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El Parlamento panameño pide que se juzgue a los responsables de los recientes desórdenes

ENVIADO ESPECIAL, La Asamblea legislativa de Panamá ha pedido el procesamiento de importantes dirigentes políticos y empresariales que considera involucrados en una supuesta conspiración, puesta en -marcha la pasada semana en colaboración con sectores políticos de Estados Unidos, para provocar la caída del hombre fuerte del país, el general Manuel Antonio Noriega, y del Gobierno que preside Eric Arturo Delvalle.

Observadores independientes mencionaban ayer la falta de pruebas presentadas por la Asamblea como un dato en descargo de los acusados. En días anteriores se había informado sobre negociaciones interpartidistas para buscar un recambio para Noriega, pero no se había citado la sustitución del presidente. La oposición ha negado las acusaciones.La resolución de la Asamblea aprobada por mayoría en la noche del lunes, considera que "un grupo conspirativo, denominado Movimiento Democrático Local (Modelo)", intentó influir al vicepresidente de la República, Roderick Esquivel, y a varios miembros del Estado Mayor del Ejército para "derrocar al presidente Delvalle, destituir al general Noriega, disolver la Asamblea legislativa, destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral e instalar una Junta de Gobierno".

La Asamblea asegura que se ha comprobado que el mencionado grupo cuenta con el respaldo y la intervención directa de algunos sectores del Gobierno y el Senado de Estados Unidos", y recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores "que adopte las medidas conducentes en relación con esta denuncia".

La resolución añade que "el objetivo final de estos grupos era el de establecer en la República de Panamá un régimen político que le permita a Estados Unidos permanecer después del año 2000, desconociendo lo establecido en los tratados Torrijos-Carter, especialmente en cuanto a la permanencia de bases y tropas extranjeras en nuestro territorio".

Según el Parlamento panameño, el grupo Modelo ha sido coordinado por el empresario Gabriel Lewis Galindo, un millonario antiguo colaborador de Torrijos, pieza clave de los tratados sobre el Canal, ex embajador de Panamá en Estados Unidos, hombre bien conectado con medios financieros norteamericanos y anfitrión del sha de Irán durante su exilio en Contadora.

Lewis se autoexilió a finales de la pasada semana en Costa Rica, después de haber denunciado que oficiales de las fuerzas de Defensa le habían declarado persona no grata en Panamá.

En esta misma conspiración está implicado, según la Asamblea, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Arias Calderón, que en estos momentos es el político más activo y significativo de la oposición. Arias ha desmentido la acusación.

También ha sido relacionado con el Modelo Nicolás Ardito Barletta, quien en 1984 fuera elegido presidente por el partido oficialista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y obligado a dimitir dos años después por sus discrepancias con el general Noriega. Ardito Barletta ha sido desde su destitución blanco permanente de una dura campaña descalificadora por parte de la Prensa oficial, se fundió la pasada semana en un significativo abrazo con el presidente democristiano.

Denuncias

La Asamblea legislativa denuncia también como integrantes del compló a Fernando Veleta Almarán (uno de los principales accionistas de la agencia ACAN-Efe y uno de cuyos hijos es actualmente uno de sus vicepresidentes), Jaime Arias Calderón, Mario Galindo, Roberto Motta, Federico Humbert, Roberto Alemán y Bolívar Bárcenas. Parte de la Prensa panameña destaca la ausencia de esta lista del único dirigente opositor que verdaderamente es capaz de mover masas en este país, el octogenario ex presidente Arnulfo Arias, quien probablemente podría encontrar apoyo popular de haber sido acusado.El Parlamento pide para los presuntos conspiradores la aplicación de la legislación contra los delitos de traición, por lo que, de ser juzgados, podrían ser condenados hasta a 15 años de cárcel.

Mientras tanto, la Cruzada Civilista formada por los grupos de oposición suspendió ayer la huelga general indefinida iniciada hace ocho días, con la esperanza de que el Gobierno levante el estado de urgencia decretado el pasado miércoles. Por otra parte, en su residencia de los Altos del Golf, en un ambiente de histeria colectiva, el coronel Roberto Díaz Herrera ha denunciado ahora que se le quiere obligar a un asilo político que él no desea, para después asesinarle en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de junio de 1987