Enrique López ha solucionado su episodio de alcoholemia de manera discreta y por la puerta de atrás, después de que el pasado 1 de junio la Policía Municipal le denunciara por cuadruplicar la tasa de alcoholemia, saltarse un semáforo en rojo y conducir una moto sin casco. En ese momento era magistrado del Tribunal Constitucional y precisamente se cumple ahora un año desde que fue nombrado con el apoyo del Partido Popular. Después de asumir lo sucedido, atajó el asunto de la manera más rápida posible para evitar tanto el desgaste del TC como de su propio nombre.
Al día siguiente de los hechos, presentó su dimisión al presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos. Desde ese mismo momento ya no era magistrado del tribunal que defiende la Carta Magna y, por tanto, perdía el pleno aforamiento ante el Tribunal Supremo. Además, López tuvo un golpe de suerte cuando al día siguiente de la denuncia, y con toda la opinión pública conocedora del asunto, el rey Juan Carlos anunció su abdicación, pasando su asunto judicial a un plano secundario, lo que evitó ser blanco de todas las críticas.
Cuando un juez es nombrado magistrado del TC, se marcha en servicios especiales y abandona ‘de facto’ la carrera judicial. Es cuando pide su reingreso cuando comienza a tener efectos económicos y administrativos.
López cumplió los diez días que le concede la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 355, para pedir su reingreso como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Una vez que ya lo había pedido al Consejo General del Poder Judicial, se celebró el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial. Si no hubiera dimitido del TC, habría tenido que sentarse en el banquillo de los acusados del Supremo, en un proceso judicial más lento y con luz y taquígrafos.
Sin embargo, su salida del tribunal le ha permitido que en trece días un juzgado madrileño de Plaza de Castilla celebre juicio rápido y dicte sentencia verbal en el momento. Incluso obtuvo una conformidad con el fiscal y el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, fijó ocho meses de retirada del carné de conducir y una multa de cuatro meses a doce euros diarios, lo que supone 1.440 euros.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos. (EFE)Fue un juicio rápido, celebrado el sábado 14 de junio, y sin ninguna publicidad. En la sentencia, se fija que López arrojó un resultado de 1,20 y 0,99 en la primera y segunda comprobación con el etilómetro, negándose a realizar la prueba de extracción de sangre. “Con síntomas, el acusado presentaba fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos rojos y vidriosos, habla repetitiva, rostro congestionado, deambular titubeante y dificultad para mantener la verticalidad”, recoge la resolución.
Los jueces son aforados parciales
Mientras tanto, el CGPJ ha aceptado su reingreso en la carrera judicial de forma automática. Así está contemplado en la ley ya que el delito por el que se le ha condenado no es doloso y, por tanto, no es causa de cese.
Desde el momento en el que se pide el reingreso, el juez ya es miembro aforado de la carrera judicial. Sin embargo, a diferencia de los magistrados del Constitucional o de los diputados, los jueces son únicamente aforados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, por delitos como prevaricación o revelación de secretos. Así que López, una vez que abandonó el TC, perdía la opción de ser juzgado por el Alto Tribunal, según explican a El Confidencial fuentes jurídicas.
Y quién mejor para asesorarle y defenderle que Enrique Arnaldo Alcubilla, vocal del CGPJ hasta 2001 y persona que aupó a López como letrado del órgano que regula a los jueces. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional y letrado de la Cortes Generales, aunque también tuvo algún problema con la Justicia. En 2010, el juez de Palma José Castro le imputó por su vínculo con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, quien mantenía relaciones con la consultoría madrileña Estudios Jurídicos y Procesales (EJP), un bufete vinculado a Arnaldo.
El magistrado archivó el asunto por falta de indicios de fraude a la Administración en relación con dos de los responsables de EJP por un contrato supuestamente amañado y firmado en febrero del 2004, pero sí mantuvo la inculpación a Matas.
Ahora, a Enrique López le queda algo más de una semana para incorporarse a la Audiencia Nacional, aunque algunos compañeros suyos tienen dudas de que llegue a entrar o de que se quede mucho tiempo. A este juez le costó mucho llegar hasta el Tribunal Constitucional. Primero fue vocal del CGPJ durante siete años y, como tal, fue el bastión del PP en el órgano. Al término de su mandato pasó una travesía del desierto en la Audiencia Nacional esperando a que le adaptaran un destino más suculento, que pasaba desde el Ministerio de Justicia hasta el TC. Ahora tiene que volver a la Audiencia, y algunos creen que intentará buscar otro destino, que incluso podría ser un despacho de abogados.
Yo salgo a cenar con mi mujer todos los sábados y nos gusta beber vino y al final un par de copistas. Por supuesto tanto a la ida como a la vuelta usamos taxis. Como dice otro comentario esté Magistrado merece más el cese por tonto que por imprudente.
Esta "casta" hacen ver que dimiten, pero no es verdad, siguen en otro destino en la AN.Pujol hijo dimitió como portavoz, pero sigue cobrando como Diputado.
Efectivamente, como dijo D. Juan Carlos, la ley es igual para todos. Luego nos quejamos de la desafección de la población a la clase política.
[El ya ex magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, fue beneficiado con un juicio rápido en sábado, cuando estas vistas se celebran de lunes a viernes en los juzgados de instrucción de Madrid. Aunque la ley es clara y taxativa en el sentido de que a los jueces de la Audiencia Nacional —y López lo es— los tiene que juzgar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la jurisprudencia de este tribunal admite un margen de interpretación (en un sentido y en otro), que permitiría la vista rápida en los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, excluiría la prevaricación o el error, en contra del titular original y de la tesis que se sostiene en el artículo.
Pero no es un caso de reingreso en la judicatura. López ha seguido siendo juez de la Audiencia Nacional y por eso el proceso contra él tenía que haberlo instruido y juzgado el Tribunal Supremo, lo que no ha ocurrido. Y el acusado —y ahora condenado— tenía que conocer ese “pequeño detalle”, lo mismo que tenían que saberlo el fiscal que llegó a un acuerdo con él, y el juez Antonio Serrano-Arnal, que accedió a celebrar un juicio rápido de conformidad en sábado. Puede que alguno de ellos no cayera en esa tontería del fuero, ahora que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, habla de la conveniencia de dejarlo solo para aquellos supuestos que tengan que ver con el ejercicio del cargo, pero de momento, a los jueces de la Audiencia Nacional y a los del Supremo, al menos, les cubre también las conductas privadas.
El caso es que si no fue error, sería prevaricación, por dictar una resolución al margen de su propia competencia, que, precisamente por ello, es nula de pleno derecho. Pero el Supremo —cuya jurisprudencia precisa que ese delito tiene que ser grosero y evidente—, al menos desde el caso de Garzón, ya dijo que eso valía para los casos administrativos, pero que los jueces son expertos en derecho y que, por tanto, no les es exigible el requisito de esperpéntico al calibrar la existencia o no de prevaricación.
Los magistrados consultados señalan que ese acuerdo lo podría haber obtenido también en el Tribunal Supremo y que la razón de ese juicio en sábado no puede ser otra que la de evitar el escándalo. No es lo mismo una vista de tapadillo un día donde no va nadie a los juzgados, salvo a los de guardia, que una vista pública en el Tribunal Supremo, con todo el ruido mediático que eso genera.
De esta forma, cuando López vuelva la semana que viene a la Audiencia Nacional el asunto estará ya zanjado –aunque tenga antecedentes penales- y casi olvidado tras la debacle de la selección española en Brasil y los fastos de proclamación del nuevo monarca Felipe VI. Una sentencia que ya es firme, aunque sea nula. De nuevo los españoles somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Porque, en un caso similar, ya me gustaría que me tocase ese fiscal-bombón, aunque probablemente conmigo, y me temo que con la mayoría de ustedes, no pediría la pena mínima.
¿Les parece que es demasiado pedir que cumplan la ley y hagan las cosas bien?
La pregunta que ahora me asalta es: ¿quién instará la nulidad de la sentencia de López?, ¿el fiscal, garante de la legalidad, pero que ignoró esta y ofreció la conformidad? ¿o tendrá que ser una acusación popular, como el Partido Soberanía, la Asociación Preeminencia del Derecho o Manos Limpias, la que defienda la ley, una vez más?
Para resumir, este juez es de los NUESTROS, no se puede comparar al tocapel.... de Garzón, por ejemplo, ha dicho la Casta.
ahora ya no se quita el casco, y lo peor es que se rasca la cabeza con el casco puesto. Ya no tiene arreglo.
A este juez cualquier justiciable que cayera en sus manos podría recursarlo, con antecedentes penales no se puede ser juez.
Ha sido juzgado por un delito y condenado ¿Tiene antecedentes penales? si los tuviera deberían haberle expulsado de la carrera judicial. Eso es cumplir la ley. Y tuvo suerte que no mató a nadie conduciendo borracho.
Que clase de persona pone en peligro su vida, la de los demás y su carrera por no gastarse 15 euros en un taxi? Yo creo que hay echarlo más por tonto que por borracho.
Amigo, cuando voy de celebraciones, bodas y demás, siempre regreso con un taxi. ¿Cuál es el problema? ¿Desdoro porcoger un taxi? ¿Inmadurez para admitir cuando no se debe conducir? Es la vida de uno y la de los demás, ese es el tema.
Una vez cumplida la pena, la deuda con la sociedad está saldada.
Este principio es igual para todos, etarras o jueces, peperos o sociatas.
Si las penas son suficientemente duras o rehabilitadoras o resarcidoras es otra cuestión que será tratada en otro lugar.
El problema radica en aquellos que están permanentemente "beodos" sin haber probado el alcohol. Y de esos, desgraciadamente, hay muchos en ambas cámaras (vb Senado y Congreso), asi como en infinidad de cargos públicos.
... ¿O tal vez, al final, si que van bebidos? ...
¿Como usan los aforados su privilégio? Usándolo para elegir donde quieren ser juzgados. Anticonstitucional y vergonzoso. Este senor es un inmoral adem´`as de borracho y que va a seguir juzgando a ciudadanos, alguinos más honestos que él. Cosas veredes amigo Sancho.
Esto le puede pasar a cualquiera y no por ello hay que tomarlo ya como un delincuente, aunque lo propusiera el PP.
Yo mismo fui a una cena no hace mucho y resisti a la "presión" de los camareros y del resto de comensales de mi mesa que hasta se cachondearon de que renunciase a un excelente vino y bebiese sólo agua... Hubiese dado positivo seguro y no acostumbro a beber.
Y.... ¡¡ hasta mi casa DOS controles!!.
A este magistrado no se le conocen antecedentes "etílicos" y fue público que venía de una despedida de soltero. Tuvo mala suerte y punto. Una irresponsabilidad sin duda, pero que pagó con un rapidez inusual en nuestra sociedad.
¿Hay que matarlo por ir bebido un domingo por la mañana? ¿Eso le resta credibilidad como juez?
Pues me parece entonces que media España no tiene credibilidad como alguno escribe...
Ha cometido un delito, y ha sido juzgado y obligado a dejar su puesto de trabajo. Ahora, ¿lo expulsamos de España? Venga hombre con los comentarios ridículos! Si, ha podido matar a otros o estrellarse y tal y cual, pero no lo ha hecho.
Asco, repugnancia, vergüenza ajena, etc.