Ante la situación económica actual, lo normal es que se propongan medidas pospuestas durante demasiados años, propuestas que no tienen otro objetivo que suprimir privilegios, garantizar la necesaria laicidad del Estado y que todos paguen y aporten a las arcas del Estado. Por eso UPyD propone que el Gobierno de España analice el marco de relaciones creadas con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas, definidos por los Acuerdos con la Santa Sede y los Acuerdos de Cooperación de 1992, también la revisión de esos acuerdos, con el fin de asegurar y defender la laicidad del Estado como un elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad y, como una condición sine qua non para una convivencia armónica en nuestro País, teniendo en cuenta los diferentes elementos que los articulan: legales, educativos, culturales y económicos.
UPyD propone que el Gobierno de España acometa la oportuna reforma del Acuerdo de 3 de enero de 1979 con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos y la Ley de Libertad Religiosa, a fin de establecer los mecanismos y criterios necesarios para distinguir entre las actividades de la Iglesia Católica y las restantes confesiones religiosas que se dirigen exclusivamente a la promoción de la fe religiosa de aquellas otras funciones o actividades de índole social o asistencial y de los rendimientos de aquellos bienes o actividades afectos a cualesquiera explotación de índole económico, a fin de que las actividades de índole social o asistencial tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfruta cualquier otra entidad sin fin o ánimo de lucro y de que las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe, dogmas o cultura religiosa y aquellas otras afectas a una explotación económica, carezcan de beneficios especiales, teniendo a efectos impositivos la misma fiscalidad que cualquier otro sujeto pasivo en las mismas condiciones.
Resulta necesario distinguir entre aquellas actividades de la Iglesia Católica (y las restantes confesiones religiosas) destinadas exclusivamente a la divulgación o el proselitismo de la fe o los dogmas religiosos, de aquellas otras de índole social o asistencial, pues de no hacerse así se estarían perjudicando a estas últimas dejando a la Iglesia, cuando presta dicha labor social, en peor situación que a otras asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, lo que tampoco parece razonable.
Por eso UPyD propone y defiende la autofinanciación de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas, para lo que propone al Gobierno de España el establecimiento de un calendario para lograr ese objetivo.
Iniciativa oportuna y necesaria que lo que pretende es suprimir determinados privilegios de los que goza la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Se trata de que todos paguen y aporten al sostenimiento de las cargas del Estado.
El Mundo: PNV y PP frenan una iniciativa en el País Vasco para que la Iglesia pague el IBI
Deia: El Parlamento Vasco no se opone a que la Iglesia tenga beneficios fiscales
El País: La ausencia de EH Bildu evita pedir que se supriman los privilegios de la Iglesia
