el asesinato y la primera detención. Tiempo, sin embargo, suficiente para que las dos mujeres se deshicieran del arma. Otra muestra de una operación perfectamente planificada hasta el punto de que todavía la Policía no ha podido encontrar la pistola.

Después de haber rastreado toda la zona del crimen y las vías de huida, incluidas todas las alcantarillas y papeleras, y después de haber peinado la ribera del río Bernesga, decenas de funcionarios, ayudados por detectores de metales, rastrearon el lecho del río que fluye bajo la pasarela donde fue asesinada Carrasco. A pesar de que la Policía ordenó el cierre de la presa de Casares para desecar el río, la pistola no apareció. Al menos de momento.

El origen del arma sigue siendo otro misterio y otra prueba más de que todo estaba muy planificado y que si no hubiera mediado la intervención del agente jubilado el crimen podría haber tardado mucho en resolverse.

O no resolverse jamás. Las pruebas balísticas han descartado que Montserrat González y Triana Martínez usaran el arma reglamentaria de su padre y esposo, el inspector jefe de Astorga, Pablo Antonio Martínez, quien ya había asegurado a sus superiores que su pistola no había desaparecido en ningún momento. El calibre de los disparos es menor al de nueve milímetros de la dotación oficial de la Policía, probablemente fue un calibre 22.

Ninguna de las dos detenidas tiene permisos de armas y el inspector jefe no tiene otra pistola más que la reglamentaria, por lo que los investigadores sospechan que las mujeres usaron un arma comprada en el mercado negro, lo que hubiera hecho aún más difícil llegar hasta ellas. Tampoco se ha encontrado una sola prueba en el registro de la casa en la que vivía el jefe de policía y su esposa detenida en Astorga ni en el loft que Triana Martínez tenía en la calle Cruz Roja de la capital leonesa.

Entretanto, la Policía intentó, sin éxito, interrogar por separado a las dos sospechosas. "Extremadamente tranquila y aún más fría", definieron a la madre los policías que asistieron a los primeros intentos infructuosos de arrancarle una confesión. "¿Por qué estoy detenida? No tengo nada que ver con esto", se limitó a repetir hasta la saciedad en la comisaría de León. Su hija, por su parte, trasladada a la comisaría de San Andrés de Rabanedo bajo estricta vigilancia ante el temor de que intente suicidarse, tampoco se incriminó ni culpó, por el momento, a su madre.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León que instruye el asesinato ha decretado el secreto de sumario. El informe de la autopsia remitido al juzgado revela que la causa de la muerte fue "shock hipovolémico (una hemorragia) y destrucción de centros nerviosos superiores provocado por una agresión de arma de fuego".

Los investigadores creen que la reciente derrota en los tribunales de un largo y tortuoso contencioso laboral de la ingeniera contra la Diputación de León no fue más que el detonante último del asesinato de la líder del PP leonés, que no obstante llevaba preparándose desde hace tiempo. Según fuentes de las investigación, la pasada semana Martínez, ex militante del PP, había recibido la noticia de que debía devolver una importante cantidad (algunas fuentes apuntan 6.500 euros y otras12.000 euros) cobrados indebidamente como complemento antes de su despido como interina de la diputación en mayo de 2011, tras haber trabajado allí desde enero de 2007. El pasado año, la institución le intentó notificar en tres ocasiones (en febrero, abril y agosto) una declaración de lesividad. O sea un expediente en el que la Administración considera que la actuación de la ingeniera había sido lesiva para los intereses públicos.