“Si quiere joder a un ministro o autoridad, puede joder, yo también fui diputada”, afirmó este jueves la ministra de Culturas, Sabina Orellana respecto a la Petición de Informe Oral ante la Asamblea Legislativa que solicitó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, sobre el funcionamiento del centro cultural “La Sobrerería”, en Sucre.

En una rueda de prensa, la autoridad anunció que asistirá y responderá en quechua porque “no tiene miedo”. “Que convoquen, está en su derecho, yo también fui diputada y si un ciudadano quiere joder, voy a joder también, eso es legislar; iré, me mostrará qué he hecho”, dijo la titular de esa cartera de Estado.

La infraestructura fue entregada por el expresidente Evo Morales en 2019, luego la administración dependió de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) mediante decreto aprobado por la administración de Jeanine Áñez. Pero, el presidente Luis Arce dispuso que actualmente esté a cargo del Ministerio de Culturas.

“Encontramos en pésimas condiciones”, afirmó Orellana respecto al estado del centro cultural. Señaló que ya realizan las gestiones para las mejoras y que ello “no se hace de la noche a la mañana”.

Pedrazas respondió a través de su cuenta de Twitter. “Ministra, si para usted joder es hacer mi trabajo, yo voy a joder y la voy a convocar las veces que sea necesaria a la Asamblea Legislativa para que responda qué pasa con estas infraestructuras que han costado millones a los bolivianos y que nunca se abren”, afirmó el legislador opositor.

“A ustedes del MAS (Movimiento Al Socialismo) no les gusta que los fiscalicemos; pero aun así deben responderle a todos los bolivianos”, remarcó el diputado de CC.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este jueves que no hay ninguna persona de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el territorio boliviano y, además, afirmó que no corresponde hablar de gobiernos involucrados en la ilícita actividad del narcotráfico porque los delitos son personales.

“No hay ninguna persona de la DEA en el territorio nacional, no existe ninguna carta oficial de las autoridades correspondientes que demuestren que existen funcionarios o servidores de la DEA dentro del territorio nacional; esta investigación que se ha efectuado (sobre el caso Dávila) es por ciudadanos y autoridades bolivianas que se está emanando en la Policía Boliviana”, dijo.

El lunes fue enviado a la cárcel, en calidad de detenido preventivo, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila –quien fue jefe policial en la gestión de Evo Morales y también ocupó otros cargos importantes en los recientes gobiernos – acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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El miércoles, el mismo ministro Del Castillo presentó el resultado de una investigación de Inteligencia que identificó a Dávila como el “protector” de una red de narcotraficantes, liderada por el antiguo capo del tráfico de sustancias controladas, Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo ‘e Paja”, y quien actualmente está detenido en Perú. 

Según esa investigación, también formaban parte de dicho grupo Omar Rojas Echeverría –un exmayor de la Policía Boliviana, ahora detenido en Colombia y que será extraditado a Estados Unidos– e Ignacio Angus Nieto, supuesto mano derecha de Rojas Echeverría.

Del Castillo indicó que Rojas Echeverría era conocido como “el hombre de los contactos con los narcotraficantes” y con su mano derecha ejercían la función de “intermediarios” en el grupo liderado por Roca Suárez, quien presuntamente iba a proveer droga desde Perú a otros países, a través de Bolivia, y su potencial comprador era un ciudadano dominicano de iniciales D.R.C.

Sin embargo, Roca Suárez o Techo ‘e Paja, en una entrevista con Gigavisión, negó tener vínculos con Dávila y pidió que se investigue la “presencia” de la DEA en el Estado Plurinacional e incluso identificó a un presunto agente de ese organismo –Daniel Rodríguez Canela– quien, según su versión, “estaba entrando y saliendo de Bolivia desde 2017”.

Y cuando Del Castillo fue consultado este jueves por los periodistas si también será investigado el supuesto infiltrado de la DEA, respondió: “Evidentemente, esta persona de nacionalidad de República Dominicana y tanto el señor Angus Nieto están siendo investigados por la Justicia boliviana porque fueron parte de las reuniones (de planificación de tráfico de drogas que realizó Roca Suárez) en febrero de 2020”.

Asimismo, los periodistas preguntaron a la autoridad gubernamental si “tendrán que responder” en esta investigación los exministros o excomandantes de la Policía que le hubieran dado “su confianza” a Dávila para ocupar distintos cargos, incluso antes de la famosa reunión de 2020.

Sin embargo, Del Castillo remarcó que “a la única persona que se le da confianza en la Policía Boliviana es al comandante general y a partir de ese momento se empiezan a generar los ascensos correspondientes y a distribuir los cargos en todo el territorio nacional”.

“No hay personas de confianza, son más de 39.000 efectivos policiales en todo el territorio nacional y eso no significa que, porque estén trabajando en la institución policial, gocen de la confianza del Presidente, ya sea Evo Morales, Jeanine Áñez o Luis Arce; los policías desempeñan funciones y los delitos, tanto en el territorio nacional como en cualquier parte del mundo, son de intuito personal, corresponde a una sola persona que hubiera cometido los delitos, por tanto, no corresponde hablar en este momento de gobiernos, sino de personas involucradas”, apuntó.

“La DEA le está soplando la nuca a Morales”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su parte, dijo que el partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) “está asustado” en este momento “porque la DEA le está soplando la nuca (a su líder Evo) Morales”.

“Y esa es su preocupación, que no desvíen la atención, que respondan por la verdad que quiere saber el pueblo, hay vinculación o no y que se haga una investigación; creo que el presidente Arce está contento y creo que va a hacer una investigación como debe ser (…) y digo el presidente Arce porque no existe independencia de poderes en este país (por lo que) obviamente la hará y se está sacando con la DEA un incordio tan grande como es Evo Morales”, añadió.

Además, consideró que el MAS está buscando en su estructura política “deslindar responsabilidades de su jefazo (Morales), pero eso va a ser difícil porque ya cuando la DEA está encima de esto se impone (…) y esa es la preocupación que tiene el MAS, (es decir) que salte la vinculación directa”.

David Inca, representante del grupo de víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata que este jueves cumple su tercer día de huelga de hambre, dijo a La Razón que acudirán ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que medie en el conflicto con el Gobierno por el incumplimiento a sus demandas.

“Nos estamos trasladando a las oficinas en Calacoto del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que sea mediador con el Gobierno y llegar a una solución ante esta situación”, dijo Inca, en un contacto telefónico.

Este grupo asegura que el Gobierno no ha cumplido los compromisos asumidos con el sector y que el Ministerio de Justicia pretende crear una división interna entre los afectados. 

“Hay desprecio por parte del Gobierno, no han tenido la gentileza de aproximarse al piquete de huelga (en puertas de la Casa Grande del Pueblo de La Paz) para solucionar (el conflicto), pero sí tienen la gentileza de reunir a un grupo para desconocernos. Es un acto de discriminación, tienen un grupo querido, protegido y otro discriminado, no les conmueve”, añadió Inca.

Inca se refirió a la conferencia de prensa que desarrolló el director del Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas (Sepdavi), Tito Tornero, una dirección dependiente de Justicia, en la que enumeró los beneficios otorgados para las víctimas en el marco del plan de reparación.

En esta rueda de prensa, se presentó junto a otro grupo de víctimas de las masacres de 2019 en Sacaba y Senkata, liderado por Gloria Quispe, que desconoció como representantes a las personas que asumieron la huelga.

El grupo de Inca exige la redacción conjunta del reglamento del fideicomiso para créditos productivos al sector con 0,5% de interés anual, y la elaboración de un decreto supremo que les garantice la dotación de un paquete alimentario de Bs 500 mensual hasta 2023.

El 10 de noviembre de 2019, el presidente Evo Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Movilizaciones rechazaron lo sucedido: el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

El caso de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas involucrado con el narcotráfico, fue uno de los temas abordados con periodistas en el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón. Los entrevistados coincidieron en que ello es una muestra de la corrupción en la Policía y la presencia y penetración del narco en el país desde los años 70.

El espacio es conducido por la directora de La Razón, Claudia Benavente, y contó este jueves con la presencia de los periodistas Claudio Rossell (también docente universitario), Gróver Yapura (director de la revista Oxígeno, el semanario El Compadre y el portal urgentebo.com) y Freddy Morales (corresponsal de Telesur en Bolivia).

Dávila se encuentra con detención preventiva en la penitenciaría paceña de San Pedro, por ahora acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Se lo relaciona con un grupo del narco liderado por Jorge Roca Suárez, alias Techo ‘e Paja, y el exmayor policial Omar Rojas, aprehendidos en Perú y Colombia, respectivamente.

Aparte, un informe de un agente infiltrado de la DEA de Estados Unidos señala que Dávila está involucrado con el negociado para un envío de droga a República Dominicana, entre 2019 y 2020. En el documento se indica que el entonces director de la FELCN ofreció al grupo incluso aeropuertos y dos escoltas policiales.

Rossell afirmó que el caso es una manifestación más de la presencia del narco en Bolivia desde los años 70 y que ahora resta saber hasta dónde llega la vinculación del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que, según la DEA, ya tenía relación con negociados ilegales desde mediados de 2019.

Mientras que Yapura criticó que la Policía no ha sido sometida a cambio alguno, lo que permite que en la entidad siga “incrustada la corrupción”. “La Policía nos da seguridad cuando quiere”. Asimismo, destacó que los datos proporcionados por la DEA tienen relación con los presentados el miércoles por el Ministerio de Gobierno.

Por su parte, Morales dijo que el caso Dávila demuestra que existe una red de protección a grupos del narcotráfico en el país. Aparte, sobre el intento de relacionar al exjefe antidrogas con el expresidente Evo Morales, expresó sus dudas sobre la participación de la DEA, que no investigó a Morales en los 14 años de su gobierno.

Sobre las intenciones de forzar esta vinculación y/o sobre el manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación, Rossell indicó que hay medios que realizan comunicación política en vez de periodismo. Freddy Morales añadió que se nota un activismo político por parte de algunos medios, que aplican una campaña abierta contra Evo Morales, con una “actitud maliciosa y con una falta de ética”.

En medio del escándalo por la reciente develación de nuevos policías involucrados en el narcotráfico, el presidente Luis Arce instó este jueves a poner en evidencia y denunciar a los “malos elementos” que comprometen la imagen de la institución del orden.

“No podemos dejar de decir algo sobre los últimos hechos que comprometen la imagen de la Policía Boliviana, deben ustedes desarrollar la carrera policial haciendo su máximo esfuerzo por cumplir con los valores y principios establecidos en la Constitución y honrar a su institución poniendo en evidencia a los malos elementos y denunciando con decisión a los malos policías, que por ambición se dejan seducir por la tentación del delito”, dijo Arce en un acto de graduación en la Academia Nacional de Policías (Anapol).

En los últimos días fue enviado a la cárcel, con detención preventiva, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Según informó el miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Dávila era el “protector” de una red de narcotraficantes liderada por el antiguo capo del tráfico de sustancias controladas, Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo ‘e Paja”. 

Grupo delictivo del que, según Del Castillo, también formaba parte Omar Rojas Echeverría, un exmayor de la Policía Boliviana, detenido en Colombia, que fue dado de baja en 2014 y a quien se lo conocía por ser “el hombre de los contactos con los narcotraficantes”.

A partir de una investigación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se conoció que Omar Rojas Echeverría, actualmente requerido por Estados Unidos para su extradición de Colombia, es considerado como el “Pablo Escobar boliviano”.

Además, a través de distintas publicaciones de medios de comunicación, se estableció que Rojas Echeverría tiene una hermana en Bolivia ligada a la política y también un hermano con grado de coronel, que incluso llegó a ser Inspector de la Policía. 

Sin embargo, “la Policía Boliviana no puede servir ni subordinarse a grupos ni familias de lo que ya conocemos y siempre se han beneficiado del Estado boliviano”, agregó Arce.

El Jefe del Estado remarcó que honrar el uniforme policial significa enfrentar cotidianamente “diversas lacras y tentaciones de corrupción”.

Es así que “ustedes (los nuevos policías) enfrentarán a delincuentes que no solo están en las calles amenazando la convivencia ciudadana, sino también a aquellos de cuello blanco que cometen delitos y buscan amparo o complicidad corrompiendo a la oficialidad y a las autoridades que están conminadas por ley a combatir todo tipo de delitos”, sostuvo.

Subrayó que los policías deben pensar en todo momento en su pueblo porque son seres sociales y deben estar siempre en apronte para defender a la sociedad.

“En este sentido, un policía debe ser un ejemplo de ciudadano, un hombre y una mujer que actúen siempre bajo el criterio del bien común, la solidaridad, la justicia social y, por supuesto, la lucha contra la delincuencia”, señaló.

Compromiso con la democracia

El Presidente reiteró que el compromiso de los policías es con la democracia y con su institución, “que se guarda bajo los pilares de la no deliberación política, de la disciplina y del respeto a la doctrina policial”.

“Ese es su compromiso y deben honrarlo constante y permanentemente. (Pues) honrar el uniforme policial es también cumplir y hacer cumplir la Constitución, es asumir que la institución que representan está históricamente destinada a su defensa, que no pueden prestarse a aventuras ni activistas que atenten contra la democracia”, insistió.