Por: Melissa Zupan Arispe. Graduada de Derecho por la Universidad de Lima. Asociada en Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados.

El Código de Consumo establece normas de protección y defensa de los consumidores, determinando aquellas relaciones jurídicas que se encontrarían comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. Así, el artículo III del Título Preliminar establece que un presupuesto para la aplicación de la normativa en materia de Protección al Consumidor, es la existencia de una “relación de consumo”, entendiéndose como aquella relación a través de la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor, a cambio de una contraprestación económica.

Ahora bien, cabe definir qué se entiende por “consumidor”, siendo que según el artículo IV del Título Preliminar del Código de Consumo, se consideran consumidores a las personas naturales o jurídicas que utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o servicios en beneficio propio, actuando en una esfera ajena a su actividad profesional o empresarial. Así, en este primer nivel de análisis, no será considerado consumidor a quienes adquieran un producto o servicio que se encuentre destinado al desarrollo de actividades que incidan directamente en el desarrollo o dirección de las actividades empresariales del adquiriente[1].

Ahora bien, por otra parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Código de Consumo contiene una excepción para el caso de aquellas personas que adquieran un producto o servicio destinado a sus actividades económicas, lo que nos lleva a un segundo nivel de análisis, en el que se debe verificar si dichas personas califican como “microempresarios” [2]. Al respecto, la jurisprudencia del INDECOPI ha señalado que en el supuesto que una persona contrate un servicio en el ámbito de una actividad empresarial o económica, – y, por lo tanto, no sea aplicable el supuesto contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del Código de Consumo -, corresponderá analizar si califica como consumidor por tratarse o no de un microempresario. Luego de ello, corresponderá analizar si es que el producto contratado corresponde o no al “giro del negocio” del adquiriente y, además, si es que existe o no “asimetría informativa” entre las partes involucradas en la relación de consumo.

De esta manera, el segundo nivel de análisis de la calidad de “consumidor” que propone el Código de Consumo, establece como primer requisito para acceder a dicha categoría, el que el denunciante sea un microempresario[3]. Asimismo, verificada esta condición, se podrá analizar el segundo y tercer requisitos respectivamente, referidos al giro del negocio del denunciante y a la eventual existencia de asimetría informativa entre proveedor y consumidor.

Al respecto, en cuanto al requisito de contratar un servicio ajeno al “giro del negocio”, cabe mencionar que la jurisprudencia emitida por el INDECOPI sostiene que los productos o servicios relacionados con el “giro del negocio” son aquellos inherentes a la actividad económica del microempresario, es decir, son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de sus actividades, tales como: (i) la materia prima y/o materiales fabricados que sirven de insumos para elaborar determinados productos; o, (ii) las maquinarias o instrumental necesarios para prestar determinados servicios. Por otro lado, no son productos o servicios relacionados con el “giro del negocio” aquellos que, pese a ser transversales y complementarios de la actividad económica del microempresario, no son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la misma, dentro de los cuales se contemplan, por ejemplo, los servicios de publicidad, transporte de mercaderías e incluso determinados servicios financieros[4].

Por último, una vez confirmado que el producto o servicio se encuentra relacionado con el “giro propio del negocio”, el tercer requisito de este segundo nivel de análisis se refiere a la asimetría informativa, que según el INDECOPI se presume, por lo que la carga probatoria de desvirtuar ello se invierte, correspondiéndole al denunciado probar la inexistencia de la “asimetría informativa” entre el proveedor y el consumidor[5].

En conclusión, conforme a la normativa contenida en el Código de Consumo y al desarrollo jurisprudencial de la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal del INDECOPI, califican como consumidores las personas naturales o jurídicas que utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o servicios en beneficio propio, actuando en una esfera ajena a su actividad profesional o empresarial. Asimismo, en caso la persona haya contratado el servicio en el marco de su actividad económica o empresarial, se consideran consumidores a aquellos que cumplan los siguientes requisitos: (i) que tengan la calidad de microempresarios; (ii) que el bien o servicio no forme parte del giro propio de su negocio; y (iii) que exista asimetría informativa respecto de dichos bienes o servicios.

Les dejo un cuadro donde se explica a detalle la posición actual del INDECOPI respecto de este concepto:



[1] Un criterio importante para determinar cuándo el disfrute de un producto o servicio es ajeno a la actividad profesional del consumidor se encuentra desarrollado en la Resolución 262-2012/SC2-INDECOPI, de fecha 31 de enero de 2012, en los seguidos por Centro Educativo de Gestión No Estatal San Luis Rey E.I.R.L. contra Derco Perú S.A. (Exp. 301-2011/CPC). Sobre el particular, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente: “En el presente caso, la propia denunciante manifestó que el producto cuestionado fue destinado al transporte de productos, artefactos, equipos y personal, en el ejercicio de sus actividades como empresa. En ese sentido, este Colegiado aprecia que la adquisición del vehículo materia de denunciase realizó en un ámbito empresarial, esto es, en el marco de las actividadeseconómicas desarrolladas por el Centro Educativo en su calidad deproveedor, ya que, el referido automóvil ha formado parte del procesocomercial que desarrolla en tanto el traslado de productos, artefactos,equipos y personal para el desarrollo de sus funciones incide directamenteen la dirección de la empresa. Por lo tanto, la denunciante no califica comoconsumidor de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1º numeral 1.1del Código”. (Subrayado nuestro)

[2] Al respecto, cabe recordar que la Ley MYPE, define a la Micro y Pequeña Empresa de la siguiente manera:

“Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa.- La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

(…)

Artículo 5.- Características de las MYPE.- Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(…)”.

(Subrayado nuestro).

[3] Sobre la determinación de la calidad de microempresario de un consumidor denunciante, puede revisarse la Resolución N° 0284-2012/SC2-INDECOPI, de fecha 31 de enero de 2012, en los seguidos por Blue Store S.A.C. contra Empresa de Transportes Salazar E.I.R.L. (Exp. 516-2011/CPC). Sobre el particular, el Tribunal del INDECOPI señala lo siguiente: La calidad de consumidor del denunciante. De otro lado, corresponde analizar si el denunciante califica como consumidor en virtud del artículo 1º numeral 1.2. del Código. Es importante tener en cuenta que para tal efecto, el denunciante tendría que calificar, en primer lugar, como microempresario. (…) De una revisión del expediente, este Colegiado aprecia que en el periodo tributario correspondiente al año 2010, Blue Store obtuvo como ingresos por ventas S/. 674 855,00, monto que supera las 150 UIT, por lo que no posee la calidad de microempresario. Debido a ello, el denunciante no califica como consumidor en los términos del artículo 1º numeral 1.2. del Código. En la medida que la denunciante no ha pasado la valla de microempresario, que es el primer requisito para acceder a la tutela del Código cuando se adquiere bienes o servicios en un ámbito empresarial, no corresponde analizar el segundo y tercer requisitos, referidos al giro de su negocio y a la eventual asimetría informativa. Por ello, carece de objeto pronunciarse sobre los alegatos de Blue Store referidos a dichos temas”. (Subrayado nuestro).

[4] Sobre la determinación de que un producto o servicio está relacionado con el “giro del negocio” del consumidor denunciante, puede revisarse la Resolución N° 0397-2012/SC2-INDECOPI, de fecha 15 de febrero de 2012, en los seguidos por Jawar Motos Industriales Alejandro E.I.R.L. contra Empresa de Transportes Romy S.A.C. (Exp. 163-2009/CPC-INDECOPI-PUN). Sobre el particular, el Tribunal del INDECOPI señala lo siguiente: “En cuanto al segundo requisito legal para que los microempresarios califiquen como consumidores, referido a que su denuncia verse sobre productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio, este Colegiado considera que:

(i) Por productos o servicios relacionados con el giro propio del negocio, debe entenderse a aquellos (aparte de los productos y servicios ofrecidos por el propio microempresario en el mercado) inherentes a la actividad económica desarrollada por el microempresario, esto es, absolutamente imprescindibles para que la misma se desenvuelva, tales como: (i) la materia prima y/o materiales fabricados que sirven de insumos para fabricar determinados productos, o (ii) las maquinarias o instrumental necesarios para prestar determinados servicios6; y

(ii) constituyen “productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio” aquellos que pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica del microempresario, no son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la misma, en los términos expuestos en los párrafos anteriores. Es el caso de los servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros.

(…)

Pie de página 6: Por ejemplo, el microempresario textil contrata el servicio de anuncios publicitarios para dar a conocer mejor los productos que comercializa y, en términos similares, el microempresario que tiene una lavandería obtiene crédito de una entidad financiera para invertir en la mejora de su local.

(Subrayado y resaltado nuestro).

[5] Sobre la determinación de “asimetría informativa” entre proveedor y consumidor, puede revisarse la Resolución N° 0397-2012/SC2-INDECOPI, de fecha 15 de febrero de 2012, en los seguidos por Jawar Motos Industriales Alejandro E.I.R.L. contra Empresa de Transportes Romy S.A.C. (Exp. 163-2009/CPC-INDECOPI-PUN). Sobre el particular, el Tribunal del INDECOPI señala lo siguiente: Teniendo en cuenta que el servicio de transporte de encomienda contratado no se encuentra relacionado al giro de negocio de la denunciante, se presume que se encontraba en asimetría informativa respecto a dicho proveedor. Cabe indicar que, Transportes Romy no ha presentado ningún medio probatorio que pueda desvirtuar dicha presunción, como pudo ser, por ejemplo, documentos que demostraran una habitualidad en la contratación del servicio y colocaran a Jawar MIA en una posición superior a la de cualquier consumidor ordinario en términos de información”. (Subrayado nuestro).

*Imagen tomada de noodlepie