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Prensa Libre

23/11/14 - 23:32 Opinión

PLUMA INVITADA

El embajador Cajal y el juicio por la quema de la Embajada

El pasado 1 de octubre la justicia guatemalteca inició la fase oral del juicio por la quema de la Embajada de España en Guatemala, ocurrida el 31 de enero de 1980. Han pasado más de 34 años, pero finalmente el Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala conoce el caso. Aquella fatídica mañana ocurrió una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Tras la ocupación por un grupo de campesinos y estudiantes, las oficinas de la Embajada de España fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad, contra la voluntad expresa del Embajador y las reiteradas gestiones hechas desde Madrid por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, D. Marcelino Oreja.

*MANUEL LEJARRETA

La violenta actuación de las fuerzas de seguridad creó un escenario sin salida que provocó la muerte de 37 personas, guatemaltecos y españoles, incluyendo siete  empleados y funcionarios de la Embajada. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las  Naciones Unidas, conocida como “Comisión de la Verdad”, fue categórica al expresar su convicción de que “agentes del Estado atentaron contra el derecho de vida de las personas que estaban dentro de la Embajada de España” y que “las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala de la época fueron los  responsables intelectuales”.

Ante la gravedad de lo sucedido, España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Fue una medida extrema, especialmente difícil y dolorosa por ser un país de la familia iberoamericana, pero plenamente justificada ante un gobierno que cometió un evidente abuso de poder.

Pasados cuatro años, y tras las disculpas y reconocimientos de la parte guatemalteca —recogidos en el Comunicado Conjunto firmado en Bogotá  en septiembre de 1984—  las relaciones se reanudaron y paulatinamente se fueron normalizando con los sucesivos gobiernos democráticos. Hoy mantenemos excelentes vínculos de amistad y cooperación con la hermana nación guatemalteca.

Aunque España no es parte querellante en el juicio, el Gobierno y el pueblo español tienen natural interés en el mismo. Estamos satisfechos por cuanto la justicia guatemalteca esté finalmente investigando aquellos hechos y pueda emitirse el fallo que corresponda.

D. Máximo Cajal López, entonces embajador de España, salvó la vida milagrosamente, logrando escapar malherido de las llamas. Cajal falleció en abril pasado, tras una larga y fértil carrera diplomática que también le llevó a ocupar las jefaturas de misión en la OTAN, Suecia y Francia. En el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo puestos de alta responsabilidad como subsecretario, director general de la Oficina de Información Diplomática y secretario general de Política Exterior.

Colaboró con la justicia guatemalteca con la esperanza de que, aunque fuera tarde, aquella llegara. En sus últimos meses de vida, pese al trauma por aquella aterradora experiencia, siguió en la distancia las vicisitudes previas a la apertura del juicio por la quema de la Embajada.

Algunas consideraciones que se siguen haciendo sobre Cajal y su papel en aquella crisis se han transformado en acusaciones irracionales. Son calumnias que parecieran dirigirse, 34 años después, a insistir en atribuir al embajador responsabilidades, cuando fue una víctima más.

Máximo Cajal fue un diplomático notable al que sus compañeros de cierta antigüedad recordamos con gran estima profesional y afecto. Fue un hombre recto y de grandes cualidades. En suma, un embajador de España que merece ser recordado con respeto en el momento en el que la justicia guatemalteca juzga serenamente aquellos hechos que tanto le marcaron.

*Embajador de España

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