La iniciativa titulada “Ley para sancionar los crímenes por prejuicio”, pretende reformar el numeral 18 del artículo 27 del Código Penal.
“Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, el sexo, juventud, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia o religión, enfermedad o de la condición de la incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho”, diría el referido numeral con la modificación.
Actualmente el Código indica “Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho”.
La propuesta también pide que se modifique el artículo 202 Bis del mismo Código, que se refiere a la discriminación. La idea de la congresista es incluir la palabra orientación sexual, identidad y expresión de género.
La sanción de los actos anteriores según el Código Penal quedaría de uno a tres años de cárcel y multa de Q500 a Q300 mil.
La iniciativa fue entregada a Dirección Legislativa por la diputada Morán, apoyada de organizaciones que velan por los derechos de ese sector de la población.
Polémica iniciativa
La semana pasada varios diputados plantearon una iniciativa que busca castigar el aborto y el matrimonio homosexual.
La propuesta establece prisión de cinco a 10 años a la mujer que cause o consienta un aborto y para quien lo provoque se le castiga con seis a 12 años si hay consentimiento de la paciente.
El anteproyecto de ley castiga con prisión de 15 a 25 años a la persona que ejecute el aborto y la práctica del mismo lleve a la muerte a la madre del neonato.
Fue acompañada con 30 mil firmas y respaldada por la Coordinadora Evangélica Nacional, quienes aseguraron que es algo que ya está suscrito en las leyes nacionales y la Constitución.
Con esta propuesta se prohíbe por primera vez la promoción del aborto. Se establecen prisión de 10 a 15 años y multa de Q100 mil.
Además restringe a las entidades educativas públicas y privadas, promover programas relativos a la diversidad sexual “y la ideología de género”.