Después de dos años de regresar a México, el antiguo lugarteniente del Mayo Zambada y jefe de pistoleros, Javier Torres Félix, “el JT”, obtuvo un amparo que lo pone en la puerta de salida del penal de máxima seguridad de El Altiplano, antes Almoloya, en donde se encuentran los principales líderes narcos e incluso uno de sus hijos, Misael Torres Urrea. Sus declaraciones fueron invalidadas, su retención tras la liberación en Estados Unidos también fue declarada ilegal. Las pruebas en su contra se caen, su libertad avanza por fallas al debido proceso.
Por Martín Durán
Culiacán, Sin.-Por falta de una adecuada defensa y retención de manera ilegal al no contar con una orden de aprehensión, un tribunal colegiado del Estado de México concedió un amparo para efectos a favor del narcotraficante sinaloense Javier Torres Félix, quien desde abril de 2013 fue repatriado de Estados Unidos para ser internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Según abogados consultados, esta resolución pondría al ex socio de Ismael “el Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, en una situación ventajosa que le permitiría salir pronto de prisión.
Javier Torres fue enviado a México el 11 de abril de 2013 luego de cumplir una sentencia de ocho años dictada por la Corte de Distrito de Columbia, acusado de importar cocaína a territorio gringo desde 1997 a 2001, por órdenes del Mayo Zambada.
De acuerdo con el toca de revisión 235/2014, radicado en el Primer Colegiado en Materia Penal con sede en Toluca, del cual La Pared tiene la copia de versión pública, el magistrado Mauricio Torres Martínez concluyó que Torres Félix no tuvo oportunidad de llevar una adecuada defensa al momento de rendir declaraciones incriminatorias, ya que fueron obtenidas de manera ilegal, por lo que ordenó dejar sin efecto sus dichos ante el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que abrió la causa penal 43/2013 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Pleno de este tribunal considera que en este caso particular, las declaraciones ministeriales de Javier Torres Félix, rendidas el 28 de enero de 2004 (cuando fue detenido), y 12 de abril de 2013 (cuando fue repatriado) resultan inválidas, motivo por el cual debieron ser excluidas del material probatorio y no formar parte de la resolución reclamada”, señala el documento oficial.
La resolución del magistrado detalla que al tomarse en cuenta las declaraciones obtenidas de manera ilegal de parte del ministerio público federal, se vulneró el derecho a una adecuada defensa y el principio de legalidad.
“Porque las sometió a juicio de valoración cuando derivaron de una actuación ilegal de las autoridades aprehensoras y ministerial, todo lo cual hace patente también la afectación al derecho humano a un debido proceso”, reza la sentencia.
Con este fallo, el Cuarto Tribunal Unitario de Toluca y el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales dejaron sin efecto el auto de formal prisión de junio de 2013, y tuvieron que dictar una nueva resolución con libertad de su jurisdicción. Dicha resolución fue emitida por el primer tribunal del 23 de marzo pasado, pero se desconoce su el juez de distrito volvió a dictar formal prisión o libertad. Al cierre de la edición del presente trabajo se desconocía si el JT había salido libre.
El olor de la libertad
Amparo a Javier Torres by Martín Durán
El 17 de marzo pasado, el pleno del Tribunal votó a favor de brindar el amparo al JT.
El documento explica que cuando Torres Félix fue detenido en Culiacán, el 27 de enero de 2004, en el residencial Colinas de San Miguel, contaba con una orden de localización por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En las primeras horas de la madrugada del 28 de enero, luego de ser trasladado de Culiacán en avión directo a la Ciudad de México, el JT rindió declaración ante la entonces SIEDO por una averiguación previa abierta en su contra.
Sin embargo, detalla el expediente, por este caso no se le procesó, pues un juez federal le ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición, reclamado el capo por las autoridades estadounidenses, dejando la averiguación pendiente.
En los documentos no se habla de la muerte de un elemento del Ejército, al que Torres Félix y sus hombres habrían abatido en un enfrentamiento ocurrido días antes de su captura.
Iniciado el proceso de extradición a la Corte de Washintong, el viejo jefe de pistoleros se defendió en los tribunales, hasta que en mayo de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó el traslado para responder por los delitos cometidos en Estados Unidos.
Por lo tanto, señala el magistrado, la averiguación previa iniciada por la PGR quedó sin consignarse. Sentenciado en la Corte a ocho años, el 11 de abril de 2013 el capo fue liberado del otro lado.
Pero ya desde enero del mismo año, el ministerio público federal emitió una orden de localización y presentación ante la eventual liberación.
Enterados que el capo fue acompañado por agentes gringos al paso fronterizo de Mexicali, Baja California, policías federales mexicanos le decretaron el arresto para ser presentado a la SEIDO.
En las horas del 12 de abril, Javier Torres rindió declaración ministerial dentro de la averiguación previa, sin embargo, el magistrado estimó que no se le dieron a conocer sus derechos constitucionales, entre ellos el contar con un abogado.
Ello, detalla el magistrado, dejó en indefensión al acusado, pero la PGR le decretó el arresto bajo el argumento de que el delito de delincuencia organizada es flagrancia delictiva, y había riesgo de que dejarlo en libertad el acusado se fugaría.
Aunque en un primer momento el Tribunal consideró que la detención en el paso fronterizo era legal, más tarde por medio de voto concurrente dentro de la misma resolución, el magistrado ponente señaló:
“De los antecedentes relacionados se desprende que la retención del quejoso (Javier Torres) fue ilegal… pues no medió orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente; un supuesto de flagrancia al no efectuarse su detención en el momento de la comisión actual y pública del delito, esto es, que fuera visto y sorprendido cuando consumaba la acción ilícita; y tampoco existía de una situación de urgencia que determinara a la autoridad ministerial de la federación decretar su detención”.
Es decir, el ministerio público debió declararlo y ejercer acción penal en su contra, pero en cambio optó por decretar su retención alegando que delincuencia organizada es un delito flagrante.
Por tanto, el magistrado solicitó al juez de la causa analizar también la forma de detención llevada a cabo tras su salida de la cárcel en Estados Unidos.
Las confesiones anuladas
Manuel y Javier Torres Félix, tiempos de juventud.
Javier Torres Félix confesó que conoció a Ismael “el Mayo” Zambada por allá de los años 80 cuando él formaba parte del cuerpo de defensa rural o policía rural que cuidaba los terreros de Cosalá.
En 1989 la agrupación policiaca desapareció, y a partir de ahí él y su familia comienzan a dedicarse al cultivo de mariguana en ese municipio serrano.
El 12 de abril de 2013, presentado en la SEIDO, el JT declaró:
“Mi función dentro de la organización del Mayo era de seguridad, teniendo a mi mando aproximadamente 20 personas, todas ellas armadas, a las cuales yo les pagaba con dinero que me daba el mismo Mayo”.
-¿Cuánto le pagaban por ayudarle al Mayo?
“Era variado al mes o cada dos meses, me daban entre 20, 50 mil y hasta 100 mil dólares”.
-¿Cuáles son los objetivos o finalidad de la organización delictiva que dirige el Mayo Zambada?
“Venta de droga, en especial cocaína”.
-¿Cuánto dinero ganó durante su estancia en la organización delictiva conocida como cártel de Sinaloa?
“No tengo idea de cuánto gané, pero logré comprar dos ranchos y mil cabezas de ganado, como un millón y medio de dólares, pero cuando estuve preso (en Estados Unidos) los estuve vendiendo junto con las cabezas de ganado, no contando en la actualidad con inversiones, bienes muebles, ni cuentas bancarias a mi nombre ni a nombre de mi esposa ni mis hijas”.
En sus declaraciones al ministerio público de la SEIDO, el JT dijo que el Mayo lo invitó a trabajar a su organización en 1999.
“En el año de 1999 comencé a trabajar con el Mayo, por invitación de él mismo… con la única persona que trabajé fue con él ya que uno no puede servir a dos amos”.
El Mayo Zambada, dijo, era el mero jefe de la organización y él era el segundo en la estructura, y enseguida estaba Lamberto Verdugo Calderón, a quien en enero de 2009 mató el Ejército en un retén ubicado sobre la carretera a Sanalona, a la altura de la comunidad de El Carrizalejo.
-¿Especifique cómo conoció al Mayo?
“Lo conocí porque somos originarios de la misma ranchería, conociéndolo cuando yo tenía aproximadamente 20 años de edad, teniendo él como 10 años más que yo, y recuerdo que cuando lo conocí él era ganadero, no tenía entonces ningún negocio de narcotraficante, solo era mentado porque tenía ganado y en ese entonces ya era conocido como el Mayo”.
Torres Félix señaló que cuando él entró a trabajar con Zambada García la organización estaba en guerra con los hermanos Arellano Félix, a quien identifica como originarios de Badiraguato.
“Nunca supe porque se originó el pleito entre las dos organizaciones delictivas, por lo que siempre nos cuidábamos de que los Arellano no nos fueran a matar. Supe que cuando yo entré a trabajar con el Mayo, la guerra ya estaba iniciada y cuando me detuvieron en el 2004 ya no había guerra, ya que no estaban los hermanos”.
El capo indicó que cuando no trabajaba para Zambada se dedicaba a labores del campo, a sus ranchos de engorda y a sembrar maíz y frijol, que los hombres a su cargo ganaban 500 dólares a la quincena y todos usaban armas largas como AK-47 y AR-15, y que todos se dedicaban a cuidar a Ismael.
Cuando se le preguntó si más familiares trabajaban para Zambada, comentó que su hermano Manuel Torres Félix, pero que éste había sido abatido por el Ejército en octubre de 2012.
Enseguida le pregunta si conocía a una persona, cuyo nombre aparece testado, y respondió que sí, cuando era capitán del Ejército lo conoció en su rancho de Cosalá, y que era compadre de su hermano, aunque descartó que fuera gente del Mayo. “No creo que estuviera en el cártel”, dijo.
Javier Torres informó que él fue miembro de la Policía Rural de Culiacán y que el Ejército Mexicano le dio a él y a los elementos capacitación para usar armas de fuego.
“Mi función era cuidar el campo, monte y la sierra, lugar en donde el mismo Ejército nos dio entrenamiento y aprendí a usar las armas”, manifestó.
Los testigos y el parte
Al menos en el proceso penal, Torres Félix cuenta con al menos tres testigos en su contra, que lo señalan como parte de la organización Zambada.
Uno de ellos, aunque no aparece su nombre, señala que es sobrino de uno de los socios del Mayo, y que conoció al JT en la Ciudad de México, en una casa de Lomas de Chapultepec en donde se encontraban los colombianos Jonhy y Alejandro, ambos hermanos, y quienes eran los principales proveedores de cocaína que llevaba a Cancún, y de ahí era trasladada a Culiacán para más tarde empacarla a Estados Unidos.
Otro de los testigos en su contra es Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien tras su detención el 18 de marzo de 2009 en la Ciudad de México declaró que conocía a Torres Félix y que trabajaba para su padre.
Al menos otro testigo protegido declaró en contra del oriundo de los Llanos del Refugio, Cosalá. Dicho testificante se identificó con la clave “Yeraldine” y rindió declaración el 28 de febrero de 2013, un mes y medio antes de que fuera liberado de la prisión gringa.
El parte informativo rendido por los militares de las Fuerzas Especiales que lo detuvieron forma otro indicio que fortalece la causa penal.
Según el documento del Ejército, se recibió una llamada anónima de un hombre que señaló que el JT y su gente estaban en un domicilio de Colinas de San Miguel, ya que un día antes se habían enfrentado en la comunidad de El Tule, Culiacán.
Llegó a la residencia en la misma Cherokee color blanco en la que huyó de la zona rural culichi. Al mediodía, los soldados rodearon las calles de Colinas y detuvieron al lugarteniente de Zambada.
Iba vestido con ropa deportiva y botas vaqueras, y su aspecto era de un hombre de 45 años. En su mano derecha llevaba una maleta de color negro.
En mano de los militares, revisaron la maleta: brotó una pistola Colt calibre .38 súper, con cachas de pedrería en color blanco, dorado, verde y rojo con figuras de dos gallos, con su cargador abastecido y otros dos de repuesto.
Cargaba consigo cuatro teléfonos celulares, uno de ellos satelital, varios envoltorios con cocaína, una cartera con 2650 pesos en efectivo, una tarjeta con claves de la Policía Estatal Preventiva, e identificaciones oficiales con nombres falsos.
En una de sus muñecas portaba un Rolex Oyster Perpetual de metal dorado, una cadena de oro rematada con un crucifijo, y un total de 23 mil 750 dólares.
Según un alto mando del Ejército, en realidad a Javier Torres lo ubicaron rastreando sus constantes llamadas a una mujer identificada como su amante. Se trataba de una jovencita a quien también detuvieron junto con el capo, pero una vez llegando al aeropuerto de Culiacán la dejaron ir.
La acusación en Estados Unidos
En 2003 el Departamento de Justicia solicitó la extradición del JT, en un pliego acusatorio en donde también estaba el Mayo Zambada y su hijo el Vicentillo.
El documento señala que desde 1992 y hasta 2001 Torres Félix se dedicó a introducir cocaína colombiana. En 1997 fue detenido en Cancún, Quintana Roo junto con su cuñado Raúl Meza Ontiveros, el M-6, en posesión de 350 kilos de cocaína que le compraron a Jonhy el colombiano.
Sentenciados a 10 años de prisión, el JT y su cuñado fueron absueltos al año siguiente. Cancún en ese tiempo era el puerto de entrada para la droga que comercializaba Zambada.
Trasladado en 2006 a Estados Unidos, Torres Félix se declaró culpable, y fue condenado a 8 años de prisión, mismos que se cumplieron el 11 de abril de 2013.
En Sinaloa, el Juez Séptimo el Ramo Penal libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, sin embargo, se desconoce el caso en el que se le involucra.
Los abogados del capo presentaron en diversos tribunales juicios de amparo, pero un Tribunal Colegiado de Mazatlán le negó la protección de la justicia de manera definitiva, por lo que de salir libre por el delito de delincuencia organizada, Torres Félix tendría que responder por este mandamiento judicial pendiente en su estado natal.
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