En una reciente decisión de la Fiscalía, que llamó a juicio a 13 empleados de la multinacional bananera Chiquita Brands por la presunta financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, el ente acusador también resolvió expedir copias para investigar penalmente a los “alcaldes, gobernadores y demás funcionarios de la rama ejecutiva para los años 1997 a 2004 respecto de su conducta oficial por acción u omisión en la conformación, vigilancia y control de las Convivir que funcionaron en la región de Urabá (…)”.
Para esos años fueron gobernadores de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), Alberto Builes Ortega (1998-2000) y Guillermo Gaviria Correa (2001-2003), quien fue asesinado por las Farc en 2003. Él fue sucedido, en encargo, por Eugenio Prieto Soto, hasta que Aníbal Gaviria Correa fue elegido para el periodo 2004-2007.
Esto se consigna en una resolución de acusación de más de 450 páginas en la que el ente acusador habla de cómo directivos y empleados de la multinacional bananera presuntamente entregaban dinero en efectivo y hasta en consignaciones bancarias a una organización que apoyaba a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Este llamado a juicio es quizás el avance más importante en este caso luego de que, en 2012, fuera reabierto por el entonces fiscal Jorge Perdomo. Por otro lado, en el 2017 la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible, la financiación de empresarios bananeros a grupos paramilitares.
Entre los llamados a juicio por el ente acusador para responder por el delito de concierto para delinquir agravado hay ciudadanos colombianos y extranjeros.
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