"La comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos". Con este tono, el Tribunal Supremo confirmó ayer la sentencia por un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio cometidos por los dos principales protagonistas políticos del caso Andratx, ambos del PP: el ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, que fue responsable local de Urbanismo del municipio y luego director general de Ordenación del Territorio en el Gobierno de Jaume Matas. Hidalgo y Massot fueron encarcelados de inmediato en la prisión de Palma al ser firme la condena; Hidalgo deberá cumplir cuatro años de cárcel; Massot, tres y medio.

El caso Andratx es desde 2006 ejemplo de los escándalos por urbanismo salvaje y corrupción urbanística en la costa. La sentencia se centra en el chalé que se construyó en 2002 el alcalde en un terreno protegido intentando que pasara por almacén agrícola. Massot, recién ascendido al Gobierno balear, cooperó con la ilegalidad de la obra de su amigo.

Los dos ex cargos públicos estaban hasta ayer en libertad bajo fianza tras anteriores ingresos preventivos en la cárcel. Tienen recurridas otras condenas por otro caso de obra con licencia ilegal ya juzgado entre las decenas de causas del caso Andratx, que impulsan los fiscales Juan Carrau y Pedo Horrach.

El asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Ignacio Mir, ve confirmada su pena de un año de cárcel, mientras que el celador Jaume Gibert recibe sólo una pena de cuatro meses gracias a la atenuante de colaboración con la justicia.

"Se aprovechó del cargo"

En Andratx existía "sensación de impunidad", según subrayó en la primera sentencia la Audiencia de Palma. El hecho fue denunciado por un policía local y dos concejales de la oposición.

Hidalgo, ex guardia civil y ex líder de un partido local bisagra, a la vez que fue alcalde actuó como promotor inmobiliario en el municipio; hacía negocios con solares y obras con el celador y el asesor jurídico y, en este caso sentenciado, contaba con la mirada cómplice del jefe de urbanismo.

Los jueces del Supremo aseguran que el edil "se aprovechó dolosamente de su condición de alcalde para ejecutar el delito". "Sirviéndose en su propio interés", añaden, "del cargo que los ciudadanos le habían encomendado, en vez de servir a él". Massot, por su parte, "informó favorablemente de manera injusta, por sus conscientes arbitrariedades, en el procedimiento urbanístico, con vulneración de las correspondientes normas".