La ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en Países Bajos fue aprobada en 1980 y su reglamento de aplicación en 1984. Se trata de una ley de plazos que permite el aborto dentro de las 24 primeras semanas de gestación. Este límite se considera de forma muy estricta y en la práctica la mayoría de los abortos se llevan a cabo dentro de las 22 semanas. Solo los abortos por razones médicas se extienden a la semana 24.
El objetivo de la ley, según su exposición de motivos, es encontrar un equilibrio entre los dos intereses en conflicto el del no nacido y el de la mujeres en “situación difícil” a consecuencia de un embarazo no deseado. La ley no establece criterios o motivos para justificar el aborto pero si se asegura de que la decisión no se tome de forma precipitada a través de unos requisitos de procedimiento establecidos con este fin. Es necesaria una consulta médica previa en la que se ofrezcan a la mujer soluciones alternativas. En un segundo paso el facultativo debe certificar que la decisión se ha tomado después de una consideración detenida y por la libre voluntad de la afectada. Se requiere que entre la primera consulta médica y la práctica de la intervención medie un lapso mínimo de cinco días.
La interrupción del embarazo debe llevarse a cabo en los hospitales y clínicas autorizados para este propósito. Al mismo tiempo se permite la objeción de conciencia ya que no existe obligación para el personal sanitario de participar en la interrupción voluntaria del embarazo.
El límite de las 24 semanas para la práctica del aborto está relacionado con el momento en que el feto es viable fuera del vientre materno, momento a partir del cual el aborto se tipifica como delito en el Código Penal.
Régimen de la prestación
En la actualidad existen 108 hospitales y 17 clínicas autorizadas para la práctica del aborto de acuerdo con la ley. El coste de la prestación para las mujeres residentes en Países Bajos se incluye dentro del sistema de seguridad social y también es cubierto por los seguros privados de salud. Esto no se aplica para las no residentes que deben pagar por la intervención
