Aaron Davidson es un exejecutivo de la compañía basada en Miami que está en el centro de corrupción de la FIFA en América.
9 de Junio de 2015 a la(s) 6:0 / Héctor Silva Ávalos*
El 29 de mayo pasado, Aaron Davidson se declaró no culpable de los cargos de conspiración, corrupción y lavado de dinero que le imputa la fiscalía general de Estados Unidos en uno de los casos relacionados con el escándalo de corrupción en que está envuelta la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
La jueza Cheryl Pollack, de la corte distrital de Brooklyn, Nueva York, quien preside el proceso iniciado contra Davidson y otras 13 personas, entre funcionarios de FIFA y contratistas, concedió al imputado libertad bajo fianza por $5 millones. Ese mismo día, la corte ordenó a Davidson poner $125,000 a disposición del Gobierno de Estados Unidos como adelanto de la fianza.
“El Gobierno y los defensores acordaron un paquete de fianza. El imputado fue puesto en libertad con condiciones por $5 millones”, se lee en la anotación hecha por M. Sica, secretario del tribunal, en presencia de los abogados Michael E. Hartman y Katherine Steele, defensores de Davidson, y el fiscal Darren Laverne, según consta en documentos.
El 5 de junio, Davidson presentó, a través de sus abogados, una carta en la que avisaba a la corte que tenía listos los $125,000 y especificaba los orígenes del dinero. Como garantías, el expresidente de Traffic presentó las hipotecas de una propiedad en Texas y dos en Florida, estado que es sede de la empresa de representación involucrada en el escándalo de corrupción de la FIFA, así como certificado de acciones en la compañía Royal Alliance Associates Inc.
Los fiscales estadounidenses acusan a Davidson de pagar sobornos a federaciones nacionales de fútbol asociadas a la FIFA y a varios de sus funcionarios para garantizarse la adjudicación de derechos de explotación televisiva, mediática y mercadológica de selecciones nacionales y de eventos futbolísticos.
Uno de los métodos
En la acusación que el Gobierno de Estados Unidos ha presentado contra los 14 implicados en el escándalo FIFA, los fiscales describen 12 esquemas criminales relacionados con la FIFA y tres actores relacionados: las federaciones continentales, las federaciones locales (nacionales) y empresas de “marketing”. Traffic, empresa de mercadología deportiva de la que Aaron Davidson fue presidente, está en la tercera categoría.
Al describir a estas empresas y su relación con la FIFA, la acusación de los fiscales estadounidenses dice que FIFA y sus federaciones “hacían contratos con estas compañías para comercializar los derechos mediáticos y de mercado de varios eventos futbolísticos, incluida la copa del mundo... Estas compañías, generalmente basadas en Estados Unidos, solían subcontratar los derechos televisivos y de otra índole a otras compañías más pequeñas”.
Y, según el Gobierno de Estados Unidos, el dinero que generaba la venta de derechos por transmisión de eventos futbolísticos o por explotar derechos de federaciones regionales o selecciones nacionales está en el centro del escándalo.
“Las ganancias generadas por la comercialización de derechos de transmisión y marketing asociados con el fútbol constituyen una fuente fundamental de ganancias en este esquema”, dicen los fiscales.
Al hablar de Aaron Davidson, en el párrafo 30 del primer escrito de la acusación criminal, los agentes estadounidenses dicen: “Ciudadano de los Estados Unidos, individualmente empleado y asociado con estas empresas y en varios momentos relevante para esta acusación”.
El nombre de este imputado, como ya explicó este periódico, está directamente relacionado con El Salvador. Según la acusación en la corte de Brooklyn, el colombiano Enrique Sanz, exejecutivo de Traffic y exsecretario general de CONCACAF, ya aceptó que había pagado sobornos en nombre de la empresa a cuatro federaciones centroamericanas para hacerse con los derechos de explotación de sus selecciones nacionales.
En todos los documentos presentados a la corte en los que se explican los términos de la fianza de Davidson sus defensores dejan claro que el pago de la misma es parte de un arreglo alcanzado por el imputado con el Gobierno.
No está claro, por ahora, si el arreglo implica que Davidson dará información sobre los otros imputados o sobre otros posibles implicados en este caso.
No hay, de momento, forma de saber las condiciones del pacto: los documentos que especifican las condiciones del arreglo están sellados (el equivalente a la figura legal de reserva que considera la legislación salvadoreña) por orden del juez.
* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.