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Martes 14 de marzo de 2017

TIERRAS SIN HOMBRES Y HOMBRES SIN TIERRAS

Con el título de este artículo describía Jovellanos la situación agraria de la España del siglo XVIII. El panorama de Colombia en los umbrales del siglo XXI no parece ser muy diferente: grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura sin cultivo alguno; y crecientes masas de gentes campesinas sin tierras para trabajar.

Por: NULLVALUE

Con el título de este artículo describía Jovellanos la situación agraria de la España del siglo XVIII. El panorama de Colombia en los umbrales del siglo XXI no parece ser muy diferente: grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura sin cultivo alguno; y crecientes masas de gentes campesinas sin tierras para trabajar.

Tirios y troyanos coinciden en que en esta paradoja radica el germen del profundo problema de orden público que desde hace décadas padece nuestro país. La ley 793 del 2002 sobre extinción de dominio aprobada recientemente por el Congreso abre, sin embargo, una luz de esperanza para empezar a solucionar este problema. Si la aplicamos, claro está, con la determinación política rotunda que requiere la magnitud del tema.

En efecto: de las cerca de 18 millones de hectáreas que tiene Colombia aptas para la agricultura (16 por ciento del territorio nacional) menos de 4 millones de hectáreas se cultivan actualmente. Es decir, se está aprovechando apenas una quinta parte de las tierras cultivables. Pero al mismo tiempo, dentro de esos cuatro millones de hectáreas, el proceso de minifundización; de desalojo indebido de campesinos; de acaparamiento de tierras por parte de los narcotraficantes, de los paramilitares y también de la guerrilla, ha sido exponencial en los últimos años.

Acá es donde la nueva ley que permite agilizar los procesos de extinción de dominio de los bienes adquiridos ilícitamente, si se aplica con determinación y por parejo, permitiría no solo extinguir rápidamente el derecho de dominio donde nunca debió existir, sino también efectuar una novedosa y rápida reforma agraria en el país. Como se requiere con apremio si queremos realmente crear condiciones de paz y de sosiego duraderas.

El tema de los paramilitares está profundamente vinculado a este problema. En los tiempos recientes, el mayor proceso de desalojo indebido de los campesinos es obra de la acción intimidatoria y delictuosa de los paramilitares. Muchísima de la tierra productiva que se ha acaparado en el país es el resultado de la coacción despiadada que han impuesto las autodefensas durante la última década.

Han actuado como verdaderos señores de horca y cuchillo en muchas comarcas. De allí nace no sólo una de las principales razones de los dos millones de desplazados que tiene Colombia, sino de la gigantesca concentración indebida de tierras que se ha consolidado en el país.

Los estudios pioneros de Alejandro Reyes Posada muestran, por ejemplo, cómo la propiedad rural en manos de narcotraficantes y paramilitares estaba presente, a mediados de los años noventa, en 409 municipios del país y representaba un área cercana al 10 por ciento de las tierras más productivas del territorio nacional.

Hay, pues, materia prima de sobra para realizar una profunda reforma agraria con la nueva ley, si verdaderamente existe voluntad de aplicarla con igual rasero allí donde el título para obtener la propiedad ha sido el delito y la coacción.

Este es un aspecto fundamental, ahora que van a iniciarse las negociaciones con los grupos paramilitares. Hay que observar un cuidado extremo en no ir a sanear con concesiones laxas en la mesa de negociación, títulos de propiedad de tierras o dominios territoriales que se hayan obtenido por la fuerza contra los campesinos, o en colusión con el narcotráfico. Y por supuesto: igual tratamiento habría que aplicarle a la guerrilla cuando llegue el momento de negociar con ella.

En Guatemala, diez años después de haber negociado los acuerdos de paz, todavía se están pagando las consecuencias de concesiones inconsultamente otorgadas a los grupos paramilitares.

La nueva ley de extinción de dominio podría ser entonces una estupenda oportunidad, no solo para que el concepto de lo justo entre al sistema jurídico de la propiedad, sino para que la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia salga del siglo XVIII.

restrepo@juancamilo.com.co

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